POLITICA
La Casa Rosada encamina un acuerdo con diez gobernadores por la ley de zonas frías y negocia por zonas cálidas
El Gobierno aceleró en las últimas horas una negociación con los diez gobernadores del norte del país para asegurar en el Senado la sanción del proyecto de Zonas Frías y abrir una discusión paralela sobre un régimen para las zonas cálidas. La estrategia oficial apunta a ordenar los dos debates por carriles distintos: conseguir primero el respaldo a la iniciativa que ya aprobó Diputados y habilitar después un canal legislativo específico para el reclamo de las provincias que enfrentan altos niveles de consumo eléctrico durante el verano.
El operativo político tuvo como principal articulador al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que según pudo confirmar Infobae mantuvo contactos permanentes durante el fin de semana con los gobernadores de la región para llegar con posiciones más alineadas a la reunión de este miércoles en Posadas. En la Casa Rosada consideran que el entendimiento puede cumplir una doble función: despejar un frente de conflicto con las provincias del norte y garantizar, al mismo tiempo, los votos que el oficialismo necesita en la Cámara alta para aprobar el proyecto de Zonas Frías sin introducir cambios que obliguen a devolverlo a Diputados.
La cumbre del Norte Grande tendrá un rasgo político singular. Está prevista la presencia de los diez gobernadores de la región, pese a las diferencias que mantienen entre sí y a sus distintos niveles de cercanía con el gobierno de Javier Milei. Participarán el anfitrión, el misionero Hugo Passalacqua; Gustavo Sáenz, de Salta; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Elías Suárez, de Santiago del Estero; Ricardo Quintela, de La Rioja, y Gildo Insfrán, de Formosa.
En paralelo con esa negociación, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán este jueves 13 de agosto a Catamarca para reunirse con Raúl Jalil y con Elías Suárez, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. El proyecto, financiado con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), demandará $99.769 millones, tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y alcanzará a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero a través de la construcción de dos plantas potabilizadoras y 50 kilómetros de acueducto.
La escala en Catamarca agrega un componente de gestión a la secuencia de conversaciones políticas que la Casa Rosada viene desarrollando con los gobernadores del Norte Grande. Mientras busca cerrar un acuerdo para encauzar el tratamiento legislativo de Zonas Frías, el Ejecutivo intenta exhibir al mismo tiempo avances en materia de infraestructura y financiamiento en provincias donde necesita construir interlocución estable. La presencia conjunta de Santilli y Caputo también muestra que la negociación con los mandatarios del norte dejó de ser un asunto limitado a la política parlamentaria y pasó a incorporar decisiones de gestión con impacto territorial.
La presencia de todos los gobernadores en Posadas le da al encuentro una fuerte densidad política. La convocatoria reúne desde mandatarios que construyeron canales de cooperación con la administración libertaria hasta dirigentes que sostienen una relación de abierta confrontación con la Casa Rosada. Entre estos últimos aparecen Ricardo Quintela, uno de los gobernadores que mantiene un enfrentamiento con Milei, y Elías Suárez, alineado con el liderazgo de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Esa heterogeneidad convierte al reclamo energético en uno de los pocos temas con capacidad para ordenar una posición regional común entre administraciones con estrategias nacionales muy distintas.
Para el oficialismo, la reunión de Posadas también tendrá el valor de una prueba. Será el primer encuentro de estas características con gobernadores después del traspié que sufrió el Gobierno durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa fue aprobada, pero el Ejecutivo debió resignar dos capítulos que consideraba prioritarios para reunir los votos necesarios y evitar que el proyecto completo quedara comprometido en el Congreso.
Uno de esos puntos proponía ampliar los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros, una modificación que había generado resistencia en varias provincias. El otro planteaba eliminar las restricciones para la venta de terrenos afectados por incendios. Ambos artículos quedaron fuera del texto final, en una señal que dejó expuesta la capacidad de los gobernadores para condicionar tramos centrales de la agenda oficial cuando sus intereses territoriales entran en juego.
Ese antecedente explica una parte del movimiento que Santilli desplegó durante el fin de semana. La negociación por Zonas Frías aparece en la Casa Rosada como una oportunidad para anticipar objeciones provinciales y construir un entendimiento antes de que el conflicto llegue al recinto. La fórmula que se discute consiste en separar el tratamiento del proyecto que ya tiene media sanción de Diputados del reclamo del Norte Grande por una tarifa diferencial para las provincias alcanzadas por temperaturas extremas durante el verano.
La diferencia con el episodio anterior es central para el Gobierno. En la discusión por la ley de tierras, las concesiones aparecieron en el curso de la negociación parlamentaria y obligaron al oficialismo a desprenderse de partes relevantes de su propuesta original. Esta vez, la intención es llegar al Senado con un acuerdo político previo y evitar que el reclamo del norte termine incorporado al texto o se transforme en un factor de demora para la aprobación definitiva.
El entendimiento que comenzó a delinearse en las últimas horas supone, en los hechos, dividir la discusión en dos etapas. La primera tendrá carácter inmediato y parlamentario: facilitar la sanción en el Senado del proyecto de Zonas Frías que ya pasó por Diputados. La segunda requerirá una elaboración específica y derivará en una nueva iniciativa para establecer condiciones diferenciales en aquellas provincias donde las temperaturas extremas empujan durante varios meses niveles extraordinarios de consumo eléctrico.
El planteo de los gobernadores del norte parte de una asimetría que buscan instalar en la discusión pública y legislativa. Mientras los regímenes asociados al frío reconocen el mayor consumo energético necesario para calefaccionar los hogares, las provincias del Norte Grande sostienen que el calor extremo produce durante el verano una exigencia comparable. En amplias zonas del norte argentino, el uso de sistemas de refrigeración deja de tener carácter accesorio y pasa a integrar el núcleo del consumo residencial de electricidad.
La intención oficial es que ese debate no interfiera en el tratamiento inmediato de Zonas Frías. Ese punto forma parte del núcleo político del entendimiento que Santilli busca cerrar con los gobernadores. En lugar de condicionar una iniciativa a la otra o de forzar modificaciones que obliguen a reabrir la discusión en Diputados, la alternativa que se analiza consiste en completar primero el trámite pendiente en el Senado y abrir después un expediente propio para las llamadas zonas cálidas.
Ese diseño permite entender la lógica de la negociación. No existe, al menos de manera formal, un intercambio directo entre un proyecto y otro, pero ambas discusiones empezaron a avanzar en paralelo. Los gobernadores tendrían así una vía para canalizar un reclamo que consideran estratégico para sus provincias, mientras el Gobierno podría despejar uno de los obstáculos políticos que enfrenta para completar la aprobación de Zonas Frías.
La jugada también le ofrece a la Casa Rosada un modo de evitar que la discusión por los subsidios derive en una confrontación entre regiones. El planteo apunta a instalar un criterio según el cual las necesidades derivadas del clima no son homogéneas en un país con diferencias térmicas tan marcadas. El problema que vendrá después será traducir ese principio en un esquema tarifario concreto y, sobre todo, determinar cuál será su costo fiscal y de qué manera se financiará.
Ese capítulo todavía forma parte de una etapa técnica. La reunión de Posadas tendrá, por eso, un contenido esencialmente político. Los gobernadores intentarán definir una posición regional antes de avanzar en una discusión más precisa sobre beneficiarios, períodos alcanzados, niveles de consumo y mecanismos de instrumentación de una eventual tarifa diferencial.
La participación directa de Santilli se inscribe además en una estrategia más amplia del oficialismo para ordenar su relación con los gobernadores en un momento en que buena parte de la agenda legislativa de Milei depende de bloques provinciales y aliados. Sin mayoría propia en el Congreso, la Casa Rosada necesita construir acuerdos proyecto por proyecto y, en especial en el Senado, la posición de los mandatarios conserva una influencia decisiva sobre una porción importante de los legisladores.
Desde la Jefatura de Gabinete, Santilli quedó en el centro de ese dispositivo. Su intervención durante el fin de semana tuvo como objetivo reducir diferencias antes del encuentro de Posadas y evitar que la cumbre se abra sin un entendimiento previo con la Nación. La apuesta del Ejecutivo es que la reunión sirva para ordenar la propuesta del Norte Grande y no para habilitar un nuevo frente de confrontación con las provincias.
La presencia de gobernadores opositores le agrega valor a ese movimiento. Si la posición común termina por incluir a los diez mandatarios, el Gobierno podría conseguir para Zonas Frías un respaldo que exceda con amplitud su círculo habitual de aliados. A la vez, los gobernadores tendrían margen para presentar el futuro régimen para las zonas de calor extremo como una construcción regional y no como el resultado de negociaciones individuales con la Casa Rosada.
En ese marco, el entendimiento alrededor de Zonas Frías le ofrece al oficialismo la posibilidad de resolver dos problemas al mismo tiempo. Por un lado, reunir los apoyos necesarios para completar el recorrido legislativo de una iniciativa que considera prioritaria. Por otro, encauzar institucionalmente una demanda del Norte Grande que podría transformarse en un nuevo foco de tensión si no encuentra una respuesta política.
La conversación abierta con los gobernadores también deja ver un mecanismo de negociación que la administración de Milei necesita consolidar para atravesar la próxima etapa parlamentaria. En lugar de limitar el vínculo con las provincias a la discusión por transferencias de recursos o reclamos fiscales, el Ejecutivo trasladó la negociación a una política sectorial con capacidad para atender intereses regionales concretos. Para los mandatarios, esa vía permite llevar a la mesa de diálogo demandas específicas de sus territorios. Para la Casa Rosada, abre la posibilidad de construir respaldo legislativo sin alterar necesariamente el núcleo de los proyectos que ya iniciaron su trámite en el Congreso.
La discusión sobre las zonas cálidas recién empieza. Una vez alcanzado un acuerdo político entre los gobernadores, será necesario definir hasta dónde llegará el beneficio, cuáles serán las provincias o localidades alcanzadas y de qué manera se fijarán los parámetros climáticos y de consumo que determinarán el acceso al régimen.
También deberá resolverse uno de los aspectos más sensibles para el Gobierno: cómo compatibilizar una tarifa diferencial con la política oficial de reducción y focalización de subsidios energéticos. La respuesta a esa cuestión será determinante para establecer el alcance final de la futura iniciativa y para evitar que el nuevo esquema entre en contradicción con los objetivos fiscales y energéticos del Ejecutivo.
Por esa razón, en la Casa Rosada consideran importante que el eventual proyecto surja de un trabajo conjunto con las provincias y no de una decisión unilateral de la Nación. La intención oficial es que los gobernadores participen en la definición del régimen y que la propuesta llegue luego al Congreso con un respaldo regional lo suficientemente amplio como para facilitar su tratamiento.
El primer test será este miércoles en Posadas. Los diez gobernadores buscarán cerrar una posición común y fijar las bases del proyecto que comenzarán a trabajar con el Ejecutivo. Si ese entendimiento se consolida, el efecto inmediato en Buenos Aires será despejar el camino para que Zonas Frías alcance la sanción definitiva en el Senado.
Para Santilli, el acuerdo también tendría un valor que excede la cuestión energética. Como jefe de Gabinete, quedó involucrado de manera directa en la construcción de los respaldos provinciales que necesita la agenda parlamentaria de la Casa Rosada. Alcanzar una posición común en una región integrada por administraciones de signos políticos distintos, incluidas algunas abiertamente críticas del Gobierno, le permitiría exhibir una negociación transversal en uno de los territorios más heterogéneos del país.
La negociación todavía debe atravesar, de todos modos, la instancia decisiva de esta semana. Hasta entonces seguirán los contactos para llegar a Posadas con la mayor parte de las diferencias resueltas. En el oficialismo hay confianza en que el entendimiento pueda cerrarse y en que los gobernadores acompañen el proyecto de Zonas Frías cuando llegue al recinto del Senado.
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El Gobierno incorporó un nuevo funcionario a la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional, que ocupará un lugar clave en la lucha contra la criminalidad en todo el país.
Mediante el decreto 1044/2026, se oficializó el nombramiento del abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal, dentro de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.
Anteriormente, el cargo era ocupado por Marcelo Carlos Romero, quien fue designado en 2025 en el cargo. Mientras tanto, Argibay Molina se desempeñó como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y ocupó luego de manera transitoria la conducción de la dirección de Investigación Criminal.
En su nuevo rol, el funcionario deberá hacerse cargo de varios proyectos que impulsó el Ministerio de Seguridad, como el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial.
Este organismo funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.
Para tal fin, el consejo cuenta con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.
La recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.
El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.
No obstante, los integrantes buscan optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.
Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.
Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.
Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.
En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.
Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.
POLITICA
Revelaciones de una auditoría en la UOM: el gremio pagó $2400 millones a una microempresa de 5 empleados
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contrató a la empresa USEM para administrar cuentas y ejecutar pagos apenas 82 días después de la creación de la firma, una microempresa de 5 empleados que percibió $2.466.334.995 en honorarios durante 31 meses. Así lo revela una auditoría preliminar encargada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y cuyo contenido sobre el convenio firmado durante la gestión de Abel Furlán en el gremio fue trasladado al fuero penal.
Es que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, lleva delante la causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos provenientes de los aportes de afiliados de la UOM. Allí están involucrados Furlán y María Soledad Calle, la militante kirchnerista que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner y que fue, en forma simultánea, empleada de la UOM y una de las dueñas de la empresa USEM.
La auditoría, realizada por BDO Argentina y encargada por la intervención judicial del sindicato, identificó conflictos de intereses, debilidades en los controles internos y una estructura contractual que habría dejado a la UOM y a su obra social en una posición de desventaja.
Uno de sus principales capítulos, que figura en el primer informe de gestión de Biglieri, es el referido al polémico acuerdo firmado con USEM el 27 de febrero de 2023, con una vigencia de 10 años, y que entregó a la empresa vinculada con La Cámpora funciones sobre cuentas, obligaciones y desembolsos de la UOM y de la obra social, e incluso preveía que la firma podía rescindir unilateralmente el contrato con un preaviso de 30 días, mientras que el sindicato metalúrgico no contaba con una facultad equivalente, excepto ante concurso o quiebra del proveedor.
La consultora BDO emitió el 28 de agosto de 2026 un informe de investigación especial de carácter preliminar, que, se aclara, no constituye una auditoría integral ni determina responsabilidades civiles, penales, administrativas o laborales, pero relevó contratos, movimientos financieros, rendiciones, comunicaciones y antecedentes de las personas involucradas.
En el informe figura que USEM S.A. fue constituida el 7 de diciembre de 2022 por Adalberto Raúl Braconi, presidente de la sociedad, y María Soledad Calle, directora suplente. Cada uno suscribió el 50% del capital social, sin cambios posteriores identificados.
La compañía no registraba actividad comercial relevante fuera de los contratos con la UOM y su obra social, asegura el informe, y aun así se le asignaron tareas como analizar, auditar y validar obligaciones de pago, administrar cuentas, efectuar desembolsos, rendir cuentas y destinar personal con exclusividad.
La revisión halló que la intervención concreta de USEM habría sido principalmente operativa: recibía instrucciones previamente autorizadas, precargaba archivos, gestionaba pagos bancarios y remitía comprobantes. No se encontró prueba suficiente de que hubiera realizado las funciones de análisis, auditoría y validación previstas en el contrato.
La auditoría realizada sobre el contrato con USEM también advirtió inconsistencias sobre la dotación comprometida. Braconi habría mantenido en períodos coincidentes una relación laboral con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, mientras que 7 integrantes de áreas vinculadas a la operatoria de pagos dijeron no conocer ni haber trabajado con Rodrigo Braconi, identificado por USEM como responsable de pagos extraordinarios desde comienzos de 2026.
El principal conflicto de intereses documentado en la auditoría involucra a Calle, empleada de la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, al mismo tiempo, dueña del 50% de USEM. La contratación efectuada por el gremio no contó, según el relevamiento, con una compulsa competitiva de empresas, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes, declaración de conflicto de intereses ni mecanismos suficientes de independencia entre las partes.
La remuneración de USEM, de acuerdo con el informe, equivalía al 0,50% de los fondos ingresados a los fideicomisos, sin una relación establecida con la cantidad de operaciones, la complejidad de las tareas, el personal involucrado ni resultados verificables. El mecanismo permitía que el cobro creciera junto con la recaudación de la UOM y de la obra social, aunque la prestación no aumentara en la misma proporción.
Las cotizaciones de mercado consultadas por los responsables de la auditoría llegaban hasta $40 millones mensuales para una estructura comparable. El costo de un proveedor idóneo, aseguran, podría haber representado el 50% o menos de lo abonado a USEM.
Los balances de la empresa mostraron márgenes de rentabilidad antes de impuestos de entre 52% y 63%, dividendos en efectivo por unos $223,48 millones a valores de diciembre de 2025 y la compra de un inmueble por aproximadamente $150 millones. La documentación de esa adquisición no fue entregada a la intervención.
El análisis también estimó un impacto potencial de $901.501.216 para la UOM y de $ 2.011.316.033 para la obra social por el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, entre enero de 2024 y mayo de 2026. La cifra deberá validarse desde el punto de vista fiscal y operativo, pero el informe considera que la carga podría haberse evitado sin la estructura de USEM.
En el informe figura, además, que los estados contables al 31 de diciembre de 2025 registraron saldos a favor de Ingresos Brutos por $196.927.433,36 cuya composición, origen, recuperabilidad y titularidad económica no pudieron establecerse. También se detectó un monto aproximado de $389 millones expuesto simultáneamente como activo y pasivo por créditos vinculados al impuesto bancario de terceros.
Parte de esos fondos, señala la auditoría, habría sido utilizada para cancelar obligaciones propias de USEM en el impuesto a las ganancias y luego devuelta. Una rendición de mayo de 2026 identificó un reintegro cercano a $34 millones, una operatoria que el personal administrativo y contable de la UOM dijo desconocer.
Las rendiciones y registraciones revisadas mostraron deficiencias en las autorizaciones previas, los comprobantes de respaldo, la identificación de beneficiarios y la separación de funciones entre quienes preparaban, aprobaban y ejecutaban los pagos.
La auditoría realizada por BDO detectó asientos manuales por pagos a proveedores sin documentación suficiente por unos $149.003.348 en la UOM y $40.041.398 en la obra social. También identificó transferencias a cuentas de personal de USEM por $3.760.919 para gastos operativos y peajes sin comprobantes o solicitudes institucionales que las justificaran.
Entre las operaciones bajo revisión figuran pagos por $98 millones registrados en mayo de 2026 con el concepto “Aires del Sur”. El dinero fue distribuido mediante múltiples transferencias de $1 millón a distintas cuentas, sin respaldo que permitiera determinar el objeto de los desembolsos, las autorizaciones otorgadas o los beneficiarios finales.
La revisión encontró, además, que una misma persona de USEM preparaba y autorizaba transacciones bancarias. Esa concentración de tareas, junto con conceptos genéricos en las rendiciones y reposiciones de caja chica sin criterios uniformes, impidió reconstruir una trazabilidad transparente de los fondos.
La intervención judicial suspendió preventivamente la operatoria de USEM y recuperó la administración directa de los fondos. En la próxima etapa, como explica en el informe de gestión de Biglieri, deberá preservar pruebas, reconstruir circuitos de autorización, conciliar fondos y rendiciones, validar el tratamiento tributario y requerir explicaciones a los involucrados antes de evaluar la resolución de los contratos, el recupero de sumas y eventuales acciones administrativas, civiles o penales.
Contraofensiva de Furlán
Hace 24 horas, como anticipó Infobae, el abogado de Furlán, Alejandro Rúa, reclamó al juzgado de Ercolini el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.
El escrito sostiene que la intervención de Biglieri no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas, según se afirma, desmienten todas las sospechas.
La defensa de Furlán señaló que la contratación de USEM respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de la empresa 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.
El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.
Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto.
Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para el gremio metalúrgico: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.
La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.
Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente consideró como “matices de opinión” las internas en el Ejecutivo
Dos diputadas radicales denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.
En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.
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Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.
Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.
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La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.
Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.
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El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.
La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.
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Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
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Los últimos cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados abrieron un frente colateral: un nuevo desmarque de Patricia Bullrich. Por lo menos, el tercero de peso desde que asumió como jefa del bloque de LLA en el Senado. Pero ¿qué hay detrás de sus movimientos? ¿Una estrategia con miras a 2027, genuino desgaste parlamentario o un intento de marcarle la cancha a Javier Milei y, de paso, hacer valer su poder de fuego frente a Karina? “Ella juega su juego”, repiten los suyos.
“Todos los peros tienen un porqué”, refuerza la propia Bullrich en el posteo que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente—, un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. Toda una declaración de guerra que la Casa Rosada intentó moderar.
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El presidente Javier Milei definió este domingo como “matices de opinión” a las diferencias dentro del Gobierno, en medio de la creciente tensión entre Patricia Bullrich y los hermanos Milei. Lo hizo al responder a una publicación en X que planteaba que el oficialismo debía resolver sus internas para que la gente se sintiera segura de votarlo.
“Ayudaría mucho si esas MIERDAS HUMANAS MAL CAGADAS que se hacen llamar periodistas (95%) no mintieran tanto ni llamen internas a matices de opinión… pero eso les reduce el tamaño del sobre…”, escribió el mandatario.
Designaron a un nuevo funcionario en un área clave para la seguridad nacional
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