POLITICA
La CGT, ante el dilema de rediseñar su estrategia: el regreso a la calle, convenios con la universidad y apuesta a unificar al PJ
¿Hacia dónde va la CGT? La pregunta sobrevuela el mundo político y sindical luego del nuevo revés cegetista en el intento de frenar la reforma laboral en la Justicia y antes de la movilización del jueves próximo hacia la Plaza de Mayo con motivo del Día del Trabajador.
Resignada, la cúpula de la CGT sabe que debe recalcular su estrategia para no quedar desdibujada en un escenario socioeconómico que hoy está dominado por datos críticos en materia de salarios y de empleo.
Pero, a la vez, es consciente de que sólo podrá modificar la realidad actual si Javier Milei pierde las elecciones de 2027. Por eso algunos de sus líderes promueven convertirse en el eje de la reconstrucción del peronismo: ante las peleas y diferencias que se generalizan en el PJ, quieren reunirse con todos los eventuales candidatos presidenciales del partido, o que tengan afinidad con él, con la idea de unirse para tratar de ganar los comicios del año que viene.
Imaginan que la CGT es una marca tan poderosa que logrará superar la barrera de los enfrentamientos internos y ayudar a forjar consensos para ganarle a Milei en las urnas, e, inclusive antes, en el ánimo de la sociedad.
El primer encuentro con sabor electoral fue el que un grupo de directivos cegetistas mantuvo este martes con el influencer evangélico Dante Gebel, que después del Mundial de Fútbol podría confirmar que será candidato presidencial con el aval de un pelotón de sindicalistas reclutados por Juan Pablo Brey (aeronavegantes).
De todas formas, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (UPCN), aclaró que “es bueno escuchar a todos” y que “Dante Gebel es uno más, escuchamos su posición”, mientras resaltó que “la CGT aún no tiene candidato para el año que viene” y anticipó: “Vamos a discutir un criterio para generar un reordenamiento”.
Hay una mayoría de dirigentes de la CGT que apoyan el proyecto político de Axel Kicillof, otros respaldan a Gebel e incluso hay algunos que apuestan a la postulación del ex gobernador y actual senador del PJ Sergio Uñac.
Sin embargo, los máximos líderes de la CGT están convencidos de que sólo tendrán chance de ganarle a Milei en 2027 si evitan el fantasma de la ruptura.
Mientras, este lunes debatirán cómo seguirá la ofensiva judicial contra la reforma laboral tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que revocó la cautelar que frenaba la ley y restableció la validez de 83 artículos.
El Gobierno no quiere perder la iniciativa en este rubro: considera que la Ley 27.802 de Modernización Laboral está plenamente vigente, por más que la sentencia no resuelve la cuestión de fondo y todo terminaría en la Corte, y apura la elaboración del decreto reglamentario para no dilatar la instrumentación de los cambios.
Una vez más, la CGT llevará a la calle su rechazo a la reforma laboral y un homenaje al Papa Francisco cuando marche este jueves, a las 15, a Plaza de Mayo para conmemorar el Día del Trabajador. Según prometen, habrá una apuesta fuerte a movilizar mucha gente y a endurecerse, aunque sea en lo discursivo: se montará un escenario desde el que hablarán los 3 cotitulares cegetistas, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio).
¿Se sumarán los sindicatos del ala dura a la concentración? Se da por descontado, aunque mantienen una postura muy crítica de la CGT respecto de la estrategia elegida para tratar de frustrar la reforma laboral. Desde el combativo Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), lo explicitó el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar: “Siempre fue un error que el plan A para derrotar la reforma laboral sea la judicialización”, dijo en un nuevo ataque a la CGT.
Integrada en enero pasado por la UOM, Aceiteros, ATE, Pilotos y las dos CTA, entre otros, el FRESU fue sumando organizaciones gremiales y sociales que discrepaban con la actitud más moderada de la CGT y coincidían en que había que salir a la calle a pelear contra el Gobierno.
Los integrantes de este sector aseguran que ya son 150 los sindicatos que militan en sus filas, pero en las últimas horas lograron ganar poder de fuego al sumar a dirigentes de dos gremios clave del transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los metrodelegados.
El promotor de esos pases fue Horacio Otero, dirigente de confianza del líder de la UOM, Abel Furlán, y gestor de un encuentro que mantuvo con el secretario de Organización de la UTA, Alberto Patiño, al frente de una comitiva de delegados del sector, más los metrodelegados Carlos Sfara y Jorge Pisani, secretario de Acción Social y de Cultura de ese sindicato, respectivamente.
En las últimas horas, el FRESU sumó el apoyo del titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María, otra incorporación que va delineando a esta agrupación como una suerte de CGT alternativa y ultraopositora.
El FRESU, que hará el 1° de mayo un plenario para elaborar un “programa del movimiento obrero”, ya lanzó sus mediciones propias sobre inflación y canasta básica, mientras que la CGT prepara algo similar: un observatorio de estadísticas socioeconómicas y laborales, que, como si fuera un INDEC propio, elaborará números “confiables” para confrontar con las cifras que elaboran desde el gobierno de Milei.
Para eso se firmará un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que aportará la metodología y los expertos técnicos que, junto con los asesores cegetistas, elaborarán todos los meses un índice de inflación alternativo y datos sobre empleo y precios de la canasta básica, entre otros.
Al mismo tiempo, la CGT avanza en otro acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para crear una escuela de oficios, en otro de sus intentos por salir de la conflictividad permanente y hacer un aporte distinto, como para demostrar que va hacia varias direcciones al mismo tiempo y trata de redefinir su identidad.
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CÓRDOBA.- La pelea por el río Atuel sumó un nuevo capítulo en la disputa entre La Pampa y Mendoza y llegó nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El gobernador pampeano Sergio Ziliotto presentó una medida cautelar autónoma contra el Estado Nacional en busca de suspender los efectos del Decreto 982/2026, firmado por Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, que eliminó el régimen de distribución de regalías hidroeléctricas vigente desde 1973 y estableció que la totalidad de los recursos generados por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles sean para Mendoza.
La presentación judicial busca que se mantenga provisoriamente el esquema anterior hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Para La Pampa, la decisión del Poder Ejecutivo no solo representa una “pérdida de recursos para las arcas provinciales, sino que modifica unilateralmente derechos” que, según sostiene, tienen un “respaldo jurídico” que excede al decreto que acaba de ser derogado.
El argumento central de la provincia es que el derecho a percibir regalías también surge de un convenio celebrado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa y homologado por la propia Corte Suprema.
La Pampa sostiene que ese antecedente resulta determinante porque se trata de un acuerdo celebrado entre distintas jurisdicciones, en el que las partes asumieron obligaciones concretas respecto del pago de regalías hidroeléctricas a favor de la provincia.
Desde esa perspectiva, ninguna de las partes podría modificar de manera unilateral los compromisos asumidos. Y el Estado Nacional, remarca la presentación, participó de aquel convenio como una de las partes y no como una autoridad superior a las provincias.
El reclamo de Ziliotto pone así el conflicto en un terreno que excede la discusión sobre quién debe cobrar los recursos producidos por el complejo hidroeléctrico.
La Pampa denuncia un “avasallamiento de las autonomías provinciales” y señala que el decreto vulnera principios de buena fe, seguridad jurídica y federalismo de concertación. También advierte que la decisión produce un “perjuicio patrimonial” directo sobre la provincia al eliminar un ingreso que, bajo el régimen anterior, percibió durante décadas.
Ziliotto cuestionó públicamente la decisión del Gobierno nacional. “Río Atuel. No solo Mendoza nos robó un río. Ahora junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías. No nos quedaremos quietos, el Río Atuel también es pampeano”, escribió en X.
De larga data
La disputa por el uso y aprovechamiento de ese río atraviesa desde hace décadas la relación entre Mendoza y La Pampa y generó sucesivos litigios ante la Justicia. Ahora, la discusión por las regalías de Los Nihuiles vuelve a quedar directamente vinculada con aquella controversia.
El decreto 982/2026, publicado el viernes pasado, dejó sin efecto el 1560/73 y dispuso que la totalidad de las regalías hidroeléctricas generadas por Los Nihuiles correspondan a Mendoza. El fundamento de la medida es que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro del territorio mendocino.
La decisión, sin embargo, se produjo mientras existe otro expediente relacionado con la misma cuestión en trámite ante la Corte Suprema. La validez del régimen establecido en 1973 está siendo discutida en la causa “Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo – daños y perjuicios”, iniciada por Mendoza contra el Estado Nacional.
La secretaria General, Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron a los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.
PresidenciaEn ese proceso ocurrió que el propio Estado Nacional fue el que pidió que La Pampa fuera citada en la causa por considerar que se encontraba directamente alcanzada por la controversia. La Corte Suprema aceptó esa participación el 27 de agosto.
Catorce días después, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 982/2026 y modificó hacia el futuro el régimen de regalías cuya validez se encuentra, precisamente, en discusión ante el máximo tribunal.
La Pampa utiliza esa circunstancia como uno de los argumentos para reclamar una protección judicial inmediata. La cautelar pretende evitar que el nuevo esquema comience a producir consecuencias que luego sean difíciles de revertir, particularmente cuando se avance con las futuras concesiones del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles.
pelea,https://t.co/ub5O5Fek7R,September 14, 2026,Gabriela Origlia,La Pampa,Conforme a
POLITICA
En medio del debate por el avance de la IA, el embajador argentino en EE.UU. defendió su desregulación para impulsar la economía
Mientras los líderes de los gigantes tecnológicos debaten sobre la necesidad de que los Estados controlen el desarrollo de la Inteligencia Artificial, el embajador argentino en EE.UU., Alec Oxenford, respaldó este martes la postura desreguladora que impulsa Donald Trump y sostuvo que esa mirada, compartida por Javier Milei, representa una oportunidad para potenciar la economía argentina.
A través de un posteo en la red social X, el diplomático argumentó que Trump “ha insistido de manera constante en que Estados Unidos debe liderar la revolución de la inteligencia artificial, no temerle ni regularla hasta asfixiarla”.
Según el funcionario, esa visión implica que los países que adopten la tecnología y compitan “definirán el futuro”, mientras que los que duden “corren el riesgo de quedar rezagados”. El mensaje incluyó entre sus destinatarios al propio Milei, al canciller Pablo Quirno, al ministro de Economía Luis Caputo, al asesor presidencial Federico Sturzenegger y a funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, incluido el secretario Marco Rubio.
En ese sentido, Oxenford enmarcó la postura oficial como parte de una línea que Milei “impulsa desde el comienzo” y describió su mirada como “fundamentalmente optimista”. La tecnología, sostuvo, es “una oportunidad extraordinaria para potenciar la productividad, saltear etapas de desarrollo y acelerar la convergencia de la Argentina con las economías más avanzadas del mundo”.
Menos regulación, más productividad
El eje central del posteo apuntó a la relación entre la falta de restricciones normativas y la posibilidad de expansión económica. El embajador remarcó que “la respuesta a la disrupción tecnológica no es frenar la innovación, sino desatarla, liderarla y gestionar sus riesgos sin que el temor paralice el progreso”.
En esa línea, calificó a la inteligencia artificial como “mucho más que algoritmos” y la describió como un ecosistema que integra minerales críticos, energía, semiconductores, talento, centros de datos, poder de cómputo y procesamiento de datos. Afirmó que la Argentina “tiene los recursos y las capacidades para competir en prácticamente todos los eslabones de esa cadena de valor”.
El diplomático también retomó conceptos que Milei viene instalando en foros internacionales, como el de las “sociedades no humanas”, que actualmente el Gobierno debate en el Senado, y enfatizó que estos corren el eje de la discusión más allá de la simple defensa de las estructuras vigentes y obligan a pensar “qué instituciones serán necesarias para el mundo que la tecnología está creando”.
A esa lectura sumó una dimensión de valores: sostuvo que el proceso “debe ser liderado por las democracias occidentales” y desarrollado bajo principios de “libertad, apertura, dignidad humana y estado de derecho”, ya que la tecnología “no es geopolíticamente neutral”.
POLITICA
Las claves del fallo por Sueños Compartidos: uno de los jueces votó por absolver a todos y los dirigentes políticos que evitaron el juicio
El fallo por el escándalo del plan de viviendas sociales Sueños Compartidos que construyeron las Madres de Plaza de Mayo se explica porque uno de los jueces del tribunal votó por absolver a todos los acusados con el argumento de que la causa estuvo mal instruida, pero también por el sobreseimiento prematuro de gobernadores e intendentes que recibieron un presupuesto de 700 millones de pesos hace 15 años y porque la responsabilidad política no siempre se convierte en responsabilidad penal.
La sentencia del Tribunal Oral Federal N°5 condenó al exsecretario de Obras Públicas José López a 2 años y nueve meses de prisión en suspenso; al exsubsecretario Abel Fatala a 2 años y nueve meses; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente, por el desvío de más de 206 millones de pesos.
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros cuatro imputados.
El fallo fue dictado por los jueces Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg. Por tratarse de una condena menor a 3 años y en suspenso, los condenados no irán presos.
Si bien los fundamentos de la sentencia se conocerán el 11 de noviembre, estas son las claves del fallo:
La disidencia: el juez Adrián Grunberg votó por absolver a todos los acusados, incluidos los funcionarios. Solo los votos de la jueza Paliotti y del juez Obligado permitieron las condenas a López, Fatala y a los hermanos Schoklender. Grunberg es el mismo juez que decidió en este tribunal absolver a Cristina Kirchner sin juzgarla en el caso Hotesur y Los Sauces.
La absolución de De Vido: todos los jueces del tribunal optaron por absolver a Julio de Vido. Las razones pasaron porque la responsabilidad política no se convierte automáticamente en responsabilidad penal. Si bien era el ministro, el responsable del programa no aparece firmando nada. La responsabilidad que valoró el tribunal es la penal. Imputar a De Vido por su rol institucional es un caso de responsabilidad objetiva que está vedado para nuestro sistema penal. De seguir esa idea, se podría haber llegado a Cristina Kirchner. En este caso nadie mencionó a De Vido, ni firmó nada. Es la misma situación que ocurrió con la causa Vialidad, donde fue absuelto.
Zafaron intendentes y gobernadores: el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a los gobernadores e intendentes que recibieron los más de 700 millones de pesos de hace 15 años para construir viviendas sociales. Firmó los sobreseimientos el 23 de diciembre de 2019. Desvinculó además a María Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini.
Concluyó que gobernadores e intendentes no habían cometido delito al firmar los convenios para la construcción de viviendas. En total alcanzó a 25 imputados. Entre los beneficiados estuvieron Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados y José Benítez, además de Julio Zamora, intendente de Tigre.
El argumento fue que los fondos provenían del Estado nacional y que desde la Secretaría de Obras Públicas se les requería a las jurisdicciones locales la contratación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En esa lectura, ni los municipios ni las provincias tuvieron injerencia real, porque la Nación solo giraba el dinero si la contratada para hacer las viviendas era la Fundación.
Esto fue clave para que la causa quedara tabicada, al igual que la instrucción inicial que hizo el juez Norberto Oyarbide, ya fallecido, que tuvo que ser apartado del caso por la Cámara Federal.
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