POLITICA
La CGT protestó por el endeudamiento familiar y le exigió tres medidas a Caputo
La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una marcha para protestar frente al Ministerio de Economía por el nivel de endeudamiento familiar y para exigirle al Gobierno medidas para frenar su escalada. La central obrera hizo entrega de una nota dirigida al ministro Luis Caputo, con la firma de los tres integrantes de su conducción, en la que exigió que actúe el Banco Central y que se apliquen decisiones que alivien la situación de pymes y familias.
La CGT convocó a su militancia frente a la Plaza de Mayo, donde se había montado un vallado de contención. Confluyeron en la misma marcha organizaciones que no integran la central, como el Polo Obrero y Libres del Sur, entre otras.
Con la firma de sus secretarios generales, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, la CGT presentó una nota dirigida a Caputo en la que planteó tres puntos. El primer pedido es “cumplir con la función de regulación del Banco Central respecto de los niveles de tasa de interés aplicable a préstamos bancarios, las aplicaciones financieras y todo medio susceptible de endeudamiento con personas físicas”.
El segundo pedido de la CGT en su nota es “analizar la situación de endeudamiento de las pymes que compromete su capital de trabajo y amenaza la continuidad de su actividad poniendo en juego las fuentes de trabajo”.
El último de los reclamos cegetistas al ministro de Economía es la “puesta en marcha de un programa de refinanciación de deudas que atienda el alarmante nivel de morosidad, incluyendo niveles de tasa acordes a la evolución de los ingresos”.
En junio, la deuda en mora de las familias llegó al 17,5%, según el Monitor Mensual de Crédito a las Familias, elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y la consultora EcoGo.
“El equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y pymes, reactivar la producción y el consumo, y poner en marcha la economía real”, se sostuvo en el documento de la CGT dirigido al titular del Palacio de Hacienda.
Los triunviros de la central obrera afirmaron en la nota que “el crecimiento de la mora financiera formal, ya sea a través del sistema bancario u otros canales financieros, es el reflejo de una economía que está perdiendo capacidad de ahorro, de consumo y de producción”. Y añadieron: “Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando cae el consumo y cae la producción, también se resiente el empleo”.
“La salida no puede ser un programa económico que solamente atienda los índices macroeconómicos, el ajuste permanente y al que le cierren las cuentas financieras. Se debe enfocar también en políticas de estímulo a la economía real, la que pone en marcha la capacidad instalada, la actividad económica y el consumo”, reclamó la CGT en su texto.
La CGT confluyó en la zona de Plaza de Mayo con otras organizaciones, como las dos vertientes de la CTA, el Polo Obrero o Libres del Sur. Esta última fuerza encabezó este martes una protesta frente a la sede de la empresa Mercado Libre, en el barrio porteño de Saavedra, donde reclamó contra las “tasas usurarias” que cobra la firma en sus préstamos. Este jueves, en tanto, desplegó banderas y carteles frente a los edificios de los bancos Santander y BBVA, antes de dirigirse hacia el Ministerio de Economía.
El Polo Obrero llevó sus propios reclamos a la marcha que motorizó la CGT. Reclamó “un aumento general de emergencia de los salarios” y un “paro y plan de lucha”.
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La reacción de Javier Milei al cruce en Diputados entre Juan Grabois y dos legisladores libertarios: “Esto es lo que enfrentamos a diario”
Luego del escándalo en Diputados entre Juan Grabois y parte de los legisladores libertarios, donde intercambiaron insultos y amenazas, se generó otro fuerte cruce en redes sociales que involucró al presidente Javier Milei. “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, publicó el jefe de Estado en su cuenta de X. Minutos más tarde, Grabois redobló la apuesta: “Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores”.
Este miércoles hubo insultos, gritos y forcejeos durante el plenario de las comisiones que analiza la iniciativa impulsada por el Gobierno para ampliar las sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.
La tensión comenzó mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien cuestionaba distintos puntos del proyecto. En medio de su intervención se produjo un cruce con el libertario Jairo Guzmán, representante de Santa Cruz.
En ese momento, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois se levantó de su asiento, atravesó parte del salón y fue hacia Guzmán. Entre ambos hubo un intercambio de manotazos mientras otros legisladores intentaban frenar la discusión.
POLITICA
Mayra Mendoza vistió un pantalón de Boca durante una sesión en la Legislatura, recibió críticas y salió al cruce
La diputada bonaerense kirchnerista Mayra Mendoza respondió a las críticas que recibió por la ropa que utilizó durante una sesión de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
La polémica se generó luego de que se viralizara un video en el que se la observa participando de la ceremonia de izamiento de la bandera con un saco azul combinado con un pantalón deportivo Adidas con las tradicionales tres tiras amarillas, una indumentaria que varios usuarios asociaron con Boca Juniors.
“¿La Corte habilita la extranjerización de nuestras tierras y la noticia termina siendo la ropa que uso?”, cuestionó en el inicio de su descargo en X.
La legisladora publicó el mensaje este miércoles por la mañana, después de que trascendiera la decisión de la Corte Suprema que dejó sin efecto el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras.
Asimismo, la exintendente de Quilmes sostuvo que los ataques que recibió reflejan “los prejuicios y el odio que han inoculado en una parte de nuestra sociedad”. Según planteó, parte de las críticas estuvieron acompañadas por descalificaciones vinculadas tanto a su identidad política como a aspectos personales.
“Creen que diciéndome ‘negra’ o ‘kuka’ me ofenden, o que con eso pueden solucionar alguno de los problemas que estamos viviendo. Quiero decirles algo: ‘kuka’ es una identidad de la que me siento profundamente orgullosa. Y ‘negra’ tampoco me ofende, soy morocha y me encanta”, expresó en la red social.
Y añadió: “Quienes se detienen en una boludez como esta lean también lo que está pasando a su alrededor y reflexionen”, expresó.
La diputada enumeró una serie de temas que, según ella, deberían ocupar el centro de la discusión pública. Entre ellos mencionó “las decisiones que toma la Justicia, qué pasa con nuestra soberanía, con nuestros recursos y, fundamentalmente, con las instituciones y la democracia”.
También cuestionó a quienes priorizan las formas por sobre el contenido en la evaluación de los dirigentes y funcionarios. “Quizás prefieren jueces vestidos de traje, solemnes, que se creen con derecho a decidir sobre sus vidas, su patrimonio y su libertad”, escribió.
“Personalmente, prefiero que discutamos qué hacen, qué deciden y a quiénes benefician las decisiones de quienes tienen mayores responsabilidades en nuestro país”, sostuvo.
La dirigente kirchnerista también explicó que utiliza la marca deportiva desde su juventud y confirmó su simpatía por Boca Juniors. Fue en ese contexto que formuló la frase que concentró buena parte de la repercusión de su descargo: “Soy de Boca, ¿cuál es el delito?”.
Mendoza además pidió elevar el nivel del debate y volvió a remarcar que la discusión sobre su atuendo resulta secundaria frente a otros asuntos de interés público. “Por favor, eleven el nivel”, reclamó.
“La ropa se cambia”, señaló luego. Y agregó: “Los derechos, la democracia y la soberanía, si los dejamos avanzar, después cuesta muchísimo recuperarlos”.
En el cierre del posteo, manifestó: “En serio: abran los ojos. Pero no para mirar la ropita. Para mirar lo que está pasando como argentinos”.
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El Sindicato de Camioneros se movilizará ante la Legislatura porteña para reclamar los USD 200 millones en indemnizaciones
Los Moyano decidieron ir a la guerra para garantizar el pago de USD 200 millones en indemnizaciones a los trabajadores de recolección de residuos en CABA: en una asamblea masiva realizada este miércoles, el Sindicato de Camioneros resolvió una movilización para el lunes próximo ante la Legislatura porteña con el fin de asegurar que se incluya ese beneficio en los nuevos pliegos de licitación del servicio entre 2028 y 2038.
En un predio ubicado en Lafayette 1751, en Barracas, el secretario adjunto del sindicato, Pablo Moyano, acompañado por el secretario gremial, Marcelo Aparicio, anunció el inicio de protestas ante la versión de que el gobierno de Jorge Macri no incluirá el pago de las indemnizaciones en los próximos contratos cuando venza la prórroga de las concesiones de la recolección de basura, en septiembre del año próximo.
“El compromiso de Hugo, de Pablo y de Feúcho (por Aparicio) es que se tienen que pagar las indemnizaciones totales -dijo el dirigente en la asamblea-. El día lunes, que es la primera audiencia pública, tenemos que ser más de 20 mil trabajadores. A nosotros nadie nos regaló nada. Todo lo que se conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación”.
“No nos van a frenar, compañeros -agregó-. Hoy empezamos una lucha que va a ser durísima porque tenemos a la justicia, los medios y los empresarios en contra, tenemos a estos dos gorilas que nos gobiernan (por Javier Milei y Jorge Macri), pero no van a poder con la unidad y con la lucha de los trabajadores. Vamos por la indemnización completa”.
El conflicto, anticipado por Infobae, se reactivará el lunes que viene porque ese día, al mediodía, se hará una audiencia pública virtual en la que se analizarán los anteproyectos del servicio público de higiene urbana que regirán en la ciudad entre 2028 y 2038.
Pablo Moyano advirtió que la exclusión de las indemnizaciones del pliego afectaría una práctica que consiguió Hugo Moyano a partir de fines de los años 90 y que consiste en que cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Conocida como “Ley Moyano”, esa norma no escrita y sin basamento jurídico alguno se basa en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano desde que debutó en 1998 con la finalización del contrato con Manliba.
En un video publicado en las redes sociales de Camioneros, Pablo Moyano dijo este martes que, a partir de lo publicado en Infobae, “estaría afuera” el pago de las indemnizaciones, al que calificó como “una conquista que ha logrado el compañero Hugo Moyano en los años 80 y que todos los años donde hay una nueva licitación contempla” el resarcimiento a 6 mil empleados del sector.
Por eso anunció que empezarán a hacer asambleas en todas las empresas de la actividad de la recolección en Capital Federal para “garantizar y comprometer a los legisladores y el gobierno de la ciudad, que sabemos que es un gobierno anti-obrero, anti-trabajador, para que el año que viene, cuando se llame a licitación, se paguen las indemnizaciones de todos los trabajadores de la recolección de residuos”.
El sindicalista aseguró que hay “más de 7 mil empleados” a la espera de una indemnización y recordó a quienes trabajaron durante la pandemia. “Por ese reconocimiento y memoria de esos trabajadores que han fallecido vamos a hacer lo imposible y todo lo que esté a alcance para que se pague ese logro histórico que se viene cobrando desde hace más de 30 años”, dijo.
El pliego vigente del servicio de recolección de residuos, prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2028, contempla el ítem “Indemnizaciones Finales” dentro del Régimen de Personal Operativo, que establece: “Al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores”.
El gobierno de Jorge Macri no prevé incorporar ese pago para los trabajadores de recolección en los nuevos pliegos, donde, de todas formas, los empleados conservarían sus puestos desde septiembre de 2028 y durante 10 años, ya sea en las empresas actuales o en las nuevas adjudicatarias del servicio.
La preocupación sindical también se extiende al presupuesto porteño de 2027, que el jefe de Gobierno enviará a la Legislatura de la ciudad: Camioneros teme que no incluya las partidas necesarias para afrontar las compensaciones que surgen de la “Ley Moyano”.
La práctica de pagar el resarcimiento a Camioneros se inició tras la finalización del contrato de Manliba en 1998 y ganó fuerza durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad: en 2012, la Legislatura porteña aprobó un bono de 220 millones de pesos para indemnizar a recolectores cuando cambiara una concesionaria.
El sistema fue utilizado también en licitaciones de recolección de residuos de Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de Cervecería Quilmes y en filiales argentinas de DHL y FedEx. La semana pasada, el sindicato acordó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con indemnizaciones incluidas.
La disputa por este mecanismo alcanzó a Walmart después de que Grupo Narváez comprara la cadena en marzo de 2021. Camioneros bloqueó un depósito para exigir el despido, indemnización y reincorporación de 500 de los 718 empleados del centro de distribución, con el pago de la doble indemnización vigente.
La indemnización finalmente no se aplicó, pero 477 trabajadores recibieron una gratificación extraordinaria de 227.576.922 millones de pesos. El episodio exhibió la capacidad de presión del gremio para sostener ese esquema en operaciones empresariales.
En 2022, el sindicato volvió a confrontar con el gobierno porteño cuando Horacio Rodríguez Larreta resolvió estatizar el sistema de grúas. Pablo Moyano acusó entonces al jefe de Gobierno de buscar una precarización salarial para 500 trabajadores de grúas y remolques y de excluirlos del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.
El acuerdo posterior permitió que los empleados de Dakota y BRD pasaran a SBASE, empresa estatal de la Ciudad. Mantuvieron el convenio de Camioneros y cada uno recibió hasta 4 millones de pesos de indemnización, por un total de 2.000 millones de pesos.
La administración de Jorge Macri heredó ese antecedente de la Ley Moyano. En mayo de 2024, Pablo Moyano había amenazado con que la Ciudad se llenaría de basura desde octubre si no se indemnizaba al personal ante el siguiente vencimiento de los contratos.
Sin embargo, el gobierno porteño recordó que los acuerdos habían sido firmados en enero de 2014, comenzaron el 1° de octubre de ese año y tenían una vigencia original de una década, pero que en 2020 las partes prorrogaron los contratos hasta 2028.
En octubre de 2024, Hugo Moyano y la Ciudad acordaron no aplicar el pago reclamado. A cambio, el gremio obtuvo compensaciones para empleados próximos a jubilarse y para quienes tenían problemas de salud desde la pandemia que les impedían cumplir sus tareas.
La decisión provocó asambleas tumultuosas en empresas de recolección. En Cliba, trabajadores cuestionaron a Pablo Moyano y reclamaron garantías de cobro para 2028: “¿Vos me asegurás que en 2028 nos van a pagar? ¡Qué nos van a pagar!”, le dijeron empleados a un delegado en una asamblea. Otro trabajador llamó “Pablito traidor” al dirigente, como se vio en un video registrado en ese momento.
La reacción llevó al secretario gremial Marcelo Aparicio a difundir un video en el que calificó el mecanismo como un “privilegio” para los recolectores porteños y admitió que ese beneficio “no existe en la ley”, aunque permite recibir indemnizaciones y preservar la antigüedad laboral.
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She grew up under Soviet rule; now the EU’s top diplomat, she warns Europe against giving Russia what it wants
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