El Gobierno nacional evalúa extender las sanciones en el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuya letra final se encuentra en plena redacción, a otras áreas más allá de las de hidrocarburos, como contempla la legislación actual. Entre los sectores que se verían alcanzados con las modificaciones está el de la pesca, según confirmó a una fuente oficial de Casa Rosada.

El proyecto legislativo ingresará el lunes próximo al Congreso, por la Cámara de Diputados, según fuentes oficiales. La iniciativa contempla estos cambios a la Ley 26.659, sancionada durante el Gobierno de Cristina Kirchner, con la búsqueda no solo de penas más duras, sino también de alcanzar a otras áreas, como la pesca. La normativa vigente solo contempla sanciones al área de hidrocarburos.

La extensión de sanciones a la actividad pesquera que evalúa por estas horas el Poder Ejecutivo, busca también ser incluida en la discusión por parte del bloque peronista. En tanto, la ley federal de Pesca ya prevé sanciones para la pesca en el área, pero nunca se aplicó.

“La idea es apuntar no solo a endurecer las sanciones a empresas y sujetos que operen en Malvinas, sino también ir más allá de las vinculadas a hidrocarburos, yendo a todo el resto de los negocios en el área, entre ellos el de la pesca”, detallaron desde el palacio de gobierno a .

En su mensaje del jueves pasado, el presidente Javier Milei mencionó sin dar precisiones que habría un endurecimiento de las sanciones a las empresas de hidrocarburos que operen en la zona. Fue durante la cadena nacional en la que se refirió al tema y anunció no solo el envío del proyecto de ley, sino también la construcción de una Base Militar en Tierra del Fuego.

Los cambios en la ley buscan acelerar el proceso y endurecer las penas para que las empresas que operan en el proyecto Sean Lion no puedan hacerlo en Argentina. También se extenderá a sus proveedoras.

Desde que Milei realizó el anuncio el jueves, ya se hicieron dos tandas de procesos sancionatorios. Primero a 45 empresas, en tanto que este martes se extendió a 15 más.

“La idea es que las sanciones no solo sean más duras, también que abarquen al resto de los negocios en la zona, más allá de los hidrocarburos”, dijeron a fuentes al tanto de lo que se redacta.

En las últimas horas, la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp) había realizado un reclamo para que se incorporen los recursos pesqueros al igual que los de los hidrocarburos.

“Si la Argentina sostiene que resulta inadmisible la explotación unilateral del petróleo en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, el mismo principio debería alcanzar a los recursos pesqueros que desde hace décadas son explotados mediante permisos británicos”, se mencionó en el comunicado.

La ley, que el Gobierno busca modificar para tener mayores alcances, es la 26.659 que fue sancionada por unanimidad el 16 de marzo de 2011. Corría por entonces el primer mandato de Cristina Kirchner y se la conoció como “Ley Pino Solanas”, en reconocimiento al cineasta y dirigente Fernando “Pino” Solanas, quien la impulsó.

Hasta ahora, la ley fue aplicada en diferentes oportunidades: en 2013, 2021 y 2022, pero sin mayores consecuencias en la práctica para las empresas alcanzadas.

El Gobierno busca cambiar eso tanto con sanciones más duras y consecuencias más tangibles, así como con el alcance a los otros sectores que explotan la zona. La letra de la ley redactada por Solanas apunta exclusivamente a las de hidrocarburos.

El endurecimiento creen que estará dado por la posibilidad que hay en la actualidad, a diferencia de lo que sucedía en 2011, que es la herramienta que ofrece el potencial de Vaca Muerta como instrumento de negociación.

“Que operar en Malvinas se traduzca en dejar de operar en Argentina”, recalcaron en referencia a las sanciones que busca imponer el Gobierno, con consecuencias directas para empresas y sujetos que operen en la zona.

La letra de la ley también contemplará darle más facultades al Consejo de Seguridad, que se conformará a partir de la ley.

El detalle del proyecto que enviará el Ejecutivo está en manos de la Secretaría Legal y Técnica, bajo la órbita de María Ibarzábal; de la Cancillería, en cabeza de Pablo Quirno, y de la cartera de Defensa, de Carlos Presti. En el proyecto también está involucrado de lleno el estratega presidencial, Santiago Caputo.

La cuestión de Malvinas ganó connotación en la agenda pública una semana atrás y desde entonces se trabaja en el proyecto legislativo que anunció el presidente el pasado jueves y que se enviará al Congreso el lunes.

EL CALAFATE.- La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, en tanto que admitió la jurisdicción internacional de la justicia argentina.

En un dictamen de alto impacto, la jueza federal Mariel Borruto dio el primer paso en una causa que apunta a frenar la ejecución de obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.

El dictamen de Río Grande da lugar así a la demanda presentada en los tribunales fueguinos la semana pasada —dos días antes de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas—, por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, AAdeAA, y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata, CECIM, quienes reclaman la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto petrolero.

El dictamen de la jueza federal Borruto adhiere al dictamen del Ministerio Público Fiscal y destaca desde el aspecto ambiental que el emprendimiento “se emplaza en aguas del Atlántico Sur que por su dinámica oceanográfica, corrientes y conectividad ecosistémica, integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, de modo que la degradación denunciada recaería sobre recursos ambientales interjurisdiccionales”.

En cuanto a la infraestructura que se impugna, se refiere a que la misma “se instala materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción marítima de la Nación”; en tanto que sostiene que la controversia excede lo meramente técnico, donde el nudo del debate está enfocado en la defensa de la soberanía nacional como un bien colectivo indivisible, “que reviste la calidad de interés federal por antonomasia”.

Por su parte, a través de un comunicado, el CECIM consideró el dictamen de hoy como “un paso de enorme relevancia porque reconoce la dimensión federal, ambiental y soberana del conflicto planteado”, y sostuvo que este reconocimiento resulta central tanto para el Cecim como para la AAdeAA que concurren en esta acción “desde sus respectivas trayectorias institucionales para la defensa de bienes colectivos que aquí aparecen profundamente entrelazados”. “La soberanía aparece jurídicamente vinculada con la protección del territorio, sus bienes naturales y el derecho colectivo de nuestro pueblo a decidir sobre ellos”, señaló el CECIM.

En el marco del proceso, la magistrada dispuso otorgar intervención procesal a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través de su Fiscalía de Estado, con el objetivo de resguardar sus intereses patrimoniales y ambientales del Estado provincial, dado que el proyecto impugnado corresponde a territorio de la provincia según lo establece el artículo 1 de la Ley 23.775 que define que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos existentes”, al igual que las competencias ambientales.

A su vez, resolvió diferir la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas e intimó a los querellantes a presentar en el plazo de 5 días una declaración jurada sobre la inexistencia de otros juicios idénticos, además de las traducciones oficiales al idioma nacional y las copias digitales de la documentación redactada en lengua extranjera.

Mientras esta causa avanza en el Sur, en el juzgado federal 12 -que está vacante y es subrogado por el juez Julián Ercolini– recayó la denuncia penal presentada por el Gobierno nacional contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y, según explicaron fuentes judiciales a , en las próximas horas se definirá si la causa queda en Comodoro Py o es enviada a Río Grande, Tierra del Fuego.

Con la colaboración de Hernán Cappiello