El ministro de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará hoy ante el Consejo de la Magistratura porteño un pedido para activar el proceso de destitución de la jueza porteña Laura De Marinis, que declaró la inconstitucionalidad de un artículo del régimen penal juvenil. La Libertad Avanza (LLA) acompañará el intento de remover a la magistrada, mientras el Partido Justicialista (PJ) critica la denuncia y sostiene que el proceso no avanzará.

Tapia informó a que la presentación que realizará este martes llevará su firma y que cuenta con el respaldo del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien ayer anunció que pedirían “inmediatamente el juicio político”.

“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre”, escribió en la red social X.

De Marinis declaró la inconstitucionalidad de un artículo de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años y sobreseyó a un menor de esa edad que, junto con un grupo de chicos, había sido detenido en flagrancia por un intento de robo. No fue una declaración genérica de inconstitucionalidad de la nueva ley; la jueza sostuvo que, en el caso concreto de este joven, la reforma no podía ser aplicada.

Tapia subrayó esto mismo. “La ley sigue vigente”, advirtió.

“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por la falta de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros”, había afirmado la jueza De Marinis en su resolución.

Desde anoche, LLA manifestó la necesidad de avanzar en el pedido de “juicio político” contra la jueza. “Instamos a todos los bloques a pedir el juicio político”, escribió Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario en la Legislatura.

A nivel nacional, LLA impulsó la reforma del régimen penal juvenil. En el Congreso, Pro acompañó y el PJ se opuso.

“Vamos a acompañar el pedido de juicio político que planteó el jefe de gobierno”, aseguró Solana Pelayo (LLA), titular de la comisión de Justicia de la Legislatura. Al menos de momento, los libertarios no presentarán una denuncia diferente a la del ministro de Justicia, confirmaron fuentes legislativas a .

Un diputado de la bancada dijo a que están “dispuestos a ayudar y avanzar” con el intento de remoción de la magistrada. Ahora están evaluando la parte “técnica” del asunto, dijeron.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores libertarios y una de las principales impulsoras de la baja de la edad de imputabilidad, también cuestionó la decisión de la magistrada: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.

En el PJ aún no se pronunciaron públicamente sobre la resolución de la jueza, pero fuera de micrófono cuestionaron las declaraciones de Jorge Macri y relativizaron la chance de que avance un proceso de destitución.

Ante la consulta de , en el bloque del PJ dijeron que “hasta ahora es todo biri biri”. Asimismo, defendieron el proceder de la jueza: “Actuó de acuerdo a sus convicciones del derecho y no a una postura política”. Y plantearon que “el contenido de una sentencia” no sería una “causal” suficiente para convocar a un jurado de enjuiciamiento.

El bloque peronista Fuerza por Buenos Aires es virtualmente conducido por Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación y pieza clave del PJ porteño.

Entretanto, la legisladora porteña Viviana Biasi (FIT/PO) cuestionó a Jorge Macri y a Pilar Ramírez por “el intento de perseguir a la jueza De Marinis con un juicio político”. Y completó: “Estos millonarios en el poder no dudan en tomar de rehén a un adolescente vulnerable de 14 años para armar sus campañas políticas reaccionarias que buscan tapar sus estruendosos fracasos en el gobierno”.

En función de antecedentes similares, una fuente del Consejo de la Magistratura porteño sugirió a que la avanzada contra De Marinis podría quedar congelada. “Tiene que tener una muy buena fundamentación [el pedido de un jury]. El 95% de las veces no pasa la comisión”.

Del proceso de remoción de un juez de primera instancia participan tanto el Consejo de la Magistratura local, que recibe la denuncia y decide si avanza con ella, como un jurado de enjuiciamiento de nueve integrantes (tres legisladores, tres abogados y tres jueces –siendo uno de ellos del Tribunal Superior–), de acuerdo a los artículos 116 y 121 de la Constitución porteña.

Mientras el mundillo político avanza por la vía del pedido de un jury, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad apeló el fallo de De Marinis y pidió su apartamiento. La presentación fue hecha por Mauro Tereszko, fiscal coordinador, y Paula Raffa Pirra, auxiliar fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil. “Hallamos una debilidad enorme en varios de los fundamentos de la jueza”, sostuvo Eduardo Riggi, a cargo de la Fiscalía General Adjunta en lo Penal y Contravencional porteña, en una entrevista con Radio Mitre.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y también el de otras 18 personas involucradas en el caso que investiga presuntos desmanejos en el organismo, entre ellos el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico y exfuncionario Pablo Atchabahian.

Además, ratificó el rumbo de la investigación al rechazar un planteo de la familia Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo, y otras defensas, que buscaba anular la causa por el supuesto origen ilícito o adulterado de los audios atribuidos a Spagnuolo.

La decisión fue tomada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Sala II de la Cámara, y consolidó la primera capa de una causa que investiga distintos niveles de responsabilidad en una presunta gran trama de irregularidades.

La hipótesis que sostiene el fiscal Franco Picardi -que ya pidió otros 30 procesamientos- es que un grupo paraestatal logró cooptar la agencia de Discapacidad y manejarla en función de sus intereses. Hubo simulación de competencia entre droguerías, sobreprecios, direccionamiento y eventuales retornos.

Parte de la maniobra se habría llevado a cabo a través de un sistema especial de compra, el Siipfis, diseñado para ser más ágil, y utilizado para insumos médicos muy caros y poco frecuentes. Otra parte de la investigación atañe a la compra de insumos ortopédicos, traumatología, amputaciones, cardio, audífonos y sillas de ruedas.

Con la explosión del caso, el Gobierno echó a Spagnuolo, que supo ser muy cercano a los hermanos Milei, y a Garbellini. Además, se resolvió la intervención de la Agencia y puso en marcha una auditoría. Entre otros detalles, el trabajo identificó sobreprecios de hasta 4239% y un desfasaje presupuestario de más de 150 mil millones de pesos.

Este lunes, el interventor del Gobierno en la Agencia, Alejandro Vilches, presentó su renuncia por “motivos personales”.

Los procesamientos fueron dictados en febrero de este año por el juez Sebastián Casanello, cuando caso todavía estaba a cargo del juzgado federal 11, hoy subrogado por el juez Ariel Lijo.

El caso nació poco más de un año tras la difusión de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo en los que hablaba sobre irregularidades en el organismo y mencionaba a la secretaria y hermana del presidente, Karina Milei, y su mano derecha Eduardo “Lule” Memen.

El fiscal Picardi impulsó por etapas una investigación que tuvo intervenciones telefónicas, embargos, allanamientos y el secuestro de más de un millón de dólares en efectivo, entre otras medidas.

Casi 700.000 dólares fueron encontrados en la casa de Ornella Calvete, hija del empresario; otros US$266.000, en el auto de Emmanuel Kovalivker, de empresa Suizo, mientras salía de su casa del barrio Nordelta.

La justicia puso la lupa sobre la empresa Suizo al comienzo del caso, pero por el momento avanzó sobre otras líneas de investigación.

Los audios

La estrategia de algunas defensas apunta a sostener que los audios atribuidos a Spagnuolo son la piedra angular que sostiene todo el caso. Buscan declararlos nulos y, así, hacer el caer todo el caso.

Por ahora, la causa avanzó, aunque el juez Lijo ordenó peritar esas grabaciones.

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