POLITICA
La Corte anuló el sobreseimiento del “Pata” Medina en una causa por presuntos delitos de asociación ilícita, lavado y extorsión
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este jueves el sobreseimiento de Juan Pablo “Pata” Medina, su hijo Cristián Isidoro Jesús Medina y el resto de los imputados en una causa por los presuntos delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión.
Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte hizo lugar a la queja y al recurso extraordinario del fiscal general ante Casación, Raúl Pleé, y dejó sin efecto la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que había convalidado el cierre del expediente.
Los jueces remarcaron que comparten “los fundamentos y conclusiones” del dictamen de la Procuración y, por esa vía, anularon lo resuelto en Casación. La causa volverá ahora a esa Cámara, que deberá dictar una nueva resolución con una integración distinta.
Medina, exsecretario general de la seccional La Plata de la UOCRA, fue detenido en septiembre de 2017 por orden del juez federal Luis Armella, que lo procesó por aquellos delitos y le trabó un embargo de 200 millones de pesos.
En febrero de 2020 obtuvo la prisión domiciliaria, que cumplió en su casa de Ensenada. Un año después, el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata lo excarceló con la prohibición de participar en actividades gremiales y el incumplimiento de esa pauta derivó en un nuevo arresto.
El expediente se encaminaba al juicio oral ante ese mismo tribunal. En octubre de 2022, de manera unipersonal, el juez Alejandro Esmoris declaró la nulidad de todo lo actuado y sobreseyó a los acusados. Entendió que la persecución penal era consecuencia de la investigación paralela conocida como “Gestapo” o “mesa judicial”, iniciada a partir de una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia durante la gestión de Alberto Fernández.
Según aquella resolución, la situación de Medina “no sería más que el fruto de los delitos que se vienen investigando” en ese otro expediente, por “actividades de inteligencia ilegal” y un “proyecto delictivo más amplio” que habría involucrado a funcionarios de alto rango. La fiscalía apeló.
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En Casación, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar confirmaron la nulidad y los sobreseimientos, mientras que Guillermo Yacobucci votó en disidencia y consideró prematuro el cierre.
Pleé cuestionó esa confirmación. Advirtió que los sobreseimientos “privan al Ministerio Público Fiscal del ejercicio de su deber constitucional de promover la actuación de la justicia e impiden determinar en el debate oral y público la verdad respecto a los hechos imputados”.
Pata medina, UOCRA, La Plata
POLITICA
Gobernadores del norte presionan para que en noviembre esté operativo el subsidio eléctrico a zonas cálidas
Para aprobar la reducción de los subsidios al gas a las «zonas frías», el gobierno nacional consiguió los votos de legisladores del Norte Grande. A cambio, prometió fijar para esas provincias un criterio «zonas cálidas» en las tarifas eléctricas durante la temporada estival. El entendimiento se cerró en la 24° Asamblea del bloque que reúne a las 10 provincias del NEA y del NOA.
La decisión no se establecería por una ley, como pasó en el caso de la subvención al gas, sino por una resolución de la Secretaría de Energía. La normativa aún no salió y en el Gobierno nacional mantienen la reserva sobre cuándo se conocerá. Pese a esto, un grupo de gobernadores la dio como un hecho. Hasta pusieron fecha de inicio, noviembre, y parámetros de otorgamiento.
Entre ellos están los mandatarios de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Chaco, Leandro Zdero y de Misiones, Hugo Passalacqua. Los dos primeros hicieron especificaciones técnicas de la medida esperada y generaron expectativa en sus poblaciones. El tercero llegó a hacer públicos una plataforma para adherir al beneficio.
Anuncios y expectativas
Valdés fue el primero en agitar la bandera. El viernes 25 de septiembre, horas después de que se modificara «zonas frías», anticipó: “Se cumplió la parte de la ley. Ahora la semana que viene debería salir la resolución así los correntinos podemos tener tarifas diferenciadas en electricidad. Son cerca de 185.000 familias las que se van a ver beneficiadas”, evaluó.
El gobernador correntino precisó que la subvención alcanzará a los meses de mayor consumo. Contemplará hasta 500 kWh subsidiados entre noviembre y abril. Durante los otros seis meses, el límite sería de 300 kWh. Días después, dijo en un discurso que ahora la pelea pasará por convertir en ley la resolución.
“Todavía no hay nada”, fue la respuesta corta que emitió la Casa Rosada ante la consulta de Infobae sobre la medida.
Lo cierto es que «la semana que viene» se convirtió ahora en «la semana pasada» y la resolución no apareció. Valdés fue parte de la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a París en esos días. La capital europea fue sede de una nueva edición de la Argentina Week.
El chaqueño Zdero también participó de esa misión comercial en busca de inversores. Desde la Ciudad Luz, el mandatario se expresó en el mismo sentido que Valdés: “El beneficio va a llegar a partir de noviembre. Se mantendrá en diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Van a estar cubiertos los meses más calurosos”, describió.
El diputado nacional chaqueño Guillermo Aguero (UCR) fue más allá. Llegó a detallar que el esquema contempla un bloque de hasta 550 kWh mensuales con un subsidio de 50% durante seis meses. Esto significa que los primeros 550 kWh del consumo mensual en el período noviembre/abril tendrán la bonificación. La energía que supere ese límite será abonada a tarifa plena.
Luego, puntualizó que el beneficio está destinado a hogares cuyos ingresos netos familiares totales sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del Indec. La CBT se ubicó en agosto en $1,6 millones. Es decir que el límite sería de $4,8 millones.
Operativo en marcha
Misiones anunció la entrada en vigencia del esquema y los topes a fines de la semana pasada. A través de la empresa estatal de electricidad, informó incluso las etapas que deben seguir los usuarios para acceder al beneficio.
El parte oficial detalló: “La incorporación de Misiones al esquema diferencial responde a las gestiones realizadas por la Provincia ante Nación”. El objetivo fue que se reconozcan “las condiciones climáticas y las necesidades particulares de consumo eléctrico del Norte argentino” dentro del régimen nacional de subsidios.
“El planteo fue sostenido por Passalacqua y ratificado en agosto durante la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, realizada en Posadas”, agregó.
Energía de Misiones indicó a sus usuarios cómo gestionar el beneficio. “El primer paso es revisar la factura de electricidad. Allí figura la situación del usuario frente al subsidio mediante las leyendas «CON SEF (subsidio energético focalizado)» o «SIN SEF»”.
En el primer caso, el hogar ya cuenta con la subvención nacional. Por lo tanto “queda comprendido en el nuevo esquema diferencial que comenzará a aplicarse en noviembre, de acuerdo con las condiciones establecidas por el régimen”. De lo contrario, el usuario deberá entrar a www.argentina.gob.ar/subsidios, donde podrá hacer el trámite correspondiente, agregó la empresa.
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POLITICA
La Cámara de Casación analiza si reabre la causa contra Mauricio Macri y Luis Caputo por la toma del crédito con el FMI en 2018
La Cámara Federal de Casación Penal tiene a estudio la causa archivada donde se investigó al expresidente Mauricio Macri y al ahora ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, entre otros, por haber tomado un crédito con el Fondo Monetario Internacional de 57.100 millones de dólares en 2018.
Ahora, quienes deben resolver si reabren el caso o dejan firme el archivo son los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos.
En ese expediente, que viene cerrado desde la primera instancia y con recursos de los fiscales para seguir investigando, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación es Raúl Pleé.
El funcionario solicitó hoy un plazo de cinco días para decidir si mantiene el recurso de queja contra el archivo, al igual que hicieron sus colegas de anteriores instancias, o si por el contrario, lo desiste.
Si lo mantiene, la Cámara Federal de Casación podría reabrir el análisis del caso, pero si lo desiste, la causa contra Caputo, Macri y Federico Sturzenegger, que en aquel entonces estaba en la Secretaría de Finanzas, quedaría cerrada.
Se trata de la investigación relacionada con el acuerdo stand by celebrado con el FMI en 2018, por el cual la Argentina obtuvo inicialmente un financiamiento de USD 50.000 millones, luego ampliado a USD 57.100 millones.
La investigación comprendió a Macri y a distintos exfuncionarios de su gobierno y del Banco Central y procuró determinar, entre otras cuestiones, si el proceso de negociación, contratación y utilización de esos fondos podía configurar delitos contra la administración pública.
La investigación tuvo entre sus objetivos establecer si, a partir de la suscripción del acuerdo, se profundizó un proceso de endeudamiento externo destinado, según la hipótesis fiscal, a sostener la formación de activos externos y eventualmente beneficiar indebidamente a funcionarios o terceros.
También el caso trata de determinar si durante la negociación, la suscripción y la ejecución del acuerdo se produjeron incumplimientos de las normas que regulaban este tipo de operaciones. En esta etapa, la Sala IV deberá decidir si corresponde habilitar la intervención de Casación para revisar el archivo de la causa.
Ese archivo fue dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti y luego confirmado por la Sala I de la Cámara Federal, con la firma de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.
Frente a esa decisión, el fiscal Franco Picardi primero recurrió, y el fiscal de Cámara José Agüero Iturbe interpuso un recurso de Casación, que fue declarado inadmisible, por lo que acudió directamente en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Por lo tanto, Borinsky, Carbajo y Hornos deberán resolver la admisibilidad de la queja fiscal y definir si corresponde que Casación revise el archivo de la investigación.
La fiscalía viene objetando pasos administrativos en la concesión del crédito que, para la jueza Capuchetti, tras cinco años de investigación, no constituyen un delito culposo. Las objeciones coinciden con el dictamen de la mayoría de la Auditoría General de la Nación.
Pero la Cámara Federal dijo que no había delito doloso en esas cuestiones. Bertuzzi y Llorens consideraron que la investigación estaba agotada y ratificaron el cierre dispuesto por Capuchetti.
Para los camaristas, las irregularidades no implican necesariamente delitos. “El delito de abuso de autoridad exige que el funcionario dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o las leyes con dolo específico de violar la norma”, que exige un ejercicio “manifiestamente arbitrario o abusivo” de la función.
Eso es lo que analiza ahora el fiscal Pleé: si, como sostiene Agüero Iturbe, esas falencias prueban un delito intencional o si no hay delito y el caso debe permanecer archivado.
Hernán Cappiello,Mauricio Macri,FMI,Conforme a
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció este lunes la próxima instalación en la Argentina de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. El área contará con US$7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad.
Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, el Gobierno estadounidense aprobó formalmente un fondo total de US$13,35 millones para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De ese monto, US$7,5 millones se destinarán a proyectos de cooperación en la Argentina y otros US$5,85 millones financiarán iniciativas para toda la región, en las que el país también participará.
Desde la cartera indicaron que los recursos permitirán profundizar los proyectos conjuntos y adquirir equipamiento para reforzar las capacidades operativas. “Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad”, subrayó Monteoliva a través de un posteo en sus redes, donde celebró la llegada de la entidad dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
La INL, la oficina especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá una nueva base en el país “multiplicando por diez la inversión en cooperación”, remarcó la funcionaria. Y agregó: “Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región. Ley y orden”.
Desde el Ministerio destacaron que la instalación de la unidad es un nuevo paso en el trabajo estratégico entre ambos países, frente a organizaciones criminales que operan con un alcance transnacional cada vez mayor. A su vez, explicaron que la Argentina y Estados Unidos profundizaron el vínculo con intercambio de información, inteligencia criminal, capacitación, asistencia técnica y operativos conjuntos, y que esa articulación permitió avanzar en la desarticulación de rutas usadas para el tráfico de drogas.
La presencia de la INL en el país no es una novedad. Según un posteo de la propia oficina de abril, las unidades antinarcóticos que apoya junto a la DEA en la Argentina secuestraron durante 2025 más de 1.260 kilos de cocaína y detuvieron a 35 narcotraficantes.
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