POLITICA
La intransigencia de Milei hace estallar la guerra interna

Patricia Bullrich lanzó su plan B electoral, el PRO mostró su descontento por los agravios presidenciales en España y los aliados provinciales dieron vuelta por completo el texto de la nueva ley de discapacidad. La intransigencia de Javier Milei hace estallar la guerra interna y dispersa la disciplina partidaria. Se autonomizan las partes de un gobierno de verticalismo extremo.
El segundo round con la ley de discapacidad se vendrá en el debate del Presupuesto cuando Luis Caputo, que resistió los cambios hasta un día antes de la sesión, tenga que poner la plata. La oposición se aseguró de que en el proyecto quedaran explicitadas las partidas necesarias para hacer cumplir la ley. Ahora tienen que dejarlo plasmado en el Presupuesto. “La plata no está”, fue lo último que le dijo el ministro de Economía a la mesa política, pero se decidió avanzar igual con los cambios que pedían los aliados. La decisión fue de Karina Milei. La idea del Gobierno es quitar ese foco de conflicto para el año electoral y sobre todo, ante la visita del Papa, que eligió visitar el Cottolengo Don Orione para dar un mensaje claro sobre el drama de quienes más sufren. “Había que clausurar el tema”, sostiene un integrante de la mesa política, que dejó abierta, de todas maneras, la posibilidad de un veto o veto parcial en caso de que el Senado incorpore modificaciones que impliquen un mayor costo fiscal.
El Gobierno sostiene que el desembolso de fondos es menor que el que implicaba la emergencia. Todo dependerá de las nuevas altas de pensiones que termine otorgando el oficialismo. Es el área que se lleva la mayor parte del presupuesto. Entre los cambios que se incorporaron a último momento se incluyeron los programas 69, 70 y 71 del Ministerio de Salud con gasto específico para el área para evitar la discrecionalidad que proponía el dictamen del oficialismo, que dejaba las partidas sin identificar y solo obligaba a reasignar recursos durante el primer año. Ahora se establece que el ingreso por beneficiario no puede ser inferior en términos reales al del ejercicio anterior. Uno de los puntos centrales que se modificaron tiene que ver con quién fija los requisitos para otorgar las pensiones. La propuesta del oficialismo establecía que quedaría a cargo de la reglamentación del Poder Ejecutivo. Ahora la ley enumera esos requisitos. Le saca todo margen al Gobierno. El otro punto que usaba la Casa Rosada para recortar fondos rápidamente tenía que ver con la baja de pensiones de manera automática. Ahora se fijaron notificaciones, descargos y un plazo de 60 días. Sólo como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires se suspendieron 20.811 pensiones desde septiembre de 2024 y luego se restituyeron 20.641, el 99,2 %. Lo hacían enviando avisos de suspensión a direcciones incorrectas sin dar posibilidad de descargo. Eso ahora quedó reglamentado.

El cálculo que había hecho la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre el dictamen anterior establecía un costo fiscal estimado de $598.912 millones en 2027 y de $1.209.567 millones en 2028. Según la oposición, con los cambios se suman alrededor de un billón más.
El misionero Oscar Herrera Ahuad fue quien se puso al hombro la negociación. El acuerdo se alcanzó una hora antes de la sesión. Fue clave la Iglesia. Hasta las 3 de la madrugada negoció el padre Pablo Molero, presidente del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto a juristas que integran el Foro de Discapacidad y que presentaron el primer amparo contra el incumplimiento de la norma. Del lado del Gobierno la delegada de Martín Menem fue Laura Rodríguez Machado. Estuvieron también Oscar Zago y las actrices Valentina Bassi y Lola Berthet como articuladoras centrales de los cambios.
Las batallas de Karina
El giro abrupto del Gobierno se enmarca en la crisis interna. Karina Milei se puso al frente del tema y a la hora de la votación se apareció por el Congreso para que no quedaran dudas de quién se llevaría el rédito interno de la jugada. La guerra se remonta al 17 de abril, cuando el Ejecutivo presentó un proyecto de discapacidad muy restrictivo, de corte de pensiones, similar a lo que hace un mes apareció en el Presupuesto. Entró por el Senado. Lo había presentado el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, que responde a Santiago Caputo. Nunca se trató. Mientras Karina habilitaba una negociación para cerrar el tema, hace solo 15 días el asesor presidencial tuiteaba que el 60% de las pensiones por invalidez eran truchas y apuntaba al accionar de Martín Menem que ya había puesto en marcha la negociación. “Mientras el gobierno viene intentando dar de baja esas pensiones truchas, el Congreso insiste no solo en obstaculizar esto sino que pretenden DUPLICAR las pensiones existentes. Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra. Lógicamente, como los recursos son escasos, producto de esta cantidad de pensiones truchas, las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre. El tema pensiones por invalidez debe ser una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años”. Los Caputo quedaron apuntados por el resto del gabinete. Según fuentes del oficialismo, Luis Caputo insistía en que no quería gastar plata por eso mandó el presupuesto de ajuste para el área. Salud depende de Santiago, junto con la Secretaría de Legal y Técnica, que no autorizó los avances hasta el último minuto. “Finalmente se pusieron de acuerdo y se encontró una diagonal”, dice una fuente oficial sobre el devenir de la discusión interna que se tensó sobre el final. Cerca de Menem también miran con atención la relación de Santiago Caputo con los gremios, interesados, como las prepagas, en que las obras sociales no paguen más por los tratamientos, algo que habilitaba la eliminación del nomenclador. También se beneficiaba el PAMI, en manos de funcionarios cercanos al asesor presidencial.
A eso se suma el lento avance del proyecto de Defensa de la Soberanía, de autoría y defensa en soledad de Caputo, sobre todo tras la queja pública de Estados Unidos sobre las sanciones a las empresas norteamericanas que sean parte o financien proyectos en las islas Malvinas. Lo dijo en público el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. Un día antes de su llegada, Karina Milei se reunió con el embajador norteamericano, Peter Lamelas, cuando ya era un secreto a voces la posición que empezaba a manifestar la administración de Donald Trump.
El proyecto tendrá cambios. “Se están negociando, Estados Unidos pidió algo lógico”, dicen desde el karinismo. Otro pie sobre la cabeza del asesor presidencial, que esta semana desmintió que se hubiera congelado el proyecto.
El remate de la semana más activa de Karina Milei terminó con el sobreseimiento en la causa Libra para todos los investigados, incluida ella y el Presidente. Se dio después del cambio de mando que hizo la Secretaria General en el área de Justicia, al disolver el poder de su oponente interno y, vía el nuevo ministro, Juan Bautista Mahiques, cortarle a Caputo todos los resortes de influencia en el área.
Ortodoxia económica, pragmatismo político
La nueva rebeldía de Patricia Bullrich esta vez la puso en contraposición a Milei. Le habla directamente a él. La senadora esperó dos semanas para que se produjera algún tipo de cambio después de la reunión que ambos tuvieron en Olivos hace dos viernes. No pasó nada. A un conocido le dijo que no aparecen ideas en el equipo económico. Estuvo una semana y media callada, esperando. Pero nada sucedió. Le había llevado a Milei sus propuestas, que el Presidente tomó pero no aplicó.
A los videítos ahora le sumará la acción. Sólo como anécdota, en la Casa Rosada les gustó más el de Lali. Dicen que generó más debate que el tema de una banda ignota llamada Plan B. Patricia Bullrich avanzará con un proyecto en el Senado de un régimen de inversiones para medianas empresas, de entre $12 millones y $200 millones, de autoría del radical Eduardo Vischi, que propone mecanismos como devolución acelerada de Ganancias y recuperación anticipada del IVA para facilitar la amortización. ¿Se lo aprobará Luis Caputo? Todavía no avanzó el Super RIGI, trabado porque Bullrich apuntala la propuesta de los aliados de incorporar más beneficios para el compre nacional. Esas son algunas de las palancas que la senadora le dijo a Milei que tiene que mover para reactivar la economía. Otras no las quiere contar. También le habló de moderar sus formas, pero el Presidente no parece haber tomado el consejo. Esta semana le dijo dictador a Pedro Sánchez, maltrató a periodistas españoles solo por preguntar y prometió no tener piedad con quienes investigaron la causa Libra.
Milei no va a cambiar y Bullrich lo sabe. Hasta marzo jugará este juego. En las últimas horas le dijo a sus allegados que va a mantener esta tensión para sacudir el avispero. Ella tiene muy presente el devenir del último año del gobierno de Mauricio Macri. Todas las encuestas les decían que estaban a más-menos dos puntos de diferencia y perdieron por 14 puntos en las primarias. “Cuando reaccionó ya era tarde”, suele reflexionar la senadora. Entonces Macri puso IVA 0 para los alimentos, congeló el precio de los combustibles, estableció un plan de facilidades de pago para deudas impositivas y de la seguridad social, dio dos pagos extras para la Asignación Universal por Hijo y aumentó 40% las Becas Progresar, levantó el pago de aportes patronales, subió el piso para el pago del impuesto a las Ganancias, aumentó el salario mínimo y le dio un bono extra a las fuerzas armadas y de seguridad. Nada de eso entra en la cabeza de Milei. Tampoco es lo que le pide Bullrich, pero sí le dice que tiene un año para maniobrar. Milei la escucha y la abraza, no la soltará. Pero no va a tomar ninguna medida. “Esto se resuelve con tiempo”, suele contestar el Presidente. No hay ninguna intención de cambiar el programa.
Recesión
La economía volvió a arrojar malos números esta semana. Ya estamos en recesión técnica. Es sólo esperar un mes, que se confirme con el dato. En agosto la actividad económica registró una mínima suba mensual del 0,1% desestacionalizada cuando venía de una caída de 2,8% en julio. Quedó 1,7% abajo respecto de igual mes de 2025. La consultora Equilibra publicó su anticipo de actividad para septiembre con una caída de 1% interanual y un crecimiento de 0,5% sin estacionalidad. De confirmarse, el tercer trimestre caería más de 2% frente al segundo trimestre y la economía argentina acumularía dos trimestres consecutivos de contracción. La proyección de crecimiento de todo el año llegaría a apenas 1%. La consultora Sudamericana puntualiza en un dato preocupante. “Los sectores que en agosto crecieron fueron apenas 5 (de un total de 15), la menor cantidad desde septiembre de 2024 y se profundizó la tendencia de que aquellos que venían creciendo desaceleraron su ritmo mientras aquellos que mostraban caídas siguen en esa situación y sin poder recuperarse”, analizaron.

El consumo masivo tampoco remonta. Según el Indec, las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual y 0,8% respecto a julio pasado y los autoservicios mayoristas bajaron 3,6% interanual y 1,2% mensual. Sólo los centros de compras registraron un alza, en este caso del 3,7% interanual y de 3,3% mensual. El acumulado es malo. En siete meses de 2026 se mantiene la caída de las ventas en todos los canales. Tampoco se ven perspectivas de mejoras. La encuesta de tendencia de negocios del sector para el mes de septiembre anticipó que en el próximo trimestre la situación comercial se mantendrá igual (72,1%) o empeorará (5,8%). El otro dato negativo fue el crecimiento del riesgo país. Milei lo explicó desde el contexto externo pero todas las consultoras económicas ratifican que el problema está adentro. En octubre, el riesgo país argentino acumula un alza de 97 puntos básicos y en el acumulado de 2026 la suba llega a los 143. “De este modo, parece confirmarse la hipótesis que se trata de un cambio de percepción de los inversores respecto a la capacidad del Gobierno de ejecutar su programa financiero 2027 y las dudas sobre las fuentes alternativas de financiamiento que se podrían activar en caso de seguir sin poder acceder al mercado local e internacional de capitales en moneda extranjera”, marcó el informe de Sudamericana. En tanto, 1816 planteó que en la Argentina “hay algo más”. Y apuntó a que “el mercado tiene dudas sobre la elección y el dato de EMAE que confirma la recesión técnica difícilmente ayude”. Si se mira la región, en Bolivia el riesgo país subió 87 puntos (483); en Ecuador, 78 puntos (488); en Uruguay, 13 puntos (78) y en Brasil, en pleno proceso de segunda vuelta electoral, bajó 3 puntos (171).
Frentes abiertos
El Gobierno intentó cerrar el conflicto con el área de discapacidad pero aún le queda abierto el financiamiento universitario. Será la otra gran batalla del debate que viene: el Presupuesto. En la Casa Rosada creen haber salido victoriosos de la última manifestación, opacada por los incidentes. Juega con fuego. El espejo es Europa. Hasta ahora logró que mermara la participación ciudadana pero el tema volverá a la agenda opositora con el Presupuesto.
El oficialismo tropezó además con el proyecto de morosidad. Debieron postergar el tratamiento por falta de votos. Lo salvaron los diputados por Córdoba, dos veces, en la última sesión. Casi cae el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y lograron con lo justo retirar el proyecto de endeudamiento. Pero el caso seguirá en agenda. Si bien bajó marginalmente la morosidad en bancos, pasó de 12,9% en julio a 12,8% en agosto, muchos ya pasan a la categoría de deudores “irrecuperables”, y salen de los balances. El dato preocupante es que subió la morosidad en billeteras virtuales y fintech, que alcanzó un récord del 33,9% en agosto, según datos del Banco Central.

La Casa Rosada espera cerrar el mes con anuncios de acuerdos electorales que lo habiliten a llevar al recinto la eliminación de las primarias. Los votos no están, pero no les faltan tantos. En el bloque del Senado cuentan 35 apoyos, con mucho entusiasmo. Le faltarían 2. Suman los 21 de La Libertad Avanza, entre 7 u 8 de la UCR, uno por Neuquén, y otro por Chubut, además del voto de Carlos Camau Espinola y Alejandra Vigo, después de que esta semana Martín Llaryora ratificara su voto a favor de eliminar las PASO. Están en la lista los dos senadores por Santa Cruz. Hasta ahí, con optimismo, 35. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, podría aportar un voto más. A los senadores por Catamarca y Misiones, con realineamientos al interior del peronismo, ya no los cuentan, y tampoco, por ahora, a los 3 del PRO.
Patricia Bullrich insiste en que hay que darle una alternativa a los aliados para que estén representados. Si les sacás las primarias y la lapicera la tiene Karina, es poco probable que les de lugares en las listas. De tenerlos, serán marginales, como le pasó al PRO en CABA y en PBA. También le va a pasar a ella, como aliada. El plan colectoras todavía ni se redactó, pero serviría como alternativa de contención.
Reorganización y lanzamientos
El espacio del medio va a sumar otro candidato propio. Carlos Melconian saldrá a la cancha a más tardar en noviembre. Otro presidenciable que ya está trabajando en una candidatura que junte las partes de los desencantados. Habla habitualmente con Bullrich. Fue su candidato a ministro de Economía en la campaña 2023. El lanzamiento coincide con la mayor exposición de la senadora. Para el economista, los parches que propone el ala política tampoco van a funcionar, más allá de que es poco probable que Milei los acepte. Se califica como un “outsider no virgen”, que habla con Cristina Kirchner y con Sergio Massa. No significa que se vaya a juntar electoralmente con ellos, pero lo dice para que lo vean con roce. Le gusta el coqueteo con el peronismo.
La preocupación que muestra Bullrich tiene su correlato en los movimientos del principal espacio opositor, que volvió a mostrar unidad esta semana con su nueva cumbre en la casa de La Pampa. Cada espacio se llevó lo suyo. Axel Kicillof consiguió que en el pronunciamiento final se ratificara la decisión de sostener las primarias y Sergio Massa y Máximo Kirchner, la idea de mantener la unidad. Cada uno atiende su juego mientras Cristina Kirchner espera que la ONU tome su caso. Desde el 19 de octubre y hasta el 6 de noviembre delibera el comité de derechos humanos, donde llevó su reclamo. Si no lo toma pasa a marzo y se diluyen sus chances de intentar volver a la cancha. En la Casa Rosada preferirían tener a un Kirchner en la boleta. Jugarán su campaña al temor de la vuelta al pasado.

La encuesta que tanto enojó a Milei, de la consultora Zentrix, determinó que dos tercios de los argentinos no llega a fin de mes. El Presidente ya se había expresado sobre el tema pero esta semana estalló con el dato. A su regreso de España hizo un intento por acomodar el discurso tras el fuerte rechazo que generó su literalidad, incluso en funcionarios de su equipo. Pero nadie se lo dice. Más allá de las rebeldías, sigue siendo un esquema hiper verticalista. Hay datos que desmienten incluso la segunda explicación que dio Milei, cuando habló de que le devolvió a los sectores más pobres ingresos que le quitaba la inflación. El 83,3% de la clase baja no llega al día 20 mientras en la clase media es el 51,4%. El desencanto también se ve en el votante libertario. De ellos, un 59,1% no cree que su salario le esté ganando a la inflación, contra un 31,8% que cree que sí, según ese mismo relevamiento. El problema para el Gobierno está adentro, entre sus votantes y sus aliados.
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POLITICA
Condenaron a un delegado camionero por bloqueos y amenazas, pero absolvieron al jefe regional del sindicato

Una jueza de San Nicolás condenó a cuatro años de prisión a un delegado del sindicato de camioneros que participó de los bloqueos a la empresa Rey Distribución SRL, de San Pedro, encabezados por Maximiliano Cabaleyro, jefe del gremio en la región, quien hace un mes fue absuelto por los mismos hechos. El delegado hallado culpable de los delitos de turbación de la posesión y amenazas coactivas es Fernando Espíndola, quien recibió el viernes pasado la pena en el marco de un juicio abreviado en el que había acordado una condena máxima de seis años.
La jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de San Nicolás, condenó a Espíndola por turbación de la posesión en concurso ideal con amenazas coactivas en tentativa, en concurso ideal con amenazas coactivas, según se lee en el fallo, al que tuvo acceso . Por el contrario, el delegado gremial no fue condenado por la acusación de extorsión, que también pesaba sobre él. Los hechos por los que se lo consideró culpable fueron los bloqueos a Rey Distribución del 15 de enero de 2021, y del 22 de febrero del mismo año (bloqueo que se extendió hasta el 25 de febrero).
Espíndola no irá preso. Pasó ya detenido más de cuatro años (fue apresado el 8 de abril de 2022, luego recibió prisión domiciliaria, y la jueza ya le había concedido la excarcelación en octubre).
El fallo que condenó a Espíndola se dictó un mes después del que absolvió a Cabaleyro. El 14 de octubre, el jefe del sindicato de camioneros en San Nicolás, San Pedro y Ramallo fue absuelto por el juez Alejandro López, del mismo tribunal que la jueza Baquedano. En el fallo absolutorio, López sostuvo que se había ejercido el legítimo derecho de huelga y declaro inocente al sindicalista acusado de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas. La decisión judicial generó múltiples rechazos de asociaciones de empresarios y de profesionales del derecho.
A Espíndola (chofer, 56 años) se lo acusó de actuar en hechos junto a Cabaleyro. El primero de ellos, por el que se lo condenó, el 15 de enero de 2021, fue cuando los manifestantes “se presentaron en la distribuidora razón social Rey Distribución SRL, ubicada en calle Bonorino 175 de San Pedro, y de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial”, según consta en el expediente.
El segundo hecho por el que se condenó a Espíndola fue el bloqueo que se extendió entre el 22 y el 25 de febrero de 2021. En la causa, se describe que los camioneros “colocaron un colectivo/motorhome perteneciente al sindicato que lideran en el portón de la empresa, impidiendo la entrada y salida de vehículos de la firma, siendo las victimas intimidadas por el accionar agresivo de estos, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial, turbando con ello la posesión del inmueble a sus dueños”.
También fue hallado culpable de un tercer hecho, en el que la víctima fue el contador de la distribuidora de alimentos y bebidas, Víctor Grabovieski, ocurrido el 20 de abril de 2021. Según consta en el expediente, el contador, fue “intimidado y coaccionado” por Espíndola y Cabaleyro en la sede del sindicato. “Le refirieron que ‘si no arreglan, vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”, por lo que con la anuencia de Gustavo y Ariel Rey, propietarios de Rey Distribución, y ante el temor a volver al bloqueo total de la empresa con las consecuentes pérdidas económicas que ello acarrearía, es que fue obligado a suscribir firmando un convenio de pago con el sindicato de choferes de camiones, por una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social, la cual devendría una suma de $805.383,03, los que finalmente fueron percibidos por Fernando Espíndola, en nombre del sindicato de camioneros en dos cuotas», se resumió en la causa.
En cambio, Espíndola no fue condenado por la acusación de “actos reiterados de extorsión contra Gustavo y Ariel Rey”. El delegado sindical apelará la sentencia, adelantó a uno de sus abogados, Mauricio Gugger (quien también representó a Cabaleyro en el juicio del que salió absuelto).
“Las conductas endilgadas en la presente causa surgieron como consecuencia de reclamos laborales. Si bien la Constitución Nacional contiene la garantía para los trabajadores, también se encuentran los límites”, escribió la jueza Baquedano en el fallo del juicio abreviado contra Espíndola. Añadió que, “en nuestro ordenamiento jurídico, más allá del texto constitucional, encontramos regulación en las leyes”.
Y precisó: “El artículo 5º, inciso d), de la ley 23.551, que pone al derecho de huelga en cabeza de las asociaciones sindicales sin distinciones, es decir, con independencia de que posean personería o inscripción gremial, y el inciso g) del art. 24 de la ley 25.877, que regula el derecho de huelga respetándolo como libertad sindical y compatibilizando su garantía constitucional con el goce de otros derechos fundamentales de los ciudadanos”.
El fallo contra Espíndola fue bien recibido por los dueños de la distribuidora Rey. “Estamos muy contentos con este fallo. Sabemos que vamos a encontrar la condena en alguna de las instancias, porque las pruebas son contundentes. Este es el juicio abreviado, que lo condena en dos de los hechos. La fiscalía va a apelar porque consideramos que tenemos pruebas para demostrar la extorsión. Lo importante es que se condena. Espíndola no tiene la posibilidad de recurrir porque ya recurrió al juicio abreviado”, afirmó Ariel Rey, uno de los dueños de la empresa, a .
“Venimos también de encontrarnos con Verónica Razzini [diputada nacional libertaria, duela de un corralón de materiales], con un caso similar al nuestro, en la Justicia de Santa Fe, en el que condenaron a tres imputados por una causa similar. Entendemos que bloquear es delito y es algo que se tiene que terminar. El derecho a a huelga, que lo contemplamos y celebramos, no puede ser justificación de turbación de la propiedad, coacción o extorsión”, agregó Rey, que es concejal en San Pedro (ganó las elecciones de 2025 al frente de la boleta de La Libertad Avanza, pero ahora integra el bloque San Pedro Puede).
Espíndola llegó al juicio abreviado en libertad condicional. Se encontraba en prisión domiciliaria (lo detuvieron el 8 de abril de 2022), pero fue excarcelado por la jueza Baquedano, que el viernes lo condenó a cuatro años.
Como periodista político, estoy presente en desde el año 2015, con la sección Política como eje de mi actividad. Pasé por diversas áreas de cobertura, desde la conflictividad callejera a las internas políticas. Actualmente, la política bonaerense es mi principal foco de trabajo en .
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Salta también desdobla las elecciones y votará gobernador el 16 de mayo

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó este lunes el desdoblamiento de las elecciones provinciales y convocó a votar el 16 de mayo de 2027, más de cinco meses antes de las presidenciales del 24 de octubre. La decisión suma otra provincia al grupo de distritos que buscan separar la competencia por sus gobernaciones de la disputa nacional y que obligarán a las fuerzas políticas a desplegar sus estrategias electorales a lo largo del año.
La convocatoria quedó establecida mediante el decreto 762, que fija la renovación de gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y autoridades municipales. Los comicios se realizarán mediante el sistema de Boleta Única Electrónica, sin elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Además de la fórmula gubernamental, estarán en juego 11 bancas del Senado provincial y 30 de la Cámara de Diputados, junto con 60 intendencias y 222 cargos de concejales. En Rivadavia Banda Sur también se elegirán convencionales constituyentes municipales para redactar una nueva Carta Orgánica.
La decisión de Sáenz se enmarca en la tendencia que gana fuerza entre los mandatarios provinciales: concentrar la discusión electoral en sus gestiones y evitar que la competencia presidencial condicione los resultados locales. Para La Libertad Avanza y los partidos opositores, la separación de los comicios supone el desafío de definir alianzas y candidaturas en escenarios políticos diferentes.
Las provincias que ya confirmaron sus elecciones
Neuquén abrirá el calendario electoral el 14 de febrero, según estableció el gobernador Rolando Figueroa mediante el decreto 1860. Además de elegir gobernador, los neuquinos renovarán las 35 bancas de la Legislatura y autoridades municipales. Será la primera prueba electoral de 2027 para el espacio que conduce Javier Milei.
Tucumán votará el 9 de mayo, una semana antes que Salta. Osvaldo Jaldo convocó a los comicios provinciales y municipales, aunque sostuvo que la fecha responde a la tradición electoral tucumana y no representa un adelantamiento.
En Santa Fe, Maximiliano Pullaro analiza realizar las PASO el 18 de abril y las generales el 13 de junio, pero todavía debe oficializar el cronograma. En cambio, Catamarca mantendrá sus elecciones junto con las presidenciales, según confirmó Raúl Jalil.
Los gobernadores que todavía deben definir el calendario
Misiones evalúa votar entre abril y mayo, mientras Córdoba analiza alternativas dentro de ese mismo período, desde marzo. Chubut, Río Negro y Chaco también anticiparon que separarán sus elecciones de las nacionales, aunque todavía no establecieron fechas.
Mendoza y Jujuy se encaminan hacia calendarios propios. En tanto, Axel Kicillof debe resolver si repetirá el desdoblamiento bonaerense de 2025, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires gana terreno la posibilidad de unificar los comicios con los presidenciales, una decisión que Jorge Macri tampoco confirmó todavía.
Elecciones 2027, Salta, Gobernadores
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La defensa de Adorni que aceptó el fiscal abre interrogantes sobre el futuro del delito de enriquecimiento ilícito

Si el exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, alegara hoy ante la Justicia que su patrimonio es el resultado de una exitosa apuesta por las criptomonedas, la explicación llegaría tarde, sería contradictoria con declaraciones suyas previas y resultaría, sobre todo, poco creíble. Pero quizás su defensa sería tan difícil de refutar como la que ensayó Manuel Adorni y lo dejó con un pie afuera de una causa por corrupción.
Baratta podría replicar la estrategia del exjefe de Gabinete para justificar al menos la parte del crecimiento patrimonial que se le atribuye desde 2013, año en el que el Bitcoin comenzó a despegar.
Lo mismo podrían hacer los funcionarios que en el futuro sean acusados de enriquecimiento ilícito. Por eso, el caso Adorni dejó flotando una pregunta: ¿su defensa se convirtió en un manual de instrucciones que entreabre una puerta de salida para los acusados de enriquecimiento ilícito?
“En el caso Adorni, la excusa de las viejas billeteras olvidadas de criptomonedas es sin duda un nuevo argumento en el repertorio de explicaciones para justificar un patrimonio en los casos de enriquecimiento ilícito”, señala Delia Ferreira Rubio, abogada, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional (2017-2023).
“Obviamente -agrega la experta- la solidez y credibilidad de la justificación son apreciadas por la Justicia. El tiempo dirá si, a partir de este caso, se consolida una jurisprudencia según la cual la simple excusa de las viejas billeteras cripto se transforma en justificación suficiente”, completa.
Con ella coincide Manuel Garrido, extitular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía especializada en corrupción. “Es evidente que, así como [Adorni] obtuvo éxito en este caso, las defensas probablemente van a echar mano de este tipo de planteos en casos análogos”, apunta. Pero advierte: “Habrá que ver qué terminan resolviendo los tribunales”. Garrido aclara que “un dictamen de un fiscal no hace jurisprudencia” y que, por el momento, en este caso no hubo “una decisión de la Cámara ni de la Corte Suprema, sino un dictamen de un fiscal con un evidente ánimo beneficiante en la valoración probatoria”.
Garrido considera que el caso, incluso, podría motivar una instrucción de la Procuración General de la Nación en cuanto a cómo valorar las pruebas en casos parecidos. “Acá hay un tema de interpretación del delito, pero sobre todo de valoración probatoria que podría ser objeto de una instrucción de la Procuración”, señaló.
Según el criterio que aplicó el fiscal Gerardo Pollicita al caso Adorni, para suprimir la acusación por enriquecimiento ilícito podría bastar con acreditar el control actual de billeteras virtuales con movimientos anteriores al ingreso a la función pública y sostener que las ganancias de esas operaciones explican el crecimiento patrimonial. Adorni no logró demostrar que fuera su titular cuando se realizaron las operaciones, pero la fiscalía dijo que ella tampoco pudo refutar su explicación.
Pollicita reconoció en su dictamen que la versión de Adorni, a priori, era “poco verosímil”. No obstante, basado en un informe de Cibercrimen de la Policía Federal, sostuvo que no había pruebas para derribarla y consideró que todo el caso debía investigarse como una posible evasión.
Para Pedro Biscay, abogado e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), no está claro qué consecuencias podría tener en el futuro que la Justicia acepte la explicación de Adorni. “No se si esto es una salida que podría replicarse en casos parecidos, como una suerte de regla general para hacerle trampa a los demás casos de enriquecimiento ilícito que hay en la Argentina”, señala.
En concreto, la defensa de Adorni sostuvo que gran parte de su patrimonio -descubierto en la investigación por las compras de inmuebles, las reformas y los viajes- provenía de ganancias obtenidas de inversiones en Bitcoin, en operaciones realizadas entre 2014 y 2018. Es decir, años antes de su llegada al Gobierno y durante un tiempo en el que los requisitos para abrir cuentas en plataformas digitales eran más laxos, lo que dificulta reconstruir quiénes realizaron aquellas operaciones.
Es que en 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo global que establece estándares internacionales para combatir el lavado, aprobó una normativa orientada a tornar más rigurosos los requisitos para abrir cuentas y progresivamente las plataformas comenzaron a exigir a sus clientes validar su identidad con nombre y apellido.
Adorni mostró que tenía el control actual de ocho billeteras virtuales que registraron 24 movimientos vinculados con plataformas de intercambio pero anteriores a aquella reforma. Otros 17 movimientos apuntados por Adorni no pudieron siquiera vincularse con ninguna plataforma centralizada.
Es decir, que alguien podría conseguir o comprar hoy las claves de una billetera con movimientos de aquellos años, acreditar que tiene su control y presentarla ante la Justicia como prueba.
En Comodoro Py son conscientes del problema. “El desafío es permanente, más ahora con el mundo cripto”, reconoció una fuente judicial que siguió el caso Adorni con atención. Admitió que la antigüedad de las operaciones representa una dificultad para la acusación, pero también, que es no fácil conseguir billeteras con operaciones viejas: “Hay que conseguirlas… no hay un mercado abierto”.
María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), no cree necesariamente que el caso Adorni siente un precedente y al igual que Biscay, considera que el problema estuvo en la investigación.
Ambos afirman que el fiscal no agotó las medidas de prueba. Talerico, además, cuestiona que Pollicita, ante la falta de certezas, haya abandonado la acusación de enriquecimiento ilícito.
“Para decidir que no avanzás en la etapa de instrucción, tenés que tener certeza negativa, certeza absoluta negativa. Si no, el fiscal tiene que avanzar”, afirma. “Ahora resulta que no tenemos certezas y la incertidumbre beneficia a los imputados. En esta etapa de procesos como éste, eso no existe”, afirma.
Biscay apunta que el análisis patrimonial de la investigación no sopesó bien los gastos del exfuncionario y critica especialmente que el fiscal aceptara como suficiente que Adorni tuviera solo el acceso a las billeteras.
“Tener la llave de la caja de seguridad, según esa tesis, te hace propietario del contenido de la caja de seguridad, lo cual es una falacia”, dice Biscay; una analogía que también utiliza Ferreira Rubio para explicar el problema.
“En este caso -señala la exdirectora de Transparencia Internacional- la excusa [de las criptmonedas] parece haber convencido al fiscal. Las dudas quedan. Ahora hay que esperar la decisión del juez”, completa, en alusión al juez federal Ariel Lijo, que debe resolver si convalida el criterio del fiscal y envía el caso al fuero penal económico.
la que ensayó,Federico González del Solar,Conforme a
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