POLITICA
La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Corte Suprema dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso del Ejecutivo, el tribunal sostuvo la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal emitió dos resoluciones en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, donde el Poder Ejecutivo había intentado suspender la aplicación de los artículos sobre actualización salarial y fondos para becas y programas académicos.
El argumento de la Corte para rechazar la apelación del Gobierno fue de orden procesal: los recursos extraordinarios presentados por el Ministerio de Capital Humano no se dirigían contra una sentencia definitiva, requisito indispensable para habilitar la intervención del máximo tribunal.
Sin embargo, el fallo no resuelve el fondo de la controversia, que era si el decreto del Poder Ejecutivo puede suspender artículos de una ley sancionada por el Congreso o no. Así, la Corte ordenó aplicar la cautelar mientras el proceso judicial continúa su curso.
El reciente acuerdo de las universidades con el Gobierno y los antecedentes del fallo
La decisión de la Corte Suprema llegó semanas después de que el Gobierno acordara transferir fondos a las universidades nacionales para incrementar un 24,33% los salarios, un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.
Según habían explicado entonces a TN desde la comunidad universitaria, la oferta representaba llevar el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 0,6%. En cambio, la Ley de Financiamiento vigente establecía un 0,75%.
En ese contexto, la decisión de la Corte Suprema mantiene la cautelar sobre salarios y becas vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo federal avanza hacia una sentencia de fondo.
A la hora de dictar la cautelar, el tribunal había argumentado que el Congreso había insistido en la sanción de la ley de Financiamiento -pese al veto presidencial de Javier Milei- y que el Ejecutivo buscaba evitar su aplicación sobre la base de una norma anterior de jerarquía inferior al texto constitucional.
La postura de la Casa Rosada es que la Ley solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
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Sin embargo, además de desestimar esa postura, el tribunal consideró que el incumplimiento de la norma podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender. A su vez, evaluó que el ahorro derivado de no aplicar la ley no era significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.
El fallo, si bien no cierra la discusión sobre la Ley de Financiamiento, le otorgó a las universidades una herramienta jurídica para sostener su reclamo presupuestario.
Corte Suprema
POLITICA
El flamante secretario de Discapacidad sufrió un accidente de tránsito y quedó internado en el Hospital Pirovano
El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, protagonizó hoy un accidente de tránsito cuando circulaba en moto y sufrió varias fracturas, según confirmaron fuentes oficiales a .
Di Liscia, que había asumido en el organismo la semana pasada en reemplazo de Alejandro Vilches, está internado en el Hospital Pirovano.
“Tiene varios huesos fracturados”, dijo una fuente oficial. Las fracturas serían en las costillas y estaría intubado por precaución. Su vida no correría riesgo y permanecerá en observación. Llevaba casco al momento del accidente, del cual se desconocen por ahora los motivos y el lugar del hecho, según fuentes oficiales.
Di Liscia fue funcionario del macrismo, aunque también tuvo paso por la actividad privada. Entre 2017 y 2019, fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de María Eugenia Vidal.
Antes de su paso por IOMA, Di Liscia se había desempeñado como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Según dijeron fuentes de Casa Rosada, es de “confianza” y fue “recomendado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también parte de la gestión amarilla, al asesor Santiago Caputo, con ascendencia sobre el área de Salud.
El estratega lo habló con Mario Lugones, titular de la cartera de Salud, quien conocía a Di Liscia por su paso por el IOMA. Así fue como Di Liscia se incorporó la semana pasada a la gestión libertaria para hacerse cargo de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, donde supo mandar Diego Spagnuolo, exladero de Milei y hoy investigado en la Justicia por presuntos sobreprecios.
en reemplazo de Alejandro Vilches,Conforme a
POLITICA
La CGT postergó la definición de un nuevo paro general y convocó a dos movilizaciones en octubre
La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió este martes sostener su plan de lucha con nuevas movilizaciones, pero evitó avanzar por ahora con la convocatoria al quinto paro general contra el gobierno de Javier Milei, una definición que había ganado espacio en la discusión interna por la presión de los gremios más combativos.
La mesa chica ampliada resolvió “profundizar el plan de lucha” y marchar el próximo martes 8 de octubre a las 15:30 frente a la Secretaría de Industria, en el centro porteño, en reclamo porque la situación “golpea cada vez más fuerte” a la industria y a miles de trabajadores. Una semana después, el 15 de octubre, la central obrera se sumará a la quinta movilización universitaria.
“Frente a un modelo que debilita el aparato productivo y pone en riesgo pilares fundamentales para el desarrollo del país, respondemos con unidad, organización y lucha”, afirmaron.
La salida elegida dejó para más adelante la discusión sobre una nueva huelga nacional, después de varias semanas en las que distintos dirigentes reclamaron endurecer la respuesta sindical frente al Gobierno. Si bien el debate se filtró en la reunión de este martes en la sede de la Uocra, la conducción optó por concentrar la próxima protesta en la crisis de los sectores productivos.
Industria, el lugar elegido para la movilización
La movilización del 8 de octubre tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y se concentrará sobre Diagonal Sur, frente a la Secretaría de Industria. La preocupación de la CGT está puesta especialmente en la industria, la construcción y el comercio, actividades con fuerte peso sobre el empleo que vienen mostrando señales de deterioro.
Los datos que difundió el Indec en los últimos días refuerzan ese diagnóstico. La actividad económica cayó 2,9% en julio frente al mes anterior y retrocedió 1,4% en la comparación interanual. Dentro de ese resultado, ocho de los 15 sectores relevados mostraron bajas frente a julio del año pasado y Comercio e Industria manufacturera tuvieron retrocesos de 5,1% y 4,6%, respectivamente.
Los últimos números de la industria también muestran el deterioro de la actividad. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, la producción cayó 0,3% en agosto frente a julio y 5,7% en la comparación interanual. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló una baja de 3% frente al mismo período de 2025 y quedó 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
La definición de un nuevo paro sigue abierta
La decisión de avanzar primero con movilizaciones permite a la conducción cegetista evitar una definición inmediata sobre el paro general, pero no cierra la discusión interna que se profundizó en los últimos días.
Los sectores más duros habían comenzado a reclamar públicamente una reacción mayor de la CGT. Pablo Moyano volvió a plantearlo en las horas previas al encuentro y cuestionó tanto a la central obrera como al peronismo por lo que considera una respuesta insuficiente frente a la crisis económica.
Como viene haciendo incluso tras la renovación de su triunvirato, la conducción cegetista prefiere seguir manejándose a otra velocidad. En lugar de una nueva huelga nacional, viene sumando protestas sectoriales y acompañando distintas convocatorias callejeras para sostener la presión sobre el Gobierno. Las CTA, en cambio, ya anticiparon su intención de impulsar un paro hacia fines de octubre.
La segunda fecha definida para octubre ampliará además los reclamos de la central obrera más allá de la situación productiva. Al confirmar su participación en la marcha universitaria del 15, la CGT planteó que acompañará a la comunidad educativa en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional.
El encuentro de la mesa chica ampliada también volvió sobre una discusión de más largo plazo respecto de la necesidad del movimiento obrero de construir consensos alrededor de un proyecto político y económico de sello peronista, con vistas a las elecciones de 2027.
De la reunión participaron los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Gerardo Martínez, Héctor Daer, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Sergio Sasia, Juan Carlos Schmid, Juan Pablo Brey y Rodolfo Daer, entre otros dirigentes. También estuvo como invitado Alejandro Gramajo, referente de la UTEP.
CGT, movilizacion, marcha
POLITICA
La Cámara de Diputados bonaerense negó haber ocultado información del caso Chocolate a la Justicia
Una semana después de que estallara el último incidente del caso Chocolate, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires negó haber ocultado a la Justicia información sobre la trama que protagonizó el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau, quien fue descubierto en 2023 al retirar dinero en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados fantasma de ese cuerpo legislativo.
En un comunicado firmado por todos los presidentes de bloque, con la única excepción de los del Frente de Izquierda-Unidad y de Hechos, la Cámara ofreció una respuesta ante la denuncia del juez Guillermo Atencio, quien pidió investigar por “encubrimiento” a las autoridades luego de que se conociera que se habían archivado expedientes administrativos entre los que estaban algunos vinculados al caso bajo investigación judicial.
“La Honorable Cámara de Diputados [HCD] siempre actuó ajustada a derecho y colaboró con la Justicia. La resolución de archivo de expedientes, contemplada previamente desde el año 2002 en el reglamento de esta HCD, fue aprobada por más de dos tercios de este cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó a la HCD el 19 de agosto de 2026. Por lo tanto, de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece en la HCD a disposición de quien quiera verlo”, se subrayó en un comunicado firmado por las autoridades de la Cámara y nueve jefes de bloque.
En el comunicado, se afirmó que el pedido judicial recibido correspondía a otra causa y que fue esa información la que se archivó, y no la vinculada al caso Chocolate. “También resulta necesario diferenciar las actuaciones para evitar confusiones ante la opinión pública. Los requerimientos y las decisiones administrativas a las que se hace referencia no correspondían, según la documentación considerada por la HCD, a la causa Julio Rigau (PP-06-00-047539-23/00 Rigau, Julio Segundo y otros s/ hurto-estafa-fraude en perjuicio de la administración pública-asociación ilícita), sino a la causa Rodríguez, vinculada a un hecho de hurto (PP-06-00-047539-23/01 Rodríguez María Eugenia s/ hurto, artículo 162)”, se indicó en el segundo punto del comunicado.
“Asimismo, en la causa Julio Rigau, la HCD aportó información requerida por la Justicia, dicha investigación avanzó, se encuentra elevada a juicio y existen personas privadas de su libertad. Estos elementos deben ser tenidos en cuenta antes de sostener que existió una conducta institucional destinada a impedir el avance de aquella investigación”, se añadió.
Los firmantes del documento de la Cámara de Diputados bonaerense son su presidente, Alejandro Dichiara (Unión por la Patria); los vicepresidentes Alexis Guerrera (Unión por la Patria), Agustín Forchieri (Pro), Agustín Romo (La Libertad Avanza), Mariano Cascallares (Unión por la Patria), Blanca Alessi (Unión y Libertad) y Matías Civale (UCR+Cambio Federal). Además, rubricaron la nota los jefes de bloque Facundo Tignanelli (Unión por la Patria), Juan Esteban Osaba (La Libertad Avanza), Alejandro Rabinovich (Pro), Martín Rozas (Unión y Libertad), Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), María Alejandra Lordén (UCR), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Juan José Esper Zamar (Derecha Popular).
No firmaron el comunicado los jefes de bloque Christian Castillo (Partido de los Trabajadores Socialistas), Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) y Manuel Passaglia (Hechos).
El miércoles de la semana pasada, los jefes de bloque de la Cámara baja compartieron un asado. Según trascendió, conversaron sobre cómo agilizar los trámites que pasan de una Cámara a otra. Consultados por , negaron haber hablado del caso Chocolate.
En el documento de la Cámara baja se cuestionó la denuncia del magistrado. “La HCD considera especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo. En ese sentido, resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, se sostuvo en el tercer punto.
“La HCD siempre informó al juez y, ante el requerimiento recibido, el cuerpo no guardó silencio. Contestó formalmente que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente y que esa decisión había sido posteriormente convalidada mediante un acto legislativo”, se agregó.
En el cuarto punto de su comunicado, las autoridades y jefes de bloque de la Cámara afirmaron que “la división de poderes supone la existencia de facultades de control recíproco entre los distintos poderes del Estado” y que “cada uno cuenta con herramientas constitucionales para ejercer ese contralor sobre los demás, pero esas atribuciones no pueden ser utilizadas de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder”.
“La actuación institucional de la Legislatura tampoco puede analizarse de manera aislada. A lo largo de su historia existieron causas y todas avanzaron hasta llegar a sentencia. Estos antecedentes muestran que la existencia de una investigación judicial vinculada a hechos ocurridos dentro de la Legislatura no ha significado un impedimento para la actuación de la Justicia”, se concluyó en el documento de la Cámara legislativa.
La polémica sobre la que respondió hoy la Cámara de Diputados provincial comenzó el 22 de septiembre, cuando el canal TN dio cuenta de que la Cámara, en una sesión que realizó en mayo había archivado expedientes administrativos vinculados al caso Chocolate que contenían información que había solicitado en abril la fiscal Betina Lacki, como la de conocer quiénes fueron los legisladores que designaron a los empleados “ñoquis” cuyos haberes retiraba Rigau de cajeros automáticos de La Plata.
El juez de garantías Guillermo Atencio pidió a la fiscalía en turno que analice la “posible comisión de delitos de acción pública” con la votación de la Cámara de Diputados provincial.
El caso se destapó el 13 de septiembre de 2023, cuando Rigau, un puntero peronista, fue detenido mientras extraía dinero con 48 tarjetas de débito ajenas de un cajero automático de Banco Provincia. Rigau, se estableció luego, trabajaba para el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, del Frente Renovador. Tanto Claudio Albini como su hijo, Facundo Albini (concejal en La Plata) están con prisión preventiva, y desde junio de 2025, con el beneficio de hacerlo de forma domiciliaria.
La Justicia calculó que el perjuicio económico para las arcas bonaerenses del sistema de contrataciones ilegales en la Legislatura asciende a por lo menos 800 millones de pesos.
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