POLITICA
El Gobierno denunció en la ONU la “militarización” de Malvinas y le reclamó a Gran Bretaña retomar las negociaciones
En nombre del gobierno argentino, el canciller Pablo Quirno denunció hoy en las Naciones Unidas la “militarización” y “explotación unilateral de los recursos naturales” de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, y renovó el reclamo a las autoridades británicas para retomar negociaciones directas por la soberanía de las islas, a 44 años de la guerra entre ambos países.
“La persistencia de esta disputa impide que la relación entre la Argentina y el Reino Unido alcance toda la profundidad que demanda la historia de ambos países. La Argentina aspira a construir un vínculo maduro y acorde a esa trayectoria compartida. Una relación de esa naturaleza exige abordar la cuestión central. Exige hablar de soberanía”, afirmó el canciller argentino durante la reunión del Comité Especial de Descolonización de la ONU, que año tras año, y desde la resolución 20 del año 1965, insta a ambos países a sentarse a negociar para encontrar una solución a la disputa por la soberanía de las islas.
El 2 de abril pasado, el presidente Javier Milei renovó en su discurso el reclamo de soberanía sobre las islas, mientras intenta sostener el revitalizado vínculo comercial y político con Gran Bretaña. Ese vínculo, durante su gobierno, ha dado pasos hacia la distensión, aunque sin avances en el punto central: el reclamo diplomático argentino para recuperar las islas, donde se desarrolló el conflicto bélico, entre abril y junio de 1982, y en el que murieron 649 soldados argentinos.
Para Quirno, la “ocupación” de las islas por parte de fuerzas británicas, en 1833, “quebró la integridad territorial argentina, expulsó a las autoridades y a la población legítimamente establecida, procedió a poblar el territorio con sus propios colonos e impidió la radicación de ciudadanos argentinos”.
El canciller sostuvo que “ese hecho fue el origen de una situación colonial que persiste hasta nuestros días”. Y afirmó: “La Argentina nunca prestó consentimiento a esa ocupación y mantuvo una protesta constante, pacífica y fundada en el derecho”. Quirno estuvo acompañado en su exposición por la secretaria de Malvinas, Paola Di Chiaro, y el embajador argentino en Naciones Unidas, Francisco Tropepi.
“El Reino Unido invoca en forma reiterada el principio de libre determinación de los pueblos para eludir el diálogo”, dijo el canciller, un rato después de que dos pobladores de las islas, en línea con el gobierno británico, reclamaran al comité en el mismo espacio “escuchar los deseos” de la población malvinera, y su “derecho a decidir su propio futuro”.
Para Quirno, “en las Islas Malvinas no existe un pueblo colonizado titular de ese derecho”, sino “una población británica implantada por la potencia ocupante luego de la expulsión de las autoridades y de los legítimos pobladores argentinos”.
El canciller sostuvo, además, que “la población total de las islas ronda los 3000 habitantes, de los cuales menos de la mitad nació allí”. Y añadió: “A la vez, se encuentran destacados aproximadamente 1200 soldados británicos. Esa proporción revela el carácter estratégico y militarizado de la ocupación”.
En su discurso, Quirno criticó la “explotación unilateral de los recursos naturales” de las islas por parte de Gran Bretaña, una postura apoyada por la mayoría de los países que pidieron la palabra para defender la postura argentina y que luego aprobaron un proyecto de resolución de apoyo a esta posición, presentado por Chile y acompañado por Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua -los tres últimos, con gobiernos ubicados en las antípodas del pensamiento libertario-.
“El Reino Unido también otorga, de manera unilateral, ilegal e ilegítima, licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa”, dijo Quirno, y mencionó el anuncio de explotación, llevada a cabo a fines del año pasado, por las empresas Rockhopper Exploration Plc (británica) y Navitas Petroleum (israelí) para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, en la costa de las Islas Malvinas. En aquel momento, Quirno aceptó, en principio, las razones del canciller israelí Gideon Saar, quien tomó distancia de la empresa de su país. Reiteró que “la cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes, de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional”.
Una a una, distintas delegaciones diplomáticas dieron apoyo a la posición argentina en la reunión, conducida por la embajadora Menissa Rambally (Santa Lucía). Pasaron los representantes de Irak (en nombre del grupo de 77 y China), Antigua y Barbuda, Venezuela, Sierra Leona, Timor Leste, Indonesia, Chile y la propia China, para quien “las controversias entre los estados deben resolverse de acuerdo a la carta de la ONU”.
El representante de Nicaragua, gobernada por el sandinista Daniel Ortega, expresó la “solidaridad de siempre” con la Argentina y contra el “imperialismo británico”, antes de que la delegación de Brasil expresara, en calidad de observador, su pleno respaldo a la Argentina, al igual que México, que también asistió en calidad de observador a la reunión.
Las únicas notas discordantes se dieron al inicio de la reunión, con la intervención de los dos pobladores de las islas, que criticaron la “invasión” argentina de 1982. “La Argentina invadió nuestro hogar, en la comunidad de 3600 personas, de distintas naciones. Las islas son el lugar de todos, no por implantación”, sostuvo Dorothy Got, pobladora local. “La Argentina no nos reconoce, pero estamos aquí porque existimos”, coincidió Michael Goss, otro poblador malvinense, en perfecto inglés.
Le contestaron, a su turno y antes del discurso de Quirno, Paula Vernet, descendiente del primer gobernante argentino de Malvinas, Luis Vernet, y Guillermo Clifton, nieto de un habitante argentino de Malvinas nacido en 1902. “Hay en Malvinas un puñado de ciudadanos británicos en territorio argentino”, dijo Clifton, antes de que Quirno agradeciera el apoyo unánime del comité, que aprobó la resolución que insta a ambas partes a sentarse a negociar la soberanía de las islas del Atlántico Sur.
sin avances,tomó distancia,Jaime Rosemberg,Conforme a
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El flamante secretario de Discapacidad sufrió un accidente de tránsito y quedó internado en el Hospital Pirovano
El flamante secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, protagonizó hoy un accidente de tránsito cuando circulaba en moto y sufrió varias fracturas, según confirmaron fuentes oficiales a .
Di Liscia, que había asumido en el organismo la semana pasada en reemplazo de Alejandro Vilches, está internado en el Hospital Pirovano.
“Tiene varios huesos fracturados”, dijo una fuente oficial. Las fracturas serían en las costillas y estaría intubado por precaución. Su vida no correría riesgo y permanecerá en observación. Llevaba casco al momento del accidente, del cual se desconocen por ahora los motivos y el lugar del hecho, según fuentes oficiales.
Di Liscia fue funcionario del macrismo, aunque también tuvo paso por la actividad privada. Entre 2017 y 2019, fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de María Eugenia Vidal.
Antes de su paso por IOMA, Di Liscia se había desempeñado como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
Según dijeron fuentes de Casa Rosada, es de “confianza” y fue “recomendado por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también parte de la gestión amarilla, al asesor Santiago Caputo, con ascendencia sobre el área de Salud.
El estratega lo habló con Mario Lugones, titular de la cartera de Salud, quien conocía a Di Liscia por su paso por el IOMA. Así fue como Di Liscia se incorporó la semana pasada a la gestión libertaria para hacerse cargo de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, donde supo mandar Diego Spagnuolo, exladero de Milei y hoy investigado en la Justicia por presuntos sobreprecios.
en reemplazo de Alejandro Vilches,Conforme a
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La CGT postergó la definición de un nuevo paro general y convocó a dos movilizaciones en octubre
La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió este martes sostener su plan de lucha con nuevas movilizaciones, pero evitó avanzar por ahora con la convocatoria al quinto paro general contra el gobierno de Javier Milei, una definición que había ganado espacio en la discusión interna por la presión de los gremios más combativos.
La mesa chica ampliada resolvió “profundizar el plan de lucha” y marchar el próximo martes 8 de octubre a las 15:30 frente a la Secretaría de Industria, en el centro porteño, en reclamo porque la situación “golpea cada vez más fuerte” a la industria y a miles de trabajadores. Una semana después, el 15 de octubre, la central obrera se sumará a la quinta movilización universitaria.
“Frente a un modelo que debilita el aparato productivo y pone en riesgo pilares fundamentales para el desarrollo del país, respondemos con unidad, organización y lucha”, afirmaron.
La salida elegida dejó para más adelante la discusión sobre una nueva huelga nacional, después de varias semanas en las que distintos dirigentes reclamaron endurecer la respuesta sindical frente al Gobierno. Si bien el debate se filtró en la reunión de este martes en la sede de la Uocra, la conducción optó por concentrar la próxima protesta en la crisis de los sectores productivos.
Industria, el lugar elegido para la movilización
La movilización del 8 de octubre tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y se concentrará sobre Diagonal Sur, frente a la Secretaría de Industria. La preocupación de la CGT está puesta especialmente en la industria, la construcción y el comercio, actividades con fuerte peso sobre el empleo que vienen mostrando señales de deterioro.
Los datos que difundió el Indec en los últimos días refuerzan ese diagnóstico. La actividad económica cayó 2,9% en julio frente al mes anterior y retrocedió 1,4% en la comparación interanual. Dentro de ese resultado, ocho de los 15 sectores relevados mostraron bajas frente a julio del año pasado y Comercio e Industria manufacturera tuvieron retrocesos de 5,1% y 4,6%, respectivamente.
Los últimos números de la industria también muestran el deterioro de la actividad. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina, la producción cayó 0,3% en agosto frente a julio y 5,7% en la comparación interanual. En los primeros ocho meses de 2026 acumuló una baja de 3% frente al mismo período de 2025 y quedó 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.
La definición de un nuevo paro sigue abierta
La decisión de avanzar primero con movilizaciones permite a la conducción cegetista evitar una definición inmediata sobre el paro general, pero no cierra la discusión interna que se profundizó en los últimos días.
Los sectores más duros habían comenzado a reclamar públicamente una reacción mayor de la CGT. Pablo Moyano volvió a plantearlo en las horas previas al encuentro y cuestionó tanto a la central obrera como al peronismo por lo que considera una respuesta insuficiente frente a la crisis económica.
Como viene haciendo incluso tras la renovación de su triunvirato, la conducción cegetista prefiere seguir manejándose a otra velocidad. En lugar de una nueva huelga nacional, viene sumando protestas sectoriales y acompañando distintas convocatorias callejeras para sostener la presión sobre el Gobierno. Las CTA, en cambio, ya anticiparon su intención de impulsar un paro hacia fines de octubre.
La segunda fecha definida para octubre ampliará además los reclamos de la central obrera más allá de la situación productiva. Al confirmar su participación en la marcha universitaria del 15, la CGT planteó que acompañará a la comunidad educativa en defensa de la universidad pública y la ciencia nacional.
El encuentro de la mesa chica ampliada también volvió sobre una discusión de más largo plazo respecto de la necesidad del movimiento obrero de construir consensos alrededor de un proyecto político y económico de sello peronista, con vistas a las elecciones de 2027.
De la reunión participaron los integrantes del triunvirato, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Gerardo Martínez, Héctor Daer, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, Sergio Sasia, Juan Carlos Schmid, Juan Pablo Brey y Rodolfo Daer, entre otros dirigentes. También estuvo como invitado Alejandro Gramajo, referente de la UTEP.
CGT, movilizacion, marcha
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La Cámara de Diputados bonaerense negó haber ocultado información del caso Chocolate a la Justicia
Una semana después de que estallara el último incidente del caso Chocolate, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires negó haber ocultado a la Justicia información sobre la trama que protagonizó el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau, quien fue descubierto en 2023 al retirar dinero en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados fantasma de ese cuerpo legislativo.
En un comunicado firmado por todos los presidentes de bloque, con la única excepción de los del Frente de Izquierda-Unidad y de Hechos, la Cámara ofreció una respuesta ante la denuncia del juez Guillermo Atencio, quien pidió investigar por “encubrimiento” a las autoridades luego de que se conociera que se habían archivado expedientes administrativos entre los que estaban algunos vinculados al caso bajo investigación judicial.
“La Honorable Cámara de Diputados [HCD] siempre actuó ajustada a derecho y colaboró con la Justicia. La resolución de archivo de expedientes, contemplada previamente desde el año 2002 en el reglamento de esta HCD, fue aprobada por más de dos tercios de este cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó a la HCD el 19 de agosto de 2026. Por lo tanto, de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece en la HCD a disposición de quien quiera verlo”, se subrayó en un comunicado firmado por las autoridades de la Cámara y nueve jefes de bloque.
En el comunicado, se afirmó que el pedido judicial recibido correspondía a otra causa y que fue esa información la que se archivó, y no la vinculada al caso Chocolate. “También resulta necesario diferenciar las actuaciones para evitar confusiones ante la opinión pública. Los requerimientos y las decisiones administrativas a las que se hace referencia no correspondían, según la documentación considerada por la HCD, a la causa Julio Rigau (PP-06-00-047539-23/00 Rigau, Julio Segundo y otros s/ hurto-estafa-fraude en perjuicio de la administración pública-asociación ilícita), sino a la causa Rodríguez, vinculada a un hecho de hurto (PP-06-00-047539-23/01 Rodríguez María Eugenia s/ hurto, artículo 162)”, se indicó en el segundo punto del comunicado.
“Asimismo, en la causa Julio Rigau, la HCD aportó información requerida por la Justicia, dicha investigación avanzó, se encuentra elevada a juicio y existen personas privadas de su libertad. Estos elementos deben ser tenidos en cuenta antes de sostener que existió una conducta institucional destinada a impedir el avance de aquella investigación”, se añadió.
Los firmantes del documento de la Cámara de Diputados bonaerense son su presidente, Alejandro Dichiara (Unión por la Patria); los vicepresidentes Alexis Guerrera (Unión por la Patria), Agustín Forchieri (Pro), Agustín Romo (La Libertad Avanza), Mariano Cascallares (Unión por la Patria), Blanca Alessi (Unión y Libertad) y Matías Civale (UCR+Cambio Federal). Además, rubricaron la nota los jefes de bloque Facundo Tignanelli (Unión por la Patria), Juan Esteban Osaba (La Libertad Avanza), Alejandro Rabinovich (Pro), Martín Rozas (Unión y Libertad), Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), María Alejandra Lordén (UCR), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Juan José Esper Zamar (Derecha Popular).
No firmaron el comunicado los jefes de bloque Christian Castillo (Partido de los Trabajadores Socialistas), Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) y Manuel Passaglia (Hechos).
El miércoles de la semana pasada, los jefes de bloque de la Cámara baja compartieron un asado. Según trascendió, conversaron sobre cómo agilizar los trámites que pasan de una Cámara a otra. Consultados por , negaron haber hablado del caso Chocolate.
En el documento de la Cámara baja se cuestionó la denuncia del magistrado. “La HCD considera especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo. En ese sentido, resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, se sostuvo en el tercer punto.
“La HCD siempre informó al juez y, ante el requerimiento recibido, el cuerpo no guardó silencio. Contestó formalmente que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente y que esa decisión había sido posteriormente convalidada mediante un acto legislativo”, se agregó.
En el cuarto punto de su comunicado, las autoridades y jefes de bloque de la Cámara afirmaron que “la división de poderes supone la existencia de facultades de control recíproco entre los distintos poderes del Estado” y que “cada uno cuenta con herramientas constitucionales para ejercer ese contralor sobre los demás, pero esas atribuciones no pueden ser utilizadas de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder”.
“La actuación institucional de la Legislatura tampoco puede analizarse de manera aislada. A lo largo de su historia existieron causas y todas avanzaron hasta llegar a sentencia. Estos antecedentes muestran que la existencia de una investigación judicial vinculada a hechos ocurridos dentro de la Legislatura no ha significado un impedimento para la actuación de la Justicia”, se concluyó en el documento de la Cámara legislativa.
La polémica sobre la que respondió hoy la Cámara de Diputados provincial comenzó el 22 de septiembre, cuando el canal TN dio cuenta de que la Cámara, en una sesión que realizó en mayo había archivado expedientes administrativos vinculados al caso Chocolate que contenían información que había solicitado en abril la fiscal Betina Lacki, como la de conocer quiénes fueron los legisladores que designaron a los empleados “ñoquis” cuyos haberes retiraba Rigau de cajeros automáticos de La Plata.
El juez de garantías Guillermo Atencio pidió a la fiscalía en turno que analice la “posible comisión de delitos de acción pública” con la votación de la Cámara de Diputados provincial.
El caso se destapó el 13 de septiembre de 2023, cuando Rigau, un puntero peronista, fue detenido mientras extraía dinero con 48 tarjetas de débito ajenas de un cajero automático de Banco Provincia. Rigau, se estableció luego, trabajaba para el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, del Frente Renovador. Tanto Claudio Albini como su hijo, Facundo Albini (concejal en La Plata) están con prisión preventiva, y desde junio de 2025, con el beneficio de hacerlo de forma domiciliaria.
La Justicia calculó que el perjuicio económico para las arcas bonaerenses del sistema de contrataciones ilegales en la Legislatura asciende a por lo menos 800 millones de pesos.
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