El Senado de la Nación ya tiene fecha para volver a la actividad. Mientras el oficialismo sigue buscando votos de cara a la sesión del próximo 6 de agosto en donde pretende darle media sanción a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada -conocida como ley de tierras-, un día antes abrirá las comisiones para debatir el Súper RIGI.

El oficialismo llamó para el miércoles 5 de agosto a un plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda; Economía Nacional e Inversión; y Legislación General para debatir el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El encuentro será a partir de las 15.30, en el Salón Azul de la Cámara Alta.

El proyecto que se debatirá en el plenario de las tres comisiones -todas presididas por el oficialismo- obtuvo media sanción en la Cámara Baja el pasado 24 de junio. En ese momento obtuvo 130 votos positivos, 106 negativos y 7 abstenciones.

En ese caso, el bloque de La Libertad Avanza obtuvo el acompañamiento del PRO, la UCR y bloques provinciales. De repetirse el mismo esquema de acompañamientos, el oficialismo podría obtener dictamen el miércoles en el plenario pero no podrá llevarlo al recinto el día siguiente, ya que el reglamento establece que deben pasar 7 días entre ambos hechos.

El “Súper RIGI” propone incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para nuevas actividades económicas. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.

Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.

En esta reversión del RIGI que se introdujo con la ley Bases, se establece que los proyectos que ingresen deberán destinar una inversión por un monto mínimo de 1.000 millones de dólares -para el RIGI, el umbral oscila entre US$200 y US$600 millones según el sector-.

Pero para poder ingresar al sistema de beneficios por 30 años, deberán ejecutar un mínimo de 200.000 millones en los primeros dos años desde que es aprobado.

Además, los proyectos tienen que estar dirigidos a sectores de la economía que hoy no tengan presencia en la Argentina. Son los sectores que el Gobierno denomina “industrias del futuro”, como inteligencia artificial, data centers, fabricación de baterías de litio, paneles solares, turbinas eólicas y desarrollos vinculados a la cadena de valor del uranio. Esto es con el objetivo declarado de modificar la estructura productiva nacional e incorporar tecnología de punta.

Un dato no menor es en lo referido a lo que se conoce como “compre nacional”. En el debate en Diputados, los socios de LLA empujaron cambios respecto a este punto. Aunque el oficialismo quería que no hubiese una obligación de proveedores locales, cedió y habilitó un “plan de desarrollo de proveedores locales” y la contratación de proveedores locales por “el 20% del monto destinado a proveedores”. El “pero” que contiene es que para que esa cláusula sea válida tiene que existir proveedores con capacidad, disponibilidad y competitivos en cuanto a precio y calidad.

Por último, en lo referido al acceso a las divisas, el Súper RIGI mantiene el esquema de su predecesor, siguiendo con el esquema de disponibilidad progresiva para exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo y acceso total en el tercero. A esto se suman exenciones completas de derechos de importación y exportación, beneficios respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios y una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales asociadas a la creación de empleo.

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El Gobierno modificó la Ley de Migraciones mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026 e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso al país o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos por razón de su nacionalidad, así como de quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, modifica los artículos 29, 62 y 63 de la Ley 25.871. Según explicó el Poder Ejecutivo, el objetivo es reforzar las herramientas del Estado para proteger “al pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional” frente a conductas que considera incompatibles con la convivencia democrática.

El anuncio fue acompañado por un comunicado de la Oficina del Presidente, que vinculó la decisión con las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra la Argentina.

“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo el Ejecutivo.

Qué cambia con el nuevo DNU

La principal modificación incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley de Migraciones, que establece las causales por las cuales una persona extranjera puede ser rechazada al intentar ingresar al territorio nacional.

A partir de ahora, podrá prohibirse el ingreso a quienes hayan dirigido mensajes de odio, en forma oral o escrita, contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por su nacionalidad.

La restricción también alcanza a quienes hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por ese mismo motivo.

Además, el decreto incorpora como causal haber realizado actos de ultraje a los símbolos patrios nacionales, haber participado en esos hechos o haber incitado a cometer cualquiera de esas conductas.

Las mismas causales fueron incorporadas al artículo 62 de la Ley 25.871, por lo que también podrán utilizarse para cancelar la residencia de extranjeros que ya se encuentren en el país.

En esos casos, la decisión podrá derivar en una intimación para abandonar el territorio nacional dentro del plazo que determinen las autoridades o directamente en la expulsión.

El decreto también modifica el artículo 63 de la norma y establece que, para adoptar esa medida, deberán considerarse “las circunstancias fácticas y personales del interesado”, con el fin de definir si corresponde la expulsión o la intimación para dejar el país.

Los conceptos que deja abiertos el decreto

Uno de los principales interrogantes que plantea la norma es el alcance de los conceptos incorporados como nuevas causales migratorias.

El texto no enumera expresiones o conductas concretas que constituyan un agravio contra los argentinos. En cambio, utiliza definiciones generales como “mensajes de odio”, “actos de hostilidad y menosprecio”, “incitación a la violencia” y “ultraje a los símbolos patrios”.

De ese modo, el decreto no establece ejemplos específicos sobre qué manifestaciones quedarán comprendidas dentro de esas categorías. Su aplicación dependerá de la interpretación que realicen las autoridades migratorias y, eventualmente, de la revisión judicial.

Junto con la incorporación de las nuevas causales, el DNU incluye una cláusula destinada a preservar la libertad de expresión.

El texto aclara expresamente que no podrán ser consideradas causales de inadmisión o expulsión las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional.

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En los fundamentos del DNU, el Poder Ejecutivo sostuvo que en los últimos años aumentaron “considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.

Según el Gobierno, esas conductas representan un riesgo para los ciudadanos y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social” que justifican la admisión y permanencia de extranjeros en el país.

Javier Milei, inmigrantes en la Argentina, DNU, ley de Migraciones