POLITICA
La economía de las islas Malvinas: pesca, el sueño del petróleo, fuerte peso del Estado y la protección militar británica

Las islas Malvinas tienen en la actividad pesquera al sector que hace el mayor aporte a su economía, en un contexto en el que la exploración hidrocarburífera se erige como una alternativa de desarrollo que, al mismo tiempo, genera choques con la Argentina en momentos en que el debate por la soberanía del archipiélago volvió a la escena pública ante la posibilidad de que Estados Unidos revise su postura sobre las islas bajo poder del Reino Unido. El dominio británico se respalda en un poderío militar asentado en la base de Mount Pleasant, con alrededor de 1000 soldados destinados.
Según datos oficiales del gobierno de Malvinas sobre el año 2024, publicados en agosto de 2025, la pesca encabezaba la distribución del producto bruto interno isleño, con un aporte del 58,3%. Se trata de un sector en el que trabaja el 4% de la población activa de las islas, se relevó en el último censo poblacional que se realizó, en el año 2021 (este año, se debería realizar uno nuevo).
El 12,5% del producto bruto interno lo genera el sector público, que es, además, el principal empleador en Malvinas. El censo de 2021 marcó que el 32,8% se desempeña en esa área, que incluye la administración pública, la defensa, la educación y la salud.
El tercer grupo de actividades en relevancia en cuanto a la participación en el producto bruto interno de las islas es el del comercio mayorista, transporte, alojamiento y alimentación. Aporta el 10,6%, siempre según los datos actualizados a 2024 del informe “Cuentas Nacionales de las Islas Malvinas, 2014-2024”, publicado en 2025 y elaborado por la Dirección de Política, Economía y Servicios Corporativos del gobierno isleño.
El PBI per cápita en las Malvinas ronda las 86.050 libras esterlinas (unos 116.000 dólares al cambio actual), según datos del censo de 2021. Ese relevamiento contabilizó 3662 habitantes (residentes usuales, según se los considera en el estudio poblacional), de los cuales 2974 residen en la ciudad de Puerto Argentino. El resto de los habitantes se distribuye entre la zona rural (354) y el Complejo Mount Pleasant (334). Hay 1530 nacidos en las islas, 1898 que nacieron fuera de ellas (en el Reino Unido, Santa Elena, Filipinas o Chile, entre otros territorios) y 234 que figuran con lugar de nacimiento “desconocido”. En los últimos 50 años, la población creció en unas 1700 personas.
El ítem “exploración de gas y petróleo, y otras actividades industriales” genera el 3,5% del producto bruto interno de las islas, se informó en el estudio de las cuentas locales publicado en agosto del año pasado. Es un sector que el especialista en Relaciones Internacionales Patricio Carmody describió a como “emergente” en “las aguas circundantes” de las islas. También es un punto de polémica con el gobierno argentino.
A fines de junio, el canciller Pablo Quirno hizo un reclamo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la actividad británica en el área petrolera. “El Reino Unido otorga, de manera unilateral, ilegal e ilegítima, licencias y concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluidos hidrocarburos y recursos pesqueros en la zona en disputa”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores al referirse a los anuncios por parte de las empresas Rockhopper Exploration Pic (de origen británico) y Navitas Petroleum (de origen israelí) en el yacimiento Sea Lion, ubicado 220 kilómetros al norte del archipiélago.
Según informó el viernes 28 de agosto, Navitas Petroleum adquirió una plataforma flotante que, sumada a otra con la que ya contaba, podría llevar la producción de hidrocarburos de 55.000 a 180.000 barriles diarios al finalizar la década.
En el quinto puesto de las actividades en cuanto a su aporte al producto bruto interno malvinense aparece la construcción, con un 3,4%. Es un sector que representa el segundo proveedor de empleo para los habitantes de las islas, con un 10,7% de habitantes activos dedicados al rubro, según los datos del último censo. Las actividades inmobiliarias generan el 3,1% del producto bruto interno. Un 2,8% lo proveen los cultivos y la producción animal.
La agricultura y producción animal es el tercer grupo generador de puestos de trabajo en Malvinas, tal como marca el último censo disponible. El 10,1% de los isleños activos trabaja en esas tareas. “La ganadería ovina ha decrecido en importancia, pero tiene gran impacto cultural y económico”, definió Carmody.
En la base militar de Mount Pleasant, bastión de la defensa británica en las Malvinas, ubicada a 58 kilómetros de Puerto Argentino, trabajan alrededor de 1200 personas, entre civiles y militares. Así lo especificó a , al cumplirse 40 años de la guerra de 1982, el por entonces comandante de las Fuerzas Británicas en las Islas del Atlántico Sur, comodoro Jonathan Lett (el actual jefe es el brigadier Charlie Harmer). En ese momento, Lett especificó a este diario que en la base hay 1000 soldados, aviones Typhoon, A400M (ATLAS C1) y Voyager Tanker, además de helicópteros.
En mayo de 2026, se filtró un memorándum del Pentágono en el que se consideraba la posibilidad de que Estados Unidos no respaldara al Reino Unido en el conflicto por las Malvinas. En esa ocasión, el medio británico The Times puntualizó que, además de las aeronaves, barcos y soldados británicos, se despliega en las islas un sistema de misiles Sky Sabre valuado en 250 millones de libras esterlinas.
En el archipiélago, existe una “Fuerza de Defensa de las Islas Malvinas”, que trabaja con las unidades militares que proporciona el Reino Unido “para garantizar la defensa y la seguridad de las islas”, con formación a cargo de la Marina Real británica (Royal Navy). Desde 1983, el gobierno de Malvinas tiene una oficina en Londres que ofrece, entre otros servicios, asistencia médica a quienes visitan el Reino Unido y reservas de vuelos chárter del Ministerio de Defensa británico hacia las islas.
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POLITICA
No habrá invitación del Gobierno a los expresidentes para asistir a los eventos del papa León XIV

Gobernadores, diputados y senadores estarán el domingo por la tarde en el Palacio Libertad, para recibir al Papa León XIV, un convite al que no fueron invitados los expresidentes que tuvo el país desde el retorno de la democracia, en diciembre de 1983.
Luego de interminables negociaciones e idas y vueltas, los mandatarios que antecedieron a Javier Milei en el sillón de Rivadavia no tienen ni tendrán lugar ni invitación del Gobierno para los encuentros y actos que protagonizará el Santo Padre en su paso por la Argentina, la primera visita de un Papa desde la llegada a Buenos Aires de Juan Pablo II, en 1987.
“En el encuentro en el Palacio Libertad están invitados todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores. Los expresidentes todavía no están incluidos”, afirmó ayer el canciller Pablo Quirno, en la puerta del Palacio San Martín y antes de iniciar una reunión vinculada a la visita de León XIV, quien luego de arribar a Buenos Aires llegará a Plaza San Martín y de allí a la Casa Rosada para entrevistarse, por media hora, con el Presidente.
A tan poco tiempo de la llegada del Papa, que estará en el país cuatro días, las palabras del canciller suenan a sentencia, y una invitación a los expresidentes en condiciones de asistir suena casi imposible. Según pudo saber , los peronistas Alberto Fernández, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá y Ramón Puerta no recibieron invitación, ni tampoco el exmandatario de Pro Mauricio Macri. Menos aún Cristina Kirchner (en prisión domiciliaria) e Isabel Perón, que tiene 95 años y reside en España.
Según pudo saber , la iniciativa original de invitarlos al Palacio Libertad había surgido del Episcopado que encabeza monseñor Marcelo Colombo, desde donde se propuso incluir a todos los expresidentes en ese evento, en una postal de unidad inédita en Argentina, aunque bastante común en países vecinos como Uruguay, donde mandatarios de distintos signos políticos suelen asistir a eventos vinculados con la defensa de la institucionalidad y la democracia. En su paso por Argentina, hace cuatro décadas, Juan Pablo II conoció al entonces expresidente Arturo Frondizi, presentado por el entonces mandatario Raúl Alfonsín.
“No cayó bien, no hubo reacción favorable en el Gobierno”, susurran, algo decepcionados, cerca de uno de los protagonistas de los preparativos, aunque también reconoció que hubo sondeos preliminares con algunos de los exmandatarios, que no prosperaron. La última vez que el Poder Ejecutivo invitó a exmandatarios a un evento oficial fue el 9 de julio de 2024, cuando Macri y Rodríguez Saá asistieron a la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán.
La iniciativa se retomó a mitad de semana, pero rápidamente fue descartada, en tiempos, sobre todo, de confrontación entre el oficialismo y el peronismo. Desde ese sector afirmaron, como dato adicional, que el Gobierno habría intentado poner trabas a la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof en el interior del Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde el Papa llegará el lunes 9 por la mañana, aunque el mandatario finalmente lo recibirá en el ingreso.
“Mauricio no pidió nada, ya tuvo suficiente Papa [en su mandato]”, contestaron, con ironía, cerca del expresidente, que sí podría participar, invitado por el gobierno porteño que encabeza su primo Jorge Macri, a alguno de los eventos religiosos como la misa prevista en la ciudad, según allegados al exmandatario.
“No lo invitaron, pero no hay problema ni conflicto”, afirmó a la exsenadora Hilda González de Duhalde, en un intento por minimizar el desaire a su marido.
Los expresidentes Alberto Fernández y Cristina Kirchner son, tal vez, los nombres que más incómodos ponen al Poder Ejecutivo, para quien la oposición intenta “politizar” la visita del Sumo Pontífice.
“No hay que mezclar las cosas, es importante que el Papa esté y que tenga contacto con la gente”, afirmaron muy cerca de la expresidenta, que tampoco tiene pensado, a pesar de los deseos de algunos de sus allegados, hacerle llegar al Papa algún mensaje durante su estadía en el país.
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POLITICA
El Gobierno toma distancia de la posible candidatura de Cristina Kirchner y la atribuye a una interna peronista

Luego de que Cristina Fernández de Kirchner abriera la puerta a competir por la Presidencia en 2027, el Gobierno tomó distancia del anuncio de la exmandataria y lo atribuyó a una interna del peronismo.
“Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Es un tema del peronismo. No nos carguen a nosotros si ella va a ser candidata o no. No está en nuestro análisis. Para nosotros es igual”, remarcaron desde Balcarce 50, donde sostienen la línea oficial promovida por Javier Milei de que no importa quién será el candidato opositor a enfrentar el próximo año.
“Mi rival soy yo mismo. ¿Qué me importa los que atrasan cien años y que además fracasaron siempre? Es casi insultante tener que debatir con un comunista”, había dicho el Presidente a fines de septiembre en su discurso en el Coloquio de IDEA, consultado sobre las posibles candidaturas de Axel Kicillof o Myriam Bregman.
En ese sentido, el Gobierno sostiene esa postura incluso si la contendiente fuera la expresidenta, quien no descartó subirse a la arena electoral en caso de lograr un giro en su situación judicial. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, dijo en una entrevista con The Washington Post publicada este lunes.
Por su condena firme en la causa Vialidad, Fernández de Kirchner contempla, además de los seis años de prisión domiciliaria, la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Por eso, su defensa presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que examine las condiciones en las que fue juzgada y condenada, con la esperanza de que una eventual presión internacional pueda llevar a revertir su inhabilitación.
En el Gobierno conviven posturas. Hay quienes sostienen que no hay “ninguna” posibilidad de que la expresidenta pueda volver a competir electoralmente, pero un integrante de la mesa política aseguró a este medio que “no descartan nada”.
Independientemente de eso, la lectura del oficialismo coincide con que el pronunciamiento de la exjefa de Estado apunta a ejercer presión en el propio ecosistema peronista, en medio del enfrentamiento que atraviesa su sector, representado por su hijo Máximo y La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro que conduce el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el Frente Renovador de Sergio Massa.
POLITICA
Milei impulsa el ascenso del juez Rafecas y se podría abrir una nueva vacante en Comodoro Py

El Gobierno de Javier Milei envió al Senado el pliego del juez federal Daniel Rafecas para ocupar un cargo en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, un movimiento que, de concretarse, dejaría una nueva vacante en Comodoro Py y le abriría al Gobierno la posibilidad de promover a un nuevo magistrado en esos tribunales, donde se investigan las principales causas de corrupción.
La postulación, impulsada también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, deberá obtener ahora el acuerdo de la Cámara alta para que Rafecas pueda asumir en el nuevo tribunal.
Su eventual salida tendría impacto en Comodoro Py. En los tribunales de Retiro, Rafecas se encuentra al frente de dos juzgados federales (en uno es titular, en otro subroga) y, hasta la semana que viene, de manera transitoria, de un tercero: el que tiene a su cargo la causa por la criptomoneda $LIBRA, que involucra al Presidente.
Con la eventual salida de Rafecas de Comodoro Py, los juzgados vacantes del fuero pasarían a ser cinco sobre un total de doce, lo que forzaría el esquema de subrogancias que rige actualmente, que permite que un mismo magistrado esté al frente de varios juzgados.
Rafecas es titular del Juzgado Federal 3, pero también subroga el 6, vacante desde la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, en 2020. Por estas horas, el juez está al frente incluso de un tercer juzgado, el 8, donde tramita la causa por la criptomoneda, y cuyo titular, Marcelo Martínez de Giorgi, está momentáneamente de licencia hasta la semana que viene.
Su partida obligaría a reorganizar esas suplencias y redistribuir así todas las causas bajo su órbita. Entre ellas, figura la investigación por la voladura de la AMIA (recientemente procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar); la causa por enriquecimiento ilícito del diputado provincial Francisco Adorni y el caso de presunta violencia de género del expresidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez, que continúa en etapa de instrucción.
Al Juzgado Federal 3, además, podría regresar uno de los expedientes más delicados para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): la investigación sobre la fastuosa quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, que está a nombre de un monotributista y una jubilada, pero que pertenecería al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Rafecas fue quien le dio al caso su primer impulso cuando ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino, como un bolso y una placa homenaje con su nombre.
Por pedido de los investigados, el caso luego recaló en la Justicia federal de Campana, pero en el recorrido, el fiscal de la Casación Mario Villar pidió a la Corte Suprema para que se revise esa decisión y la causa regrese al juzgado que podría dejar Rafecas.
Para el juez, el movimiento sería un ascenso. Concursó para el cargo en 2018, cuando ya llevaba 14 años como juez de Comodoro Py. Terminó en el primer lugar del concurso, pero su pliego fue y vino durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández y nunca llegó a la Cámara alta.
Rafecas, además, fue la opción de Fernández para la Procuración, pero tampoco consiguió el cargo, porque su nombre era fuertemente resistido en el sector más cercano a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.
Hoy, tras más de dos décadas en Comodoro Py, el juez considera que es momento de dejar el juzgado, aseguran quienes lo tratan.
Reforma
Su eventual ascenso se produciría en medio de los planes del Gobierno de reformar Comodoro Py y de reducir a ocho la cantidad de juzgados federales de primera instancia.
Si ese proyecto llegara a concretarse −debería pasar por el Congreso−, las decisiones judiciales se concentrarían en los jueces titulares de Comodoro Py, pero aun así, sin Rafecas, haría falta nombrar a un nuevo juez.
Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno impuso su propia impronta a los tribunales de Retiro. Por ahora, el movimiento más importante en ese sentido fue la renovación de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de todos los jueces de primera instancia de Comodoro Py.
Allí, el oficialismo consiguió el nombramiento de dos camaristas, Pablo Yadarola, que era juez del fuero Penal Económico, y el de Pablo Bertuzzi, que formaba parte de la Cámara, pero había llegado mediante un traslado y no estaba firme en el cargo.
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