POLITICA
“La economía va bien, sabemos que falta pero pronto la situación va a mejorar para todos”, afirmó el nuevo vocero presidencial

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezó esta mañana su primera conferencia de prensa y enfatizó que “la economía va bien” y aunque en el gobierno nacional saben que todavía faltan mejoras, “el rumbo es por acá y pronto la situación va a mejorar para todos”.
En la sala de conferencias de Casa Rosada, el flamante funcionario respondió preguntas de los periodistas acreditados y evitó profundizar sobre la investigación que involucra a Manuel Adorni: “Tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como un ciudadano privado”, señaló al responder una consulta sobre el recambio que dejó a Diego Santilli al frente de la jefatura de Gabinete.
En esa misma línea, indicó que la administración no intervendrá sobre el proceso penal. “No nos vamos a meter con el Poder Judicial. Manuel Adorni renunció a su cargo por cuestiones personales que ya son conocidas porque el presidente también las pronunció”, enfatizó.
En cuanto a la llegada de Santilli como figura central para la articulación política, Ravier sostuvo que el dirigente “le agrega a este Gobierno mucho valor por su relación con los gobernadores” y destacó su papel para conseguir acuerdos en el Congreso.
“La economía va bien”
El vocero presidencial dejó la definición política más amplia al responder por qué, en un país con crecimiento de exportaciones energéticas, siguen aumentando la nafta, el transporte y los servicios públicos. “La economía va bien, creemos que es por acá, que lo peor ya pasó”, afirmó. Luego completó: “Sabemos que falta, que mucha gente hoy por ahí no la está pasando bien en ciertos sectores de la economía, pero este es el camino y que pronto la situación va a mejorar para todos”.
Su explicación giró sobre un concepto: la “inflación reprimida”. Según dijo, al asumir Milei en diciembre de 2023 había precios de combustibles y tarifas “muy atrasados” porque el gobierno anterior había contenido parte de la inflación con controles y subsidios.
Para justificar los aumentos, sostuvo que una de las primeras decisiones “antipáticas” fue casi cuadruplicar el combustible porque “el combustible cuesta” y porque sin precios rentables no había incentivos para invertir en Vaca Muerta. Recordó que en años anteriores la Argentina había llegado a registrar un déficit energético de USD 5.000 millones porque, aun con recursos disponibles, no resultaba negocio extraerlos.
Aplicó el mismo razonamiento a la luz, el gas y el agua. Dijo que las tarifas deben volver “a sus precios de mercado” o al menos cubrir costos, porque cuando el usuario paga menos, la diferencia la absorbe el Estado mediante subsidios. Y añadió que las correcciones mensuales de esos valores están avanzando por encima del índice de precios al consumidor para ordenar el sistema.
El vocero admitió que esa política tiene “costo social” y “costo político”. Aun así, defendió la necesidad de reasignar recursos en un contexto de equilibrio fiscal y puso como ejemplo la discusión sobre subsidios extendidos a zonas templadas dentro del régimen de zonas frías, al sugerir que esos fondos podrían destinarse a hospitales o universidades.
En el cierre de su exposición económica, Ravier vinculó la recuperación del crédito con la baja de la inflación y destacó que el último dato fue de 2,1% mensual. También dijo que ya se habla de un próximo registro por debajo del 2%, aunque reconoció que esa barrera suele ser difícil de perforar en experiencias de estabilización como las de Israel, Perú o Chile.
La relación con el PRO
El nuevo vocero explicitó además que el oficialismo necesita alianzas para avanzar con su agenda legislativa. “El PRO es un aliado clave. Nosotros no tenemos mayoría hoy en Diputados y en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos”, dijo.
La definición apuntó a una pregunta más amplia sobre si la incorporación de dirigentes con pasado macrista, como Patricia Bullrich, Luis Caputo, Federico Sturzenegger y ahora Santilli, supone un cambio de estrategia de Milei frente a la “casta” o el inicio de un gobierno de coalición. Ravier no usó esa categoría, pero sí describió una convergencia estable para aprobar reformas estructurales.
En ese marco, reivindicó la sintonía entre Milei y Mauricio Macri. Sostuvo que ambos comparten la necesidad de impulsar cambios institucionales y afirmó que el diálogo con el partido amarillo “es muy bueno”, aun cuando puedan existir roces o declaraciones individuales que no expresen el vínculo general.
Ravier incluso ligó esa cooperación a leyes recientes que, a su criterio, ordenan la economía y mejoran el clima para la inversión. Mencionó la aprobación del pago a holdouts, una deuda que, según dijo, llevaba un cuarto de siglo sin resolverse, y defendió el llamado Super RIGI como herramienta para atraer capital a sectores como minería, energía y agroindustria.
Consultado por la compra de divisas por parte de los ahorristas, Ravier la relacionó con la memoria de crisis argentinas y con el riesgo político de cada elección. Citó datos del Banco Central mencionados en la pregunta periodística: en cinco meses del año, los argentinos compraron más de USD 10 mil millones y solo en mayo 1,4 millones de personas adquirieron más de USD 2.677 millones.
Frente a ese cuadro, el vocero defendió la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró que el equipo económico está “blindando” al país para evitar que un eventual cambio de escenario electoral derive en una crisis financiera. “Cada año electoral es difícil”, afirmó, y aludió al “riesgo kuka” ante la posibilidad de un giro político que altere las reglas de juego.
Finalmente, Ravier sostuvo que la acumulación de reservas es parte central de esa defensa. “Sumar diez mil millones de dólares ya era una meta conversada con el Fondo Monetario Internacional. Creo que ha sido cumplido ese objetivo en solo medio año”, señaló. A eso agregó el equilibrio fiscal y la reducción de pasivos remunerados como pilares para evitar sobresaltos en el financiamiento y en la deuda.
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POLITICA
Estados Unidos envía a sus dos principales funcionarios para la región a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció hoy que el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, viajarán la semana próxima a la Argentina para impulsar el Corredor Andes-Atlántico, la iniciativa conjunta de infraestructura e inversiones firmada entre ambos países el mes pasado. La gira se extenderá entre el 19 y el 26 de octubre con escalas en Asunción (Paraguay) y Buenos Aires.
Aunque no se precisó la fecha exacta de arribo a la capital argentina, la visita representa el desembarco diplomático de más alto nivel desde que Donald Trump regresó a la presidencia y se produce después de que Javier Milei viajara a Washington esta semana.
“Estamos trabajando para ampliar el comercio de Estados Unidos, profundizar la cooperación en materia de seguridad regional y fortalecer las asociaciones en todo el Hemisferio Occidental”, señaló Segura en su cuenta de X al confirmar el viaje.
En tanto, el Departamento de Estado, el organismo que lidera el secretario Marco Rubio, difundió un comunicado donde se informa que “en Buenos Aires, Landau se reunirá con altos funcionarios del gobierno argentino y líderes del sector privado para aprovechar el impulso generado por el lanzamiento del Corredor Andes-Atlántico”.
“Discutirán vías para fomentar el crecimiento económico, aumentar la inversión estadounidense y fortalecer la cooperación en seguridad”, se añadió en el texto, donde se calificó la gira como un reflejo del “compromiso de la administración Trump con un hemisferio occidental seguro y próspero”.

Para Washington, el Corredor Andes-Atlántico “profundiza la integración económica entre Estados Unidos y la Argentina” y conecta a los inversores con oportunidades en los sectores energético, minero, de infraestructura y tecnológico. El gobierno norteamericano la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el Hemisferio Occidental, con el objetivo de ampliar las oportunidades para sus empresas y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, entre ellos el litio, el cobre, el petróleo y el gas.
En tanto, y según el comunicado oficial, Landau encabezará en Paraguay una delegación comercial de empresas estadounidenses para explorar oportunidades de inversión. También se reunirá con altos funcionarios del gobierno paraguayo para reafirmar lo que el Departamento de Estado describió como la “histórica asociación estratégica” entre ambas naciones. La agenda en Asunción incluirá la ampliación del comercio bilateral, la profundización de la cooperación en seguridad regional y el combate al crimen transnacional.
Según fuentes oficiales, la agenda de Landau en Buenos Aires contempla reuniones con el presidente Javier Milei, con Pablo Quirno y con autoridades parlamentarias. El miércoles pasado, el canciller argentino se reunió con Segura en Washington, donde repasaron la agenda bilateral en distintos ejes, incluido el acuerdo de financiamiento para inversiones en infraestructura.
La llegada de los dos funcionarios, se prevé, también servirá para ultimar los preparativos de la visita del vicepresidente JD Vance a Buenos Aires, prevista para la tercera semana de noviembre. Aún restan conocer la fecha exacta de su arribo y la agenda en el país del número dos de la Casa Blanca.
El Corredor Andes-Atlántico
El acuerdo fue lanzado el 23 de septiembre en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, por Landau y Quirno. Contempla herramientas de financiamiento estadounidense por hasta 7.000 millones de dólares hacia 2027 para modernizar ferrocarriles, oleoductos, gasoductos, puertos, redes eléctricas e infraestructura digital que unen el noroeste argentino y la cuenca energética de Vaca Muerta con los puertos atlánticos.
El componente más avanzado es Argentina LNG, el proyecto de exportación de gas que lidera YPF junto con la italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos. El Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (Exim Bank) presentó una propuesta indicativa de financiamiento de largo plazo por hasta 6.000 millones de dólares destinada a la compra de bienes y servicios estadounidenses.

El crédito todavía no está aprobado y requiere el aval del directorio del banco. La primera fase del proyecto prevé dos unidades flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, con capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado y el inicio de operaciones proyectado para 2031. Argentina LNG involucra una inversión total estimada de 51.000 millones de dólares durante toda su vida útil, la mayor anunciada en la historia del país.
Además del corredor, la visita de Landau y Segura abordará otros ejes de la relación bilateral. Ambos gobiernos profundizaron en las últimas semanas el intercambio de información y la asistencia técnica. A comienzos de octubre, Estados Unidos formalizó la creación de una unidad regional contra el narcotráfico con sede en la Argentina y aprobó 13,35 millones de dólares para cooperación contra el crimen organizado, de los cuales 7,5 millones estarán destinados a proyectos locales.
Segura tiene 38 años, nació en Alexandria, Virginia, y es hijo de inmigrantes argentinos. Su padre, Enrique Segura, es un economista con paso por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Militante republicano, Segura fundó en 2014 Babyscripts, una empresa de tecnología de salud orientada al monitoreo prenatal, y ocupó el cargo de secretario de Comercio de Virginia bajo el gobernador Glenn Youngkin antes de ser nominado por Trump y confirmado por el Senado en agosto.
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POLITICA
Piden el juicio político para el juez que absolvió a los sindicalistas que bloquearon San Nicolás

El juez Alejandro Gabriel López, quien quedó en medio de la polémica por un fallo que absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa y sitiaron la ciudad de San Nicolás, enfrenta el primer pedido de juicio político.
El exintendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.
El juez López integra el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 del Departamento Judicial San Nicolás.
La presentación busca que se investigue la actuación del magistrado por posible mal desempeño e incumplimiento grave de los deberes de su cargo al dictar el veredicto absolutorio del pasado 14 de octubre de 2026.
El expediente juzgó los episodios ocurridos a principios de 2021 en la planta de la firma Rey Distribución S.R.L. En dicha causa, Maximiliano Cabaleyro y otros dirigentes enfrentaban cargos por turbación de la posesión, coacción en grado de tentativa y extorsión tras una serie de medidas de fuerza que impidieron el funcionamiento y la salida de vehículos de la distribuidora.
Con el patrocinio letrado del abogado Ignacio Mateucci, la presentación argumenta que el juez incurrió en deficiencias graves al momento de justificar el derecho de huelga.
Entre los puntos centrales de la denuncia se destacan:
“Judicializar la huelga fue un despropósito”, escribió el juez López al absolver a los sindicalistas de Camioneros que bloquearon los accesos a San Nicolás, a pesar de que la fiscalía había pedido 10 años de prisión por los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.
López llegó al Tribunal Oral N° 2 de San Nicolás en 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. El Senado bonaerense lo aprobó por unanimidad, a través de un acuerdo entre el peronismo y Juntos por el Cambio.
En un veredicto de 120 páginas, López sostuvo que los bloqueos a la distribuidora Rey fueron ejercicio del derecho de huelga y que contra Maximiliano Cabaleyro no hubo “un solo testigo” que lo viera recibir o exigir dinero.
En el sorpresivo giro contra el pedido de prisión, López firmó un veredicto que cuestionó con dureza a la fiscalía y a la querella.
La entonces gobernadora María Eugenia Vidal designó a López por el decreto 1178/19, tras la aprobación del pliego.
El tribunal era nuevo, creado por la ley 14.612, y la Suprema Corte bonaerense fijó su inicio de actividades para el 11 de noviembre de 2019.
El fallo fue descalificado por el diputado bonaerense Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás al momento de la agresión, quien calificó a López de “garantista”.
“Una muestra más de un juez garantista; bloquearon una empresa, bloquearon una ciudad; y no pasa nada”, tuiteó Passaglia en X.
“Todos los vecinos de San Nicolás recordamos cuando estos mafiosos de la mano de los Moyano quisieron hacer colapsar nuestra ciudad: bloquearon los accesos e impidieron la entrega de comida y la recolección de basura”, agregó en su mensaje. Y completó: “Fueron los nicoleños los que aguantaron y resistieron. Y al final les torcimos el brazo. Por eso, decisiones como la de este juez son un retroceso. Porque vuelven a darle poder a los que bloquean, aprietan y extorsionan, y perjudican a los que trabajan, producen y cumplen la ley”.
El juez dio por probados los dos bloqueos a la empresa de transporte Rey Distribución, en San Pedro: el del 15 de enero de 2021 y el del 22 al 25 de febrero de ese año.
Pero dijo que no constituyen un delito penal, sino parte del ejercicio del derecho de huelga. Dijo que el Código Penal “excluye la responsabilidad de quien obra ‘en el legítimo ejercicio de un derecho’”.
Con ese argumento absolvió a Cabaleyro y a otros seis acusados: Maximiliano Pérez, Carlos y Enzo Ojeda, Matías y Lucas Torrez y Edgardo Di Mayo.
López rechazó que el derecho de propiedad y el de huelga deban ponderarse como equivalentes. “Esta línea de argumentación sólo permitiría llegar a la conclusión de que ninguna huelga es legítima. No hay modo en que el derecho de huelga se ejerza sin afectar otros derechos”, escribió.
El bloqueo de la planta provocó el aislamiento temporal de la ciudad y generó gran indignación entre los vecinos.
El veredicto también cuestionó el uso de escuchas telefónicas, que según el juez fue “desproporcionado” para un “magro resultado”.
La fiscalía, a cargo de María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, había pedido diez años de prisión. La querella de la familia Rey, patrocinada por la senadora Florencia Arietto (LLA), reclamaba 15. Las fiscales anticiparon que apelarán.
López había sido protagonista de otro fallo polémico cuando dispuso que el abusador Pablo Javier Gordillo cumpliera cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Gordillo había sido encontrado culpable por un jurado popular del delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
absolvió a los jefes sindicales que bloquearon una empresa,pic.twitter.com/8G5qLllN9w,October 14, 2026,Conforme a
POLITICA
La Justicia ordenó investigar transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia y levantó el secreto bancario de su exesposa

El juez federal Ariel Lijo ordenó nuevas medidas para reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su paso por la CEAMSE. La resolución, firmada este viernes, incluye pedidos de información sobre sus declaraciones juradas, cuentas comitentes, vehículos y pagos de la AFA, la FIFA y el Sindicato de Choferes de Camiones.
Además, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ordenó requerir información para reconstruir su situación patrimonial y económica.
Entre las medidas dirigidas a Tapia, Lijo pidió a la Ciudad de Buenos Aires que informe cómo acceder a las declaraciones juradas que presentó entre 2016 y 2022, incluidos sus anexos reservados. También solicitó al CEAMSE que precise si se encontraron los registros laborales correspondientes a marzo y diciembre de 2006.
La resolución requiere, además, que el Registro de la Propiedad Automotor informe en qué vehículos Tapia estuvo autorizado a operar desde 2016 y remita los legajos de cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. El juez también pidió informes sobre causas judiciales anteriores que puedan aportar datos sobre bienes, sociedades, deudas, activos financieros y productos bancarios del dirigente.
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