POLITICA
La encrucijada de la economía en las encuestas, el dilema de los outsiders y el reclamo de Luis Caputo a la mesa política
Al final, la conversación se posó sobre el asunto que más le interesa al Presidente: la economía. Después de la salida de Manuel Adorni, pidió focalizar la agenda en ese tópico eligiendo personalmente a Adrián Ravier, el vocero economista —que dos meses después de su designación va perdiendo cada vez más nitidez—, apurando una agenda de reformas como la de la carta orgánica del Banco Central y la segunda parte de inocencia fiscal, un proyecto para sacar los dólares del colchón pero sobre todo para blanquear dinero sin límite.
Esa estrategia se convirtió en una dinámica tramposa para las necesidades oficialistas porque efectivamente se está hablando de economía, pero de la otra: la que sucede en el metro cuadrado de la vida cotidiana de los argentinos, donde el salario está perdiendo la carrera contra la inflación, se superponen noticias de cierre de empresas, baja de consumo y, sobre todo, una expansión sistémica de familias endeudadas que exponen cada día historias desoladoras.
Una agenda en la cual, bajo una decisión presidencial, no se saldrán del argumento de que es un problema “entre privados”, a pesar de que se convirtió en una preocupación concreta en la que el ministro de Economía está buscando vehículos de salida sin intervenir directamente.
Son padecimientos de un enorme sector de la sociedad que son descriptos por las encuestas cada vez más exigidos y desesperanzados. Una representación que para el Presidente es una construcción de los medios, como se vio en el discurso de ayer en el Council de las Américas, donde por primera vez en esa audiencia, los aplausos no fueron tan claros ni tan homogéneos a la palabra de Javier Milei.
Sus palabras no fueron, como casi siempre, el resultado de una escritura a cuatro manos con su asesor Santiago Caputo o a veces con Julian Ross Hampton, socio de la consultora MOVE, primo del conocido Derek Hampton. Fueron en su totalidad decisiones del Presidente las que expresó ayer.
Es un estado de situación en el que se repiten anécdotas casi calcadas de personas con acceso a su intimidad que salen preocupadas por la zona de dogmatismo en la que se posó. No es un secreto. Milei lo sostiene en público y en privado: está dispuesto a perder las elecciones pero no a cambiar el rumbo que considera correcto.
Es una apuesta osada y alineada con la condición que lo convirtió en Presidente pero que esconde una posible desactualización. Una falta de calibración sobre lo que puede haber cambiado entre los argentinos en estos casi tres años de gestión según empiezan a mostrar los sondeos.
Una demanda social, un tercer sector, un Ni (Kicillof) Ni (Milei) que toma volumen sin dueño pero que representa al 23 por ciento de los votantes, según un estudio de Aresco que se conoció esta semana y que describe un espacio nuevo sin líder, sin nombre y sin homogeneidad.
Está ocupado por muchos argentinos que podrían elegir no votar en vez de elegir a quién no les convenza. Pero frente a las preguntas, responden que desean un nuevo líder con características personales distintas a las del Presidente, donde prosperen el diálogo, la negociación y el consenso, una persona que resuelva sus problemas de hoy.
Dicen que prefieren otro orden económico que incluya la generación de empleo, el desarrollo de la producción, con equilibrio fiscal y un gasto público controlado. Que desean una persona honesta que cuide la soberanía nacional, una demanda que ya tuvo su demostración de campo después del episodio con la ley de Tierras.
A esos argentinos les habla Patricia Bullrich cuando busca generar empatía con el sufrimiento en sus tuits en redes sociales. El de esta semana, donde se vio su versión original y su versión editada sobre el convencimiento del rumbo pero empatía con las familias y las pymes, fue una muestra clara de cómo intenta ecualizar la pertenencia a LLA con la comprensión de la demanda social.
Es un universo que cada vez comparte más con Santiago Caputo, que se retiró de la estrategia de comunicación del Gobierno y que está más agazapado que nunca.
¿Jorge Brito? ¿Dante Gebel? ¿Daniel Hadad? ¿Victoria Villarruel? ¿Alguno de esos nombres completaría esta demanda? Ninguno por ahora ocupa ese espacio vacante que se abrió. Jaime Durán Barba, que asesora al banquero Brito, sostiene que lo que sigue será un outsider, pero ¿alguno de ellos clasifica como outsider? Por ahora es un juego de círculo rojo.
La virgen de Toto Caputo
Esa intransigencia presidencial derrama por momentos en algunas conversaciones de Toto Caputo, el ministro que jamás reconocería en público esta condición, que está convencido de su plan económico y de no alterar la ecuación que le garantice superávit fiscal pero que también le dijo hace pocos días a un Gobernador: “La economía ayudó mucho tiempo a la política, es hora de que la política ayude a la economía”.
Es un pensamiento que repite a los interlocutores que lo visitan. “Yo no puedo hacer magia”, insiste. “El futuro lo tiene que vender la política”.
Caputo se frustra frente a los problemas políticos de la Rosada y en las reuniones de la mesa chica del Gobierno suele mostrarse cada vez más intenso en sus reclamos sobre la necesidad de que el oficialismo concrete las alianzas necesarias con el PRO y con los Gobernadores como una manera de quitar presión a la demanda de resultados concretos en la economía real. De dar certezas en otros órdenes.
Un vehículo para transitar el camino espinoso que lleva desde acá hasta la elección donde es muy posible que no puedan mostrar reactivación de consumo ni alivio en los bolsillos, o por lo menos no un alivio reparador.
Un informe de esta semana de QSocial, la consultora de Lucas Klobovs, muestra una relación directa entre el voto a Milei y la tolerancia al ajuste, una representación numérica del mantra de cualquier campaña: “es la economía, estúpido”.
“Si Toto está preocupado por la política, tenemos un problema”, dice un asesor que lo conoce muchísimo. La frase es una ironía aunque no parezca. Esconde atrás el problema más dominante en el círculo chico presidencial donde la aceleración de los tiempos electorales obliga a tomar decisiones en las que no necesariamente hay unidad de criterios.
“Los capicúa están más concentrados en negociar hasta el último concejal de Quitilipi que en cerrar los acuerdos”, dice alguien que forma parte de las negociaciones. Se refiere a los primos Menem y a la falta de definición que todavía hay frente a algunos gobernadores sobre las garantías de los acuerdos que puedan hacer para, por ejemplo, suspender o eliminar las PASO.
¿Es cierto que crece una opción alternativa? ¿Dejar las PASO como están y que el peronismo vaya a una interna salvaje entre Massa y Kicillof, por ejemplo?
Algunos se tentaron con la filtración del viaje en jet privado de Massa a Barbados como muestra de lo caníbal que podría ser esa competencia. Un ejemplo que emule lo que le pasó al PRO en su interna 2023 entre Bullrich y Larreta donde, lejos de fortalecerlos, los destruyó. A esta hora, suenan como escenas de fantasía.
Desde Economía necesitan calma para controlar la volatilidad financiera del año que viene. Hay órdenes ambiguas en los distritos donde todavía no está resuelta la estrategia libertaria sobre el tratamiento a los aliados que podrían ser competidoras según como resulte la negociación.
Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la tropa libertaria no sabe si atacar o seducir a sus colegas del PRO.
Está ahora fuera de las opciones pero hace un tiempo Caputo fue consultado para ser candidato en la Ciudad, un proyecto que rechazó de plano. A su alrededor aseguran que el ministro solo sueña con llevar su trayectoria hasta el final del primer mandato mileísta.
Es un futurismo impredecible —porque las personas pueden cambiar de opinión— pero en la intimidad asegura que no seguiría en caso de reelección, que se enamoró del proyecto pero que no se imagina siguiendo esta vida.
Nadie olvida que, para asumir en su puesto, el Presidente tuvo que convencer a su mujer, Ximena Ruiz Hanglin, en una conversación privada donde hablaron sobre todo de fe y espiritualidad. Es una familia muy creyente que ya había vivido la exposición y los sinsabores de ocupar cargos de esa dimensión.
Fue Ximena quien se ocupó personalmente en los inicios del mandato de ubicar una virgen siempre en el plano de cada entrevista televisiva que le hacían a Caputo, una rutina que se repite al día de hoy sistemáticamente, aunque ahora son sus asesores quienes garantizan que aparezca la virgen cada vez que le hacen un reportaje al ministro en su despacho.
Caputo escucha la vehemencia de los reclamos de los sectores económicos más perjudicados por el plan. Hubo una reunión cerrada con titulares de las principales cadenas de supermercados donde él estuvo unos minutos pero se retiró para dejar a cargo a José Luis Daza, el viceministro que está haciendo de fronting a las demandas sosteniendo los beneficios del programa económico.
Los empresarios se fueron desahuciados. Todos creen que en un futuro la ecuación será próspera pero ya nadie imagina un 2027 con recuperación del consumo.
Un estudio de Scentia que algunos de ellos miraron en detalle releva sostenidamente la situación de los super con la caída del consumo y la compra cada vez más vehiculizada exclusivamente hacia las promos. La gente sabe dónde están las ofertas, los días que están y en qué cadena.
Los volúmenes de venta están en niveles de 2002 pero con 11 millones más de argentinos. Y está sucediendo algo todavía más llamativo: últimamente hay promos con el segundo producto al 80 por ciento y la gente se lleva uno solo.
Es probablemente ese sufrimiento el que más condiciona el panorama electoral del Presidente, quien se altera por la falta de fe en su programa. Se siente mucho más cómodo en Olivos, con conversaciones uno a uno o con los viajes al exterior, que retomará en septiembre con el viaje a la asamblea de la ONU.
Los vuelos le empeoran sus dolores más persistentes. Sufre desde siempre molestias severas por su columna que solía tratar con Leandra Protolongo, una kinesióloga prestigiosa que atiende a Jorge y a Mauricio Macri, a Guillermo Francos y que visitaba permanentemente al Presidente.
Ya no lo hace más y hay una preocupación real a su alrededor por quién podrá calmar ese padecimiento.
Luis Caputo, Javier Milei
La 64ª Asamblea anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), celebrada este 11 de septiembre en San Miguel de Tucumán, eligió el Consejo Ejecutivo que conducirá la entidad durante el período 2026-2027. Daniel Dessein, de La Gaceta de Tucumán, fue electo como presidente y encabezó además la lectura del informe semestral de libertad de prensa, elaborado por la Comisión homónima.
Al frente de las vicepresidencias quedaron Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe) como primera vicepresidenta y Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta) como vicepresidente segundo. La secretaría general recayó en Pablo Deluca (Infobae), la de organización en Tomás Vio (Diario Olé) y la de Relaciones Institucionales en Agustino Fontevecchia (Perfil). Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui) ejercerá como secretario de Actas, mientras que la tesorería quedó a cargo de Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes), con Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas) como protesorero.
Entre los seis vocales titulares figuran Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz), Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos), Ricardo Terán (La Capital, Rosario), Carlos Marino (Letra P), Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca) y Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja). Al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información quedó Martín Etchevers (Clarín), en tanto que José Santa María (Página/12) presidirá la Comisión de Asuntos Económicos. Andrés D’Alessandro continuará como director ejecutivo, y Gabriel Matijas como gerente general.
Más allá de la renovación de autoridades, el informe semestral concentró la otra discusión central de la jornada. El documento expuso su preocupación por el deterioro del debate público durante el último semestre, marcado por una reiteración de agravios desde posiciones de poder. La entidad reconoció que todo funcionario tiene derecho a cuestionar una información, desmentirla o recurrir a la Justicia, pero trazó una línea entre refutar y legislar para castigar, según comunicó la misma ADEPA.
En ese sentido, señaló las declaraciones del ministro de Economía de la Nación del 25 de agosto, quien, ante una publicación que juzgó falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. El planteo recibió respaldo público de Javier Milei. Para ADEPA, una legislación de ese tipo podría generar un efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público.
Los números que relevó el informe para una sola semana de agosto —entre el 17 y el 23— son precisos: 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, más 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas en intervenciones públicas. En esos días fueron señalados por nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación. “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”, sostiene el informe de ADEPA.
A eso se sumaron restricciones al acceso periodístico a fuentes oficiales. ADEPA retomó la preocupación expresada en abril por las limitaciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, extendidas también a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Economía. Semanas más tarde, la entidad manifestó su “máxima preocupación” ante la decisión de restringir de manera general el acceso a la Casa de Gobierno. En paralelo, cuestionó una resolución del Ministerio Público de San Juan que centralizaba las consultas periodísticas en una única autoridad, mecanismo que, según el informe, puede conducir a un monopolio oficial de la información.
En el debe también, el documento registró pronunciamientos judiciales que preservaron garantías de libertad de expresión. La Cámara de Apelación de San Isidro revocó prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino. Daniel Santoro obtuvo el sobreseimiento definitivo en la causa vinculada con Marcelo D’Alessio, pronunciamiento que reafirmó el secreto de las fuentes. La Cámara Civil y Comercial Federal rechazó la desindexación de publicaciones sobre denuncias de abuso sexual contra un director teatral posteriormente absuelto, y se restituyeron provisoriamente las cuentas digitales del periodista Alejandro Pueblas.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, afirmó la entidad.
ADEPA
POLITICA
Adepa rechazó los insultos de Milei a medios y periodistas: “Incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Enviada especial).- En el tramo final de su 64ª Asamblea Anual, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) advirtió sobre el “deterioro del debate democrático” y cuestionó al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por los ataques lanzados contra el periodismo durante el último semestre, un período marcado por la escalada de insultos propinados a la prensa.
“No corresponde pedir silencio a los funcionarios. Corresponde reclamarles que ejerzan su derecho a expresarse dentro de las reglas y responsabilidades que impone el sistema republicano”, demandó Adepa en su informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información. La institución planteó que el “agravio” y la “estigmatización”, especialmente cuando proviene de altos funcionarios públicos, “deterioran el debate democrático y pueden generar un efecto contagio sobre el conjunto de la sociedad”.
“La libertad de prensa no incluye un derecho a no ser criticado. Pero existe una diferencia esencial entre responder, debatir o refutar una información y promover la degradación personal de quienes la producen”, agregó la entidad. Y completó: “Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos”.
Adepa, que reúne a más de 180 empresas periodísticas del país, consideró que los calificativos pronunciados últimamente por Milei “incluyeron expresiones de una violencia inusual para el debate democrático”.
Según reveló la institución, solo en una semana de agosto se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas. “En esos pocos días fueron señalados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación” con calificativos como “periodistas corruptos”, “ensobrados” y “simios con micrófono”.
La entidad advirtió, además, sobre dos episodios concretos ocurridos en las últimas semanas. Uno de ellos fue la exposición de Milei ante alumnos de la Escuela ORT, en la que alentó a los estudiantes a abuchear a los periodistas. “El jefe del Estado no se limitó a cuestionar una cobertura o a discutir una información: incentivó a menores de edad a manifestar hostilidad hacia una actividad indispensable para la democracia”, indicó Adepa.
El segundo episodio involucró a Luis Caputo, ministro de Economía, quien, frente a una publicación periodística que consideró falsa, sostuvo que “la Justicia debería actuar” y que era necesaria “una ley que castigue este tipo de conductas”. “El Presidente respaldó públicamente el planteo”, remarcó la entidad en su documento.
Frente a ese planteo, Adepa afirmó que “el ordenamiento jurídico ya dispone de herramientas para resolver esos conflictos” y sostuvo que una legislación como la propuesta por Caputo “podría otorgar a las autoridades un poder incompatible con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un fuerte efecto inhibitorio sobre la investigación y la difusión de asuntos de interés público”.
El informe semestral –titulado “IA, apropiación de contenidos y deterioro del debate público”– fue presentado por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Daniel Dessein (La Gaceta).
El foro de Adepa contó ayer con la presencia de dos emisarios del gobierno nacional: Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa, y Ariel Ferrentino, responsable de la comunicación partidaria de La Libertad Avanza.
Límites al periodismo y judicialización
Adepa también expresó preocupación por las “restricciones al acceso a las fuentes”, en alusión a la prohibición del ingreso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada dispuesta en abril y levantada una semana más tarde, aunque se mantuvieron las limitaciones para movilizarse dentro de Balcarce 50.
“El acceso de la prensa a las fuentes oficiales permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a recibir información pública a través de una pluralidad de canales”, destacó la entidad.
En paralelo, la institución valoró distintas decisiones de la Justicia que consideró “relevantes” para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Entre ellas, mencionó la revocación de las prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en el caso promovido por Claudio Tapia y Pablo Toviggino, y el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro, quien había sido acusado de integrar una supuesta banda de espías y extorsionadores que buscaba incriminar a Cristina Kirchner en causas por corrupción.
“La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan”, resumió Adepa, y agregó: “La calidad de una democracia depende también de que quienes poseen las mayores responsabilidades institucionales comprendan que tener derecho a pronunciarlas no los exime de responder por el clima público que ayudan a construir”.
Para la entidad, proteger un “ecosistema plural” requiere del profesionalismo de los medios, la tolerancia y el respeto de los poderes públicos, la prudencia de la Justicia ante “cualquier medida capaz de producir censura previa o autocensura” y la consciencia de toda la dirigencia de que “las palabras pronunciadas desde posiciones de poder tienen consecuencias que suelen extenderse mucho más allá de quienes inicialmente las reciben”.
Inteligencia Artificial
La Inteligencia Artificial (IA) fue, junto con la libertad de prensa, uno de los ejes del foro anual de Adepa realizado en Tucumán. En cuanto al impacto de esta herramienta sobre la práctica periodística, la entidad reclamó que las plataformas tecnológicas compensen a los medios –creadores de la información que alimenta esta tecnología– tanto en lo que hace a los derechos de propiedad intelectual como al reconocimiento económico.
“La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático: la utilización indiscriminada de contenidos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda, sin la debida compensación a sus creadores, amenaza la viabilidad económica de la prensa”, señaló la entidad.
La institución planteó que el esfuerzo de quienes producen información verificable debe ser “debidamente reconocido”, y advirtió que debe evitarse que la tecnología se “apropie” y “desvalorice el insumo básico de la democracia”.
Asimismo, Adepa subrayó la importancia del trabajo periodístico en la verificación de los hechos, la investigación, la contextualización, la mirada editorial independiente y la construcción de confianza.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno ajusta el proyecto que enviará al Congreso y evalúa ampliar las sanciones a todas las actividades productivas
El Gobierno estudia extender las nuevas sanciones por Malvinas a todas las actividades productivas que se desarrollen en las islas sin autorización argentina, como parte de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que Javier Milei prepara para enviar al Congreso. La Casa Rosada busca que el régimen deje de estar concentrado en los hidrocarburos y analiza un esquema más amplio para abarcar otras explotaciones económicas.
La minería es uno de los sectores que el Ejecutivo tiene sobre la mesa. “Minería sí”, aseguran en Nación sobre su posible incorporación. La pesca también está bajo análisis y la ganadería, la agricultura y el turismo forman parte de las actividades que se discuten técnicamente, aunque todavía no existe una definición final sobre todas ellas.
El texto se trabaja en una mesa reducida y con el articulado todavía abierto. En áreas que participan de la elaboración advierten que se trata de una ley compleja, con “muchísimas cosas en la mesa aún bajo estudio”, y que el Gobierno busca avanzar con cautela antes de cerrar el alcance definitivo.
La discusión parte de una diferencia central. La exploración y explotación de hidrocarburos ya están alcanzadas por la Ley 26.659, mientras que el nuevo proyecto busca determinar qué herramientas pueden extenderse a otras actividades desarrolladas en las islas y a los actores que participan directa o indirectamente de ellas.
La pesca es, hasta ahora, el caso más avanzado dentro de esa ampliación. “Estamos trabajando en eso”, reconocen en el Ejecutivo. La Casa Rosada analiza reforzar las restricciones sobre socios, empresas vinculadas y otros actores que obtengan beneficios económicos de operaciones realizadas bajo licencias británicas.
Ese sector ya cuenta con una herramienta específica. Desde 2008, la Ley Federal de Pesca establece restricciones para quienes reciben cuotas o permisos argentinos y mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que pescan sin autorización nacional.
El punto que busca revisar el Gobierno es hasta dónde extender el concepto de vinculación. Una aplicación más amplia sobre accionistas, sociedades relacionadas, proveedores o grupos empresarios podría incrementar el universo de compañías alcanzadas y obligar a revisar estructuras societarias con intereses tanto en la Argentina continental como en las islas.
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La dimensión económica explica parte del interés oficial. Según la propia estrategia económica de las islas, la pesca y la acuicultura generan alrededor del 58% del producto bruto y constituyen desde hace décadas el principal motor de su economía. La administración isleña busca ahora diversificar ese esquema con petróleo, agricultura, turismo y otros sectores.
La ganadería tiene, a diferencia de la minería, una actividad histórica y consolidada. Los documentos oficiales de las islas definen a la agricultura y la producción ganadera como la columna vertebral económica y social del Camp, las zonas rurales fuera de Puerto Argentino, y destacan especialmente la producción ovina, de lana y de carne.
La estrategia económica 2026-2040 plantea además diversificar el ganado y los cultivos, aumentar la producción local de alimentos y desarrollar productos de mayor valor agregado. La administración de las islas busca reducir así la exposición a la volatilidad de los precios de la lana y sostener la economía rural durante el crecimiento esperado del sector petrolero.
La minería aparece con una lógica diferente. No existe actualmente una explotación minera comercial relevante en las islas, pero sí un marco legal específico y antecedentes de exploración. Por eso, su eventual inclusión en la nueva ley tendría principalmente un carácter preventivo frente a futuros proyectos que puedan ser autorizados por la administración británica.
El principal antecedente es la exploración de oro. Estudios realizados en las islas detectaron partículas del mineral en distintos cursos de agua y dieron lugar posteriormente a campañas geológicas y perforaciones para evaluar posibles depósitos. También existieron antecedentes vinculados con diamantes, pero ninguno derivó en una industria extractiva comparable con la pesca o los hidrocarburos.
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El turismo también figura entre los sectores que el Ejecutivo mantiene bajo evaluación. La estrategia de desarrollo isleña lo identifica como una de las principales vías para diversificar la economía durante los próximos quince años y señala que aportó £15,2 millones en la temporada 2023/2024, con planes para aumentar visitantes y mejorar la conectividad aérea.
El Gobierno analiza que el régimen permita así cubrir tanto actividades ya consolidadas como posibles explotaciones futuras. La lógica que se estudia es que una empresa que participe, financie, provea servicios o se beneficie de una actividad económica en Malvinas sin autorización argentina pueda enfrentar restricciones para operar o contratar en el territorio nacional.
La definición central será hasta dónde llegará finalmente ese esquema transversal. La Casa Rosada tiene decidido endurecer el régimen sobre hidrocarburos, trabaja sobre la pesca y mantiene bajo evaluación minería, ganadería, agricultura y turismo. El texto que llegue al Congreso determinará si las sanciones pasan de un modelo principalmente petrolero a uno capaz de abarcar el conjunto de las actividades productivas desarrolladas en las islas.
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