POLITICA
La escribana de Adorni ya ingresó a Comodoro Py para declarar por las propiedades bajo investigación
Aunque está previsto que declare a partir de las 10.30, Adriana Nechevenko, la escribana que participó en las últimas operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipó su ingreso a los tribunales de Comodoro Py.
La profesional intervino en la operación de compra del departamento de Caballito, en la hipoteca del inmueble de la calle Asamblea y en la compra de la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, a nombre de Bettina Angeletti, a mujer de Adorni.
En la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar a cuatro mujeres que figuran, en documentos oficiales, como acreedoras de Adorni con garantías hipotecarias.
Este jueves deberán presentarse como testigos Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que le vendieron el departamento de Caballito en el que Adorni vive hoy y le garantizaron 100.000 dólares cada una. Para el lunes próximo fueron citadas Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio, que figuran como que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre otro inmueble que el matrimonio ya tenía en la calle Asamblea. Tal como reveló , esta hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que la mujer de Adorni compró la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
Todas estas declaraciones forman parte de la causa que investiga al jefe de gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.
El exfutbolista Hugo Morales, primer propietario del departamento de Caballito en el que vive Adorni, declaró ayer como testigo en este expediente. Morales sostuvo que en mayo de 2025 vendió el departamento por 200.000 dólares a Sbabo y Viegas.
Son las jubiladas que, préstamo mediante, luego le vendieron la unidad a Adorni, en noviembre de ese mismo año, por un monto declarado de 230.000 dólares. Estas mujeres jubiladas fueron, a un tiempo, vendedoras y prestamistas: le facilitaron al jefe de gabinete más del 85% del valor que él les pagó.
Morales declaró ante el fiscal Pollicita, durante más de dos horas, a través de una plataforma para reuniones virtuales del Ministerio Público Fiscal llamada Jitsi. Sostuvo que en la primera operación las mujeres estuvieron en todo momento acompañadas por dos “chicos”, a quienes no pudo identificar. Fuentes judiciales señalaron que esa es una de las pistas a seguir que dejó la declaración.
Morales, exjugador de fútbol de Lanús, Huracán y la Selección nacional, ratificó que él había comprado el departamento al mismo precio que lo vendió.
Tal como había informado , Morales dijo en Tribunales que la operación se hizo muy rápido a través de la inmobiliaria de la mujer de un amigo, también exjugador. Morales aportó los datos de esa inmobiliaria y unos chats que cruzó con las personas involucradas.
Morales había comprado el primer piso de Miró al 500 en 1996. El departamento, de cuatro ambientes y un amplio patio, estuvo alquilado durante los últimos diez años hasta que decidió venderlo. “Había que poner mucha plata, se levantaron los pisos, había que cambiar los cerramientos, y pintar. Nunca le había hecho mantenimiento y preferí sacármelo de encima rápido”, le contó Morales en las últimas horas a un allegado.
Ante el fiscal, el exjugador dijo que vendió el inmueble por el mismo precio que lo había comprado casi treinta años atrás, US$200.000, porque estaba apurado y porque actualmente vive en la provincia de Corrientes. ¿Lo hizo mediante un boleto o una escritura? “En los audios aportados dice que hizo un boleto pero en su declaración habló de escritura”, dijo una fuente judicial.
Un mes después de haberle comprado el departamento a Morales, Sbabo, que en los registros públicos figura como empleada de una editorial, apareció en la nómina de beneficiarios de un programa impulsado por la Ciudad de Buenos Aires, “Pase Cultural”. Esa iniciativa otorga $60.000 mensuales para gastar en comercios y espacios culturales adheridos, y está destinada a jubilados y pensionados mayores que perciban un haber no superior a $600.000 mensuales, sin contar aguinaldo.
Los investigadores analizan si las dos mujeres fueron utilizadas por un inversionista inmobiliario que no quería dejar rastros ni pagar impuestos o si simplemente hicieron un negocio con la reventa.
Viegas, de hecho, fue una de las socias de la empresa Nazca Gold SRL, según documentos del 2017. Y figura como titular de un departamento y un local en la ciudad de Buenos Aires.
De la audiencia de Morales de este martes formó parte el abogado de Adorni en esta causa, Matías Ledesma.
reveló LA NACION,,luego le vendieron,había informado LA NACION,Federico González del Solar,Nicolás Pizzi,Manuel Adorni,Tribunales de Comodoro Py,Caso Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Sin prensa ni transmisión. Karina Milei dio otra señal de apoyo a Adorni y hubo un fuerte operativo para evitar un escrache,,“Peor que Karina Milei”. Elisa Carrió cargó contra la escribana de Adorni por su forma de vestirse,,Comodoro Py. Las dos prestamistas de Adorni declararon que les debe US$70.000 más los intereses
POLITICA
Por orden de Leal: un testigo aseguró entregar “fajos de dinero” a una funcionaria de la Secretaría de Transporte en febrero
Por instrucción directa de Facundo Leal, un empleado de su entorno aseguró haber entregado un sobre de papel madera que, por su forma y consistencia, contenía “un fajo de dinero” a una funcionaria de la Secretaría de Transporte. El episodio, ocurrido el 4 de febrero de 2026, quedó incorporado al expediente que investiga las presuntas maniobras de corrupción vinculadas con la empresa estatal Arsat, que presidió Leal durante el gobierno de Alberto Fernández, y la firma Argentina Logistic Services (ALS).
En ese entonces, ya durante la presidencia de Javier Milei, Facundo Leal ejercía como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna). Renunció a ese cargo 24 de febrero, 20 días después. Para ese entonces, Luis Pierrini (persona de confianza de Leal y quien le ha prestado su avión privado) ya había dejado su cargo como secretario de Transporte.
El 22 de enero fue anunciada su salida y su reemplazo por Fernando Herrmann quien, a su vez, dejó Transporte en abril para reemplazar a Carlos Frugoni, el exsecretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía que fue apartado luego de que le detectaran al menos siete propiedades y dos sociedades en Estados Unidos sin declarar.
Según surge de la declaración testimonial, Leal le ordenó trasladar un sobre hasta un domicilio ubicado en Posadas 1429, en la Ciudad de Buenos Aires. El envío debía ser recibido por una mujer que trabajaba en la Secretaría de Transporte.
La revelación se produjo en el marco de la causa que investiga presuntos sobornos y contrataciones irregulares entre Arsat y ALS y que, en las últimas semanas, derivó en el hallazgo de casi 2,6 millones de dólares y altas cantidades de droga durante los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Leal.
Para los fiscales, el episodio del sobre no constituye un hecho aislado. Las sospechas sobre el movimiento de dinero se apoyan además en las declaraciones del chofer del exfuncionario, quien trabajó junto a él durante más de seis años y describió una serie de conductas que calificó como “raras”.
El conductor explicó que Leal llevaba siempre consigo una mochila personal, pero que en numerosas oportunidades manejaba una segunda mochila que permanecía guardada en el baúl del vehículo durante dos o tres días. Según recordó, esos movimientos se repetían después de determinadas reuniones.
La descripción de esa mecánica coincidió con los testimonios de otros empleados de Arsat. Una trabajadora que se desempeñaba como secretaria del entonces gerente general declaró que era habitual ver uno o dos sobres marrones tamaño A4 apoyados sobre la mesa de reuniones del despacho. Según precisó, esos sobres carecían de cualquier identificación.
La misma empleada señaló además que quienes acudían a reunirse con Leal solían hacerlo con mochilas propias. Entre los visitantes frecuentes figuraba uno de los hombres señalados en la investigación como intermediario entre Arsat y ALS, Santiago Pando.
Los investigadores consideran que la reiteración de estos elementos permite reconstruir una metodología para el traslado de dinero en efectivo. En la hipótesis de la investigación, la circulación de sobres, mochilas y valijas habría sido parte de un posible sistema utilizado para mover los retornos ilícitos que, según sospechan, se pagaban en dólares estadounidenses.
Además, el chofer de Leal aseguró que en febrero, en el mismo mes que se dio la entrega a la funcionaria de Transporte, identificada como “Belén”, recibió una instrucción específica de su jefe para trasladar una valija desde la ciudad de Buenos Aires hasta un domicilio vinculado al entonces funcionario en la provincia de Mendoza. Meses después, cuando la policía realizó los allanamientos, los investigadores encontraron en ese equipaje una parte sustancial de los casi US$2,6 millones secuestrados durante los allanamientos al exfuncionario.
Durante su testimonio, el conductor reconoció formalmente la valija exhibida por los fiscales y confirmó que era la misma que había llevado por orden de Leal. En su interior había alrededor de US$1,7 millones.
reemplazar a Carlos Frugoni,secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía,Camila Dolabjian,Conforme a
Diputados argentinos del peronismo y la izquierda denunciaron que fueron expulsados de Bolivia tras integrar una misión que viajó al país para documentar denuncias de represión en el marco de protestas que se prolongan desde hace más de un mes.
La delegación llegó al aeropuerto de La Paz, donde agentes de la Dirección de Migraciones les retuvieron los documentos y les impidieron el ingreso al territorio boliviano. Según relataron los propios integrantes en un video grabado en el aeropuerto, las autoridades no ofrecieron explicación alguna y pretendieron trasladarlos a una sala de inadmitidos, lo que los delegados rechazaron. Posteriormente fueron llevados a Santa Cruz de la Sierra, desde donde fueron deportados de regreso a la Argentina.
El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, fue uno de los afectados. Su par del mismo bloque, el diputado Germán Martínez, precisó a través de su cuenta en la red social X que Marino había viajado con una invitación formal de la Asamblea Plurinacional y que ya había completado los trámites migratorios en Santa Cruz antes de ser retenido en La Paz. “Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado”, escribió Martínez, quien además exhortó a las autoridades consulares argentinas a garantizar “su libertad e integridad física”.
El diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, también denunció la situación en sus redes. Señaló que la misión había viajado para constatar denuncias presentadas por organizaciones que participan de las protestas. Del Caño exigió que la delegación pudiera ingresar “de manera inmediata”.
Entre las integrantes retenidas se encontraba Alejandra Barry, legisladora porteña del Frente de Izquierda e hija de desaparecidos durante la última dictadura militar argentina. Barry habló en el video grabado en el aeropuerto paceño: “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación”, afirmó. La legisladora subrayó que el propósito de la misión era “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.
También formaba parte de la delegación Ailen Beraldo, integrante de la comisión directiva del sindicato docente Ademys. En el mismo registro, Beraldo detalló que la misión se enmarcaba en denuncias de torturas a detenidos, persecución de manifestantes y situaciones irregulares en centros de reclusión.
Desde el lado boliviano, legisladores del oficialismo salieron a respaldar la decisión migratoria. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetan la soberanía del país. Sostuvo que la Cancillería boliviana debe asumir cualquier caso de injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debe mantener vínculos con otras naciones “sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.
El diputado boliviano Alejandro Reyes, del bloque Unidad, fue más lejos en sus declaraciones. Afirmó que la llegada de los delegados argentinos “evidencia una coordinación internacional” para desestabilizar a un gobierno democrático y favorecer el retorno de lo que calificó como regímenes autoritarios. Reyes reclamó la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan al expresidente Evo Morales, y pidió además una investigación sobre el financiamiento de los pasajes, la estadía y otros gastos de la delegación.
Marino confirmó el regreso mediante un tuit publicado desde el vuelo: “Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anticipó una conferencia de prensa para las 16:30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La agencia EFE informó que los agentes policiales trasladaron por la fuerza al grupo de argentinos hasta un avión que los llevó a la región oriental de Santa Cruz.
De acuerdo a la información proporcionada por EFE, la crisis en Bolivia dejó al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica debido a bloqueos de carreteras, además de pérdidas económicas estimadas en USD 2.500 millones.
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El juicio oral y público contra el exsenador entrerriano Eduardo Kueider y su pareja Iara Guinsel por contrabandear 200.000 dólares se reanudará mañana en Paraguay con una audiencia en la que la fiscalía podría ampliar la acusación contra ambos.
Kueider y Guinsel están siendo juzgados por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.
La detención en diciembre de 2024 con dinero no declarado en Paraguay derivó en su desafuero en el Senado y en pedidos de extradición que ya fueron concedidos por la Justicia paraguaya en relación con otras causas conexas en la Argentina, donde se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito y el cobro de sobornos.
Kueider fue figura de confianza del gobernador justicialista Gustavo Bordet en Entre Ríos, fue secretario general en su gobernación -cercano a Alberto Fernández-, fue concejal y funcionario en Concordia. Su última actuación en el Senado fue en favor del gobierno de Javier Milei al votar la Ley Bases.
Una vez concluido el juicio en Paraguay y que cumpla allí su pena, Kueider debería ser extraditado a la Argentina.
Después de la apertura del juicio el martes pasado, el proceso contra Kueider y su exsecretaria Guinsel Costa se reanudará mañana, martes 16 de junio, a las 10.30 hora local, en la sala 10 del sexto piso de la Torre Norte del Palacio de Justicia de Asunción.
Será la segunda audiencia del debate oral y por lo ocurrido la semana pasada es posible que mañana continúe la recepción de pruebas, que quedó en marcha al cierre de la primera jornada, por lo que el tribunal indicó que retomaría esa tarea.
Asimismo se espera que haya una definición sobre el planteo fiscal de ampliar la acusación. La fiscalía a cargo de Ysrael Villalba ya advirtió que podría formalizar un pedido para incorporar nuevas modalidades de contrabando.
El tribunal deberá decidir si lo admite o no, o si posterga para una audiencia posterior la decisión con un plazo para que la defensa responda. También existe la posibilidad de que Kueider o Guinsel decidan declarar en esta segunda audiencia, algo que ambas defensas dejaron planteado cuando dijeron la semana pasada que iban a hacerlo “más adelante en el proceso”, sin precisar cuándo.
El juicio arrancó la semana pasada después de varias postergaciones. El tribunal está integrado por la jueza Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris. Ni el fiscal Ysrael Villalba, ni la defensa a cargo de los abogados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo plantearon asuntos previos que dilataran el comienzo del debate.
Kueider escuchó la acusación junto a Guinsel y sus abogados. Cuando la presidenta del tribunal les ofreció la posibilidad de declarar, tanto Kueider como Guinsel se abstuvieron, aunque dijeron que iban a hacerlo con el avance del proceso. El tribunal dio inicio a la recepción de pruebas y, al concluir la jornada, dispuso un cuarto intermedio hasta mañana.
El fiscal Villalba durante su exposición repasó la imputación y anticipó al tribunal que evalúa ampliar el encuadre legal del caso, incorporando otras modalidades de contrabando previstas en la legislación paraguaya, además de la tentativa de contrabando de divisas por la que Kueider y Guinsel llegaron a juicio.
Villalba pidió expresamente que el tribunal notifique a la defensa sobre esa eventualidad, para que pueda prepararse frente a un posible agravamiento de los cargos. Si la fiscalía reformula la acusación, podría modificar la estrategia de defensa y la pena que enfrentan los acusados.
El abogado de Kueider, Marcelo Bogado, relativizó esa posibilidad, ya que dijo que el fiscal tiene problemas “para acreditar algunos aspectos de la acusación” y estimó que el propio tribunal podría terminar evaluando una recalificación de los hechos, para cambiarlos por una figura mas beneficiosa para su cliente.
Kueider es juzgado porque la madrugada del 4 de diciembre de 2024, en la cabecera paraguaya del puente de la Amistad, el viaducto que conecta Ciudad del Este con Foz do Iguazú en Brasil fue detenido con 200.000 dólares que estaban en el baúl de su auto.
Según el acta elaborada ese día por el fiscal Edgar Benítez Delgado, personal naval, funcionarios aduaneros y agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional paraguaya incautaron el vehículo y valores en efectivo que estaban en poder de Kueider y Guinsel.
Según el acta fueron secuestrados 211.102 dólares estadounidenses, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos. Esos montos debían ser declarados ante la Dirección Nacional de Aduanas paraguaya, trámite que no se hizo, indica la acusación contra Kueider y su pareja.
Sobre esa base, la fiscalía paraguaya calificó preliminarmente el hecho como una tentativa de contrabando, al sostener que el dinero en efectivo constituye un “instrumento negociable” en los términos de la normativa especial sobre la materia, y que la conducta de no declararlo configuró un intento de “ocultar los instrumentos de valor monetario”.
Kueider y Guinsel cumplen prisión domiciliaria en Paraguay mientras se desarrolla el proceso. El entrerriano había sido electo por el Frente de Todos como senador y luego rotó por distintos espacios y terminó cercano al oficialismo libertario en su última votación en la Cámara alta, antes de su peculiar viaje a Paraguay.
Eduardo Kueider,Conforme a
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