POLITICA
La fiscalía le pidió a Manuel Adorni que justifique sus bienes tras detectar irregularidades en su evolución patrimonial

El fiscal federal Gerardo Pollicita envió el requerimiento de justificación patrimonial en la causa que investiga al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.
El documento contiene más de 20 preguntas concretas dirigidas a Adorni y constituye el siguiente paso de la investigación luego del informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).
El análisis conjunto y pormenorizado de la prueba reunida, incluido el análisis técnico de la SIFRAI-DAFI, cotejada con las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales públicas y reservadas y sus rectificativas, permitió advertir las inconsistencias que sustentan el requerimiento de justificación patrimonial.
La fiscalía intimó a Adorni para que justifique el aumento patrimonial en un plazo de quince días. La medida incluye los incrementos, compras y desembolsos reconstruidos que, “confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”.
El requerimiento fue confeccionado a partir del análisis patrimonial y financiero realizado por la DAFI sobre Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. Ese estudio había detectado “inconsistencias” en la evolución de sus patrimonios, aunque no estableció una cifra concreta sobre un eventual desbalance patrimonial.
La elaboración del informe había sido solicitada por Pollicita con el objetivo de reconstruir de manera integral la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad.
El fiscal trabajó durante la feria judicial para terminar este requerimiento de justificación patrimonial, que muchos consideran una “indagatoria blue”.
El propósito era reunir elementos suficientes para determinar si existía algún desbalance que justificara un pedido de explicaciones patrimoniales antes de avanzar en la causa.
Con ese informe ya incorporado al expediente, la fiscalía avanzó con la redacción del requerimiento de justificación patrimonial. El documento, de 210 páginas, incluye, según pudo saber TN, más de 20 preguntas específicas que deberán ser respondidas por Adorni para explicar distintos aspectos vinculados con la evolución de su patrimonio.
Irán desde cuestiones vinculadas a sus rectificaciones de las declaraciones juradas, sus gastos en efectivo en el exterior y los arreglos en la casa de Indio Qua.
El trabajo realizado por la DAFI comprendió un análisis individual de Adorni y Angeletti, así como una evaluación consolidada del grupo familiar. Entre los puntos analizados figuró la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada uno de los períodos investigados.
Además, el organismo debía identificar los ingresos y las fuentes de fondos que contaran con respaldo documental y diferenciarlos de movimientos que no representaran nuevas fuentes de dinero, como transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.
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Otro de los ejes del análisis consistió en reconstruir las entradas y salidas de fondos para relacionarlas con la adquisición de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos realizados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos.
Para evitar duplicaciones, el fiscal también había solicitado depurar aquellas operaciones que no implicaran nuevas aplicaciones o ingresos de fondos, como las transferencias internas y las conversiones de moneda.
El informe técnico también contempló la comparación entre las distintas declaraciones juradas patrimoniales y sus eventuales rectificaciones. En ese marco, se buscó identificar modificaciones en la composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y el impacto cuantitativo de esos cambios sobre la evolución patrimonial.
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La investigación también puso el foco sobre la operatoria con criptoactivos. La DAFI debía integrar la información proveniente de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias. Esa información debía ser contrastada con las declaraciones juradas patrimoniales y con los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados al expediente.
El análisis de las criptomonedas aparece entre los aspectos sensibles de la investigación debido a los supuestos US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin. Según trascendió, la elaboración del informe técnico sufrió demoras por la incorporación de nuevos estudios relacionados con ese punto.
Otro de los aspectos revisados fue el costo, la fecha de adquisición, la modalidad de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados al patrimonio, además de las erogaciones y obligaciones invocadas. En los casos de préstamos, mutuos u otras formas de financiamiento, el fiscal solicitó analizar la capacidad económica involucrada y detectar eventuales diferencias entre los instrumentos utilizados, las declaraciones juradas, las escrituras, los registros y la documentación respaldatoria.
Como parte del estudio, la DAFI también debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual como consolidada para el grupo familiar. El objetivo consistía en confrontar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos.
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A partir de ese cruce, el informe debía permitir identificar aquellas partidas u operaciones que no guardaran correspondencia con los ingresos y disponibilidades acreditadas, presentaran respaldo incompleto, hubieran cambiado de explicación entre distintas declaraciones o no pudieran ser conciliadas.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni permanece en etapa de instrucción. En paralelo, también se tramita otro expediente vinculado con el viaje que realizó durante el feriado de Carnaval a Punta del Este en un vuelo privado junto con su familia y el periodista Marcelo Grandio.
En esa investigación se busca establecer quién afrontó los costos del traslado y analizar el vínculo entre Adorni y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.
Las claves del pedido de la fiscalía a Manuel Adorni para que justifique sus bienes luego de detectar irregularidades en su evolución patrimonial
- El inicio de la investigación fue por una denuncia de la diputada nacional, Marcela Pagano, en la que atribuyó al entonces jefe de Gabinete “la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, a partir de gastos que lucirían prima facie desproporcionados respecto de sus ingresos legítimos como funcionario público”. Hubo además dos ampliaciones, de parte de Pagano y de sus pares, Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Entre los elementos reunidos están “las Declaraciones Juradas Patrimoniales En Integrales presentadas ante la Oficina Anticorrupción, incluida la declaración jurada anual 2025 y las rectificaciones de los ejercicios 2023 y 2024, todas ellas presentadas el 10 de junio de 2026 e incorporadas en autos”, entre otras.
- La intimación es para que en 15 días Adorni “justifique la procedencia del incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge, Bettina Julieta Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 -fecha de ingreso a la función pública nacional- y el 27 de junio de 2026 -día de su renuncia al cargo-, en los términos del artículo 268 (2) del Código Penal”.
Manuel Adorni, Gerardo Pollicita
POLITICA
El Gobierno se encamina a reinstalar los límites a la venta de tierras a través de la ley de Propiedad Privada

El oficialismo convocó para el próximo miércoles 14 de octubre en la Cámara de Diputados a una reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para comenzar a debatir el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La reunión tendrá un importante impacto político porque los libertarios y sus aliados acordaron que allí se incluirá un capítulo que vuelva a introducir límites a la venta de tierras a extranjeros.
La fecha de la convocatoria no es nada casual: será un día antes de la sesión especial que pidió la oposición para tratar la derogación del mega DNU 70/23. Con esta maniobra buscan facilitarle una salida elegante a los bloques aliados que rechazan la venta de tierras sin límites pero no desean derogar por completo el decreto que desreguló amplios sectores de la economía.
Si bien esta posibilidad ya se barajaba desde hace algunos días, la estrategia parlamentaria terminó de tomar forma ayer por la tarde, durante una reunión de Martín Menem con referentes de los bloques aliados. Allí algunos sectores, como el MID y el PRO, insistieron con la necesidad de darle una solución al problema político.

La oposición buscó aprovechar la movilización social y el rechazo público que había generado la propuesta de la Casa Rosada para avanzar contra el DNU 70 en su conjunto. Pero esta maniobra generó dudas en algunos bloques, ya que si bien están de acuerdo con limitar la venta de tierras, no quieren volver atrás con otras reformas.
El mega decreto eliminó una amplia gama de regulaciones sobre el comercio, el transporte, el mercado laboral, el sector de salud y el sector inmobiliario, entre otros. Por ejemplo, derogó las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y de Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas; y desreguló el mercado aéreo y la venta de tierras. Justamente por la cantidad de sectores afectados, desde el oficialismo advirtieron que la derogación total del DNU 70 generará un caos administrativo y procesal.

Fuentes del oficialismo reconocieron que en el plenario de comisiones del próximo miércoles darán lugar a los pedidos de los aliados para reintroducir en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un capítulo sobre la venta de tierras. Lo podrán hacer porque cuando el proyecto se debatió en el Senado, el capítulo sobre tierras se sacó del dictamen antes de ser rechazado.
Por su parte, un diputado que participó de la reunión de ayer adelantó a este medio que lo “más probable” es que se restituya el límite de 15% para la venta de tierras provinciales y municipales, tal como establecía la ley que quedó derogada por el DNU 70.
Por otro lado, desde el bloque libertario también adelantaron a Infobae que se tomarán la mayoría de las observaciones de los aliados a la nueva ley de discapacidad que se tratará en la sesión que preparan para el 21 de octubre. Al igual que con la ley de tierras, el objetivo será vaciarle el quórum a la convocatoria de la oposición para el 15, donde también buscarán prorrogar la Emergencia en Discapacidad.
POLITICA
Axel Kicillof y Máximo Kirchner vuelven a medir fuerzas con el calendario del PJ bonaerense como trasfondo

La discusión interna del peronismo en la provincia de Buenos Aires entrará en una etapa vertiginosa hacia el tramo final de 2026. Es que en el calendario que tiene por delante aparecen distintas fechas en las que el partido se moverá y debería acordar, entre otros temas, la presidencia de Máximo Kirchner al frente del Congreso partidario en el marco del acuerdo alcanzado con el MDF que resultó en que el gobernador Axel Kicillof termine como presidente partidario, cargo que asumió formalmente en marzo de este año.
Se espera que el Congreso del partido sea convocado para el mes de noviembre y que, en principio, los congresales terminen levantando la mano para que el líder de La Cámpora sea ungido como presidente de ese órgano, que es la máxima autoridad partidaria en la provincia y representa la soberanía de los afiliados. Sin embargo, así como sucedió con el consejo partidario, el Congreso también es territorio en disputa y más aún con la interna que atraviesa el peronismo en pos de las elecciones del año que viene. Una de las claves será la conformación de la Junta Electoral del partido y del resto de las autoridades del Congreso, que también deberán elegirse en el próximo encuentro. Actualmente, el presidente de la Junta electoral es el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.
Entre sus principales atribuciones, el Congreso define el programa de acción política y la plataforma electoral en la provincia de Buenos Aires, además de autorizar al Consejo Provincial a avanzar en alianzas y otras decisiones de política electoral. Puede requerir informes a los organismos partidarios y a los afiliados con cargos electivos o ejecutivos, analizar la memoria, el balance y las cuentas del partido, intervenir Consejos de Distrito ante incumplimientos graves y convocar a elecciones si se produce la acefalía del Consejo Provincial. Asimismo, puede promover y sancionar reformas de la Carta Orgánica con las mayorías establecidas.

Si bien un dirigente cercano al gobernador confió a Infobae que el acuerdo “sigue vigente” —es decir, que Kicillof presida el consejo del partido y Máximo el Congreso—, también es cierto que desde el sector del gobernador empezarán en los próximos días a resolver nombres para proponer en la integración de la Junta Electoral y en la Junta Directiva del Congreso: otro ámbito que se compone de 22 integrantes. Será una de las señales que busca dar el MDF, en pos de su emancipación. Entre la dirigencia cercana al gobernador hay entusiasmo para que haya más gestos en esta dirección. Ese movimiento juega a varias bandas. Por ejemplo, en el rumbo electoral del peronismo para la sucesión de Kicillof a la gobernación, ya que no está descartado que a nivel provincial sí haya una PASO para ordenar la proliferación de candidatos de peso que hoy aparecen. Ahí, el sello del PJ hoy en manos de Kicillof tendrá peso propio, pero para que el PJ forme una alianza con otros partidos, esa determinación tiene que pasar por el Congreso partidario, que en principio será presidido por el líder de La Cámpora.
Ante la consulta de Infobae, en La Cámpora fueron determinantes: “Este viernes iba a haber una reunión por este tema y se suspendió; una vez más el que no cumple los acuerdos es Axel”.
Otro tema a resolver será la locación elegida para ese encuentro. Una discusión que es gestual, pero que ya fue materia de conflicto el año pasado cuando en una reunión del consejo del partido, en San Vicente, —que por entonces presidía Máximo Kirchner— hubo una fuerte discusión entre el propio diputado nacional y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, por el lugar propuesto para la realización del Congreso. En ese momento, Katopodis, junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, pulsearon para que el Congreso se haga en La Matanza, ya que su intendente, Fernando Espinoza, ocupaba la presidencia del Congreso que ahora ostentará Kirchner.

Sin embargo, sobre la elección de Kirchner, las voces más duras del axelismo dejan entrever cierta inquietud de que, efectivamente, el líder de La Cámpora sea elegido. Según la Carta Orgánica, el presidente del Congreso se define con mayoría simple de los congresales presentes. El MDF dice tener la mayoría de los representantes. El año pasado, en el último encuentro de congresales, se registraron más de 690 presentes.
Antes de la realización del Congreso. El sector de Kicillof hará un acto por el Día de la Lealtad que se realizará el 17 de octubre en La Matanza. No será un acto de grandes dimensiones, aunque sí se buscará una liturgia propia, atada a la estructura de Espinoza, recientemente reelecto como presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM).
Tras ello, se espera que el consejo del partido que preside Kicillof se reúna y haga la convocatoria formal para la constitución del Congreso, que al menos una vez al año debe llevar adelante una sesión. Pese a la discusión interna, el calendario del PJ obligará así a un diálogo entre los distintos sectores.
POLITICA
La Justicia argentina suma una nueva dilación en torno a Edgardo Kueider: el juicio contra su banda pasará a Comodoro Py

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) de San Martín resolvió este jueves declinar su competencia en el caso contra quienes integraban el grupo que colaboró con Edgardo Kueider en las presuntas maniobras delictivas por las que es investigado. En el mismo acto, decidió remitirlo a la Justicia Federal en lo Criminal de la Ciudad de Buenos Aires. Este giro beneficia a los acusados, quienes ganan tiempo para enfrentar el juicio.
La decisión se tomó por dos razones centrales. La primera fue que los hechos ventilados en las actuaciones se habrían cometido en Paraná, Concordia, CABA, Quilmes y Berazategui. “Es decir, ninguno en esta jurisdicción”, alegó el TOF 5. El cuerpo lo componen los jueces Javier Arzubi Calvo; Esteban Rodríguez Eggers y Juan Manuel Gaset Maisonave.
En relación con este punto está la segunda razón: Buenos Aires sería el núcleo de la organización, así como de las condiciones que sustentan el agravamiento de cargos y los efectos jurídicos de las maniobras realizadas.
De qué se trata el juicio
Los socios y colaboradores del ex senador enfrentan cargos de lavado de activos, falsificación de balances y adulteración de documentos públicos. Todos estos delitos están relacionados con las maniobras que, para la Justicia, habría realizado Kueider a fin de ocultar su incremento patrimonial por encima de sus posibilidades.
A comienzos de año, el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez y la jueza en lo Correccional y Criminal Sandra Arroyo Salgado recortaron esta parte de la investigación y la elevaron a juicio.

El acusador público y la magistrada iban a sentar en el banquillo a:
- Dos de sus supuestos testaferros de Kueider: Daniel González, alias “Gonzalito” o “Pajarito”, y Javier Rubel, primo del exsenador y albañil de profesión. Ambos fueron presidentes de Betail SA.
- José Carlos Noguera. Es el contador porteño cuyo estudio, según subrayó Arroyo Salgado, habría sido el “epicentro de la operatoria delictiva”. También está comprometida su esposa, Gabriela Patricia Saint Pierre.
- A ellos se suman Débora Ferreyra, empleada del estudio de Noguera, y Adriana Crucitta, pareja de “Gonzalito”.
- La imputación alcanza a cinco sociedades comerciales: Lectus SA, Felsir Biotecnológica SRL, Vijusa SA, Nopor Service SA y Vía SNP Logística.
El ex legislador entrerriano y su pareja, Iara Guinsel, permanecieron al margen. Ambos están detenidos en Paraguay. Su extradición no se dará hasta que termine de ajustar cuentas con la Justicia del país vecino.
Arroyo Salgado inició la pesquisa contra Kueider como desprendimiento del caso “Securitas”. En este otro expediente, se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a funcionarios públicos. El objetivo era quedarse con los contratos de vigilancia. La maniobra habría incluido a Enersa, la distribuidora eléctrica estatal entrerriana. Kueider representaba las acciones del Estado en esa firma cuando era secretario General de la Gobernación (2015/2019).
En “Securitas” hay un mensaje de uno de los empresarios involucrados que menciona al ex senador como un contacto clave para la maniobra. Con ese elemento, más una denuncia que se presentó en su Juzgado con datos de la declaración jurada de Kueider revelados por “El Disenso”, Arroyo Salgado armó el nuevo expediente.

Este trámite avanzó y llegó a la instancia de elevación a juicio que ahora quedó en suspenso hasta que se defina un nuevo tribunal. En paralelo, la Corte Suprema avaló que tanto Arroyo Salgado como la Justicia de Entre Ríos continúen investigando a Kueider.
¿Por qué Comodoro Py?
El TOF 5 de San Martín tomó el criterio que el fiscal Domínguez siguió para definir el objeto de juicio en el dictamen de elevación a esa etapa.
En ese sentido, concluyó que no se identificó un solo acto desplegado por los acusados en la jurisdicción de San Martín. Por el contrario: todo giraría en Buenos Aires.
Como sustento, detalló:
- Las operaciones inmobiliarias se realizaron en Paraná. Los departamentos que Kueider adquirió y puso a nombre de la firma Betail SA están en la capital entrerriana. Asimismo, los testimonios de los dueños de la desarrolladora inmobiliaria acreditan que la negociación y la entrega del efectivo se concretaron en esa ciudad.
- El “ardid” ante la AFIP (hoy ARCA) a fin de ocultar el crecimiento patrimonial y dibujar balances de las empresas usadas como mascarada se concretaron en un estudio contable de Quilmes.
- Betail, la firma que Arroyo Salgado y Domínguez catalogaron como una “fachada” de Kueider para disimular su enriquecimiento, tiene sede en CABA. Los movimientos del directorio, que involucran a varios acusados en el caso, se inscribieron en la Inspección General de Justicia de Buenos Aires.
- La colocación y puesta en circulación de fondos que la Justicia sospecha tienen un origen espurio se concretó a través de la sucursal Quilmes del Banco Supervielle.
- La Justicia también sospecha que la compra de la camioneta Chevrolet Trailblazer a nombre de uno de los socios de Kueider sirvió a su vez para lavar dinero. La adquisición se hizo en la agencia Rudas de Concordia. Pero el registro se concretó en CABA.
“Los hechos ventilados en estas actuaciones se habrían cometido en Paraná, Concordia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Quilmes y Berazategui. Es decir: ninguno en esta jurisdicción”, evaluó el TOF 5.
Luego, completó: “Según el acusador público, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituía el centro de operaciones de la organización, ya que allí se localizaba la estructura desde donde se impartían las directivas que luego se ejecutaban en Quilmes, Paraná o ante la IGJ”. Más adelante, remarcó: “No hay dudas de que el mayor número de pruebas se recabó en el ámbito capitalino”.
Por otro lado, señala que, a esta altura, no se registra la conectividad subjetiva entre el caso “Securitas” y la investigación sobre Kueider, ya que los imputados en un expediente no figuran en el otro y viceversa. El ex senador sería el nexo, pero al estar en Paraguay aun no pudo ser indagado ni imputado en ninguna de las causas.
El TOF 5 de San Martín cambió su integración en junio. Luego de los acuerdos dados por el Senado, ingresaron Gaset Maisonave y Arzubi Calvo. Rodríguez Eggers viene de antes.
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