En el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques se reunió con Giles Thomson, próximo presidente del organismo para el período 2026-2028, en un encuentro que puso el foco en cómo reforzar la prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva mediante una mayor coordinación entre las instituciones del Estado.

La reunión también dejó una señal política para la Argentina: las autoridades valoraron la presencia de representantes del Poder Judicial en la delegación ante el GAFI y el aporte que pueden hacer jueces y funcionarios judiciales para mejorar la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a esas amenazas.

En la delegación estuvieron, además de Mahiques -quien estuvo acompañado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki-, los jueces federales Ariel Lijo y Sebastián Casanello, Juan Tomás Rodríguez Ponte, actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez.

Durante el intercambio, Mahiques y Thomson abordaron desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de integridad financiera. También analizaron la necesidad de sostener espacios de articulación entre jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, organismos supervisores y agencias de cumplimiento.

Ese fue el núcleo de la conversación bilateral: las autoridades coincidieron en que la cooperación interinstitucional y el intercambio de buenas prácticas son herramientas necesarias para ampliar la capacidad de respuesta de los Estados ante fenómenos criminales cada vez más complejos y transnacionales.

El GAFI destacó el aporte del Poder Judicial en la delegación argentina

Uno de los puntos resaltados en el encuentro fue la participación del Poder Judicial dentro de la representación argentina en el plenario. Según la información difundida sobre la reunión, ese esquema fue presentado como un elemento de valor para fortalecer la aplicación concreta de los estándares promovidos por el organismo.

La discusión no se limitó al diseño institucional. También incluyó la necesidad de que jueces, fiscales, unidades de inteligencia financiera, entes de supervisión y agencias encargadas del cumplimiento mantengan canales de trabajo articulados para responder con mayor eficacia al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación.

Mahiques sostuvo que la política impulsada por el Ministerio de Justicia y el plan de trabajo que desarrolla la Unidad de Información Financiera se encuentran alineados con las prioridades identificadas para la próxima presidencia del GAFI. En esa línea, reafirmó el compromiso de la Argentina con el fortalecimiento de la efectividad de los sistemas de prevención y persecución de esos delitos y con una mayor cooperación internacional.

La referencia a la futura conducción del organismo surgió en el marco de la reunión con Thomson, quien ejercerá la presidencia del GAFI entre 2026-2028. El intercambio permitió conectar la agenda argentina con las prioridades que el foro internacional proyecta para esa etapa.

Respalo a la Argentina por avances desde 2024

La delegación argentina también mantuvo una reunión con Elisa de Anda Madrazo, presidenta saliente del GAFI. Allí, la funcionaria felicitó al país por su compromiso sostenido con el organismo y por los avances alcanzados desde la aprobación del Informe de Evaluación Mutua en 2024.

De Anda Madrazo destacó además la participación activa de la delegación argentina tanto en el plenario como en los distintos grupos de trabajo. Sumó a esa evaluación el compromiso mostrado por el país en la implementación de las acciones derivadas de ese proceso.

Ese reconocimiento se incorporó al balance de la presencia argentina en París, donde la agenda oficial combinó la discusión sobre estándares internacionales con la defensa de una mayor coordinación doméstica entre los actores que intervienen en la prevención, detección e investigación de delitos financieros.