POLITICA
Decomisan un helicóptero producto del lavado de las coimas de Odebrecht
Un helicóptero Eurocopter que perteneció a una empresa del lobista Jorge “Corcho” Rodríguez fue decomisado de manera definitiva por el juez federal Sebastián Casanello en una causa por lavado de dinero de las coimas de la constructora brasileña Odebrecht, a pesar de que no hubo sentencia en la causa porque fue declarada prescripta y los acusados, sobreseídos.
La decisión de Casanello fue a solicitud del fiscal federal Carlos Rívolo, que entendió que la aeronave fue parte de una investigación sobre posible lavado de activos en el circuito de pago de Odebrecht, informó el sitio oficial de la Procuración General de la Nación, fiscales.gob.ar.
El Código Penal prevé el decomiso de las cosas que sirvieron para cometer el hecho o fueron producto o provecho del delito, “de manera definitiva, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado”, en este caso por prescripción por el paso del tiempo.
Casanello recordó que la causa contra las cuatro personas que habían sido procesadas fue declarada prescripta por la Cámara Federal. “Esa decisión, si bien impide enjuiciar a los imputados, no exime del deber de decomisar de modo definitivo los bienes cuyo origen ilícito se haya comprobado”, resaltó.
Tras el fallo, el fiscal solicitó que, una vez que quede firme el decomiso, la aeronave sea puesta a disposición del Ministerio de Seguridad Nacional para que sea asignada a alguna de las fuerzas federales.
La fiscalía de Rívolo había requerido que se decomise el helicóptero matrícula LQ-CFO, ya que consideró que fue producto de “maniobras financieras de lavado de activos”. En ese sentido, recordó que, en 2024, se había requerido la elevación a juicio de cuatro personas al tener probada su intervención en una maniobra tendiente a poner en circulación 1.715.000 dólares de origen ilícito, con la finalidad de dotarlo de apariencia de licitud a través de la adquisición del helicóptero en cuestión.
En ese requerimiento, el fiscal Rívolo había indicado que los fondos ilícitos provenían de los múltiples sobornos que la multinacional Odebrecht había pagado a altos funcionarios públicos argentinos, en cuya trama se había identificado a un hombre como intermediario.
Con el propósito de otorgarle apariencia de licitud, una parte de ese dinero fue transferido a Helicopter Corporation S.A., para aplicarlo a la compra del helicóptero en cuestión, que luego fue registrado a nombre de la firma Fusion Blue Servicios Aéreos, creada especialmente para tal fin.
Casanello recordó que en mayo de 2023 procesó a los involucrados por lavado de activos y luego, tras el pedido fiscal, avanzó hacia el juicio oral.
Sin embargo, tras una intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, fue la Cámara Federal la que interpretó que el plazo de diez años −máxima pena para el de lavado− ya había transcurrido, por lo que ordenó la prescripción penal y sobreseyó a los cuatro imputados.
Casanello citó convenciones y ordenamientos internacionales sobre lavado de activos y la relevancia de los decomisos.
El caso se inició, en febrero de 2019, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) detectó pagos ilícitos desde empresas offshore de Odebrecht hacia cuentas uruguayas de un empresario que cumpliría el rol de intermediario en el circuito de los sobornos, de acuerdo a lo que se había tenido por probado en una de las causas conexas, actualmente en debate oral ante el Tribunal Oral Federal N°7.
El patrimonio del implicado se había incrementado considerablemente, lo que quedó en evidencia con la compra del helicóptero investigado a través de su firma de servicios aéreos, Helicopter Corporation S.A.
Según la investigación, el dinero ilícito tenía por finalidad el pago de sobornos a funcionarios públicos argentinos relacionados con el contrato para la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas que licitaba la empresa estatal AySA.
Según el juez, con parte de la ganancia obtenida a partir de esa maniobra ilícita, Helicopter Corporation adquirió en 2012 el helicóptero LV-CFO y pretendió otorgarle apariencia de licitud al dinero que Odebrecht había entregado para acelerar los pagos del Estado Nacional.
Cuatro años después, el helicóptero fue nuevamente transferido a una empresa pantalla (de reciente constitución y sin capacidad de compra) de modo de “alejarlo aún más de la fuente ilícita”.
“Todo indica que Fusion Blue fue constituida con el único propósito de transferir dicha aeronave”, resaltó Casanello y explicó que los supuestos ‘préstamos» que originalmente se habían utilizado para justificar el incremento desmedido de Helicopter Corporation S.A. fueron cedidos a uno de los implicados que actuó como el nuevo adquirente a través de la sociedad.
Recordó entonces que, de los informes remitidos por la Afip (ahora ARCA) se evidenciaron maniobras ejecutadas por el hombre para esconder el origen de los fondos destinados a la compra.
“Transcurridos diez años desde la adquisición del helicóptero y frente a la solicitud de un decomiso anticipado, nada ha podido decir el titular registral para rebatir esas sospechas. En este sentido, derivar de un sobreseimiento licitud o buena fe es un razonamiento falaz: dicha decisión sólo implica obturar la posibilidad de perseguir penalmente a una persona”, explicó el juez Casanello.
“La empresa ni siquiera dio cuenta del origen de los fondos empleados, aunque sabemos que el accionista mayoritario de Fusion Blue se había acogido a un régimen de sinceramiento fiscal para ingresar dinero no declarado y −con la interposición de su padre− constituir una sociedad comercial sin actividad que utilizó para adquirir el helicóptero. Sólo se habla de una ‘oportunidad’”, especificó el magistrado y dijo que nunca se explicó cómo supo de la venta del helicóptero, quién lo contactó con Helicopter Corporation, cómo se negoció el precio y la modalidad de pago o qué comunicaciones hubo entre ellos.
“El conjunto de estas circunstancias configura un escenario absolutamente irregular para la adquisición de un bien de esas características, que resulta concomitante a la necesidad del principal imputado en un caso de lavado de activos de desprenderse de bienes y empresas donde se había aplicado el dinero ilícito”, estableció el juez.
Por todo ello, y a pesar de que efectivamente se convocó a la empresa que registró la titularidad del helicóptero, no existió en el expediente “ninguna explicación convincente para considerarla tercera de buena fe”.
“La titularidad que emerge de los registros está viciada en su origen –por haberse originado en base a la comisión de graves hechos ilícitos–, lo que determina la inexistencia de un derecho”, recalcó el juez.
“De allí que esté justificado el decomiso, medida que en este sentido reviste un fin preventivo general, pues ataca la rentabilidad del delito y reafirma el principio reconocido en todas las tradiciones jurídicas de que el delito comprobado no rinde beneficios”, concluyó.
Hernán Cappiello,Jorge Rodríguez,Conforme a,Jorge Rodríguez,,Cambio de mando en Caracas. Los hermanos que se impusieron en la interna chavista y los dos grandes perdedores,,No va a juicio. Casación anuló un procesamiento confirmado de Corcho Rodríguez por un presunto lavado de más de US$1 millón,,»Un día especial». El proyecto «con historia» de Corcho Rodríguez y Verónica Lozano en Italia
El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha el Programa de Seguridad Migratoria mediante la resolución 551/2026 en Boletín Oficial. Se trata de una iniciativa que busca reforzar el control migratorio en el país y combatir los ilícitos.
Mediante una publicación en redes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, contó que “el objetivo es seguir fortaleciendo nuestra política migratoria y nuestra política fronteriza”. A partir de esta iniciativa, se crearon las Unidades de Seguridad Migratoria para reforzar los controles, prevenir delitos y enfrentar a las organizaciones criminales.
El programa tiene siete componentes. El primero apunta a la actualización de la formación del personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con foco en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas. El segundo extiende esa misma lógica a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para que puedan cumplir con mayor eficacia su rol de Policía Auxiliar Migratoria. El tercero prevé la mejora de los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios. El cuarto apunta a una mayor coordinación operativa entre la DNM y las fuerzas. El quinto es la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, tal como lo mencionó la funcionaria en el video. Los dos restantes contemplan la modernización de equipamiento e infraestructura y la ampliación de la cooperación internacional.
“Hemos venido dando una serie de pasos, planteando este programa de seguridad migratoria y que básicamente apunta a una capacitación especial, a procedimientos específicos de actuación. Muchas gracias a las fuerzas porque, como siempre, serán los que integrarán esta capacitación”, indicó Monteoliva.
De acuerdo con la reciente resolución, las Unidades de Seguridad Migratoria se crean en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía Federal Argentina (PFA) y la Prefectura Naval Argentina. Según establece la resolución, estas unidades tendrán un rol meramente funcional y no implicarán la creación de nuevas estructuras organizativas. Su misión abarcará la prevención en áreas de control migratorio, el mantenimiento del orden público en zonas de frontera, la detección e investigación de ilícitos y las tareas subsidiarias de control migratorio. El personal que cumpla funciones dentro del programa llevará un distintivo de “Seguridad Migratoria”, independientemente de su dependencia de revista.
La norma establece que se deberán actualizar los mecanismos de actuación para que, en forma subsidiaria o ante situaciones de emergencia, esas fuerzas puedan llevar a cabo un control migratorio eficiente, con respeto por las responsabilidades primarias de cada institución. “El trabajo será realizado teniendo en cuenta las responsabilidades primarias de cada entidad, la eficacia, la complementación y el uso eficiente de las capacidades de las citadas instituciones”, reafirmaron en el texto oficial.
“Nuestro propósito es claro, nuestro propósito es firme. Quien no cumple la ley, no entra. Lo venimos diciendo, lo venimos afirmando. Y si entró por alguna circunstancia, lo buscamos y lo encontramos”, aseguró la titular de la cartera de Seguridad horas antes de que se formalice la medida. Bajo este propósito, instruyeron a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional y la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional a implementar la formación del personal.
Los refuerzos comenzaron a materializarse luego de que el Gobierno publicó la Reforma Migratoria mediante el decreto 366/2025. La misma endureció los criterios para la residencia de extranjeros y facilitó los procesos de deportación para aquellos que cometan delitos en el país. También estableció mayores controles en las fronteras y regularizó la situación de inmigrantes, entre otros puntos.
Incluso, la puesta en marcha de este nuevo programa se conoció después de que la ministra anunciara la expulsión de 14.000 extranjeros del país en los últimos seis meses.
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POLITICA
El Gobierno hizo oficial la privatización de la Hidrovía y anunció que generará una baja del 13% en los costos logísticos
El Gobierno adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que operará la principal vía de transporte fluvial del país durante los próximos 25 años.
La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la resolución que puso fin al proceso licitatorio iniciado a fines de 2025 para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.
La concesión comprende las tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial que conecta gran parte de la producción argentina con los mercados internacionales y por donde circula alrededor del 80% de las exportaciones nacionales.
Según la documentación presentada por el adjudicatario, el proyecto prevé una facturación promedio anual de US$628,2 millones y un volumen de ingresos estimado en US$15.707 millones a lo largo de toda la concesión.
Leé también: El Gobierno apelará el fallo que avaló el cambio de domicilio de la AFA y anuló la veeduría
Las proyecciones también contemplan un crecimiento del tráfico de embarcaciones durante los próximos 25 años. De acuerdo con la oferta, el movimiento internacional aumentaría un 38,1%, el transporte de cabotaje un 28,2% y el tránsito de buques al norte de Santa Fe un 52,4%.
Desde el Gobierno destacaron que la firma del contrato, prevista para los próximos 30 días, permitirá poner en marcha una nueva etapa de inversiones sobre la vía navegable. Entre las obras previstas figuran trabajos de profundización del canal, mejoras operativas e incorporación de tecnología destinada a fortalecer la seguridad de la navegación y las tareas de control contra el narcotráfico.
El Ministerio de Economía sostuvo además que la nueva concesión generará una reducción del 13,5% en los costos logísticos, lo que permitirá a los buques completar cargas en los puertos de origen y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.
Según la evaluación oficial, las principales inversiones se concentrarán durante los primeros siete años de la concesión, mientras que la recuperación económica del proyecto comenzaría en la segunda etapa del contrato.
El organismo también destacó que el proceso licitatorio concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes. En ese sentido, señaló que la adjudicación contó con el respaldo de distintos actores vinculados a la actividad, entre ellos cámaras exportadoras, entidades empresarias, operadores portuarios y gobiernos provinciales de la región.
Como parte de las condiciones establecidas en el pliego, el adjudicatario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico, presentar garantías por US$40 millones para asegurar el cumplimiento del contrato y otra garantía especial por US$35 millones antes de la firma definitiva.
La concesión funcionará bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin financiamiento estatal. El contrato tendrá una duración inicial de 25 años y contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales.
Desde el Gobierno definieron la adjudicación como el cierre del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal y sostuvieron que la medida marca el inicio de una etapa basada en la inversión privada, mientras que el Estado conservará funciones de regulación y control sobre la infraestructura estratégica.
Hidrovía, Gobierno, Transporte
En medio del escándalo desatado en Allen, provincia de Río Negro, este jueves el intendente Marcelo Román fue imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. De la misma manera, se fijó un plazo de dos meses para la investigación penal preparatoria, que tendrá como fecha límite el 30 de agosto de este año.
De acuerdo con la causa impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el jefe comunal habría sustraído fondos públicos municipales para autorizar la compra de un teléfono celular por $479.999, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad que significó un gasto de $596.812,38.
Durante la última audiencia, la Fiscalía detalló que el imputado apartó el dispositivo de la actividad patrimonial del municipio y se lo entregó a una persona ajena a la administración pública, sin vínculo contractual que legitimara la tenencia del bien estatal.
En este sentido, los fiscales sostuvieron que, al entregar el bien, el intendente quebrantó la custodia legal que debía ejercer sobre el patrimonio municipal, debido a que permitió que un tercero ajeno dispusiera del recurso como propio y generara un perjuicio al erario público.
Según la información publicada por el Ministerio Público de Río Negro, en la audiencia también estuvo presente un segundo acusado. Para la Fiscalía, su papel fue considerado esencial para la consumación del delito, debido a que recibió y utilizó el teléfono pese a que tenía conciencia de que no era agente municipal ni tenía designación oficial alguna.
De la misma manera, este individuo habría utilizado el dispositivo para dar órdenes y directivas indirectas a empleados de la Municipalidad, por lo que consideraron que se habría hecho uso de facultades propias de la gestión y habría consolidado así la disposición privada del recurso estatal.
Por este motivo, ambos fueron acusados bajo la figura de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, conforme a los artículos 173, inciso 7, en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, 45 y 54 del Código Penal. No obstante, para el segundo imputado, la acusación es como partícipe necesario de administración fraudulenta.
Como parte del sustento probatorio, la Fiscalía mencionó la denuncia penal del Tribunal de Cuentas de Allen, documentación institucional como el acta de asunción del intendente, la carta orgánica y copias de comodatos de celulares corporativos, así como la factura de compra del aparato involucrado. Además, se sumaron más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.
Al mismo tiempo, figuró un informe del Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro, que analizó las órdenes de pago secuestradas en el allanamiento a la sede municipal. Además, se incluyeron copias certificadas de pagos internos y externos, facturas y transferencias a una empresa de telefonía, el legajo de la investigación del Tribunal de Cuentas y reportes de las divisiones judiciales e investigativas de San Antonio Oeste y Allen.
Por su parte, las defensas solicitaron que no se tengan por formulados los cargos y requirieron imputar como partícipe necesario a la entonces secretaria de Hacienda. Además, exigieron la exclusión de la declaración de la exfuncionaria como testigo, así como de la documentación recabada durante el allanamiento, la pericia contable y las extracciones realizadas del celular de la mencionada mujer.
Desde que se abrió una investigación en contra de Román, la ciudad enfrenta una fuerte crisis institucional tras la presentación de más de 3.000 firmas vecinales que solicitan la revocatoria de su mandato. La iniciativa fue impulsada por Silvina Cantero, una docente jubilada y ex afiliada al gremio docente provincial, junto a una ex empleada municipal despedida durante la gestión actual.
Cantero comenzó a reunir firmas a fines de 2025, tras argumentar una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales como eje central del reclamo. En el petitorio elevado al Concejo Municipal, se señaló que la administración evidenció una profunda ineptitud en el manejo de servicios básicos, lo que habría generado un estado de abandono progresivo que afectó la calidad de vida en los barrios de Allen.
Tras ser consultada por medios locales, la docente jubilada afirmó que la campaña para desplazar al intendente responde a una convicción personal y negó cualquier tipo de motivación política detrás de la iniciativa. Según la Carta Orgánica local, la acumulación de firmas permitiría activar el proceso formal de revocatoria de mandato ante el órgano legislativo municipal.
El petitorio fue entregado formalmente ante el Concejo Municipal en mayo de este año, por lo que deberá iniciar el procedimiento establecido por la normativa local. Mientras tanto, la gestión permanece bajo la presión de la investigación judicial y la demanda popular de cambio en la conducción del municipio.
Crearon un programa de seguridad nacional para reforzar el control migratorio
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