En medio de la investigación por las presuntas maniobras irregulares vinculadas al acceso a dólares oficiales durante el gobierno de Alberto Fernández, la Justicia comenzó a analizar la posible existencia de cuentas comitentes y billeteras frías que podrían haber sido utilizadas para canalizar parte de los fondos retirados en efectivo por casas de cambio involucradas en la causa.

La hipótesis surge en medio de los interrogantes sobre el destino de unos US$607 millones cuya trazabilidad aún no está clara para los investigadores. En ese contexto, la fiscalía puso la lupa sobre María Valeria Fernández, exauditora externa del Banco Central (BCRA), quien se encuentra bajo investigación por su presunta participación en la operatoria.

Fernández tenía entre sus funciones el control de distintos actores que aparecen mencionados en el expediente, entre ellos Francisco Hauque, Elías Piccirillo, Martín Migueles y Juan Agra. Ahora, la Justicia investiga su posible vinculación con la casa de cambio Mega Latina, una de las firmas que aparece en la causa.

Según pudo saber TN, Mega Latina habría retirado en efectivo unos US$237 millones. La principal pregunta de los investigadores es dónde terminó ese dinero. Entre las posibilidades que se evalúan figura que parte de esos fondos hayan sido derivados a cuentas comitentes y posteriormente a billeteras frías vinculadas a criptomonedas.

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En ese marco, el fiscal federal Franco Picardi solicitó información sobre supuestas cuentas comitentes asociadas a Fernández. La documentación requerida todavía no llegó a la fiscalía. También habrían sido solicitados datos sobre posibles cuentas comitentes de Hauque, Migueles, Piccirillo y Juan Napoli, vinculado al Banco de Valores.

Qué son las cuentas comitentes y las billeteras frías

Las cuentas comitentes son cuentas especiales utilizadas exclusivamente para operar en el mercado de capitales. Permiten comprar, vender y mantener instrumentos financieros como bonos, Cedears (acciones o fondos) y fondos comunes de inversión. A diferencia de una caja de ahorro tradicional, registran tanto saldos en dinero como posiciones en títulos y otros activos financieros.

La línea investigativa apunta a reconstruir el recorrido que habrían seguido los dólares obtenidos mediante las autorizaciones de importación otorgadas a través del sistema SIRA. La hipótesis que analizan los investigadores sostiene que el circuito comenzaba con el retiro de millones de dólares en efectivo por ventanilla.

Posteriormente, esos fondos habrían sido derivados a cuentas comitentes para operar en los mercados financieros. Desde allí, según la reconstrucción que analiza la Justicia, los dólares pasaban a operaciones de dólar MEP y contado con liquidación (CCL).

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Siempre según esa hipótesis, parte de los fondos terminaba en el mercado informal de cambios y luego regresaba al circuito financiero mediante proveedores de servicios de pago (PSP), que permitían reingresar pesos para adquirir más divisas. Los dólares excedentes, en tanto, habrían sido colocados en billeteras frías y en activos digitales como bitcoin.

La investigación se desarrolla mientras Hauque busca convertirse en imputado colaborador. Su abogado, Carlos Pousa, anunció la intención de acogerse al régimen del arrepentido en caso de que su defendido sea convocado a declaración indagatoria.

En los últimos días, Hauque realizó además una serie de declaraciones públicas vinculadas a la causa. Entre otras afirmaciones, aseguró que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de las maniobras investigadas y señaló también a la exauditora María Valeria Fernández.

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Según sostuvo el financista en declaraciones televisivas, Fernández habría acercado el supuesto “modelo de negocio” a Juan Pablo Biondi, exsecretario de Comunicación y Prensa, quien posteriormente lo habría trasladado a Miguel Ángel Pesce, entonces presidente del Banco Central. También afirmó que Alberto Fernández conocía el funcionamiento de la operatoria.

La causa investiga una presunta estructura integrada por empresarios, financistas, intermediarios y funcionarios o personas con llegada a organismos públicos que habrían facilitado el acceso a dólares oficiales mediante autorizaciones de importación. Los investigadores intentan determinar si existió un esquema de pagos irregulares para agilizar permisos SIRA y obtener ganancias a través de la diferencia entre las cotizaciones oficiales y paralelas.

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“Esto es un despellejo lento. No nos sirve”. Patricia Bullrich se lo transmitió a la mesa chica del Gobierno. Planteó, puertas adentro, que no tenía sentido dar de baja la sesión prevista para hoy en el Senado porque implicaba estirar una agonía absurda. La oposición insiste con una moción para interpelar a Manuel Adorni y desplazarlo del cargo. Una situación que -a los ojos de la senadora- solo somete a la gestión a un continuo “agujereo”.

La titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara Alta no encontró eco alguno en la Casa Rosada. En las últimas 48 horas, las espadas políticas del oficialismo estuvieron abocadas a negociar con los senadores y gobernadores aliados la baja de una sesión que el propio oficialismo había convocado para votar el proyecto de Propiedad Privada, iniciativa de gran interés para Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

En Balcarce 50 decidieron salir al salvataje del jefe de Gabinete para evitar que hoy hubiera una carnicería en el recinto del Senado. Finalmente, luego de una trabada reunión de labor parlamentaria ayer por la tarde, se llegó a un acuerdo para postergar la sesión para la semana que viene. Esta vez, con el pedido de interpelación al jefe de Gabinete incluido en el temario y una fecha límite: el 2 de julio. Adorni obtuvo una sobrevida de dos semanas. Pero en el Gobierno no hay un plan. Es solo ganar tiempo y esperar —nadie sabe decir cómo— que cambien las circunstancias.

Los bloques dialoguistas siguen reclamando que sea Javier Milei, y no el Congreso, el que le ponga fin al affaire. Hace tres meses que toda la política está girando en círculos sobre un funcionario que no puede explicar su vida de “new rich”. Por cómo se están dando las cosas, ayer quedó en claro que ni siquiera la selección brillando en el Mundial será el salvavidas del ministro coordinador como alguna vez se pensó.

Las tratativas de las últimas horas volvieron a generar desgaste y sospechas cruzadas en el Gobierno. Es que, durante la mañana del miércoles, se instaló fuerte el falso rumor de que el jefe de ministros iba a renunciar. El runrún creció porque a algunos senadores les insinuaron que el Poder Ejecutivo finalmente buscaría una salida al tema Adorni. No era cierto.

“Primero llamaron para decir que evaluaban el tema y que podía haber un desenlace en el Poder Ejecutivo. Pero nunca lo dijeron con tanta firmeza o claridad”, señaló por esas horas uno de los senadores dialoguistas. O fue una mentira piadosa para que los aliados escucharan lo que querían oír, o fue una expresión de deseo de algunos miembros del oficialismo que creían que la situación de Adorni era insostenible.

Cuando la versión tomó fuerza, el jefe de Gabinete se enfureció. Finalmente, la Casa Rosada, con Karina Milei muy encima del tema, habilitó a Bullrich para que ofreciera una variante que permitiera, sencillamente, patear el asunto para adelante.

Ahora el Gobierno quedó entrampado. En la Casa Rosada algunos aspiran a que pase con Adorni lo mismo que ocurrió con Eduardo “Lule” Menem en el caso ANDIS: en algún momento tenía un pie afuera pero, por la resistencia de Karina, el funcionario sobrevivió al escándalo, bajó el perfil unos meses y volvió al ruedo.

En el caso de Adorni, hay más de uno que lo sostiene. Primero, es el propio presidente el que se niega a soltar su mano. “La oposición no entiende que, para Javier, hoy echar a Manuel es entregarse al sistema”, dijo una alta fuente de la Casa Rosada. El jefe de Gabinete tampoco quiere irse: prefiere aguantar la presión bajo los reflectores a transitar su causa judicial a la intemperie del poder.

A los otros dos vértices del extinto “triángulo de hierro” tampoco les conviene la salida del ministro coordinador. Karina dio señales de mayor frialdad hacia el jefe de Gabinete y ya no manifestó públicamente un “apoyo intacto” como hizo al principio del caso. Pero entiende que desplazarlo pone en jaque su propio poder. “Ella es su mentora, él siempre fue su pollo, correr a Manuel implica reconocer que eligió mal”, dijo un colaborador que trata con la secretaria general de la Presidencia. Santiago Caputo, por último, tiene en Adorni un “tapón” para evitar que sus rivales internos, los Menem, ganen terreno.

El asesor de Milei le dio una mano discreta a Adorni cuando le acercó a un experto tributarista para preparar la estrategia que derivó en la versión de las criptomonedas y del ahorro en negro, supuestamente previo a la función pública. El jefe de Gabinete se concentró en su coartada impositiva y legal. Pero ni él -ni nadie en el Gobierno- pensó en el impacto político y comunicacional. No controló las contradicciones en su narrativa. Y pasó lo peor que podía pasar: nadie le creyó.

El papelón no hizo más que crecer. Y la Justicia reaccionó con nuevas medidas de prueba. La causa, lejos de aminorar, sigue su curso y arroja novedades pronto: el informe que el fiscal Gerardo Pollicita le solicitó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para auditar el patrimonio de Adorni ya está listo y llegaría a la fiscalía esta misma semana.

Impacto en la gestión

El Gobierno está haciéndole gestos a la Justicia, pero nada indica que una mejor sintonía con la familia judicial vaya a tener un impacto concreto en una causa como la de Adorni, que ya tiene el ojo público muy encima del expediente. Quienes conocen la comidilla judicial aseguran que, por caso, el viaje a París que (por la cumbre del GAFI) compartían por estas horas el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y Ariel Lijo (el juez que tramita el caso por enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete y el caso ANDIS) debe entenderse con una mirada panorámica. “Es una señal para un gran acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la Justicia”, dijo una figura de los tribunales que compartió cenas y hasta partidos de paddle con los dos viajeros.

En el mismo sentido se debe leer el decreto -impulsado por Mahiques- que modificó el procedimiento para designar jueces de la Corte Suprema (suprimió una instancia de impugnaciones de la sociedad civil) y agilizar el nombramiento de todos los jueces. Milei no tiene previsto avanzar con nuevos candidatos para el máximo tribunal. Pero el Gobierno dio una señal de que quiere apurar los nombramientos en general. Y eso es muy celebrado por un sistema judicial, que espera el desenlace de los concursos durante años.

Sorpresivamente, Santiago Caputo elogió el decreto de Mahiques para designar jueces. Hay quienes creen que el asesor presidencial sí es de la idea de avanzar con los pliegos de la Corte.

El otro costado del caso Adorni, menos visible, es el impacto en la gestión diaria. Hubo muy poca intervención del jefe de Gabinete en varios temas mientras, en lugar de ejercer la coordinación, se abocaba a su defensa personal. Por caso, las idas y venidas para llegar a un acuerdo con las universidades. “Capital Humano llevó cuatro soluciones distintas a Economía, hasta que finalmente consiguió la autorización del gasto. Sandra (Pettovello) creció mucho como gestora”, contó un funcionario.

Otros temas, en cambio, quedaron completamente cajoneados. En 15 días debería comenzar la concesión privada de Tecnópolis. Pero en el Gobierno no van a firmar la adjudicación de ese contrato. Según fuentes privadas, al inicio del proceso de licitación había un ganador claro: la UTE de DirecTV Argentina y Torneos y Competencias S.A, ambas controladas por el grupo Werthein. El proceso comenzó en diciembre de 2025, cuando la Agencia de Bienes del Estado (AABE) publicó los pliegos para la concesión del predio de 54 hectáreas ubicado en Villa Martelli por un plazo de 24 años.

La diputada Marcela Pagano denunció en Comodoro Py que hay vínculos societarios entre el holding que está interesado en quedarse con la privatización de Tecnópolis y la productora de eventos Foggia Group, fundada por Mara Gorini, la mano derecha de Karina Milei. Foggia no figura como oferente de la licitación de Tecnópolis. Pero, según está acreditado por facturación que ARCA remitió a la Justicia, esa empresa fue una de las clientas de MasBe, la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. El último responsable de la adjudicación del contrato de Tecnópolis es Adorni, que controla a la AABE. “Eso no va a salir porque ya saltó una ficha. Nadie lo va a firmar”, advirtió en las últimas horas un colaborador al tanto del proceso.

Pese al nerviosismo que genera en los pasillos de la Casa Rosada, Milei está concentrado en defender sus logros económicos en redes sociales. La semana próxima encararía una nueva gira internacional por España, Paraguay y los Estados Unidos, donde participará de las celebraciones oficiales por el Día de la Independencia en pleno WorldCup. Este sábado, si no hay sorpresas, tendrá una foto con Adorni durante el acto patrio del Día de la Bandera en Rosario. También participará en una cena de recaudación de la Fundación Faro.

El escándalo político interminable le impide a Milei capitalizar los logros económicos que está cosechando su gestión. La inflación mayorista mostró una nueva desaceleración. Y el Banco Mundial aprobó un paquete de garantías por USD 2.000 millones para Argentina, clave para despejar los vencimientos que hay antes de las elecciones de 2027.

Hay, dentro del Gobierno, quienes esperan que Milei reaccione cuando asimile que no hay batalla cultural que alcance para torcer el estigma de Adorni en la conversación pública o para frenar a la oposición conforme se acerque la temporada electoral. Pese a las buenas noticias en materia económica, las últimas encuestas que llegaron a la Casa Rosada apuntan a que el capítulo cripto del caso Adorni asestó un nuevo golpe a la imagen presidencial.

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