La Legislatura porteña aprobó el proyecto para desregular la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Ciudad. La iniciativa había sido presentada por La Libertad Avanza (LLA) y contaba con el respaldo del jefe de gobierno, Jorge Macri, que buscaba adherir a los cambios propuestos por el ministro Federico Sturzenegger a nivel nacional.

En la sesión de este jueves también se sancionaron, entre otras iniciativas, el proyecto de ley “Hojarasca” con el que LLA pretende eliminar normas “obsoletas” en el distrito y el financiamiento de la linea F de subte. Pro y el bloque que preside Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la Ciudad, se mostraron en sintonía en la votación de los tres textos.

El bloque libertario había presentado una iniciativa para modificar el servicio de la VTV en la ciudad. El texto proponía ampliar los plazos de revisión de vehículos particulares, liberar el esquema de precios -hasta ahora el Estado fijaba precios máximos- y abrir el juego para que talleres privados puedan realizar las verificaciones.

Hasta ahora, el servicio estaba concentrado en pocos empresarios que también tallan en el sector del transporte en la provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos están siendo investigados en la causa por direccionamiento de la licitación de la VTV bonaerense contra Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte de Axel Kicillof.

“Pocas plantas, pocas opciones, poca competencia. Nos dijeron que no había otra alternativa. Nosotros creemos todo lo contrario, creemos que el estado tiene que controlar que la revisión se haga bien, pero no decidir dónde, cómo y con quién tenemos que hacer la revisión técnica, por eso abrimos la competencia”, sostuvo Ramírez. “Una cosa es garantizar la seguridad y otra muy distinta es tener un sistema cerrado”.

El proyecto se sancionó con el apoyo del bloque oficialista Vamos por Más (Pro, la Coalición Cívica y Republicanos Unidos), la Unión Cívica Radical (UCR) y Confianza y Desarrollo, la bancada que preside Emmanuel Ferrario y se referencia con el exalcalde Horacio Rodríguez Larreta.

Los legisladores de Fuerza por Buenos Aires (PJ) rechazaron la iniciativa para que la ciudad adhiriera al régimen propuesto por Casa Rosada. Cuestionaban la desregulación de los precios y las dificultades del nuevo modelo para garantizar la calidad y seguridad de las VTV que se realicen en talleres privados.

LLA también logró aprobar, esta tarde, la ley “hojarasca” porteña que -al igual que la norma homónima aprobada a nivel nacional a instancias de Sturzenegger- proponía la eliminación de registros y normas “obsoletas” en el tradicional bastión de Pro. El partido de Javier Milei impulsa desde hace meses una agenda de desregulación y simplificación burocrática en el distrito.

“Durante años se acumularon normas, trámites y requisitos sin sentido. Con hojarasca, eliminamos burocracia y les devolvemos tiempo y libertad a los porteños”, expresó la presidenta de la bancada violeta. Entre otras cuestiones, la normativa dejó sin efecto algunos registros profesionales y regulaciones para actividades comerciales, turísticas y operativas, como restricciones al uso de plazas y parques públicos.

Esta mañana, en la puerta de la Legislatura, guías turísticos se movilizaban en contra de esta normativa, que deroga su registro profesional en la Ciudad. También se registraron protestas en defensa de la educación especial, tras las quejas de docentes por presuntas restricciones a la inscripción de adultos al programa BA Aprende.

Fuerza Patria también rechazó esta iniciativa. “Una vez más, en lugar de afrontar una revisión seria e integral, Jorge Macri se suma a las apuradas a este proyecto de Ley Hojarasca de LLA para subirse al discurso de la desregulación del Gobierno nacional. Y en el medio derogan leyes que hacen a la vida cotidiana y el funcionamiento básico de la Ciudad, como el control de la cadena de frío en las góndolas, el Régimen de promoción de la economía social, o la protección de los espacios verdes públicos”, afirmó Claudia Neira, presidenta de la bancada peronista.

Al igual que LLA, Jorge Macri también consiguió dos triunfos parlamentarios. Por un lado, logró aprobar una reforma del Código Contravencional para endurecer las penas contra “trapitos” y cuidacoches. Era una promesa que había hecho durante la apertura de sesiones de marzo y que se alinea con la agenda de “orden del espacio público” que viene impulsando desde hace meses como un guiño al oficialismo nacional.

El financiamiento de la línea F es el otro proyecto que Pro logró sancionar. El Ejecutivo necesitaba el aval de la Legislatura para contraer deuda para avanzar con la obra de la nueva línea de subterráneo que conectará Palermo y Barracas. El texto aprobado preveía un pasivo máximo de 1350 millones de dólares.

El proyecto de financiamiento se aprobó por amplia mayoría: contó con el respaldo de tradicionales aliados de Vamos por Más como la UCR, pero también de Confianza y Desarrollo, LLA y el peronismo. Su apoyo, de todos modos, no estuvo exento de críticas.

Tanto el bloque libertario como Fuerza por Buenos Aires cuestionaron la falta de planificación del gobierno y las sucesivas postergaciones en el llamado a licitación. En la bancada de Rodríguez Larreta, además, apuntaron contra Jorge Macri por el deterioro general de la red subterránea.

“Queremos la Línea F, la G, la I. Pero no creemos que esta gestión esté a la altura de darles a los porteños un transporte público de calidad. Hoy vemos peor frecuencia, problemas de limpieza, estaciones que cierran por meses y anuncios que son solo para la foto”, afirmó Ferrario.

Según pudo saber , el peronismo negoció su apoyo al proyecto de financiamiento a cambio de que Pro acompañara un proyecto del excandidato a jefe de gobierno Leandro Santoro para el desendeudamiento familiar. Detrás de ese acuerdo estuvo el secretario administrativo de la Legislatura Cristian Gribaudo.

Fuentes parlamentarias confirmaron a que el alfil de Daniel “Tano” Angelici ganó, en las últimas semanas, mayor protagonismo en la articulación entre los distintos bloques para auxiliar a un oficialismo que, desde diciembre, es tercera minoría en la cámara. El procurador de la ciudad, Martín Ocampo, también hombre de confianza el operador judicial del macrismo, ya cumplía un rol similar tras bambalinas.

El proyecto de Santoro proponía la creación de una línea de crédito especial del Banco Ciudad de uso exclusivo para la cancelación de deudas personales anteriores a la aprobación de la norma. Además de Pro, el texto recibió el apoyo del radicalismo, los representantes larretistas y la Izquierda. LLA, consideró que, por sí sola, la iniciativa de refinanciamiento es insuficiente y podría resultar perjudicial en el mediano plazo, por lo que se abstuvo en la votación.

Los beneficiarios tendrán hasta 60 días desde la implementación de la ley para acceder al crédito. No podrán adherir los titulares de más de un inmueble, propietarios de vehículos con menos de cinco años de antigüedad, embarcaciones o aeronaves, tenedores de activos financieros o quienes hayan comprado divisas durante el período en que se generaron los compromisos reclamados.

“Facilitarle la refinanciación de deudas a una persona en situación de vulnerabilidad financiera sin brindarle contención no es alivio financiero. Por el contrario, puede generarle una mayor dificultad en el largo plazo”, aseguró la legisladora violeta Solana Pelayo.

Pilotos y tripulantes de la flota presidencial de aviones utilizada por Néstor y Cristina Kirchner describieron dinámicas similares al declarar como testigos durante las últimas dos audiencias en el juicio oral por los Cuadernos de las Coimas: vuelos por el día en los que viajaban solamente diarios y “síntesis de prensa”; valijas o bolsos de mano que en ocasiones no pasaban por los escáneres correspondientes; la orden que bajaba de los Kirchner de “no moverse de la cabina” y la casi nula comunicación con el matrimonio, que por momentos rozaba el destrato.

“Sinceramente me dolía que no saluden”, reconoció el martes el piloto militar Domingo Edgardo Zelaya. Su referencia fue a un viaje presidencial a la India que se extendió por más de una semana. “Nunca nos saludaron”, rememoró el piloto.

“Vi cuando llegaba el equipaje. Y no pasaba por el escáner”, sostuvo, al ser consultado sobre los protocolos. “¿Cómo puede ser que nosotros los tripulantes sí pasábamos nuestro bolso por el escáner y ellos no lo pasaban?“, se preguntó Zelaya. “Pero bueno, las mismas personas que pasaban con los bolsos después subían al avión y se quedaban, entonces uno tenía una pequeña tranquilidad de que no era nada peligroso”, dijo, y se preguntó: “Ahora, qué llevaban ahí…”

Los testimonios, pedidos por la fiscal Fabiana León, apuntan a alumbrar la acusación fiscal que pone a Santa Cruz como destino final del dinero recaudado en la maniobra que juzga el Tribunal Oral Federal N°7 y en la que Cristina Kirchner está acusada como jefa de una asociación ilícita.

El mecánico Gabriel Omar Falaschi describió este jueves que el fallecido secretario de los Kirchner Daniel Muñoz, apuntado como uno de los recaudadores del dinero ilegal, tenía un asiento único y especial asignado para él en el avión, ubicado al lado de la puerta del compartimiento matrimonial, en una zona que funcionaba como una suerte de pequeña oficina.

Varios de los pilotos que integraron la flota relataron aspectos de vuelos puntuales en los que Muñoz viajó como único pasajero. José Javier Videla, piloto militar del Tango 10, destacó que en uno de esos vuelos el secretario llevaba consigo, al lado de su asiento, una valija mediana que se negó a despachar en la bodega. Agregó que cuando llegaron a destino, Muñoz bajó en un extremo de la pista donde lo esperaban camionetas que entraron por un portón del alambre perimetral.

Al menos otros tres testigos declararon en el mismo sentido. El piloto militar Claudio Humberto Trerotola sostuvo haber llevado a distintos secretarios presidenciales sin la presencia de los mandatarios e identificó a Muñoz en al menos uno de esos vuelos.

Un tripulante de cabina de pasajeros, Ángel Alejandro Heate, declaró que el equipaje de la comitiva llegaba en camionetas de ceremonial o directamente del helicóptero y se subía al avión sin pasar por los escáneres de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Con una excepción, todos los pilotos presidenciales son o fueron personal militar de la Fuerza Aérea. En sus declaraciones, muchos de ellos dejaron entrever que Néstor Kirchner mantenía una actitud de marcada desconfianza hacia ellos y que por eso integró a un piloto civil de su confianza, Sergio Velázquez, a la plantilla oficial.

Según todos los testimonios, Velázquez oficiaba de nexo entre el matrimonio Kirchner y el resto de los pilotos militares. En su propia declaración, Velázquez dio a entender que se ganó la confianza de Néstor Kirchner como piloto suyo durante los años en que este fue gobernador de Santa Cruz. Luego, con el ascenso a la Presidencia, Kirchner hizo gestiones especiales para convertirlo en piloto del Tango 01, una aeronave que hasta entonces solo manejaban militares.

Velázquez, que admitió sentir cierto recelo por parte del resto de los pilotos, declaró que en “tres o cuatro” oportunidades trasladó a Muñoz desde la ciudad de Buenos Aires hasta Santa Cruz en vuelos exclusivos, en los que viajaban valijas cerradas con candados.

Para el martes próximo está prevista la declaración de otro piloto y otros dos tripulantes de la flota de aviones presidenciales.

Muñoz

Daniel Muñoz, el fallecido exsecretario privado de Néstor Kirchner, es una pieza clave en la acusación fiscal. Se lo identifica como el receptor de los fondos ilegales. En los cuadernos del chofer Oscar Centeno, su nombre figura 87 veces, pero también fue mencionado por los arrepentidos en sus declaraciones en la causa.

Según los acusadores, Muñoz era el responsable de sacar el dinero de Buenos Aires y transportarlo hacia la provincia de Santa Cruz.

Falleció en 2016, pero su mujer, Carolina Pochetti, fue procesada por formar parte de un complejo entramado societario que sacó del país al menos 70 millones de dólares y los invirtió en 16 lujosas propiedades en Miami y dos en Nueva York, y luego ideó la construcción de un complejo turístico en un terreno costero de 16 hectáreas en las paradisíacas islas Turks and Caicos, en el Caribe, para construir un inmenso resort de playa.

En agosto de 2025, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Pochetti como coautora del delito de lavado de activos de origen ilícito, agravado por haber sido cometido como parte de una asociación destinada a cometer maniobras de lavado de manera continuada. También le ampliaron el embargo a $50.000 millones, unos US$38 millones al cambio oficial de ese momento.