POLITICA
Efecto Adorni: el FMI criticó los “retrasos en la publicación” de las declaraciones de bienes de funcionarios y pidió más medidas anticorrupción
El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó una fuerte advertencia sobre transparencia estatal, declaraciones patrimoniales de funcionarios, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial argentino en el informe técnico sobre la Argentina que difundió el viernes pasado, publicado después de que el directorio del organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei y habilitara un desembolso de USD 1.000 millones.
Las observaciones aparecen en el Box 9 del reporte del staff, dedicado específicamente a Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks (“Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”), y se conocen en medio de la controversia pública alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las revelaciones sobre sus vuelos al exterior y el crecimiento de su patrimonio.
La cuestión adquirió además mayor sensibilidad política porque la declaración jurada patrimonial correspondiente al jefe de Gabinete todavía no fue presentada formalmente. El plazo original vencía el 30 de mayo, pero el Gobierno otorgó una prórroga hasta el 31 de julio para la presentación de las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.
En ese contexto, el staff técnico del FMI incorporó un diagnóstico institucional particularmente sensible para la Casa Rosada. Aunque el organismo respaldó con fuerza la política económica de Milei y elogió el proceso de desregulación impulsado desde diciembre de 2023, el capítulo institucional del informe contiene cuestionamientos explícitos a los mecanismos de control del Estado argentino.
Observaciones del staff del FMI
“Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”, sostiene el documento. Y a continuación, el Fondo enumera una serie de observaciones concretas sobre el sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos: “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.
La referencia a los “retrasos en la publicación” aparece como uno de los pasajes más sensibles políticamente dentro del documento del FMI, porque el informe fue redactado cuando ya llevaba semanas instalada la discusión pública sobre patrimonio, vuelos y mecanismos de transparencia alrededor de Adorni.
El señalamiento del organismo no quedó restringido únicamente a las declaraciones patrimoniales. El reporte también cuestiona los mecanismos estatales vinculados a incompatibilidades y conflictos de interés.
“Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, afirma el texto.
La combinación de ambas observaciones —declaraciones patrimoniales con baja transparencia y conflictos de interés con controles débiles— constituye el núcleo político más delicado del Box 9 del informe técnico.
El documento forma parte del reporte Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria, difundido por el staff después de que el Board del FMI confirmara la continuidad del programa económico argentino.
El jueves de la semana pasada, el directorio ejecutivo aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones. En ese comunicado oficial, el Fondo destacó la consolidación fiscal, la desaceleración inflacionaria y la continuidad de las reformas estructurales impulsadas por Milei.
Sin embargo, el documento técnico completo introdujo una dimensión institucional mucho más compleja. “A pesar de estas reformas, persisten desafíos en materia de gobernanza”, advierte el staff.
El organismo recuerda además que “Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 elaborado por Transparency International, y agrega que “otros indicadores señalan problemas persistentes”.
Críticas y recomendaciones institucionales
La advertencia del FMI aparece además en un momento particularmente sensible para el Gobierno en materia de transparencia y control patrimonial. Las discusiones alrededor de los vuelos de Adorni, las investigaciones periodísticas sobre el crecimiento de su patrimonio y las controversias por la demora en la presentación de declaraciones juradas volvieron a poner en debate el funcionamiento de los sistemas de control estatal.
En ese escenario, el informe técnico del Fondo incorporó una crítica explícita a los mecanismos de verificación patrimonial de funcionarios públicos.
El staff no solamente menciona “retrasos en la publicación”, sino también “limitaciones en la verificación” y “aplicación desigual” de los regímenes patrimoniales. Es decir: para el FMI, el problema no es únicamente la demora temporal en la difusión de la información, sino también la capacidad del Estado para controlar efectivamente el contenido y cumplimiento de las declaraciones juradas.
El organismo además introduce un diagnóstico particularmente crítico sobre el funcionamiento del Poder Judicial argentino.
“Al mismo tiempo, la percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, sostiene el reporte. El staff agrega que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”.
Según el FMI, esa situación “subraya la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y la transparencia judicial”.
La formulación utilizada por el organismo es especialmente fuerte para el lenguaje diplomático habitual del Fondo. El staff no habla únicamente de problemas administrativos o burocráticos: menciona directamente “politización”, “independencia judicial limitada” y falta de rendición de cuentas de funcionarios de alto rango.
Las observaciones aparecen en medio de un escenario de fuertes tensiones alrededor de la Justicia federal, con vacantes en tribunales clave, discusiones políticas por pliegos judiciales y el avance de múltiples causas de alto impacto.
El informe del FMI incorpora así una idea política central: para el organismo, la estabilización económica y la apertura de la economía no alcanzan por sí solas si no están acompañadas por mecanismos institucionales de control, transparencia y funcionamiento judicial independiente.
De hecho, el propio Box 9 plantea una tensión conceptual. Por un lado, el Fondo elogia con fuerza el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno. Pero, al mismo tiempo, reclama más capacidad institucional del Estado en materia de control y transparencia.
En el capítulo dedicado a las reformas recientes, el organismo sostiene que las medidas impulsadas desde diciembre de 2023 redujeron espacios históricamente asociados a prácticas corruptas.
El reporte destaca que “las medidas incluyeron la eliminación del déficit fiscal, la reorganización de los programas sociales mediante la reducción de intermediarios, el levantamiento gradual de los controles cambiarios y de los múltiples tipos de cambio, y la derogación de numerosas regulaciones”.
Más adelante, el FMI agrega que “se simplificaron los procedimientos de ingreso al mercado y de comercio, se limitaron los sistemas de licencias y aprobaciones discrecionales, y se redujeron los puntos de interacción entre empresas y el Estado asociados a riesgos de sobornos”.
El staff incluso sostiene que las reformas “incrementaron la competencia y orientaron el entorno regulatorio hacia un esquema más basado en reglas y de trato más equitativo”.
En otro tramo del Box 9, el organismo afirma que “estas reformas redujeron el gasto discrecional y los controles administrativos que históricamente facilitaron prácticas de búsqueda de rentas y corrupción por parte de intereses sectoriales”.
La lógica conceptual del Fondo es clara: menos regulaciones, menos discrecionalidad administrativa y menos intermediación estatal reducen oportunidades de corrupción.
Pero el mismo informe plantea simultáneamente que siguen existiendo debilidades estructurales profundas en materia institucional.
Por eso, el staff incorpora además una serie de recomendaciones concretas para el Estado argentino.
Entre las prioridades mencionadas aparecen “fortalecer la independencia judicial y las instituciones de control”, “mejorar la aplicación de los regímenes de declaraciones patrimoniales y conflictos de interés”, “incrementar la transparencia en las contrataciones públicas y privatizaciones” y “garantizar previsibilidad regulatoria”.
El documento incluso plantea que algunos de esos objetivos podrían alcanzarse “mediante el fortalecimiento de la Ley de Ética Pública”.
La publicación del Box 9 adquiere relevancia política adicional porque aparece en uno de los momentos de mayor respaldo financiero y político del FMI hacia el Gobierno de Javier Milei.
En el resumen ejecutivo del reporte, el organismo sostuvo que “la mejora en la capacidad de gobernanza desde las elecciones legislativas de octubre permitió avances legislativos clave”, entre ellos “la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral”.
También destacó que “las medidas para desregular y abrir la economía continuaron, incluso mediante acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea”.
Sin embargo, el capítulo institucional dejó en claro que, para el FMI, la consolidación del programa argentino no dependerá únicamente del equilibrio fiscal o de la estabilidad monetaria.
En la mirada del organismo, el éxito de largo plazo también requerirá fortalecer mecanismos anticorrupción, mejorar los sistemas de control patrimonial de funcionarios y reducir las sospechas de politización judicial que, según el propio staff, continúan afectando a la Argentina.
Business,Corporate Events,North America
POLITICA
Quién era la diputada de San Luis que murió tras sufrir un infarto durante un viaje familiar
La diputada provincial de San Luis Luciana Perano murió el domingo tras sufrir un infarto en la localidad pampeana de Parera, donde había nacido. Tenía 46 años y se encontraba junto a su familia, de visita en su pueblo natal, cuando sobre las 7 de la mañana, al momento de iniciar el regreso a San Luis, sufrió una descompensación.
El cuerpo fue trasladado a General Pico para realizar la autopsia correspondiente. Se habría tratado de un deceso por causas naturales, consignó El Diario de La Pampa.
Perano estaba casada con Martín Olivero, senador provincial y exintendente de La Punta, también oriundo de Parera, con quien se encontraba en la localidad al momento de su muerte. La pareja tenía hijos en común.
El gobernador puntano Claudio Poggi le dedicó un mensaje de despedida en redes sociales: “De manera inesperada y con profundo dolor despido hoy a la Luchi. Luciana Perano era diputada provincial por el Frente Ahora San Luis, dirigente de Avanzar, y excelente madre, esposa y amiga. Mi pésame para Martín, sus hijos y demás familia. Te vamos a extrañar Luchi, QEPD”.
Referentes de distintos espacios políticos de San Luis, entre ellos el propio Poggi, se acercaron este lunes a la Legislatura provincial para acompañar a la familia y despedir a la legisladora.
Trayectoria política
Perano había asumido su segundo mandato como diputada provincial el 10 de diciembre de 2025, en representación del departamento Juan Martín de Pueyrredón, bajo la bandera del Frente Ahora San Luis. Su primer mandato había comenzado en diciembre de 2021, cuando fue electa dentro de “Unidos por San Luis”, el espacio liderado por el gobernador Poggi.
Antes de llegar a la Legislatura, había sido concejal en la ciudad de La Punta. En su rol como diputada, presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales e integraba la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales. En los últimos meses había impulsado la creación del municipio de Suyuque.
San luis, Claudio Poggi
LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca contener a los intendentes peronistas que exhiben un fuerte desafío interno a su conducción política, con reuniones de trabajo y distribución de fondos.
Dos de los intendentes del Grupo AFA, – que lleva ese nombre dado que inicialmente los críticos a Kicillof se reunieron en Ezeiza cerca del predio de la Asociación de Fútbol Argentina- Federico Achaval y Gastón Granados, fueron convocados ayer a la Gobernación de la provincia de Buenos para participar de un acto de gestión, junto a alcaldes de La Cámpora y opositores al gobierno.
La cita tuvo lugar luego de que Kicillof reuniera el jueves pasado a unos 40 alcaldes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su fuerza política.
La actividad, que en términos formales incluyó firmas de repartos de fondos en el programa de Provincia Leasing, se amplió a otros alcaldes también críticos a la gestión de Kicillof, como Eva Mieri, reemplazante interina de Mayra Mendoza, y el alcalde de Colón, Waldemar Giordano.
Fue invitada también Magdalena Serra, que asumió el viernes que pasó en Avellaneda en reemplazo de Jorge Ferraresi, que tomó licencia para abocarse a la candidatura a gobernador por el MDF, la fuerza kicillofista.
También reunió a radicales como el alcalde de Coronel Dorrego, Juan Carlos Clade; de Lezama, Myriam Mongay; de Pellegrini, Sofía Gambier, y de Rivadavia, Juan Martínez.
Entre todos ellos, más los alcaldes alineados con el Frente Renovador, Facundo Diz, de Navarro, y Juan Martínez, de Tres Arroyos, Kicillof repartió fondos por $14.179 millones para la compra de bienes de capital en sus municipios.
Kicillof intentó alinearlos en un discurso crítico al gobierno de Javier Milei.
“Frente a un Gobierno nacional que ve a los bancos públicos como instituciones a erradicar, en la Provincia creemos exactamente lo contrario: nuestra banca permite acompañar a los bonaerenses y amortiguar los efectos de la crisis que generan las políticas económicas de Milei”, sostuvo Kicillof.
El acto tuvo lugar luego de que el jueves Kicillof expresara ante sus seguidores que es necesario hacer un esfuerzo por “armar algo distinto”.
El mandatario intenta ampliar su base de sustentación y seducir a los alcaldes peronistas críticos que se niegan a tener una foto con el gobernador si no es para recibir fondos.
El grupo AFA, que incluye además de Achaval y Granados a Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y a Nicolás Mantegazza, de San Vicente, espera poder posicionar a uno de estos referentes en la compulsa para suceder a Kicillof en 2027. Ninguno de ellos evita críticas subidas de tono a la gestión del gobernador Kicillof. Desde algunos de los distritos ni siquiera se difundió la foto junto a Kicillof.
En este sentido, compiten con Ferraresi, que fue el primero en abrirse de la gestión de Avellaneda para posicionarse como candidato a gobernador por el MDF. También se anota en esa carrera la camporista Mayra Mendoza, aliada de Máximo Kirchner.
Kicillof citó a los intendentes del peronismo que son críticos de su gestión junto con los opositores Marcelo Maztkin (Zárate) y Ramiro Egüen, de 25 de mayo. Estos últimos son exaliados del Pro y allegados ahora a La Libertad Avanza.
María José Lucesole,Axel Kicillof,Conforme a,Axel Kicillof,,Desafío al gobernador. Se acumulan los rechazos sindicales a la última oferta de aumento salarial que hizo Kicillof,,Tensa convivencia. La interna del PJ escala en la Legislatura bonaerense, pero Kicillof sostiene a sus ministros cristinistas,,Análisis. La polarización sigue justificando todo
La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del empresario cercano a la familia Kirchner, el agente inmobiliario Osvaldo “Bochi” Sanfelice, en la causa en que es investigado por lavado de dinero como supuesto testaferro en la compra del Hotel Waldorf por 1,7 millones de dólares.
El juez federal Daniel Rafecas había sobreseído a Sanfelice, sin que el fiscal rechazara el planteo. Solo apeló la Unidad de Información Financiera, encargada de prevenir el lavado de dinero. La Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, resolvió a principios de junio que el juez siguiera adelante con la investigación, en un fallo que cosechó los votos de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Mariano Borinsky votó en disidencia.
Ahora, la Cámara Federal, siguiendo esa línea, revocó el sobreseimiento de Sanfelice, quien se encuentra mencionado en distintas investigaciones como socio de Máximo Kirchner.
Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah destacaron la similitud de esta operación con el objeto del caso Hotesur y Los Sauces, donde se investiga a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez por supuesto lavado de dinero.
En este caso, se investiga a Osvaldo Sanfelice por la compra del Hotel Waldorf por 1,7 millones de dólares con préstamo de Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López en el Grupo Indalo y en la señal C5N. La Sala II de la Cámara Federal ordenó que se profundice la investigación por presunto lavado de activos en la adquisición del céntrico Hotel Waldorf.
La causa investiga si el establecimiento fue comprado para darle apariencia lícita a dinero proveniente de actos de corrupción ocurridos durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
Los magistrados consideraron “prematuro” el cierre de la causa y ordenaron que la pesquisa continúe enfocada en el verdadero origen de los fondos utilizados para la millonaria compra y el papel del préstamo de Fabián de Sousa.
De acuerdo con el peritaje contable citado en el fallo, la compra del hotel ubicado en la calle Paraguay 450 se realizó a través de una operación donde Sanfelice dijo que actuaba en nombre de terceros, mediante una serie de pasos que despertaron las sospechas de los investigadores.
En diciembre de 2008 Sanfelice suscribió un acuerdo de opción de compra por el cual entregó un adelanto de U$S 100.000. Este monto inicial, sin embargo, nunca fue declarado en su impuesto a las ganancias de ese año.
En abril de 2009 se firmó el boleto de compraventa. En este acto, Sanfelice adquirió “en comisión” el 88% de las acciones de la sociedad, comprometiéndose a pagar U$S 350.000 al contado y U$S 1.300.000 en diez cuotas mensuales. Así el total de la operación era de U$S 1.750.000.
En el transcurso de 2009, Sanfelice canceló la totalidad del saldo, aunque el pago se hizo mediante un “documento sin fecha certera y que no obra en los registros del escribano actuante”.
Entre 2010 y 2014, Sanfelice, ya actuando por sí mismo y no “en comisión”, adquirió más acciones hasta convertirse en el dueño del 97,74% del Hotel Waldorf.
El hecho de que Sanfelice iniciara la compra “en comisión” para luego terminar como adquirente definitivo llevó a la querella de la UIF a sostener que esto no descarta que haya actuado bajo la figura de “testaferro”.
Para la operación, que en el año 2009 Sanfelice expuso impositivamente por un valor total de $ 6.335.000, el imputado declaró haber utilizado fondos propios por $ 2.474.615,90 y haber asumido deudas por $ 4.109.604,00 con Fabián De Sousa y por $ 470.600,00 con la firma Walcorp S.A..
Si bien los peritos señalaron que con esos pasivos Sanfelice alcanzaba contablemente la capacidad para adquirir el hotel, advirtieron que “se desconoce si los pasivos declarados con Fabián de Sousa fueron asumidos para la operación de marras”.
El camarista Irurzun destacó en su voto que la instrucción no profundizó la versión sobre el préstamo ni investigó el origen de los fondos entregados por De Sousa.
Además, recordó que tanto Sanfelice como De Sousa ya enfrentan el juicio oral en el caso Hotesur y Los Sauces, donde están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a sustraer fondos públicos y reciclarlos a través de actividades hoteleras e inmobiliarias.
Ante la “falta de certeza negativa”, los jueces ordenaron al juez Daniel Rafecas reabrir la investigación y que la UIF proponga medidas para avanzar en el esclarecimiento del origen del dinero.
Hernán Cappiello,Conforme a
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