POLITICA
Efecto Adorni: el FMI criticó los “retrasos en la publicación” de las declaraciones de bienes de funcionarios y pidió más medidas anticorrupción

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó una fuerte advertencia sobre transparencia estatal, declaraciones patrimoniales de funcionarios, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial argentino en el informe técnico sobre la Argentina que difundió el viernes pasado, publicado después de que el directorio del organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei y habilitara un desembolso de USD 1.000 millones.
Las observaciones aparecen en el Box 9 del reporte del staff, dedicado específicamente a Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks (“Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”), y se conocen en medio de la controversia pública alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las revelaciones sobre sus vuelos al exterior y el crecimiento de su patrimonio.
La cuestión adquirió además mayor sensibilidad política porque la declaración jurada patrimonial correspondiente al jefe de Gabinete todavía no fue presentada formalmente. El plazo original vencía el 30 de mayo, pero el Gobierno otorgó una prórroga hasta el 31 de julio para la presentación de las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

En ese contexto, el staff técnico del FMI incorporó un diagnóstico institucional particularmente sensible para la Casa Rosada. Aunque el organismo respaldó con fuerza la política económica de Milei y elogió el proceso de desregulación impulsado desde diciembre de 2023, el capítulo institucional del informe contiene cuestionamientos explícitos a los mecanismos de control del Estado argentino.
Observaciones del staff del FMI
“Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”, sostiene el documento. Y a continuación, el Fondo enumera una serie de observaciones concretas sobre el sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos: “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.
La referencia a los “retrasos en la publicación” aparece como uno de los pasajes más sensibles políticamente dentro del documento del FMI, porque el informe fue redactado cuando ya llevaba semanas instalada la discusión pública sobre patrimonio, vuelos y mecanismos de transparencia alrededor de Adorni.
El señalamiento del organismo no quedó restringido únicamente a las declaraciones patrimoniales. El reporte también cuestiona los mecanismos estatales vinculados a incompatibilidades y conflictos de interés.
“Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, afirma el texto.
La combinación de ambas observaciones —declaraciones patrimoniales con baja transparencia y conflictos de interés con controles débiles— constituye el núcleo político más delicado del Box 9 del informe técnico.
El documento forma parte del reporte Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria, difundido por el staff después de que el Board del FMI confirmara la continuidad del programa económico argentino.
El jueves de la semana pasada, el directorio ejecutivo aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones. En ese comunicado oficial, el Fondo destacó la consolidación fiscal, la desaceleración inflacionaria y la continuidad de las reformas estructurales impulsadas por Milei.
Sin embargo, el documento técnico completo introdujo una dimensión institucional mucho más compleja. “A pesar de estas reformas, persisten desafíos en materia de gobernanza”, advierte el staff.
El organismo recuerda además que “Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 elaborado por Transparency International, y agrega que “otros indicadores señalan problemas persistentes”.
Críticas y recomendaciones institucionales
La advertencia del FMI aparece además en un momento particularmente sensible para el Gobierno en materia de transparencia y control patrimonial. Las discusiones alrededor de los vuelos de Adorni, las investigaciones periodísticas sobre el crecimiento de su patrimonio y las controversias por la demora en la presentación de declaraciones juradas volvieron a poner en debate el funcionamiento de los sistemas de control estatal.
En ese escenario, el informe técnico del Fondo incorporó una crítica explícita a los mecanismos de verificación patrimonial de funcionarios públicos.
El staff no solamente menciona “retrasos en la publicación”, sino también “limitaciones en la verificación” y “aplicación desigual” de los regímenes patrimoniales. Es decir: para el FMI, el problema no es únicamente la demora temporal en la difusión de la información, sino también la capacidad del Estado para controlar efectivamente el contenido y cumplimiento de las declaraciones juradas.
El organismo además introduce un diagnóstico particularmente crítico sobre el funcionamiento del Poder Judicial argentino.
“Al mismo tiempo, la percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, sostiene el reporte. El staff agrega que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”.
Según el FMI, esa situación “subraya la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y la transparencia judicial”.
La formulación utilizada por el organismo es especialmente fuerte para el lenguaje diplomático habitual del Fondo. El staff no habla únicamente de problemas administrativos o burocráticos: menciona directamente “politización”, “independencia judicial limitada” y falta de rendición de cuentas de funcionarios de alto rango.
Las observaciones aparecen en medio de un escenario de fuertes tensiones alrededor de la Justicia federal, con vacantes en tribunales clave, discusiones políticas por pliegos judiciales y el avance de múltiples causas de alto impacto.
El informe del FMI incorpora así una idea política central: para el organismo, la estabilización económica y la apertura de la economía no alcanzan por sí solas si no están acompañadas por mecanismos institucionales de control, transparencia y funcionamiento judicial independiente.
De hecho, el propio Box 9 plantea una tensión conceptual. Por un lado, el Fondo elogia con fuerza el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno. Pero, al mismo tiempo, reclama más capacidad institucional del Estado en materia de control y transparencia.
En el capítulo dedicado a las reformas recientes, el organismo sostiene que las medidas impulsadas desde diciembre de 2023 redujeron espacios históricamente asociados a prácticas corruptas.
El reporte destaca que “las medidas incluyeron la eliminación del déficit fiscal, la reorganización de los programas sociales mediante la reducción de intermediarios, el levantamiento gradual de los controles cambiarios y de los múltiples tipos de cambio, y la derogación de numerosas regulaciones”.
Más adelante, el FMI agrega que “se simplificaron los procedimientos de ingreso al mercado y de comercio, se limitaron los sistemas de licencias y aprobaciones discrecionales, y se redujeron los puntos de interacción entre empresas y el Estado asociados a riesgos de sobornos”.
El staff incluso sostiene que las reformas “incrementaron la competencia y orientaron el entorno regulatorio hacia un esquema más basado en reglas y de trato más equitativo”.
En otro tramo del Box 9, el organismo afirma que “estas reformas redujeron el gasto discrecional y los controles administrativos que históricamente facilitaron prácticas de búsqueda de rentas y corrupción por parte de intereses sectoriales”.
La lógica conceptual del Fondo es clara: menos regulaciones, menos discrecionalidad administrativa y menos intermediación estatal reducen oportunidades de corrupción.

Pero el mismo informe plantea simultáneamente que siguen existiendo debilidades estructurales profundas en materia institucional.
Por eso, el staff incorpora además una serie de recomendaciones concretas para el Estado argentino.
Entre las prioridades mencionadas aparecen “fortalecer la independencia judicial y las instituciones de control”, “mejorar la aplicación de los regímenes de declaraciones patrimoniales y conflictos de interés”, “incrementar la transparencia en las contrataciones públicas y privatizaciones” y “garantizar previsibilidad regulatoria”.
El documento incluso plantea que algunos de esos objetivos podrían alcanzarse “mediante el fortalecimiento de la Ley de Ética Pública”.
La publicación del Box 9 adquiere relevancia política adicional porque aparece en uno de los momentos de mayor respaldo financiero y político del FMI hacia el Gobierno de Javier Milei.
En el resumen ejecutivo del reporte, el organismo sostuvo que “la mejora en la capacidad de gobernanza desde las elecciones legislativas de octubre permitió avances legislativos clave”, entre ellos “la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral”.
También destacó que “las medidas para desregular y abrir la economía continuaron, incluso mediante acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea”.
Sin embargo, el capítulo institucional dejó en claro que, para el FMI, la consolidación del programa argentino no dependerá únicamente del equilibrio fiscal o de la estabilidad monetaria.
En la mirada del organismo, el éxito de largo plazo también requerirá fortalecer mecanismos anticorrupción, mejorar los sistemas de control patrimonial de funcionarios y reducir las sospechas de politización judicial que, según el propio staff, continúan afectando a la Argentina.
Business,Corporate Events,North America
POLITICA
Tras reunirse con el Papa, uno de los líderes de la CGT advirtió que podrían convocar a una medida de fuerza si el Gobierno no abre el diálogo

Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), advirtió que la central obrera no descarta una medida de fuerza si el Gobierno no abre un canal de diálogo ante el deterioro del empleo, el endeudamiento de los hogares y el congelamiento de las jubilaciones. Las declaraciones las formuló este domingo, un día después de participar en la audiencia en el Vaticano con el papa León XIV que cerró el IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti.
El encuentro, celebrado en el Palacio Apostólico Vaticano al cabo de tres jornadas de debate en Roma, reunió a dirigentes sindicales, empresarios, académicos y referentes de movimientos populares de todo el continente. La delegación argentina incluyó a Jerónimo y a Gerardo Martínez, también de la CGT y miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros referentes gremiales y sociales.
Antes de la audiencia papal, la delegación cegetista entregó al Pontífice un documento con un diagnóstico sobre la realidad argentina: pérdida de puestos de trabajo, endeudamiento familiar y deterioro de los ingresos previsionales. Jerónimo explicó que el formato protocolar de las audiencias con el Papa no permite abordar en profundidad situaciones nacionales particulares, por lo que optaron por trasladar el planteo por escrito.
El dirigente sindical destacó que el mensaje de León XIV estuvo centrado en la construcción del diálogo y la negociación entre sectores con intereses distintos. “En la medida en que el Gobierno no escuche, va a escalar la conflictividad”, sostuvo Jerónimo en diálogo con Radio Con Vos desde Roma. Según el gremialista, la preocupación más extendida entre la población es la pérdida del empleo y el temor a quedar sin trabajo.
Jerónimo vinculó el endeudamiento familiar con el programa económico oficial
El dirigente también cuestionó la postura del Gobierno respecto de los hogares endeudados. Para Jerónimo, atribuir ese problema a relaciones entre privados implica desconocer la responsabilidad de las decisiones económicas oficiales. En ese marco, sostuvo que la agenda sindical mantendrá una doble línea: resistencia frente a las políticas que afectan al mundo laboral y búsqueda de instancias de negociación para discutir soluciones.
El Papa, por su parte, instó en su discurso a cultivar una “cultura de la negociación” y convocó a que el progreso de la época “no deje nuevas ruinas a su paso”, según recogió Vatican News. León XIV subrayó que los grandes desafíos sociales “requieren responsabilidad compartida” y que el diálogo forma parte de la misión evangelizadora de la Iglesia, no de una actividad secundaria.
La visita de León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, tendrá un capítulo sindical concreto: la reunión con la CGT quedó fijada para el lunes 9 de noviembre en el campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), con participación también de representantes del empresariado y los movimientos sociales.

Fue precisamente en el encuentro en el Vaticano este sábado donde los líderes cegetistas Jerónimo y Martínez plantearon al Pontífice la solicitud de ese encuentro institucional en suelo argentino. La agenda papal también incluye actividades en Luján y Córdoba, además de una misa central en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.
Jerónimo también fue consultado sobre una posible medida de fuerza antes de que finalice el año: “Es algo que nunca descartamos”, afirmó, aunque aclaró que no es la salida que la central considera prioritaria. “Ojalá que no tengamos que llegar a eso”, dijo, y planteó que la respuesta debe surgir de un acuerdo para resolver los problemas estructurales y generar empleo.
La conducción de la CGT prevé reunirse durante la próxima semana para definir los pasos a seguir. La evolución del conflicto dependerá, según anticipó Jerónimo, de si el Gobierno habilita una instancia para abordar los reclamos sindicales.
POLITICA
Renunció Santiago Muzio, el director de la Casa Argentina en París

Santiago Muzio presentó su renuncia como director de la Casa Argentina en París, según confirmaron fuentes oficiales a TN. Su salida se produjo después de que aparecieron cuestionamientos por decisiones tomadas al frente de la institución y por sus vínculos con sectores de la extrema derecha europea.
Desde 2024, Muzio estuvo al frente de la una de las casi cincuenta residencias que integran la Cité Internationale Universitaire de París, un campus que aloja cada año a cerca de 12.000 estudiantes, investigadores y artistas de 150 países.
Sin embargo, fue criticado por el retiro de una placa que homenajeaba a los desaparecidos durante la última dictadura militar argentina, instalada en la institución desde 2022. La pieza dejó de estar en su lugar desde febrero de este año y, pese a los reclamos formales de residentes y organizaciones de derechos humanos, nunca se informó su paradero.
A esto se sumaron denuncias por la presunta expulsión de residentes y por la cesión de espacios de la Casa durante los fines de semana al Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (ISSEP) para talleres de formación política. Se trata de una escuela de formación vinculada a Marion Maréchal, eurodiputada de la extrema derecha francesa y sobrina de su principal referente, Marine Le Pen.
La gestión de Muzio también quedó marcada por la negativa a firmar la Carta de Valores de la Cité Internationale Universitaire de París (CIUP), que fija principios de no discriminación por género, orientación sexual y otros motivos.
“Simplemente sigo la línea del gobierno argentino, que reconoce la existencia de dos sexos: masculino y femenino”, dijo en su momento al defender su postura. Esa decisión llevó a que varias residencias del campus, entre ellas las de Japón, Canadá, Alemania y Dinamarca, suspendieran sus intercambios con la Casa Argentina, según trascendió.
En una entrevista con el diario conservador francés Le Journal du Dimanche, Muzio había defendido su gestión y expresado su intención de “extirpar este lugar de las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke”.
Quién será el reemplazante de Santiago Muzio
Según pudo corroborar este medio, el Gobierno ya definió a su reemplazante: se trata de Alfredo Mario Soto, abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y vicerrector de una universidad de Rosario.
Otro factor que respaldó su designación es que Soto vivió varios años en la Casa Argentina durante su etapa de estudios, por lo que conoce el funcionamiento de la residencia, y habla francés, un dato que en el Gobierno consideraron relevante para reconstruir los vínculos institucionales con la Cité Internationale Universitaire de París (CIUP).
POLITICA
Para Carlos Presti, los dichos de Trump sobre un posible conflicto en Malvinas son “en busca de una solución pacífica”

En medio de los avances en la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, se refirió a la visita que realizó en los últimos días a Ushuaia y habló sobre los dichos de Donald Trump sobre un potencial conflicto por Malvinas.
El mandatario norteamericano advirtió en las últimas horas que un conflicto entre la Argentina y el Reino Unido por el archipiélago sería “un desastre potencial”. En esa línea, el titular de la cartera de Defensa sostuvo: “Lo veo en realidad como una declaración que hace el presidente de Estados Unidos referente a esta situación, que para mi punto de vista, no es en contra de nadie, sino a favor de buscar una solución pacífica a todo este tema”.
“Acá en el Gobierno se lo trabaja de manera muy integrada y muy articulada. Seguramente el presidente Milei, con el canciller, que son los responsables de toda la política exterior de la República, estarán ya pensándolo y analizándolo todas las declaraciones hechas por el presidente de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, nosotros tenemos hechos concretos que demuestran la presencia argentina en el Atlántico Sur. Y al mismo tiempo, tenemos esta alianza estratégica con los Estados Unidos en materia de defensa, que nos permite, obviamente, equiparnos y posicionarnos a nivel hemisférico”, agregó en diálogo con Radio Mitre.
Para Presti, el reclamo sobre las islas tiene un encuadre constitucional y una única vía posible. “Todos los argentinos sabemos que es una causa nacional y, así como también está en nuestra Constitución, sabemos que la única manera de recuperar la soberanía plena sobre las islas es de manera pacífica”, afirmó.
En ese marco, el ministro de Defensa encuadró la relación con Estados Unidos como un factor de posicionamiento regional, no como una modificación del reclamo soberano. Describió que Washington tiene “una preeminencia estratégica internacional” y que la Argentina busca consolidarse como el referente norteamericano en el Atlántico Sur. La alianza en materia de defensa, según el funcionario, permite al país equiparse y ganar capacidad operativa a escala hemisférica.

Sobre ese punto, Presti respondió también a las críticas del expresidente Alberto Fernández, quien aseguró que las Fuerzas Armadas están desarmadas. El ministro fue directo: “Ha sido totalmente desacertada esa apreciación, más viniendo de un expresidente que debe conocer a sus Fuerzas Armadas”. Sostuvo que los F-35 “no son obsoletos” y que 30 países en el mundo operan esa plataforma. “Por fin tenemos aviones supersónicos. Desde 2015 no contábamos con ellos, y ese deterioro del material viene de hace veinte, treinta, cuarenta años”, remarcó.
En cuanto a la Base Naval Integrada de Ushuaia, Presti confirmó que las obras comenzarán en enero de 2027. “Esta es una obra estratégica que estaba pensada hace muchísimos años. Nunca se había invertido ni siquiera dado el contexto estratégico como para llevarla a cabo. El momento llegó después de cuarenta, cincuenta años”, afirmó. El proyecto contempla una inversión de USD 450 millones distribuida en cuatro etapas a lo largo de cuatro años, financiada íntegramente con fondos del Estado argentino, sin participación de organismos multilaterales ni de otros países.
Los recursos iniciales fueron asignados mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado la misma noche de la cadena nacional presidencial. Esa partida habilita las licitaciones que se lanzarán antes de fin de año y cubre el arranque de obras tanto en Ushuaia como en la Antártida. El financiamiento restante quedará sujeto al Presupuesto 2027, cuya aprobación depende del Congreso y en el que el Ejecutivo proyecta incluir más de 300.000 millones de pesos adicionales para el proyecto.

La infraestructura contempla seis frentes de construcción: un muelle de 585 metros —el componente central—, obradores para el período invernal, un edificio de servicios marítimos, la urbanización del predio, instalaciones de logística antártica y la relocalización de la base naval actual con viviendas para el personal. Los primeros 240 metros del muelle, suficientes para recibir embarcaciones de la División Patrulla Austral, se proyectan en un plazo de 18 meses desde el inicio efectivo. La finalización del conjunto se estima para 2029.
El objetivo declarado es que Ushuaia funcione como polo logístico del Atlántico Sur y puerta de entrada al continente antártico, articulado con la Base Antártica Conjunta Petrel. “El presidente me ha indicado expresamente poner máximo empeño en levantar nuestra base naval en Ushuaia. Esto nos va a permitir tener una mayor presencia y fortaleza en el Atlántico Sur, integrar todos los medios y crear un polo logístico comercial para la proyección antártica e internacional”, explicó Presti.
Durante la visita a la capital fueguina, el ministro estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y mantuvo una reunión de una hora con el gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora Mónica Urquiza. Presti describió el encuentro como de “buena recepción” y destacó que la necesidad de consolidar a Ushuaia como referente en el Atlántico Sur es “de interés de Tierra del Fuego, más allá de cuestiones partidarias”. Las autoridades provinciales respaldaron el proyecto y confirmaron su participación en el proceso de construcción. El Ministerio de Defensa ya recibió los pliegos y los derivó a la Armada Argentina, que tiene previsto lanzar cinco licitaciones en simultáneo para los distintos componentes.
Pablo Quirno,Carlos Presti,Base Naval Integrada de Ushuaia,Armada Argentina
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