POLITICA
Efecto Adorni: el FMI criticó los “retrasos en la publicación” de las declaraciones de bienes de funcionarios y pidió más medidas anticorrupción

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó una fuerte advertencia sobre transparencia estatal, declaraciones patrimoniales de funcionarios, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial argentino en el informe técnico sobre la Argentina que difundió el viernes pasado, publicado después de que el directorio del organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei y habilitara un desembolso de USD 1.000 millones.
Las observaciones aparecen en el Box 9 del reporte del staff, dedicado específicamente a Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks (“Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”), y se conocen en medio de la controversia pública alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las revelaciones sobre sus vuelos al exterior y el crecimiento de su patrimonio.
La cuestión adquirió además mayor sensibilidad política porque la declaración jurada patrimonial correspondiente al jefe de Gabinete todavía no fue presentada formalmente. El plazo original vencía el 30 de mayo, pero el Gobierno otorgó una prórroga hasta el 31 de julio para la presentación de las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

En ese contexto, el staff técnico del FMI incorporó un diagnóstico institucional particularmente sensible para la Casa Rosada. Aunque el organismo respaldó con fuerza la política económica de Milei y elogió el proceso de desregulación impulsado desde diciembre de 2023, el capítulo institucional del informe contiene cuestionamientos explícitos a los mecanismos de control del Estado argentino.
Observaciones del staff del FMI
“Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”, sostiene el documento. Y a continuación, el Fondo enumera una serie de observaciones concretas sobre el sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos: “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.
La referencia a los “retrasos en la publicación” aparece como uno de los pasajes más sensibles políticamente dentro del documento del FMI, porque el informe fue redactado cuando ya llevaba semanas instalada la discusión pública sobre patrimonio, vuelos y mecanismos de transparencia alrededor de Adorni.
El señalamiento del organismo no quedó restringido únicamente a las declaraciones patrimoniales. El reporte también cuestiona los mecanismos estatales vinculados a incompatibilidades y conflictos de interés.
“Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, afirma el texto.
La combinación de ambas observaciones —declaraciones patrimoniales con baja transparencia y conflictos de interés con controles débiles— constituye el núcleo político más delicado del Box 9 del informe técnico.
El documento forma parte del reporte Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria, difundido por el staff después de que el Board del FMI confirmara la continuidad del programa económico argentino.
El jueves de la semana pasada, el directorio ejecutivo aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones. En ese comunicado oficial, el Fondo destacó la consolidación fiscal, la desaceleración inflacionaria y la continuidad de las reformas estructurales impulsadas por Milei.
Sin embargo, el documento técnico completo introdujo una dimensión institucional mucho más compleja. “A pesar de estas reformas, persisten desafíos en materia de gobernanza”, advierte el staff.
El organismo recuerda además que “Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 elaborado por Transparency International, y agrega que “otros indicadores señalan problemas persistentes”.
Críticas y recomendaciones institucionales
La advertencia del FMI aparece además en un momento particularmente sensible para el Gobierno en materia de transparencia y control patrimonial. Las discusiones alrededor de los vuelos de Adorni, las investigaciones periodísticas sobre el crecimiento de su patrimonio y las controversias por la demora en la presentación de declaraciones juradas volvieron a poner en debate el funcionamiento de los sistemas de control estatal.
En ese escenario, el informe técnico del Fondo incorporó una crítica explícita a los mecanismos de verificación patrimonial de funcionarios públicos.
El staff no solamente menciona “retrasos en la publicación”, sino también “limitaciones en la verificación” y “aplicación desigual” de los regímenes patrimoniales. Es decir: para el FMI, el problema no es únicamente la demora temporal en la difusión de la información, sino también la capacidad del Estado para controlar efectivamente el contenido y cumplimiento de las declaraciones juradas.
El organismo además introduce un diagnóstico particularmente crítico sobre el funcionamiento del Poder Judicial argentino.
“Al mismo tiempo, la percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, sostiene el reporte. El staff agrega que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”.
Según el FMI, esa situación “subraya la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y la transparencia judicial”.
La formulación utilizada por el organismo es especialmente fuerte para el lenguaje diplomático habitual del Fondo. El staff no habla únicamente de problemas administrativos o burocráticos: menciona directamente “politización”, “independencia judicial limitada” y falta de rendición de cuentas de funcionarios de alto rango.
Las observaciones aparecen en medio de un escenario de fuertes tensiones alrededor de la Justicia federal, con vacantes en tribunales clave, discusiones políticas por pliegos judiciales y el avance de múltiples causas de alto impacto.
El informe del FMI incorpora así una idea política central: para el organismo, la estabilización económica y la apertura de la economía no alcanzan por sí solas si no están acompañadas por mecanismos institucionales de control, transparencia y funcionamiento judicial independiente.
De hecho, el propio Box 9 plantea una tensión conceptual. Por un lado, el Fondo elogia con fuerza el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno. Pero, al mismo tiempo, reclama más capacidad institucional del Estado en materia de control y transparencia.
En el capítulo dedicado a las reformas recientes, el organismo sostiene que las medidas impulsadas desde diciembre de 2023 redujeron espacios históricamente asociados a prácticas corruptas.
El reporte destaca que “las medidas incluyeron la eliminación del déficit fiscal, la reorganización de los programas sociales mediante la reducción de intermediarios, el levantamiento gradual de los controles cambiarios y de los múltiples tipos de cambio, y la derogación de numerosas regulaciones”.
Más adelante, el FMI agrega que “se simplificaron los procedimientos de ingreso al mercado y de comercio, se limitaron los sistemas de licencias y aprobaciones discrecionales, y se redujeron los puntos de interacción entre empresas y el Estado asociados a riesgos de sobornos”.
El staff incluso sostiene que las reformas “incrementaron la competencia y orientaron el entorno regulatorio hacia un esquema más basado en reglas y de trato más equitativo”.
En otro tramo del Box 9, el organismo afirma que “estas reformas redujeron el gasto discrecional y los controles administrativos que históricamente facilitaron prácticas de búsqueda de rentas y corrupción por parte de intereses sectoriales”.
La lógica conceptual del Fondo es clara: menos regulaciones, menos discrecionalidad administrativa y menos intermediación estatal reducen oportunidades de corrupción.

Pero el mismo informe plantea simultáneamente que siguen existiendo debilidades estructurales profundas en materia institucional.
Por eso, el staff incorpora además una serie de recomendaciones concretas para el Estado argentino.
Entre las prioridades mencionadas aparecen “fortalecer la independencia judicial y las instituciones de control”, “mejorar la aplicación de los regímenes de declaraciones patrimoniales y conflictos de interés”, “incrementar la transparencia en las contrataciones públicas y privatizaciones” y “garantizar previsibilidad regulatoria”.
El documento incluso plantea que algunos de esos objetivos podrían alcanzarse “mediante el fortalecimiento de la Ley de Ética Pública”.
La publicación del Box 9 adquiere relevancia política adicional porque aparece en uno de los momentos de mayor respaldo financiero y político del FMI hacia el Gobierno de Javier Milei.
En el resumen ejecutivo del reporte, el organismo sostuvo que “la mejora en la capacidad de gobernanza desde las elecciones legislativas de octubre permitió avances legislativos clave”, entre ellos “la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral”.
También destacó que “las medidas para desregular y abrir la economía continuaron, incluso mediante acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea”.
Sin embargo, el capítulo institucional dejó en claro que, para el FMI, la consolidación del programa argentino no dependerá únicamente del equilibrio fiscal o de la estabilidad monetaria.
En la mirada del organismo, el éxito de largo plazo también requerirá fortalecer mecanismos anticorrupción, mejorar los sistemas de control patrimonial de funcionarios y reducir las sospechas de politización judicial que, según el propio staff, continúan afectando a la Argentina.
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POLITICA
Por decreto, el Gobierno flexibiliza los requisitos para la designación de jueces de la Corte Suprema

El presidente Javier Milei firmó un decreto, que se publicará en las próximas horas, que flexibiliza los requisitos pensados para hacer más visible y transparente el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y deja sin efecto la recomendación para que el Presidente contemple la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los postulantes.
Ante la consulta de , fuentes del Gobierno negaron que se procure una mayor opacidad en el proceso de selección de ministros de la Corte.
En cambio, dijeron que se busca simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir las vacantes más rápidamente.
El decreto podría publicarse este lunes o martes, dijeron fuentes de la Casa Rosada, que informaron que Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ya lo firmaron.
La herramienta modifica el decreto 222 de 2003, de Néstor Kirchner, llamado de “autolimitación presidencial”, que prevé que el Poder Ejecutivo debe publicar en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional, durante al menos tres días, el nombre y los antecedentes de los candidatos propuestos. También, que los candidatos deben presentar una declaración jurada detallada de su patrimonio.
Además, el decreto 222/03 prevé la participación de la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los colegios profesionales en la presentación ante el Ministerio de Justicia, en un plazo de 15 días, de observaciones o impugnaciones fundadas sobre los candidatos.
Tras ese período de evaluación dentro del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo envía el pliego al Senado, donde el candidato atraviesa otra serie de impugnaciones o apoyos, además de enfrentar una audiencia pública. Luego, su pliego debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de sus miembros presentes.
Ahora, el decreto que ya firmó Milei elimina el mecanismo de las impugnaciones y la participación ciudadana en el Ministerio de Justicia, con su plazo de 15 días, así como la publicación en los diarios de la postulación del candidato a la Corte. La presentación de objeciones en el Ministerio se elimina ya que “guarda similitud con las que se cumplen en el proceso que ya se lleva a cabo en el Senado”, dijeron en el Gobierno.
Agregaron que hay una “duplicación de instancias administrativas (publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas) dentro de la órbita del Ministerio de Justicia”. En los hechos, los tiempos del proceso para designar un juez de la Corte se reducen drásticamente.
El decreto de Milei también modifica la manera en la que los candidatos a juez de la Corte brindan información sobre sus bienes y deudas. Se establece “un régimen uniforme en materia de información patrimonial y de cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos”, indicaron desde la Casa Rosada.
El Gobierno insiste en que con este cambio “no se suprimen mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana en el proceso de designación de magistrados”, que se encuentran garantizados mediante el procedimiento del Senado.
En alerta
Las ONG relacionadas con la transparencia y la lucha anticorrupción están en alerta ante estos cambios, pero esperan conocer la letra chica del decreto para opinar.
Desde el Gobierno dijeron que con el decreto “se moderniza el sistema de publicación a la dinámica actual de comunicación y tecnologías disponibles”, pues ahora es más corto el plazo para la comunicación de la postulación y se incorpora la publicación en la página oficial del Ministerio de Justicia.
Se establece asimismo un plazo para que la ARCA informe el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos. Y se da un plazo de cinco días para que los concursantes presenten las declaraciones juradas de bienes contempladas en la Ley de Ética Pública.
Se reducen los plazos de publicación de los antecedentes y se busca ahorrar tiempo para que el trámite de designación de jueces sea más rápido, destacaron en el oficialismo. Además, se eliminan las recomendaciones del decreto de Kirchner para que los jueces de la Corte sean propuestos teniendo en cuenta la diversidad de género, especialidad y procedencia regional.
Son recomendaciones que, de todos modos, el Gobierno no tuvo en cuenta cuando propuso para la Corte al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla. Sin embargo, el trámite extendido que establece el decreto 222/03 multiplicó los días de desgaste político para el oficialismo, a medida que se apilaban las impugnaciones contra Lijo. Objeciones que luego se repitieron en el Senado.
El cambio que preparan Milei y Mahiques puso en alerta a varios actores judiciales. Sucede que estos cambios se dan en momentos en que el Gobierno aceleró para cubrir las vacantes de jueces y fiscales de la Justicia Nacional y Federal. Ya envió al Senado más de cien pliegos de candidatos que pasaron el examen en el Consejo de la Magistratura y logró el acuerdo para 74 pliegos.
Ahora, Milei debe firmar el decreto que designa a cada uno de los jueces y fiscales que lograron acuerdo. Pero, en paralelo, el Gobierno puede volver a hacer un intento para completar la Corte Suprema, que cuenta tres de los cinco jueces previstos en la ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El Presidente hizo saber que prefiere cubrir las dos vacantes luego de 2027, convencido de que logrará un triunfo electoral que le dará suficiente fuerza en el Senado para obtener los votos de los dos tercios sin negociar con la oposición.
Pero el ministro Mahiques cree que podrían empezar a pensar ahora en esas coberturas de vacantes, ya que el pliego de su padre, Carlos “Coco” Mahiques, para renovar su acuerdo en el Senado como juez de la Cámara de Casación obtuvo 58 votos, más de los que necesita un juez de la Corte.
Otro que piensa que se podría activar ahora la cobertura de las vacantes es Lorezetti, que se reunió con Milei y le propuso como candidatos al camarista de la Casación Mariano Borinsky y la jueza de tribunal oral en lo penal económico Karina Perilli.
Otros magistrados proponen a la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del Consejo de la Magistratura y cercana a Rosatti. Los cambios que impulsarán Milei y Mahiques alimentaron las especulaciones sobre la posibilidad de que se acelere el proceso de renovación de jueces de la Corte.
Hernán Cappiello,Corte Suprema de Justicia,Conforme a,Corte Suprema de Justicia,,Emilio Rosatti. El Gobierno oficializó la designación del hijo del presidente de la Corte como juez en Santa Fe,,Jubilaciones y Ganancias,,»Operación Dakovo». Confirmaron las extradiciones a Brasil del “mayor contrabandista de armas” y de su esposa, una exmodelo
POLITICA
El dolor de Estela de Carlotto por la muerte de “Taty” Almeida: “Quedamos dos abuelas nada más con vida”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lamentó la reciente muerte de Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y subrayó que “es un día muy triste” para los organismos de derechos humanos.
En declaraciones a Radio Splendid, Carlotto relató el dolor y la conmoción que generó la noticia entre quienes compartieron décadas de militancia junto a Almeida. “Hasta la madrugada estuve con esta tan mala noticia, tan triste noticia de nuestra compañera que tanto hemos luchado juntas, tanto hemos sufrido, alegrado y sonreír”, expresó la presidenta de Abuelas, y destacó la relación de cercanía y complicidad que las unía. “Me parece mentira que no exista más, que no pueda escuchar su voz, que no nos riamos juntas”, agregó.
Durante la entrevista, Carlotto remarcó el contexto actual de los organismos de derechos humanos, y señaló: “Quedamos dos abuelas nada más con vida, el resto son jóvenes que trabajan muchísimo, que nos representan y son ellos ahora los autores de no perder la memoria, y que no vuelva a pasar esto”. La dirigente sostuvo que la continuidad de la tarea depende de las nuevas generaciones y enfatizó la importancia de mantener activa la memoria colectiva sobre los crímenes de la última dictadura.
Consultada sobre la posibilidad de recibir un reconocimiento o saludo del Gobierno Nacional, Estela de Carlotto fue categórica: “No creo. Si esa gente nos odia. Al contrario, deben estar brindando. Yo la verdad, no quiero ni pensar en ellos porque no vale la pena. Tenemos que pensar en nosotros, fortalecernos en lo que sigue y que nunca más suceda lo que hemos tenido que sufrir nosotros”.
Ayer se conoció el fallecimiento de Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y una de las figuras históricas de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Almeida, de 95 años, se encontraba internada en el Hospital Italiano desde hacía varios días y su deceso fue confirmado por la organización, a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales.
En el mensaje, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora destacaron el legado y la humanidad de Almeida: “Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Tan inmensa que no hay manera de contarlo. Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor”. El texto enfatizó la importancia del compromiso, la militancia y la ternura de Almeida, así como su rol en sostener la alegría en los momentos difíciles sin dejar de lado la firmeza de sus convicciones. La agrupación también resaltó la capacidad de Almeida para conectar con los jóvenes y abrir caminos para nuevas generaciones, además de su generosidad y su habilidad para construir puentes y sembrar compromiso colectivo.
El comunicado de las Madres prometió preservar la memoria y el legado de Almeida, mencionando también a su hijo Alejandro, desaparecido durante la dictadura, y subrayó el compromiso de seguir exigiendo justicia y memoria: “Prometemos cuidar tu memoria y la de Alejandro, llevando tu legado a cada rincón. Y cada vez que alcemos la voz por los 30.000, también te haremos presente”. El texto concluyó con el tradicional “Presente, ahora y siempre”, símbolo de la lucha por la memoria en Argentina.
Taty Almeida, cuyo nombre completo era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, nació el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano en una familia de origen militar y se formó como docente. Su vida estuvo marcada por el secuestro y desaparición de su hijo Alejandro en junio de 1975, cuando tenía 20 años, trabajaba en la agencia Télam y estudiaba Medicina. Alejandro fue secuestrado por la organización paraestatal conocida como la Triple A. Almeida relató que desconocía la militancia política de su hijo hasta descubrir, tras su desaparición, una agenda con detalles de su actividad en el ERP-22 de Agosto, una fracción del Partido Revolucionario de los Trabajadores.
En esa misma agenda, Almeida halló 24 poemas escritos por Alejandro, que en 2008 reunió y publicó en el libro “Alejandro, por siempre amor”. Dos años más tarde, esos textos fueron recitados por personalidades de la cultura, entre ellos Alfredo Alcón, Joan Manuel Serrat e Ismael Serrano, en un CD homenaje.
A partir de 1979, Taty Almeida se integró a Madres de Plaza de Mayo y, tras la división interna de 1986, pasó a la Línea Fundadora, donde mantuvo una activa participación en entrevistas, conferencias y actos públicos vinculados a la memoria, la verdad y la justicia. En 2024, tras la muerte de Nora Cortiñas, Almeida asumió la presidencia de la organización. Su liderazgo trascendió las fronteras partidarias y su figura se consolidó como referente indiscutida del movimiento de derechos humanos argentino.
Durante toda su vida, Almeida continuó exigiendo justicia y nunca pudo conocer el destino final de su hijo Alejandro. Siguió viviendo en el departamento de Palermo desde el que lo vio partir la última vez. En 2015, un retrato suyo fue incorporado a la exposición permanente del Museo de la Casa Rosada, en reconocimiento a su trayectoria.
El fallecimiento de Almeida fue reconocido por diversas figuras públicas, entre ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien publicó en sus redes sociales: “Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty”.
A su vez, ayer también se informó sobre el fallecimiento de Angelina Caterino de Castro, referente de Abuelas de Plaza de Mayo en Mendoza. Angelina fue abuela de Claudia Domínguez Castro, nieta restituida en 2015 tras casi 38 años de búsqueda. La restitución de Claudia se produjo luego de una denuncia anónima, análisis de ADN y la intervención del Banco Nacional de Datos Genéticos, lo que permitió reconstruir el lazo familiar interrumpido por la represión. Abuelas de Plaza de Mayo despidió a Angelina como una figura cálida y activa, hija de inmigrantes italianos y trabajadora de viñedos, subrayando su papel en la reconstrucción de la identidad y el reencuentro familiar.
POLITICA
El caso Adorni profundiza tensiones en el Gobierno y complica la agenda de reformas de LLA en el Congreso

La Casa Rosada volvió a quedar atravesada por la interna entre los sectores de Karina Milei y Santiago Caputo en medio del impacto político del caso Manuel Adorni, la falta de respaldo del frente digital oficialista y la necesidad de sostener acuerdos con gobernadores para aprobar reformas. En Balcarce 50 reconocen que la crisis del jefe de Gabinete profundizó desconfianzas que ya existían y obligó a recalcular la estrategia política para los próximos meses.
El primer foco está en la reacción digital. En el Gobierno esperaban que parte del ecosistema libertario saliera a respaldar a Adorni después de sus explicaciones patrimoniales, pero ese operativo no ocurrió con la fuerza que imaginaban. Por el contrario, sectores identificados con el oficialismo marcaron distancia, cuestionaron inconsistencias del relato y evitaron defender en bloque al ministro coordinador.
En despachos libertarios admiten que la explicación de Adorni no logró ordenar la conversación pública ni recuperar credibilidad. La lectura interna es que el jefe de Gabinete ya venía debilitado por meses de desgaste y que las contradicciones sobre su patrimonio, los ahorros no declarados y las inversiones en bitcoin hicieron más difícil pedir respaldo automático a la militancia digital. En Nación reconocen, además, que las críticas de Patricia Bullrich agravaron la percepción de falta de cohesión.
Ese episodio se da en medio de la disputa por la estructura digital de La Libertad Avanza. Karina Milei busca reforzar una coordinación propia en las provincias, con lineamientos partidarios y control territorial bajo el sello formal del espacio. Del otro lado, Las Fuerzas del Cielo y otros grupos referenciados en Caputo defienden su lógica de intervención en redes y sostienen que su valor está en dirigir la conversación pública más allá de la militancia orgánica.
La secretaria general de la Presidencia sumó ahora una nueva desconfianza sobre Caputo. En su entorno creen que el asesor presidencial trabaja en un proyecto político personal, no necesariamente como candidato, pero sí como actor con estructura propia dentro del oficialismo. La sospecha remite a las acusaciones que circularon durante la campaña de 2025, cuando sectores karinistas lo señalaron por mantener vínculos con gobernadores dialoguistas que compitieron por afuera de La Libertad Avanza.
Cerca de Karina Milei sostienen que esa experiencia no se repetirá. “Esta vez no va a estar en la estrategia en las provincias”, advierten en ese sector. La frase apunta al diseño electoral de 2027, que la presidenta de La Libertad Avanza quiere concentrar junto con Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, con el objetivo de ordenar candidaturas, sellos, fiscales, presencia territorial y acuerdos con mandatarios provinciales.
En el karinismo también miran con atención los vínculos que mantienen exsocios del asesor con algunos gobernadores. En ese sector sostienen que esa relación alimenta las sospechas sobre una estructura política paralela a la conducción partidaria formal. En el entorno de Caputo rechazan las acusaciones y aseguran que el asesor seguirá trabajando con Milei mientras el Presidente así lo quiera. “En este país no va a trabajar para nadie que no sea Javier Milei”, expresan cerca suyo.
La tensión no implica, por ahora, un cambio estructural en el esquema de poder. En ambos bandos descartan movimientos inmediatos de fondo y relativizan la posibilidad de nuevas salidas después de los cambios en el Ministerio de Justicia. En sectores neutrales del oficialismo recuerdan que, cuando Karina Milei negoció con el Presidente la llegada de Juan Bautista Mahiques, también pidió avanzar sobre la SIDE, pero Milei rechazó esa posibilidad.
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El desembarco de Mahiques en Justicia y la salida de Sebastián Amerio, un funcionario referenciado en Caputo, ya habían alterado el equilibrio interno. En el oficialismo aseguran que, en ese momento, Milei le pidió a Caputo que siguiera dentro de la gestión. Quienes conocen el contenido de ese diálogo lo describen como “áspero” y “emocional”, pero remarcan que el asesor continuó en el esquema presidencial.
El segundo frente de preocupación es Bullrich. En Balcarce 50 admiten que la situación de la senadora “se les fue de las manos” y que hoy resulta difícil de ordenar. La exministra de Seguridad volvió a diferenciarse del Gobierno por el caso Adorni, habló de una “omisión ética” y protagonizó un cruce con el jefe de Gabinete durante la reunión de mesa política.
En el entorno de Adorni sostienen que el ministro coordinador la enfrentó porque considera que sus cuestionamientos públicos debieron haber sido planteados antes en privado. “Le dijo que primero le diga por privado lo que piensa decir en público para criticarlo. Mínimamente”, expresan en Nación. El intercambio expuso el malestar acumulado entre ambos y dejó en claro que la foto de unidad de la mesa política no alcanzó para ordenar la interna.
En el Gobierno advierten que desplazar a Bullrich ya no aparece como una opción viable. “Si se carga a Manuel, va por Javier y Karina”, expresan en un despacho oficial, en referencia al poder político que acumuló la senadora y al costo de confrontarla de manera abierta. El enojo entre ambas partes sigue siendo fuerte, pero el cálculo interno es que ya es demasiado tarde para apartarla sin abrir una crisis mayor.
El karinismo mantiene, de todos modos, un objetivo electoral: que Bullrich compita por la Ciudad de Buenos Aires. En Balcarce 50 creen que una candidatura porteña permitiría ordenar su rol dentro del oficialismo y, al mismo tiempo, despejar cualquier expectativa sobre una eventual postulación a la vicepresidencia en 2027. En la Casa Rosada la siguen considerando una figura con peso propio, pero también un factor de autonomía difícil de administrar.
La tercera pata del plan pasa por los gobernadores. El Gobierno busca cerrar acuerdos de competencia y gobernabilidad con mandatarios dialoguistas para sostener las reformas hasta marzo. No se trata necesariamente de ir juntos en las boletas, sino de evitar confrontaciones directas en algunos distritos, coordinar votaciones legislativas y mantener abierto un canal de negociación política durante la transición hacia el calendario electoral.
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En Balcarce 50 apuntan a sostener entendimientos con gobernadores como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Rogelio Frigerio, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck, Hugo Passalacqua, Leandro Zdero y Marcelo Orrego, entre otros mandatarios que mantienen diálogo con Interior. Diego Santilli seguirá como articulador de esa agenda, que mezcla reclamos de gestión, obras, financiamiento, reforma electoral y acompañamiento legislativo.
La Casa Rosada necesita esos acuerdos para avanzar con el Súper RIGI, la ley de lobby, la reforma electoral, los cambios en Inocencia Fiscal, el paquete desregulador y otros proyectos que quedaron atravesados por el caso Adorni. En el Gobierno reconocen que la agenda legislativa se volvió más frágil después de las críticas del PRO, la presión de la oposición por la moción de censura y las dudas de bloques provinciales.
El oficialismo también busca, como mínimo, una promesa de discusión sobre reforma tributaria para aplicarla en 2028. En Nación descartan que ese cambio pueda sancionarse antes de fin de año, pero quieren dejar encaminado un compromiso político con gobernadores para revisar impuestos nacionales, tributos provinciales y esquemas de competitividad después de 2027. El objetivo es mostrar previsibilidad ante el mercado y atar la segunda etapa del programa económico a una negociación federal.
La reforma electoral es otro eje de esas conversaciones. El Gobierno quiere modificar el sistema de PASO y analiza salidas intermedias para conseguir votos, entre ellas esquemas optativos o mecanismos que permitan compensar a gobernadores y aliados que necesitan preservar margen local. Bullrich empuja una alternativa con colectoras, mientras Santilli negocia con mandatarios provinciales que piden discutir primero obras, cajas previsionales, rutas, financiamiento y desarrollo productivo.
Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich
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