POLITICA
Efecto Adorni: el FMI criticó los “retrasos en la publicación” de las declaraciones de bienes de funcionarios y pidió más medidas anticorrupción

El Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó una fuerte advertencia sobre transparencia estatal, declaraciones patrimoniales de funcionarios, conflictos de interés y funcionamiento del Poder Judicial argentino en el informe técnico sobre la Argentina que difundió el viernes pasado, publicado después de que el directorio del organismo aprobara la segunda revisión del acuerdo con el gobierno de Javier Milei y habilitara un desembolso de USD 1.000 millones.
Las observaciones aparecen en el Box 9 del reporte del staff, dedicado específicamente a Assessment of Economic Governance and Anti-Corruption Frameworks (“Evaluación de los marcos de gobernanza económica y anticorrupción”), y se conocen en medio de la controversia pública alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las revelaciones sobre sus vuelos al exterior y el crecimiento de su patrimonio.
La cuestión adquirió además mayor sensibilidad política porque la declaración jurada patrimonial correspondiente al jefe de Gabinete todavía no fue presentada formalmente. El plazo original vencía el 30 de mayo, pero el Gobierno otorgó una prórroga hasta el 31 de julio para la presentación de las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

En ese contexto, el staff técnico del FMI incorporó un diagnóstico institucional particularmente sensible para la Casa Rosada. Aunque el organismo respaldó con fuerza la política económica de Milei y elogió el proceso de desregulación impulsado desde diciembre de 2023, el capítulo institucional del informe contiene cuestionamientos explícitos a los mecanismos de control del Estado argentino.
Observaciones del staff del FMI
“Los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse”, sostiene el documento. Y a continuación, el Fondo enumera una serie de observaciones concretas sobre el sistema de declaraciones juradas de funcionarios públicos: “Los regímenes de declaraciones patrimoniales presentan limitaciones en la verificación, baja transparencia, retrasos en la publicación y una aplicación desigual”.
La referencia a los “retrasos en la publicación” aparece como uno de los pasajes más sensibles políticamente dentro del documento del FMI, porque el informe fue redactado cuando ya llevaba semanas instalada la discusión pública sobre patrimonio, vuelos y mecanismos de transparencia alrededor de Adorni.
El señalamiento del organismo no quedó restringido únicamente a las declaraciones patrimoniales. El reporte también cuestiona los mecanismos estatales vinculados a incompatibilidades y conflictos de interés.
“Las normas sobre conflictos de interés continúan limitadas por reglas permeables y una débil capacidad de control”, afirma el texto.
La combinación de ambas observaciones —declaraciones patrimoniales con baja transparencia y conflictos de interés con controles débiles— constituye el núcleo político más delicado del Box 9 del informe técnico.
El documento forma parte del reporte Argentina: 2026 Article IV Consultation, Second Review Under the Extended Fund Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria, difundido por el staff después de que el Board del FMI confirmara la continuidad del programa económico argentino.
El jueves de la semana pasada, el directorio ejecutivo aprobó la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones. En ese comunicado oficial, el Fondo destacó la consolidación fiscal, la desaceleración inflacionaria y la continuidad de las reformas estructurales impulsadas por Milei.
Sin embargo, el documento técnico completo introdujo una dimensión institucional mucho más compleja. “A pesar de estas reformas, persisten desafíos en materia de gobernanza”, advierte el staff.
El organismo recuerda además que “Argentina obtuvo 36 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 elaborado por Transparency International, y agrega que “otros indicadores señalan problemas persistentes”.
Críticas y recomendaciones institucionales
La advertencia del FMI aparece además en un momento particularmente sensible para el Gobierno en materia de transparencia y control patrimonial. Las discusiones alrededor de los vuelos de Adorni, las investigaciones periodísticas sobre el crecimiento de su patrimonio y las controversias por la demora en la presentación de declaraciones juradas volvieron a poner en debate el funcionamiento de los sistemas de control estatal.
En ese escenario, el informe técnico del Fondo incorporó una crítica explícita a los mecanismos de verificación patrimonial de funcionarios públicos.
El staff no solamente menciona “retrasos en la publicación”, sino también “limitaciones en la verificación” y “aplicación desigual” de los regímenes patrimoniales. Es decir: para el FMI, el problema no es únicamente la demora temporal en la difusión de la información, sino también la capacidad del Estado para controlar efectivamente el contenido y cumplimiento de las declaraciones juradas.
El organismo además introduce un diagnóstico particularmente crítico sobre el funcionamiento del Poder Judicial argentino.
“Al mismo tiempo, la percepción de una independencia judicial limitada y de politización sigue siendo motivo de preocupación”, sostiene el reporte. El staff agrega que “evaluaciones internacionales y observadores locales continúan señalando demoras en causas de alto perfil y escasa rendición de cuentas de altos funcionarios”.
Según el FMI, esa situación “subraya la necesidad de fortalecer la independencia de los fiscales y la transparencia judicial”.
La formulación utilizada por el organismo es especialmente fuerte para el lenguaje diplomático habitual del Fondo. El staff no habla únicamente de problemas administrativos o burocráticos: menciona directamente “politización”, “independencia judicial limitada” y falta de rendición de cuentas de funcionarios de alto rango.
Las observaciones aparecen en medio de un escenario de fuertes tensiones alrededor de la Justicia federal, con vacantes en tribunales clave, discusiones políticas por pliegos judiciales y el avance de múltiples causas de alto impacto.
El informe del FMI incorpora así una idea política central: para el organismo, la estabilización económica y la apertura de la economía no alcanzan por sí solas si no están acompañadas por mecanismos institucionales de control, transparencia y funcionamiento judicial independiente.
De hecho, el propio Box 9 plantea una tensión conceptual. Por un lado, el Fondo elogia con fuerza el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno. Pero, al mismo tiempo, reclama más capacidad institucional del Estado en materia de control y transparencia.
En el capítulo dedicado a las reformas recientes, el organismo sostiene que las medidas impulsadas desde diciembre de 2023 redujeron espacios históricamente asociados a prácticas corruptas.
El reporte destaca que “las medidas incluyeron la eliminación del déficit fiscal, la reorganización de los programas sociales mediante la reducción de intermediarios, el levantamiento gradual de los controles cambiarios y de los múltiples tipos de cambio, y la derogación de numerosas regulaciones”.
Más adelante, el FMI agrega que “se simplificaron los procedimientos de ingreso al mercado y de comercio, se limitaron los sistemas de licencias y aprobaciones discrecionales, y se redujeron los puntos de interacción entre empresas y el Estado asociados a riesgos de sobornos”.
El staff incluso sostiene que las reformas “incrementaron la competencia y orientaron el entorno regulatorio hacia un esquema más basado en reglas y de trato más equitativo”.
En otro tramo del Box 9, el organismo afirma que “estas reformas redujeron el gasto discrecional y los controles administrativos que históricamente facilitaron prácticas de búsqueda de rentas y corrupción por parte de intereses sectoriales”.
La lógica conceptual del Fondo es clara: menos regulaciones, menos discrecionalidad administrativa y menos intermediación estatal reducen oportunidades de corrupción.

Pero el mismo informe plantea simultáneamente que siguen existiendo debilidades estructurales profundas en materia institucional.
Por eso, el staff incorpora además una serie de recomendaciones concretas para el Estado argentino.
Entre las prioridades mencionadas aparecen “fortalecer la independencia judicial y las instituciones de control”, “mejorar la aplicación de los regímenes de declaraciones patrimoniales y conflictos de interés”, “incrementar la transparencia en las contrataciones públicas y privatizaciones” y “garantizar previsibilidad regulatoria”.
El documento incluso plantea que algunos de esos objetivos podrían alcanzarse “mediante el fortalecimiento de la Ley de Ética Pública”.
La publicación del Box 9 adquiere relevancia política adicional porque aparece en uno de los momentos de mayor respaldo financiero y político del FMI hacia el Gobierno de Javier Milei.
En el resumen ejecutivo del reporte, el organismo sostuvo que “la mejora en la capacidad de gobernanza desde las elecciones legislativas de octubre permitió avances legislativos clave”, entre ellos “la aprobación del Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Modernización Laboral”.
También destacó que “las medidas para desregular y abrir la economía continuaron, incluso mediante acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea”.
Sin embargo, el capítulo institucional dejó en claro que, para el FMI, la consolidación del programa argentino no dependerá únicamente del equilibrio fiscal o de la estabilidad monetaria.
En la mirada del organismo, el éxito de largo plazo también requerirá fortalecer mecanismos anticorrupción, mejorar los sistemas de control patrimonial de funcionarios y reducir las sospechas de politización judicial que, según el propio staff, continúan afectando a la Argentina.
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POLITICA
Patricia Bullrich habló de una eventual candidatura para jefa de Gobierno en la Ciudad: “Me tengo una fe bárbara”

A meses de que comience el año electoral, la senadora nacional Patricia Bullrich aseguró que no tenía en mente ser candidata, pero que no descartaría la posibilidad de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en representación de La Libertad Avanza (LLA). “Yo puedo ser candidata y me tengo una fe bárbara“, sostuvo.
Luego de que la dirigente se negara a futurizar sobre su carrera política al expresar: “No me gusta estar pensando en lo que voy a hacer en un año cuando hace seis meses fui elegida senadora”; tampoco se cerró a la posibilidad. “Donde yo haga falta, voy a estar“, afirmó.
Tal como lo había indicado en la previa a las elecciones legislativas 2025, Bullrich recordó que “hay un DT y es el presidente”, en referencia a que solo podría participar de la contienda electoral si Javier Milei se lo pidiera. Más allá del armado electoral, aseguró: “Me gustaría que este proyecto de país se profundice, no se corte y que llegue a cada argentino“.
De hecho, durante una entrevista para TN, la senadora se mostró más interesada en lograr que el oficialismo forme nuevas alianzas electorales. “Mi convicción, y la he planteado, es que hay que hacer un acuerdo con el PRO, el radicalismo y con ciertos partidos“, señaló al agregar que debería pactarse que la fuerza política que actualmente gobierne en los territorios acordados se mantenga al frente.
Bajo este contexto, fue consultada sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires y una eventual alianza LLA-PRO. Por este motivo, planteó que “la ciudad hay que manejarla y cambiarla profundamente”. Aunque mencionó que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había hecho algunos cambios, consideró que era necesario darle a los porteños un alivio fiscal.
Al considerar que la actual gestión le faltaría un poco de la impronta libertaria, insistió: “Puede ser en coalición, puede ser el mismo Jorge Macri con ministros que tengan esta idea, no es imposible que sea yo”. Y profundizó: “Yo puedo ser candidata y me tengo una fe bárbara. Estoy probada en gestiones complejas y la Ciudad no es tan compleja como arreglar la seguridad de un país”.
De la misma manera, Bullrich se permitió rivalizar con el jefe de Gobierno porteño al haber hecho mención al fin de los piquetes en la Capital Federal. “No quiero competir con Jorge Macri sobre quién sacó los piquetes, pero es evidente quién sacó los piquetes”, ironizó.
A pesar de esto, la ex ministra de Seguridad Nacional sostuvo que lo ideal sería cerrar un acuerdo con el PRO y, tras ser consultada sobre el rol de Mauricio Macri, aseguró que será necesario hablarlo con el presidente del espacio para poder extender la coalición hacia otros territorios.

Después de que dejara entrever que ya hubo una reunión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los presidentes del bloque del PRO, Martín Goerling y Cristian Ritondo, la senadora recalcó que “el PRO y el radicalismo tienen que estar adentro”.
Por otro lado, habló sobre las intenciones del oficialismo de eliminar las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), tras destacar que la medida permitiría “más gobierno y menos elecciones”. Aunque recordó que ella había logrado ganar las PASO en las presidenciales de 2023, criticó que se dio “una elección horrible de tres vueltas”.
“Eso hay que corregirlo”, apuntó al indicar que “cuando hay un solo candidato se termina generando un sistema interminable” y señaló que “si es una elección de dos mundos, las PASO no van a tener mucha importancia”, al hacer referencia a una eventual competencia entre LLA y sus aliados contra el bloque que podría representar al peronismo.
Por último, la senadora se refirió a la presentación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Organización de Naciones Unidas (ONU), con la intención de que se revise su condena resultante de la causa Vialidad. «Es algo que esperábamos todos, que intentara ir a una instancia supranacional para superar lo que dice nuestro sistema jurídico», cuestionó.
“En todas las instancias se la condenó, cosa que creo que ningún tribunal internacional puede eludir una unanimidad tan importante de los tribunales argentinos”, planteó la dirigente libertaria al asegurar que la estrategia “tiene una cara que intenta ser jurídica, pero sobre todo tiene una cara política”.
En este sentido, Bullrich consideró que la ex vicepresidente buscaría tomar como precedente el caso del presidente brasileño Lula da Silva. Asimismo, evaluó que habría buscado generar un conflicto en el peronismo y volver a centrarse como una figura en la escena política. “Ya nos habíamos olvidado de San José al 1111; es una jugada para estar en la escena política”, sentenció.
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POLITICA
Patricia Bullrich no descartó competir por la Jefatura de Gobierno porteña: “Me tengo una fe bárbara”

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, no descartó ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires en el 2027. No obstante, hizo hincapié en la importancia de sellar un acuerdo político con el PRO, la UCR y partidos provinciales.
“Donde me necesiten, voy a estar”, aseguró Bullrich en el programa Solo una vuelta más de TN. “Puedo ser candidata en la Ciudad y me tengo una fe bárbara”, remarcó la exministra de Seguridad.
“Tiene que haber un acuerdo político. Yo trabajé y propuse ese acuerdo, como pasó en las elecciones de medio término del año pasado. Hay que repetir eso”, enfatizó Bullrich.
“La Ciudad hay que manejarla y hay que cambiarla más profundamente. Tiene una estructura más grande que la que tiene que tener y tiene problemas de burocracia muy grandes”, señaló. “¿Lo puede hacer el PRO? Sí, incluso Jorge Macri, pero tiene que estar acompañado por ministros que defiendan las ideas de la libertad», indicó.
Leé también: El Gobierno relativiza el reclamo de Cristina Kirchner ante la ONU y evalúa su impacto en la estrategia electoral
“Puede ser una coalición. No es imposible que yo sea candidata. Claro que puedo ser. Estoy probada en la gestión y en algunas muy complejas”, advirtió Bullrich. Sin embargo, evitó hablar de su deseo. “Hay directores técnicos, como el presidente”, aclaró.
“Me gustaría que este proyecto de cambio de país se sostenga en el tiempo”, manifestó. Además, remarcó que su relación con Karina Milei “está bien”.
“Yo competí contra Milei y después hicimos una coalición. Pero hay matices que es importante mantener porque eso hace a un electorado distinto, con otros valores, que puede ser el que votó a Milei”, explicó.
“Los insultos no le gustan a mi electorado, pero saben que vienen con el Presidente. Nadie es ingenuo”, aseveró Bullrich.
Luego, se refirió al rol de la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Gobierno. “Villarruel está muy lejos de las ideas que lleva adelante el Gobierno”, afirmó. “La ubicaría más en un peronismo tradicional que en lo que nosotros representamos”, añadió.
“Ella ya ha decidido ser parte de un proyecto distinto. Está armando uno”, deslizó.
La referencia a la situación de Cristina Kirchner
También se refirió a la decisión de Cristina Kirchner de hacer una presentación ante jurados internacionales para revisar su condena en la Causa Vialidad.
“Todos esperábamos que intentase ir a una instancia supranacional para superar lo que es nuestro sistema jurídico, que en todas las instancias la condenó”, sentenció. “Ningún tribunal internacional puede eludir la unanimidad de los tribunales argentinos”, destacó.
“Ella mira mucho el caso Lula, que estando detenido, un miembro de la Corte Suprema de Justicia decidió que no estaba condenado y lo liberó”, apuntó Bullrich. “Además, genera un conflicto en el peronismo y se vuelve a poner en la escena política”, finalizó.
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Campaña anti Argentina: Milei habilitó por decreto a expulsar a los extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos

El Presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece como nueva causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a cualquier extranjero que promueva o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios, según informó la Oficina del Presidente.
La normativa responde a recientes manifestaciones consideradas hostiles hacia la República Argentina y sus habitantes. El decreto enfatiza que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio innegociable para el Gobierno Nacional. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó Milei en el comunicado oficial.
Prohibiciones y fundamentos de la medida
El decreto incorpora formalmente como causa de inadmisión y expulsión del país a los extranjeros que dirijan o inciten expresiones de odio, discriminación y violencia por razones de nacionalidad, y a quienes realicen actos de ultraje contra los símbolos nacionales. La disposición abarca tanto la incitación pública como cualquier manifestación directa que implique un agravio a la identidad nacional.

La decisión fue justificada por el Ejecutivo en función de preservar la integridad social y el respeto hacia la Argentina y sus emblemas. Según la comunicación de la Oficina del Presidente, el endurecimiento en las políticas migratorias busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia y el orden institucional.
Contexto de la decisión y alcance
La medida surge en un contexto de tensión por recientes expresiones públicas consideradas agravios hacia la Argentina y sus ciudadanos. El Gobierno Nacional sostuvo que la soberanía y el respeto a los símbolos patrios son elementos esenciales que no admiten negociación.
Con este decreto, el Ejecutivo argentino refuerza su posición respecto a quiénes pueden permanecer en el territorio nacional, advirtiendo que cualquier acto percibido como ataque a la República será motivo suficiente para la denegación de ingreso o la expulsión inmediata, de acuerdo con la nueva normativa. La Oficina del Presidente subraya que la defensa de la Nación y sus principios es prioritaria ante cualquier circunstancia.
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