El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, defendió el lenguaje claro como una condición para que las personas puedan comprender las decisiones del Estado y ejercer sus derechos. Fue en el marco de la inauguración de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se desarrolla este jueves 1 y viernes 2 de octubre en La Plata. Un evento del que también participaron el vicepresidente, Daniel Fernando Soria; la ministra Hilda Kogan; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.El encuentro fue organizado por la Real Academia Española (RAE) y la Suprema Corte bonaerense, con la Academia Argentina de Letras como institución académica anfitriona. La agenda incluye debates sobre la comunicación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la inteligencia artificial y el acceso de la ciudadanía a las normas y decisiones públicas.

En ese marco, Torres definió el lenguaje claro como una herramienta para los tres poderes del Estado. Planteó que las normas, resoluciones y sentencias deben poder ser comprendidas por las personas a las que están dirigidas.

“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, afirmó el titular del máximo tribunal de Justicia bonaerense en diálogo con Infobae.

El magistrado también sostuvo que la publicación formal de una norma no garantiza que sea accesible. Una ley puede estar disponible para su consulta, pero resultar difícil de entender para quienes deben utilizarla. “Publicar una ley no equivale necesariamente a hacerla accesible”, planteó Torres en la apertura del encuentro. Desde su perspectiva, comprender una norma permite aplicarla, reclamar ante una autoridad o impugnar una decisión. Ese derecho a comprender también funciona como un límite frente al poder estatal. Si una persona no puede interpretar el contenido de una ley, una sentencia o una resolución administrativa, su acceso formal a la información no alcanza para ejercer sus derechos.

El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, coincidió con ese planteo. En una reciente entrevista con Infobae, sostuvo que el lenguaje claro es una condición para la participación ciudadana y la defensa de las libertades. Muñoz Machado afirmó que la exigencia de claridad no alcanza únicamente a los organismos públicos. También incluyó a empresas de sectores que prestan servicios esenciales o tienen una incidencia directa sobre la vida cotidiana, como bancos, aseguradoras y compañías eléctricas.

Torres explicó a este medio que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires convirtió el lenguaje claro en una política institucional en agosto de 2019 y que desde entonces, el tema forma parte de los ejes de trabajo del Poder Judicial bonaerense.

El objetivo es que los operadores se expresen con claridad en documentos escritos y en intervenciones orales. Aclaró que el lenguaje claro no supone abandonar la precisión técnica. “Simplificar una frase no debe alterar el contenido jurídico de una decisión ni eliminar los elementos necesarios para interpretarla”, consideró.

Las mesas de la III Convención abordarán la claridad en la Justicia, la administración pública y la comunicación electoral. También analizarán el vocabulario legislativo, la legislación ambiental y distintas experiencias parlamentarias. El programa incluye además debates sobre instrucciones para jurados populares, el alcance de la tutela judicial, la oralidad, la escucha, los entornos digitales, la comunicación multiplataforma y las respuestas institucionales ante situaciones de crisis.

En diálogo con este medio, Torres recordó que la provincia de Buenos Aires cuenta con la ley 15.184, que estableció la obligatoriedad del uso del lenguaje claro en las resoluciones del Poder Ejecutivo y en las leyes del Poder Legislativo. La norma extiende la discusión más allá del sistema judicial. “La claridad se vincula así con la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad institucional”, señaló Torres al referirse a la relación entre el lenguaje y el funcionamiento de los poderes públicos. El magistrado planteó que una comunicación debe responder preguntas concretas: qué se decidió, por qué se tomó esa decisión, qué debe hacer la persona destinataria y qué recursos tiene disponibles.

“No se trata solamente de producir mensajes más sencillos, sino de preguntarnos quién necesita esa información, para qué la necesita y en qué condiciones debe poder utilizarla”, afirmó Torres. El juez propuso que las instituciones revisen sus comunicaciones con tres objetivos: comprobar si la persona puede encontrar la información, verificar si entiende qué se espera de ella y determinar si cuenta con elementos para actuar. La claridad, según el planteo del titular de la Suprema Corte, no consiste únicamente en reemplazar palabras complejas. También exige analizar la situación concreta de quien recibe una resolución y las consecuencias que puede tener para su vida.

Por su parte, el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, advirtió durante la inauguración que los lenguajes especializados pueden convertirse en una barrera para quienes no tienen formación en una determinada materia. Oteriño describió esa dificultad como “un muro infranqueable” para quienes reciben una instrucción que no pueden interpretar. También pidió que la tecnología conserve una función de apoyo y no reemplace la reflexión humana. “Que su aporte sea una ayuda para pensar y no una delegación cognitiva”, expresó el presidente de la Academia Argentina de Letras al referirse al uso de la inteligencia artificial.

Respecto al uso de la IA, Torres sostuvo que la inteligencia artificial debe ser considerada una herramienta. A su entender, la discusión no consiste en determinar si esa tecnología debe existir, sino en definir cómo se la va a utilizar dentro de las instituciones.

El magistrado también planteó que las herramientas de inteligencia artificial deben recibir instrucciones específicas para trabajar con ese criterio. El debate incluye el uso de inteligencia artificial para facilitar el acceso a la legislación y para adaptar documentos jurídicos a distintos destinatarios.

Muñoz Machado consideró que la inteligencia artificial puede mejorar el uso de la lengua, aunque advirtió sobre los riesgos de una regulación insuficiente. El director de la RAE señaló que la falta de reglas puede favorecer la aparición de “dialectos digitales” alejados de las normas lingüísticas compartidas. También sostuvo que las autoridades públicas deberán atender los desafíos que surjan de la expansión de estas herramientas. Torres insistió en que la transformación digital no reemplaza la necesidad de explicar las decisiones judiciales y administrativas. “La claridad no puede reducirse a una operación sobre las palabras”, afirmó. “También exige reconocer a la persona que está del otro lado”, agregó.

La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluirá este viernes 2 de octubre con dos sesiones plenarias, las conclusiones de Santiago Muñoz Machado y un acto de clausura con autoridades de las instituciones organizadoras. El encuentro reúne a más de 275 disertantes y cerca de 1.200 inscriptos en modalidades presencial y virtual. La agenda se extiende entre el jueves 1° y el viernes 2 de octubre, con actividades en cinco sedes y paneles sobre lenguaje claro y accesible en ámbitos judiciales, institucionales y públicos.

En la apertura también participaron Autoridades judiciales y legislativas, representantes de colegios profesionales, universidades, la Asociación Judicial Bonaerense y delegaciones de instituciones iberoamericanas, junto con el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde; el intendente de La Plata, Julio Alak; el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el fiscal de Estado, Hernán Gómez.

El Gobierno cree que la aclaratoria de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras despejó parte del frente político que había abierto el fallo y le permite intentar separar esa discusión del tratamiento del DNU 70/2023 en Diputados. En la Casa Rosada admiten que la primera decisión del tribunal les generó un problema “importante”, pero consideran que la precisión posterior ordenó mejor el escenario.

“La aclaración de la Corte puede ayudar para descomprimir en general. El fallo nos generó un quilombo grande”, reconocen en Balcarce 50. El tribunal aclaró que su sentencia no resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, sino sobre la legitimación del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata para impulsar la causa.

También dejó expresamente abierta la posibilidad de nuevos planteos judiciales sobre el régimen de tierras. La Corte remarcó además que su decisión no obstaculiza las facultades del Congreso para tratar el decreto. Ese punto es el que el Gobierno considera útil para la negociación política: entiende que permite diferenciar el debate específico sobre la compra de tierras rurales por extranjeros de la discusión sobre la vigencia integral del DNU.

“Deja en claro que no tiene que ver una cosa con la otra”, explican cerca de la conducción parlamentaria. En ese sector creen que, si consiguen sostener esa separación, pueden ofrecerles a los aliados una vía específica para fijar posición sobre Tierras sin que deban acompañar necesariamente un rechazo de todo el decreto.

La Casa Rosada intentará avanzar justamente en esa dirección durante los próximos días. El objetivo es darle un tratamiento legislativo propio al régimen de tierras y evitar que la oposición utilice ese artículo como argumento para reunir una mayoría contra el DNU completo.

Una de las alternativas continúa siendo el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado y debe pasar por Diputados. El oficialismo había retirado de ese texto el capítulo referido a tierras después de no conseguir respaldo suficiente entre sus aliados.

En el oficialismo afirman que “se vienen 14 días clave”. A partir del fallo de la Corte Suprema por la Ley de Tierras, la oposición en la Cámara de Diputados convocó a una sesión para derogar el DNU 70/2023, discusión que busca ser empalmada con los proyectos de endeudamiento y discapacidad.

Ambas iniciativas habían reunido la venia de 133 legisladores y los principales impulsores opositores al Gobierno buscan convencer a este mismo bloque de que mantenga la misma postura para eliminar el megadecreto, que en su artículo 154 derogó los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

El Gobierno se encuentra así ante una situación límite en la que no existen márgenes para el error. Esa medida fue la base para las desregulaciones económicas que posteriormente realizó la Casa Rosada.

Los decretos de necesidad y urgencia solo pueden revertirse en su totalidad y si la oposición más dura lo consigue, volverán a estar vigentes leyes que el presidente Javier Milei derogó al comienzo de su mandato como la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas.

También se caería la implementación de cielos abiertos, la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, la desregulación de los servicios de internet satelital y hasta la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

“Por eso no es opción para nosotros que se caiga el DNU”, sintetiza una fuente inobjetable de la Casa Rosada a Infobae. Dado que la oposición planea juntar una gran cantidad de adhesiones, en el área política del oficialismo ya prevén que la única forma que tienen de bloquear cualquier tipo de derogación del DNU es con el apoyo de los aliados.

El fallo de la Corte Suprema se dio a conocer horas después de que se produjera la reunión de Mesa Política del último martes. Allí, tanto el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dieron un panorama respecto de las adhesiones que podría haber para la suspensión de las PASO. Las perspectivas eran más positivas que negativas.

Días antes, el ministro coordinador ya había expresado en conversaciones privadas que en las próximas dos o tres semanas debían empezar a cerrarse y comunicarse algunos de los acuerdos con oficialismos provinciales, todo a los fines de poder tratar esa reforma política en el Congreso.

El plazo puesto por la oposición para tratar el DNU en el recinto podría acelerar las conversaciones. Ayer por la noche, Santilli se reunió en París con los 12 gobernadores que acompañaron a la comitiva nacional al Argentina Week.

“Pidió apurar los acuerdos, obviamente apuntando a los acuerdos electorales”, contaron de una provincia que ya hizo una alianza electoral con La Libertad Avanza el año pasado. La respuesta y el planteo de varios de ellos, según cuentan, fue el siguiente: “¿Qué ofrecés?“.

Varios mandatarios dieron pistas sobre sus intenciones de aliarse con el oficialismo de cara al año próximo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo en diálogo con Bloomberg Línea que “el gobierno puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas con 10, 12 gobernadores”. Y agregó que, con “un buen anclaje territorial con esos gobernadores, puede ganar en primera vuelta” y que eso “puede despejar esos fantasmas del riesgo político”.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, coincidió en que los 13 mandatarios que participaron de la Argentina Week comparten la idea de sostener el rumbo del Gobierno. Consultado en Radio Mitre sobre si sus colegas acordaban en no regresar a políticas anteriores, respondió sin rodeos: “Sin dudas. Esa idea de que el camino del populismo ya lo probamos muchas veces, por lo menos en estos últimos 50 años, y no ha dado resultado”. En diálogo con El Cronista, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, coincidió y dijo que “más allá del esfuerzo que hace La Libertad Avanza, no queremos que el péndulo político ocurra cada cuatro años”.

La estrategia del Gobierno

Mientras se dilucida si el oficialismo podrá acelerar el armado de alianzas electorales, en el oficialismo de la Cámara de Diputados se mantienen optimistas sobre una de las alternativas que surgió en los últimos días: la de insertar la Ley de Tierras dentro de la Ley de Soberanía Nacional (el paquete de medidas anunciado por Milei en cadena nacional y vinculado a la causa Malvinas).

Una fuente inobjetable de la Mesa Política aseguró a Infobae: “No van a tener quórum”. No se trata de una lectura definitiva, pero sí creen que el escenario más probable puede ser ese.

Otros son más fatalistas y reiteró que las negociaciones van a ser particularmente complejas en los diálogos con los gobernadores y que estos se van a tratar de hacer valer: un caso podría ser el de Misiones, ya que el DNU 70/23 disuelve el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). “Se van a tratar de hacer valer los misioneros para hacer valer su voto, porque por esos motivos tienen incentivos para que se caiga”, afirman.

Aunque la idea del Gobierno había sido originalmente instaurar la compra irrestricta de terrenos rurales para extranjeros, cuando llegó el turno de negociar en el Senado, se terminaron de bajar las pretensiones a un límite cercano al 20%. Dada la presión social que se generó por el reciente fervor nacionalista post-Mundial, los aliados no se vieron con incentivos para acompañar y La Libertad Avanza debió dar de baja ese capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Los estrategas del oficialismo habían pensado días atrás en volver a instalar esa discusión con el proyecto de Inviolabilidad que tiene media sanción. Es decir, proponer su inserción en las comisiones y dar una salida a los aliados que no quieren acompañar al kirchnerismo, a la izquierda y otros bloques.

Fue el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto quien terminó dando una alternativa que el Gobierno vio con gusto: la de incluirla en la Ley de Soberanía. “No se puede hablar de soberanía y dejar abierta la venta de tierras a cualquier extranjero, sin límite”, publicó en su cuenta de X. Lo curioso es que ese histórico legislador fue uno de los que firmaron la convocatoria para la sesión del próximo 15 de octubre.

Será tarea de los estrategas libertarios dar los suficientes incentivos a los opositores que no están de acuerdo con derogar el DNU, pero que no quieren que la Ley de Tierras siga derogada o sin vigencia.