POLITICA
El nuevo mensaje de Karina Milei a Santiago Caputo y las señales cruzadas del Presidente sobre la interna

La Casa Rosada atraviesa un proceso de reordenamiento interno de cara a 2027, con Karina Milei enfocada en consolidar el control partidario de La Libertad Avanza y Santiago Caputo apoyado en su vínculo directo con Javier Milei. En ese esquema, en el entorno de la secretaria general de la Presidencia dejan circular una definición sensible para el armado del año que viene: no planean darles lugares a integrantes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación referenciada en el asesor presidencial, en las listas electorales.
Uno de los casos que miran de cerca en el karinismo es el de Agustín Romo, legislador provincial bonaerense y uno de los cuadros libertarios que participó en el espacio desde su fundación. Romo tiene peso en la estructura digital de La Libertad Avanza, fue cercano a Ramiro Marra y luego quedó alineado con Caputo. “Romo no reelige. Eso ya está definido”, expresan cerca de Karina Milei. En el entorno del legislador evitaron hacer comentarios ante la consulta.
La frase no aparece como una declaración pública, sino como parte de las señales que circulan dentro del oficialismo en medio de la reorganización electoral. En Balcarce 50 la leen como un nuevo capítulo de la disputa por el control del sello, las candidaturas y la militancia digital. Karina Milei busca que el armado territorial y partidario quede bajo su conducción formal, mientras el sector de Caputo intenta preservar influencia en la conversación pública, los equipos técnicos y áreas clave de gestión.
En distintos despachos oficiales describen ese movimiento como una variante del “último take-over” de Karina Milei sobre estructuras vinculadas al asesor presidencial. En el Gobierno sostienen que esa avanzada podría profundizarse después de las elecciones si Milei consigue la reelección. Entre las áreas bajo observación mencionan la Secretaría de Inteligencia del Estado, el Ministerio de Salud, órbitas de Economía, ARCA y otros espacios donde conviven funcionarios de distintas terminales internas.
Por ahora, sin embargo, en el oficialismo hablan de una paz temporal. “No están previstos más cambios fuertes hasta el 27”, expresan en Nación. La misma lógica alcanza al manejo de empresas públicas y privatizaciones, hoy bajo la órbita de Diego Chaher, que visita con frecuencia las oficinas de Caputo. En la Casa Rosada creen que la prioridad inmediata será sostener la gobernabilidad, evitar nuevas fracturas públicas y ordenar la campaña antes de abrir otra pelea por cargos.
Caputo tampoco transmite garantías a todos sus cercanos sobre el futuro de sus áreas de influencia. En su entorno se respaldan en el vínculo directo que mantiene con Milei y creen que todavía puede desarticular el envión de la avanzada karinista. Pero en otros sectores del oficialismo advierten que el Presidente da señales cruzadas y que nadie puede anticipar hasta dónde sostendrá al asesor si la secretaria general vuelve a presionar por nuevos cambios.
El encargado de diagramar la estrategia política y de avance interno de Karina Milei es Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y armador central de La Libertad Avanza. “Él es su cerebro. El golpe en Justicia y la llegada de Mahiques es de él”, agregan en el oficialismo. La frase resume cómo leen varios funcionarios el desplazamiento de Sebastián Amerio y el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia, uno de los movimientos que más alteró el equilibrio interno.
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En despachos oficiales sostienen que aquella avanzada no terminaba en Justicia. Lo que trascendió internamente es que los cambios también alcanzaban a la SIDE y a otras áreas sensibles, pero que Milei frenó ese tramo de la operación. Esa decisión alimentó la lectura de que el Presidente busca regular la interna sin dejar que ninguno de los dos sectores se imponga por completo.
La discusión no pasa sólo por cargos. Karina Milei busca consolidar una estructura partidaria y territorial bajo su conducción formal, con Lule Menem y Martín Menem como piezas clave del armado nacional. Del otro lado, Las Fuerzas del Cielo y los equipos referenciados en Caputo defienden una lógica de intervención digital y de disputa de la conversación pública que no siempre se subordina a la conducción partidaria.
En ese contexto, uno de los mensajes que encendió alarmas fue el que dio Milei en una reunión con integrantes de la nueva estructura digital que impulsa la secretaria general. “Hay que identificar quiénes son los que dicen protegernos y no lo hacen”, le atribuyen haber dicho al Presidente. Varios de los presentes se fueron con la idea de que hablaba de Las Fuerzas del Cielo. Milei no lo aclaró.

La frase volvió a instalar una duda que atraviesa toda la interna: si Milei es solo árbitro de las tensiones entre Karina y Caputo o si usa a ambos sectores para regularse mutuamente. Algunos funcionarios creen que el Presidente se hace el desentendido, pero sabe perfectamente qué ocurre y a través de quién se ejecutan los movimientos. “Él quiere que así sean”, expresan cerca de la mesa chica.
En una oficina neutral de la interna lo describen como una forma de intervención indirecta. Según esa lectura, Milei evita plantear ciertas críticas de manera frontal y, en cambio, transmite su malestar a un sector del Gobierno para que actúe sobre el otro. “Nos confunde y hace que haya señales cruzadas, pero así armó su gestión”, agregan en Nación. La consecuencia es un esquema de poder donde las partes chocan, compiten y se vigilan, pero todas dependen de la decisión final del Presidente.
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El método tiene costos. En el entorno de Caputo hay quienes interpretan que Karina Milei avanza sobre áreas y nombres propios con aval tácito del Presidente. En el karinismo, en cambio, sostienen que el asesor conserva demasiado poder para el volumen formal que tiene dentro del Gobierno y que su estructura digital y política opera con autonomía excesiva. La tensión se vuelve más visible cada vez que se discuten listas, viajes provinciales, redes sociales, vocería o áreas de gestión.
La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial aparece ahora como el próximo punto de convivencia obligada. En el Gobierno aseguran que fue una decisión directa de Milei y que no respondió a ninguno de los dos sectores. Pero su desembarco vuelve a cruzar los intereses de la interna: Karina Milei busca ordenar la comunicación desde la estructura institucional, mientras Caputo mantiene influencia sobre parte de los equipos que acompañarán la transición y sobre espacios como la Fundación Faro, donde el Presidente volverá a mostrarse en los próximos días.
En el oficialismo creen que ambos sectores terminarán alineados con el proyecto de reelección del Presidente. “A ninguno le queda otra opción”, expresan en una oficina neutral de la interna. La tregua, por ahora, es frágil: Karina Milei manda señales sobre listas y áreas de gestión; Caputo se respalda en su vínculo directo con el Presidente; y Milei alterna gestos de apoyo, silencios y frases ambiguas que alimentan interpretaciones cruzadas.
Karina Milei, Santiago Caputo, Javier Milei
POLITICA
Argentina y Chile buscan bajar la tensión por el carguero que unirá Punta Arenas con Malvinas en diciembre

Mientras el carguero Danstar ya se alista en los astilleros de ASMAR Magallanes en Punta Arenas para transportar el próximo 17 de diciembre frutas, verduras, alimentos perecederos, vinos, gas licuado y materiales de construcción hacia las Malvinas, Argentina y Chile buscaron en las últimas horas bajar la tensión en torno a la reapertura de esa ruta comercial. Desde Buenos Aires, y según supo Infobae, instaron a “no generar una controversia donde no existe”, sobre todo a raíz de la especulación sobre una eventual asistencia del buque a las empresas que desarrollan el proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de la Isla.
Desde la Cancillería, que conduce Pablo Quirno, destacaron que los dos países “mantienen una excelente relación bilateral” y que “cuentan con normativas que contemplan este tipo de situaciones”. Por su lado, el vocero oficial del gobierno chileno, Gonzalo Arenas, confirmó que ambas cancillerías mantienen comunicación fluida y coinciden en tratar el asunto “con la mayor normalidad posible”. “No estamos por exacerbar dificultades u odiosidades o supuestos encuentros que pudiesen dañar la relación bilateral”, planteó en conferencia de prensa. Y remarcó la necesidad de bajar el “tono belicoso que por momentos uno ve en ambos países”.
El funcionario de José Antonio Kast se refirió, además, al núcleo de la discusión jurídica y política en ambos costados de la Cordillera de los Andes: el pedido de autorización para que buque pueda transitar rumbo a Malvinas a través de aguas argentinas. Según Arenas, la obligación de solicitar autorización no corresponde al Estado sino a la embarcación. “Los barcos que van hacia Malvinas son los que tienen que pedir permiso para atracar en Malvinas, no el Estado de Chile y, por lo tanto, se tendrán que cumplir con todas las obligaciones que correspondan por parte de un barco privado”, sostuvo.
Infobae se comunicó con las autoridades de la naviera Easter Island Logistics, a cargo de la operatoria comercial de un negocio estimado en 20 millones de dólares anuales, para saber si efectivamente iban a cumplir con ese pedido de autorización. Se excusaron de responder.
Este punto fue epicentro de la discusión la semana pasada, cuando los cancilleres de ambos países tuvieron declaraciones cruzadas. Quirno exigió -en declaraciones televisivas- que el Danstar solicite autorización para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas, en virtud de un decreto vigente desde 2010 que impone esa condición a toda embarcación con destino a las islas. Su par chileno, Francisco Pérez Mackenna, rechazó esa exigencia e invocó el derecho de paso inocente reconocido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). “Los países no piden permiso”, sentenció.

El Danstar en preparación
El carguero de 72 metros de eslora llegó este lunes a la capital de la Región de Magallanes, donde permanecerá unas tres semanas en los astilleros de ASMAR Magallanes —con trabajos presupuestados entre USD 300.000 y USD 400.000, según estimaciones privadas— antes de zarpar hacia Puerto Argentino.
La iniciativa es promovida por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) del gobierno ilegal de las Islas y es respaldada por el municipio de Punta Arenas. Hasta ahora, el único servicio regular de abastecimiento al archipiélago operaba mensualmente desde Montevideo, con productos provenientes en su mayoría de Europa y Asia. La ruta desde Punta Arenas reduciría esa distancia marítima en unos 1.100 kilómetros.

La preocupación de fondo de Buenos Aires va más allá del permiso de navegación. El gobierno de Javier Milei teme que la nueva ruta sirva de soporte logístico al proyecto petrolero offshore Sea Lion, habilitado por el Reino Unido en la cuenca norte de Malvinas sin participación ni aval argentino, operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). El proyecto contempla la perforación de 23 pozos, con inicio para marzo de 2027, y una producción estimada de 35 años.
Quirno recordó públicamente el compromiso del gobierno chileno de que la operación “no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales” en el archipiélago. Pablo Pacheco, gerente general de Easter Island Logistics, rechazó en La Prensa Austral cualquier vínculo con las petroleras: “Nosotros nos hemos desmarcado completa y absolutamente de lo que es la explotación de hidrocarburos. Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular”.

De todas formas, fuentes políticas y diplomáticas argentinas consultadas por este medio sospechan que el negocio de la reapertura comercial incluye indefectiblemente el abastecimiento a Sea Lion, y que no alcanza con la explicación de un “acuerdo entre privados”.
El frente judicial también está activo. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, fallará el 28 de noviembre sobre el pedido argentino de suspender la explotación petrolera mediante medidas provisionales. El Danstar estará aún en mantenimiento en Punta Arenas cuando se conozca esa resolución.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, rechazó este lunes que Chile deba someterse a cualquier exigencia de autorización. “Para transitar en una u otra dirección por el Estrecho de Magallanes, no debiera haber ningún impedimento. Y si se debe pedir autorización, quiere decir que existe la opción de que se pueda negar, y eso es totalmente improcedente”, sostuvo en declaraciones recogidas por BioBío Chile.
Squella fue más allá del caso puntual del Danstar y advirtió sobre las consecuencias de ceder terreno en materia de navegación: “La aceptación, sea expresa o tácita, de cambios en la relación entre ambos países son los que al final del día pueden ser aprovechados en el futuro con un propósito totalmente distinto a lo que estamos viendo hoy”.
Sus palabras coinciden con las de ocho excomandantes en jefe de la Armada chilena, quienes en una carta conjunta sostuvieron que la ruta del Danstar es una actividad legítima entre privados y que aceptar una autorización argentina sentaría un precedente perjudicial para Chile.
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POLITICA
El Deutsche Bank informó sobre US$60 millones vinculados a Carlos Wagner, el empresario líder del Club de la obra pública

Cuentas bancarias en Suiza con US$20 millones, un complejo turístico en Italia y un campo en Punta del Este. Esos son los bienes en el exterior que hasta ahora la Justicia argentina tiene en el radar sobre el empresario Carlos Wagner, dueño de la constructora Esuco SA y señalado como uno de los organizadores del llamado “club de la obra pública” durante el kirchnerismo. Ahora, una filtración global con millones de documentos bancarios aporta indicios de que la fortuna del empresario, que afronta un juicio oral por su rol en el “caso Cuadernos”, podría ser mucho mayor.
Wagner protagoniza un largo hilo de correos electrónicos que ejecutivos del Deutsche Bank intercambiaron sobre el empresario y su constructora, y que aportan nuevas pistas sobre cuál podría ser su verdadero patrimonio en el exterior. Así, entre los 15 millones de documentos que componen la filtración Inside Deutsche Bank, un proyecto colaborativo liderado por la ONG Barracuda Media, aparecen datos sobre cuentas bancarias que controlaba el empresario con US$60 millones en 2018.
Esta cifra supera al embargo sobre los bienes del empresario dictado por la justicia el 23 de noviembre de 2023: $6176 millones, cifra que equivalía a unos US$16,5 millones, según la cotización del Banco Nación de ese día. Dicha resolución forma parte de uno de los expedientes relacionados al Lava Jato brasileño, donde también está involucrado. Allí se investiga a Wagner por presunta defraudación en el contrato de la planta potabilizadora de AySA.
La preocupación del banco alemán sobre la situación de Wagner y su constructora Esuco comenzó después del caso Cuadernos, según los documentos internos revisados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y , preocupación que fue confirmada desde Esuco ante la consulta periodística para esta publicación.
“El Deutsche Bank se contactó con el responsable financiero de Esuco en ese momento y le solicitó la actualización de informes de la compañía y el balance. La empresa se los envió e informó que el ingeniero Wagner estaba imputado en una causa [por Cuadernos] y se había acogido al régimen del arrepentido, y el banco comunicó que no quería más como clientes a Esuco ni al ingeniero Wagner por este motivo”, indicaron desde la compañía.
Según consta en los documentos internos del Deutsche Bank, la primera mención a la constructora enviada desde el departamento de integridad del banco fue un artículo publicado por en 2016, que revelaba que Wagner había adquirido, a través de una sociedad panameña, un complejo hotelero en Italia por unos US$3 millones en 2007, como parte de la investigación Panama Papers. En aquel momento, Wagner era señalado como uno de los constructores favoritos de los Kirchner, con obras públicas facturadas por casi $7.000 millones, según los datos del Ministerio de Planificación Federal.
En juicio oral
El escándalo por el caso Cuadernos estalló cuando se hicieron públicas las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, el chófer del exfuncionario Roberto Baratta, que hizo un detallado repaso de los recorridos que hacía en su auto para recaudar dinero. Centeno anotó los nombres de decenas de empresas que confesaron haber pagado sobornos, entre ellos, los que coordinaba Wagner como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. El dueño de Esuco confesó ante la justicia que era uno de los organizadores de la trama criminal, un intermediario entre los empresarios y los funcionarios kirchneristas.
Wagner estuvo detenido por el caso Cuadernos y ahora enfrenta el juicio oral por los delitos de asociación ilícita y pago de sobornos a funcionarios kirchneristas. En 2018 declaró, en calidad de arrepentido, que los sobornos variaban entre el 10% y el 20% del total del contrato de obra pública ganado. “Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos”, indicó.
Su testimonio también mencionó que él había sido el empresario elegido por el entonces ministro de Planificación Julio De Vido para organizar El club de la obra pública: la coordinación del reparto de los contratos entre las constructoras locales, que tenían que pagar el correspondiente soborno a los funcionarios José López y Baratta.
En ese contexto, Wagner y Esuco habían quedado bajo la lupa dentro del Deutsche Bank en 2018, cuando ya era investigado en la justicia argentina por operaciones con el empresario kirchnerista Lázaro Báez. Dos meses antes de que estallara el caso de los Cuadernos, Stephan Niemand, director de Integridad del banco, envió el 2 de junio de 2018 un correo calificado como confidencial a su jefe, Jan Wagener, para expresarle su preocupación porque la exposición del empresario argentino podía ocasionar un riesgo para el banco alemán.
Wagner, entonces, le pidió detalles de las cifras que manejaba Esuco, a lo que Niemand respondió: “4 millones de euros para la empresa, de los 5 millones de dólares anunciados, de un total de 12 millones de dólares según el KYC (protocolo “Conoce a tu cliente”). El UBO (beneficiario final) figura con 60 millones, pero esos fondos no se encuentran en Alemania”, indicaron.
UBO, cabe aclarar, es la sigla en inglés de Ultimate Beneficial Owner, es decir, beneficiario final de una sociedad. En este caso, los documentos identificaban a Wagner como el beneficiario final de esos fondos. Sin embargo, la referencia a los 60 millones y a las cifras antes mencionadas por los ejecutivos, no permite establecer por sí sola dónde estaban depositados esos activos, si se trataba de activos financieros o de patrimonio declarado ante el banco o antes las autoridades tributarias argentinas, ni tampoco cuál era su origen.
Desde Esuco, indicaron ante la consulta periodística que la suma “jamás” ascendió a 60 millones dólares. “Igualmente, los fondos están embargados y el ingeniero Wagner está inhibido acá [por la Argentina] y a nivel internacional”, indicaron desde la empresa, que en marzo de este año despidió al 90% del personal y en abril se presentó en concurso de acreedores.
“Información negativa”
En Alemania, mientras tanto, con la información aportada por Niemand, Jan Wagener le envió un email a Wolfgang von Sandersleben, su superior, el jefe de gestión de patrimonio para América Latina: “Te pido que revises (el reporte) con mucho detenimiento: hay mucha información negativa”, escribió. Y consultó al ejecutivo si Esuco no debería ser calificado internamente como cliente de alto riesgo.
Pero Von Sandersleben defendió al empresario argentino, a quien quería conservar como cliente a pesar de que ya había sido mencionado en los Panama Papers y en el capítulo argentino del caso Odebrecht. Escribió, en un correo electrónico fechado el 11 de junio de 2018, que Esuco era “una constructora bien posicionada con más de 2500 empleados” y que era un ejemplo de una empresa que “puede tener éxito en sus negocios tanto bajo una política de izquierda como bajo un gobierno conservador”, en referencia a los Kirchner y al gobierno de Mauricio Macri. Y agregó que las revelaciones de eran “meras acusaciones”, porque en realidad, la investigación judicial supuestamente estaba dirigida contra Báez. “Las relaciones con sociedades offshore solo afectan indirectamente a Esuco y, en nuestra opinión, tampoco ha ido más allá de rumores en la prensa”, sostuvo.
Von Sandersleben detalló que esta compañía tenía un valor contable de casi cuatro millones de euros. “Es un cliente al que, desde el punto de vista de la rentabilidad, deseamos seguir prestando nuestros servicios”, afirmó. “Esperamos que con estas explicaciones hayamos podido aclarar las cuestiones que planteaste y que nada se interponga en la continuación de esta relación con el cliente, que se remonta a más de 20 años y se ha caracterizado por su discreción y confianza”, insistió.
La discusión interna exhibía dos posiciones contrapuestas dentro del banco: mientras el área de Integridad advertía sobre los antecedentes de Wagner y cuestionaba la continuidad de la relación comercial, el responsable regional defendía a Esuco y reivindicaba su rentabilidad como cliente. Von Sandersleben detalló que la empresa argentina tenía cuentas en euros y en dólares, y agregó que solía realizar operaciones con valores. Estos productos, aseguró, eran utilizados por la compañía como “garantía” para operaciones de importación, por ejemplo, de maquinaria para la construcción destinada a las obras públicas que realizaba en la Argentina.
Un día después, el ejecutivo envió otro correo electrónico para pedir al equipo de compliance que levantara el proceso de revisión interna contra la empresa. No volvieron a mencionar los 60 millones.
Meses después, la justicia embargó dos cuentas bancarias, una del empresario y otra de su hermana en Suiza, pero con un monto mucho menor: 20 millones de dólares. Los documentos disponibles en Inside Deutsche Bank no permiten establecer si esos fondos formaban parte de los 60 millones mencionados por los ejecutivos del banco ni si ambas cifras correspondían al mismo patrimonio.
Cuando la justicia detectó los US$20 millones, en octubre de 2018, desde la defensa de Wagner emitieron un comunicado reproducido en ese momento por los medios de que indicaba que los fondos eran “ahorros trasladados al exterior a lo largo del tiempo”, que estaban debidamente declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en sus declaraciones juradas.
CLIP y le enviaron correos electrónicos a Niemand y Wagener, pero los empleados del banco no respondieron la solicitud. Von Sanderleben, quien ya no trabaja en el banco, solicitó remitir las preguntas a su ex empleador. Deutsche Bank ha dicho reiteradamente que no hace comentarios sobre “potenciales, antiguos o actuales clientes”.
Otros bienes en el exterior atribuidos en su momento a Wagner habían quedado en el radar de la justicia argentina, pero no pudieron ser embargados. La solicitud para congelar la propiedad de un emprendimiento turístico en Italia, que fue definido como “un castillo” por fuentes judiciales, fue rechazada por las autoridades de ese país.
Cuadernos
Esuco, en tanto, volvió a aparecer en los correos electrónicos de Deutsche Bank después de que estallara el caso Cuadernos. Los oficiales del banco intercambiaron mensajes para confeccionar una lista de involucrados en el escándalo de corrupción, con nombres de empresarios y compañías argentinas que en ese momento aparecían en la prensa como parte de la operación por el pago de sobornos a funcionarios kirchneristas.
En ese entonces, el banco recomendó en un correo electrónico titulado “Bribery Notebooks Scandal” (Escándalo del Cuaderno de las Coimas) abstenerse de hacer negocios con una larga lista de personas y empresas involucradas.
Desde el banco advirtieron que esa nómina debía ser revisada antes de aprobar cualquier nuevo cliente en la Argentina. Esuco aparece en el listado, pero ningún ejecutivo del banco mencionó en esos correos que la compañía ya era cliente y que apenas tres meses atrás había sido elogiada por Von Sanderleben. La inclusión de la constructora en ese listado contrasta con la decisión que el ejecutivo había defendido en junio: mantener una relación comercial de más de dos décadas pese a las advertencias del área de Integridad. La recomendación de octubre, sin embargo, estaba dirigida a evaluar nuevos clientes y no demuestra por sí sola que el banco hubiera cerrado las cuentas existentes de Esuco.
El Deutsche Bank incorporó a sus registros varios artículos periodísticos en los que Wagner es acusado de utilizar Esuco en tramas de corrupción y blanqueo, pero desde el banco sostenían que dichos artículos no ofrecían pruebas sobre esas transacciones. Wagner siguió bajo observación, pero no surge de los documentos de la filtración si dejó de ser cliente del banco, lo que sí confirmaron desde Esuco.
“Como el ingeniero Wagner no era más presidente de Esuco, en 2019 la empresa le informó [al Deutsche Bank] su nuevo directorio e intentó continuar con la cuenta”, detallaron ante la consulta periodística. “Pero el banco no quiso saber nada porque Wagner seguía siendo accionista de Esuco, razón por la cual, en marzo de 2020, el Deutsche Bank notificó a Esuco que si no retiraba los fondos se los depositaría en una cuenta judicial en consignación en Hamburgo”. Por ese motivo, abundaron desde la empresa, giraron US$3,6 millones al Macro Bank en Las Bahamas.
“Esto se hizo así porque el Banco Macro le ofreció a Esuco extenderle garantías para las licitaciones y préstamos en pesos, acá en Argentina, contra garantía de los fondos depositados en el Macro Bank”, detallaron. “Cosa que sucedió hasta marzo de este año, cuando Esuco no pudo cubrir los préstamos y el banco ejecutó la garantía del exterior”.
Mientras tanto, la situación judicial de Wagner empeoró: fue señalado en Brasil como uno de los “dealers” de las coimas que pagó Odebrecht en Buenos Aires a funcionarios kirchneristas y luego fue detenido por el caso Cuadernos en 2018. Declaró como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, que después lo liberó a la espera del juicio oral, que se encuentra en pleno desarrollo. Años más tarde pidió anular su declaración como arrepentido, pero el Tribunal Oral Federal N°7 que lleva adelante el juicio rechazó su solicitud.
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POLITICA
Los papeles del Deutsche Bank exponen operaciones que vinculan a Trump con Rusia y US$581,9 millones relacionados con Epstein

Documentos confidenciales del Deutsche Bank revelan que el gigante bancario internacional conservó durante años información sobre operaciones de empresas de Donald Trump con sociedades vinculadas a redes de lavado de dinero que operaron en Rusia y Azerbaiyán. Entre los registros aparecen transacciones que conectan a Faberlex, una compañía relacionada con esas estructuras financieras, con al menos una empresa del actual presidente estadounidense, pocas semanas antes de que anunciara su candidatura presidencial, en 2015.
El material interno también parece contradecir las declaraciones públicas de los abogados del Deutsche Bank, que ante una requisitoria de investigadores estadounidenses sostuvieron durante los últimos años que la entidad no tenía conocimiento de conexión alguna entre Trump y Rusia “relacionada con los negocios del señor Trump con Deutsche Bank”.
La llamada “Lavandería Rusa” fue una gigantesca estructura financiera criminal utilizada para sacar miles de millones de dólares de la antigua Unión Soviética entre 2011 y 2014. A través de una compleja red de sociedades y cuentas bancarias, permitió movilizar fondos de origen sospechoso hacia distintos destinos internacionales.
La “Lavandería Azerbaiyana”, en tanto, consistió en otra operación independiente que funcionó entre 2012 y 2014 y permitió mover miles de millones de dólares mediante una red de sociedades fantasma y cuentas bancarias. Parte de esos fondos habría servido para financiar operaciones de influencia política en Europa en beneficio del régimen represivo de Azerbaiyán.
Ahora, los periodistas que investigan la filtración Inside Deutsche Bank han descubierto que Faberlex también realizó, al parecer, operaciones con al menos una empresa propiedad de Trump, en una secuencia de transacciones que adquiere especial relevancia por su proximidad temporal con el lanzamiento de su candidatura presidencial.
La operatoria consta en algunos de los más de 15 millones de archivos internos que , el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y periodistas de otros medios de comunicación alrededor del mundo analizaron durante meses. La documentación incluye correos electrónicos, informes de inteligencia financiera, auditorías internas y comunicaciones de altos ejecutivos que permiten reconstruir cómo funcionaban los mecanismos de control del banco y qué información manejaban sus responsables sobre algunos de sus clientes más poderosos.
La misma filtración también expone operaciones vinculadas al magnate financiero estadounidense Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales relacionados con menores. Los documentos permiten cuantificar en US$ 581,9 millones unas 3000 transacciones relacionadas con Epstein o sus empresas, realizadas entre octubre de 2013 y mayo de 2019.
El dato surge de un documento interno de la Unidad de Inteligencia sobre Delitos Financieros de Deutsche Bank en Estados Unidos, que identifica 21 reportes de operaciones sospechosas —conocidos como SAR, por sus siglas en inglés— vinculados con esas transacciones. Se trata de informes confidenciales que las entidades financieras deben presentar ante las autoridades cuando detectan movimientos que podrían estar relacionados con delitos financieros.
La cifra más que duplica los US$250 millones en operaciones sospechosas vinculadas a Epstein que el senador demócrata Ron Wyden había denunciado en agosto de 2026. En un informe titulado “Mirar hacia otro lado”, el legislador cuestionó que Deutsche Bank no hubiera informado oportunamente al Departamento del Tesoro sobre esos movimientos y recomendó abrir una investigación penal contra los banqueros que habían atendido al magnate.
Los documentos de Inside Deutsche Bank también permiten reconstruir cómo la entidad aceptó como cliente y mantuvo durante años a Epstein, pese a que sus antecedentes penales ya eran conocidos y a que JPMorgan Chase había decidido poner fin a su relación bancaria con él.
La decisión de incorporarlo como cliente, en agosto de 2013, contó con la aprobación de los niveles más altos de Deutsche Bank en América. Entre ellos figuraban responsables de prevención de delitos financieros y cumplimiento normativo, además de quien entonces ejercía como principal asesor jurídico de la entidad para esa región.
Los registros muestran que el banco clasificó a Epstein como cliente de «alto riesgo», pero mantuvo la relación comercial hasta diciembre de 2018, cuando le comunicó su intención de cerrar sus cuentas. El proceso de desvinculación se prolongó otros seis meses. Durante ese período, el banco llegó a mantener más de 40 cuentas vinculadas a Epstein, sus empresas y sus colaboradores.
La documentación también revela que, en 2015, un correo interno identificó a Ghislaine Maxwell, expareja y colaboradora de Epstein, como presunta “cómplice de las actividades ilegales” del magnate. Pese a esa advertencia, Deutsche Bank permitió que continuara como beneficiaria de uno de sus fideicomisos. El argumento interno fue que Maxwell no era cliente directa de la entidad.
Las señales de alerta tampoco impidieron que el banco continuara facilitando operaciones. En septiembre de 2019, una investigación interna en el Reino Unido identificó al menos 112 transacciones de alto riesgo, algunas de las cuales podrían haber estado relacionadas con abusos sexuales.
Incluso después de que Deutsche Bank hubiera comunicado su decisión de cerrar las cuentas de Epstein, un empleado de la entidad envió, durante la primavera de 2019, dos cartas de recomendación a bancos extranjeros para favorecer a sus empresas de inversión. Una de ellas afirmaba que la cuenta no había presentado problemas relacionados con la prevención del lavado de dinero. Un correo interno de marzo de 2020 reconstruyó posteriormente esa intervención.
La relación comercial con Epstein tuvo consecuencias económicas y regulatorias para el banco. En 2020, Deutsche Bank recibió una sanción de US$ 150 millones de la autoridad financiera de Nueva York por sus fallas en la gestión de esa relación, entre otros asuntos. Tres años después, aceptó pagar US$ 75 millones para resolver una demanda colectiva presentada por víctimas de Epstein.
En su respuesta sobre el caso Epstein, Deutsche Bank señaló: «En diciembre de 2018, Deutsche Bank notificó a Jeffrey Epstein su intención de cerrar sus cuentas. Durante los meses siguientes, el banco trabajó para garantizar que los activos de Epstein fueran transferidos fuera de la entidad».
El banco añadió que «reconoce que fue un error aceptar a Epstein como cliente en 2013 y lamenta su relación histórica con él. Hemos cooperado con las autoridades reguladoras y judiciales y con el Congreso de Estados Unidos en sus investigaciones, y hemos actuado con transparencia al abordar estos asuntos de manera paralela».
Frente al conjunto de los hallazgos de Inside Deutsche Bank, la entidad sostuvo que los hechos señalados por los periodistas “se remontan a muchos años atrás y, en algunos casos, a varias décadas”. Afirmó que, cuando correspondía, esos asuntos fueron examinados y tratados con los organismos reguladores y las autoridades competentes.
Deutsche Bank también aseguró que, entre 2019 y 2025, invirtió 7000 millones de euros para reforzar sus sistemas de control interno, con especial atención a la prevención de delitos financieros, la tecnología y la capacitación de su personal. «Hoy somos un banco diferente», afirmó la entidad.
Sin embargo, además de Trump y Epstein, la filtración contiene abundante información sobre oligarcas cercanos a Vladímir Putin, como Oleg Deripaska y Roman Abramóvich, que también recurrieron a los servicios del Deutsche Bank. También, un empresario saudí incluido en la célebre lista “Golden Chain” (Cadena de Oro), que identificaba a presuntos financiadores de Al Qaeda. Y la entidad incluso procesó pagos vinculados con el fallecido Rifaat al-Assad, exvicepresidente de Siria conocido como “el Carnicero de Hama” por su papel en la sangrienta represión de 1982 en esa ciudad siria.
La filtración fue obtenida por dos denunciantes internos cuyas identidades permanecen bajo reserva. Entregaron los archivos al periodista y escritor indio Josy Joseph y a la periodista de investigación sudafricana Khadija Sharife, quienes impulsaron el proyecto junto con Barracuda Media. Desde comienzos de 2026, más de 200 periodistas de más de 50 medios de comunicación examinaron la documentación, con apoyo técnico del Data and Research Center de Berlín.
Los denunciantes también facilitaron información al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, y a la autoridad tributaria y aduanera del Reino Unido.
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