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La Justicia de Río Negro rechazó un planteo mapuche que intentó declarar la inconstitucionalidad de la consulta previa

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa planteada por la Provincia contra la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que había demandado la inconstitucionalidad de la Ley 5755 y su decreto reglamentario, la norma que regula el procedimiento de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.

La sentencia, rubricada esta semana, fue firmada sin disidencias por los jueces María Cecilia Criado, Sergio Ceci, Sergio Barotto, Liliana Piccinini y Ricardo Apcarian.

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El fallo no analizó si la ley es o no constitucional. El Tribunal resolvió exclusivamente que la organización demandante no estaba habilitada para litigar por esta vía, al no haber acreditado un perjuicio concreto derivado de la norma.

La causa se había iniciado el 26 de diciembre de 2025, cuando Carlos Hugo Aranea y Mirta Graciela Ñancunao, en su carácter de werken (voceros) de la Coordinadora, presentaron la acción contra el Gobierno de Río Negro. Sostuvieron que la Ley 5755 y el Decreto 226/25 habían sido dictados sin la participación adecuada de las comunidades indígenas, en contradicción con el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional y la Constitución provincial.

La Fiscalía de Estado, representada por Luciano Minetti Kern e Ignacio Racca, contestó la demanda en mayo y opuso la excepción de falta de legitimación activa: argumentó que no existía “caso, controversia ni derecho concreto” afectado por la sola sanción de la ley, ya que no se había identificado ningún proyecto o medida estatal puntual que impactara sobre alguna comunidad.

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El STJ de Río Negro hizo lugar a la falta de legitimación activa y rechazó la demanda de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche contra la Ley 5755. REUTERS/Juan Gonzalez

Un dato que agrega tensión al desenlace: la Procuración General había dictaminado en sentido contrario. Su titular subrogante, Fabricio Brogna López, había opinado que correspondía rechazar la excepción provincial y dejar que el proceso avanzara. El STJ no siguió ese criterio.

El argumento

El fallo se apoya en dos argumentos centrales. El primero es la falta de un “caso concreto”: según la doctrina que el propio STJ una acción de inconstitucionalidad no puede plantearse en abstracto. Quien demanda debe mostrar que sufrió, o va a sufrir de manera inminente, un daño real y directo —no una mera posibilidad—.

Quien demanda debe mostrar que sufrió, o va a sufrir de manera inminente, un daño real y directo —no una mera posibilidad—.

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Los jueces remarcaron que la Ley 5755 es una norma de carácter instrumental: no dispone nada por sí misma sobre territorios o recursos naturales, sino que fija un procedimiento que recién se activa cuando el Estado impulsa una medida concreta que pueda afectar a una comunidad. Mientras no exista esa medida puntual, sostuvo el Tribunal, cualquier cuestionamiento a la ley es prematuro.

El segundo argumento, más específico, tiene que ver con el tipo de acción elegido. La Coordinadora había invocado el precedente «Halabi» de la Corte Suprema —que amplió la legitimación para reclamar por derechos de incidencia colectiva— para sostener que estaba habilitada a actuar en representación de las comunidades. El STJ rechazó esa lectura: explicó que, al haberse planteado una acción de inconstitucionalidad y no un proceso colectivo, no corresponde aplicar el criterio amplio de legitimación propio de las causas colectivas.

El Tribunal ya había aplicado el mismo criterio meses antes en esta causa, cuando excluyó por el mismo motivo a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que litigaba junto a la Coordinadora.

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Los jueces añadieron que la personería de la Coordinadora como organización representativa del pueblo mapuche-tehuelche no está en discusión, pero que esa representativida

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El Gobierno pone la lupa en Brasil: escenario parejo, el rol de Milei y los gestos ante un eventual balotaje

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“Milei es genuino en sus deseos. Cree en el cambio y está convencido de que Brasil tiene que ser parte. Está más allá de cualquier especulación política”, expresó una fuente oficial a Infobae en la previa a las elecciones del país vecino. Este domingo, Luiz Inácio Lula da Silva se medirá con el senador derechista Flávio Bolsonaro por la presidencia de Brasil y el libertario tiene un claro favorito, aunque un triunfo del referente de la derecha podría complicar parte de su estrategia regional.

A las vísperas de la votación, en Casa Rosada aseguran que las últimas encuestas que recibieron sobre los candidatos brasileños reflejan un escenario de empate en torno a los 45 puntos y no tienen dudas de que habrá balotaje. “Todas las hipótesis lo dan favorable a Bolsonaro. La diferencia se achicó mucho. Hace meses estaba en 20 puntos”, celebraron desde el entorno del mandatario, que -según revelaron- pasó sus últimas horas analizando el panorama en Brasil.

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Los últimos números dan una leve ventaja al líder del Partido de los Trabajadores (PT) sobre el hijo de Jair Bolsonaro, el exmandatario que trazó un vínculo afectivo con el libertario. La encuestadora Quaest reflejó que Lula da Silva, que va en búsqueda de la reelección, alcanza el 39% de la intención de voto, frente al 34% de su rival del Partido Liberal (PL).

“Ya llegar al balotaje es un triunfo para Flávio. Milei puso el cuerpo para que le vaya bien. Ya nadie habla de que Lula gana cómodo en primera vuelta”, expresaron desde Balcarce 50 a este medio.

Lula da Silva

La mención hace referencia a la permanente polarización entre Milei y su par brasileño, cuya relación atraviesa su peor momento, con un vínculo diplomático degradado a nivel de encargado de negocios, y el respaldo público que manifestó en más de una oportunidad a Flávio Bolsonaro.

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En las últimas horas, da Silva calificó de “triste” lo que definió como “el complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina” tras ser consultado por el Escudo de las Américas, una alianza impulsada desde marzo por el mandatario estadounidense Donald Trump con líderes de derecha de la región para combatir el narcotráfico, de la que forma parte la Argentina.

Sin embargo, algunas voces del oficialismo señalan que un eventual triunfo del líder derechista complicaría los planes libertarios por posicionar a Milei como el referente de derecha en la región y el principal interlocutor con Trump. El cálculo surge del peso específico que mantiene Brasil en el continente: el país más grande de Sudamérica, que concentra más de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe.

Asimismo, quienes advierten que un triunfo del legislador del Partido Liberal podría complejizar la intención de la administración libertaria de consolidar al Presidente como líder “natural” del proceso de derechización regional también reconocen una contradicción. Milei tiene deseos genuinos de que Bolsonaro tenga una buena performance en las urnas.

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El presidente Javier Milei y el candidato de Brasil, Flavio Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)

“Se viene la marea azul para Brasil de la mano de Flavio Bolsonaro. VLLC”, expresó el libertario a finales de junio, cuando recibió al senador en la quinta de Olivos. La “marea azul” hace referencia al avance conservador en el continente latinoamericano y el color es utilizado para remitir a la derecha, contrario a lo que ocurre en Estados Unidos.

Desde el entorno del libertario aseguran que, pese a seguir la situación de cerca, no se comunicó con Flávio Bolsonaro en las últimas horas, pero sostienen que lo hará una vez que estén los resultados del domingo. La prudente espera le permitirá al oficialismo “definir los próximos pasos”, aunque en Balcarce 50 no descartan una nueva muestra de apoyo ante una eventual segunda vuelta, prevista para el domingo 25 de octubre.

Si bien la agenda de Milei, que incluye un nuevo viaje a Estados Unidos a mediados del próximo mes, dificulta una nueva visita a Brasil, en su entorno no se animan a descartar esa posibilidad. El mandatario viajó al país vecino en julio, con motivo del lanzamiento formal de la candidatura del dirigente derechista, y se mostró crítico de Lula y del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

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El Gobierno y la oposición miden fuerzas en Diputados por el DNU de la Ley de Tierras, las deudas de las familias y discapacidad

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La Cámara de Diputados se prepara para una nueva pulseada entre el Gobierno y la oposición. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, sectores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y fuerzas provinciales pidieron una sesión especial para el jueves 15 de octubre con el objetivo de tratar, entre otros puntos, la derogación del DNU 70/2023. Mientras tanto, La Libertad Avanza analiza convocar a otra sesión para el miércoles 21, con una agenda propia que incluya el endeudamiento familiar y la situación de las personas con discapacidad.

El pedido opositor tiene como uno de sus principales impulsores al radical crítico Pablo Juliano, integrante de Provincias Unidas. El legislador fundamentó la convocatoria en la necesidad de avanzar con medidas para las familias endeudadas, extender hasta diciembre de 2027 la Emergencia Nacional en Discapacidad y dejar sin efecto el decreto firmado por Javier Milei al comienzo de su gestión.

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Juliano cuestionó especialmente las consecuencias del DNU sobre la Ley de Tierras, luego del fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de ese régimen.

“Porque una sentencia de la Corte Suprema dejó abierta la posibilidad de que cualquier extranjero se compre ‘una provincia’, como predica el canciller Pablo Quirno. Para esto es necesario rechazar el DNU 70/23, un decreto a todas luces inconstitucional que reseteó la Argentina sin el aval del Congreso”, sostuvo.

El diputado nacional de Provincias Unidas, Pablo Juliano, junto a sus pares de bancada. (Foto: NA – Daniel Vides)

El diputado recordó además que el Senado ya rechazó el decreto en 2024, aunque hasta ahora la oposición nunca consiguió reunir en Diputados los votos suficientes para tratarlo.

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“En Diputados no pudimos nunca juntar quórum. Creemos que llegó el momento de tomar cartas en el asunto. Si en tres años el Gobierno no envió leyes que suplanten ese DNU, es porque no está interesado realmente en el cuerpo normativo”, planteó.

La oposición busca los votos para alcanzar el quórum y rechazar el DNU 70/23

La convocatoria para el 15 de octubre lleva las firmas de Germán Martínez, Miguel Pichetto, Martín Lousteau, Myriam Bregman, Jorge Fernández, Natalia de la Sota y Mónica Frade, entre otros diputados.

El desafío central será llegar a los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión. De acuerdo con los cálculos preliminares de los convocantes, los bloques que respaldan el pedido reúnen alrededor de 121 diputados, por lo que todavía necesitan sumar adhesiones.

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Una de las principales incógnitas pasa por Provincias Unidas. Aunque algunos de sus integrantes acompañan la convocatoria, no está garantizado que todo el interbloque se siente en sus bancas.

Entre las presencias que aparecen como más firmes están los cinco radicales críticos, Lourdes Arrieta, Esteban Paulón y Juan Brügge. El resto de los legisladores mantiene discusiones internas sobre qué postura adoptar.

La oposición también mira hacia Argentina Federal, que responde principalmente a los gobernadores de Misiones y Salta, y al MID. Esos votos podrían resultar decisivos, especialmente por el debate vinculado con la emergencia en discapacidad.

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En paralelo, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, defendió el rechazo del decreto y sostuvo que no tendría efectos retroactivos sobre las relaciones jurídicas ya consolidadas.

“El posible rechazo del DNU 70/2023 no implica efectos retroactivos ni afecta las relaciones jurídicas que se establecieron anteriormente. El Gobierno tiene la posibilidad de enviar un proyecto de ley para sostener las reformas”, afirmó.

Y agregó: “Argentina lleva demasiados años buscando atajos. Es hora de entender que los atajos institucionales no solo son peligrosos, son ineficaces”.

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El diputado Eduardo Falcone recibió a familiares y a personas con discapacidad. (Foto: X @dipFalcone).
El diputado Eduardo Falcone recibió a familiares y a personas con discapacidad. (Foto: X @dipFalcone).

El Gobierno prepara su propia sesión y también necesita construir una mayoría

Mientras la oposición busca asegurar el quórum para el 15, La Libertad Avanza prepara una estrategia para evitar perder el control de la agenda parlamentaria.

El oficialismo espera el regreso de Javier Milei y de parte de su mesa política desde Francia para terminar de definir los movimientos. Entre los funcionarios que participan del viaje se encuentran Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La posibilidad que analiza el Gobierno es convocar a una sesión especial para el miércoles 21 de octubre, con dos cuestiones que también impulsa la oposición: el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad.

Ambos temas ya atravesaron distintos plenarios de comisión y cuentan con dictámenes. Sin embargo, en el oficialismo admiten que tener dictamen de mayoría no garantiza los votos necesarios en el recinto, debido a las diferencias que existen entre los bloques dialoguistas.

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Para comenzar el poroteo, La Libertad Avanza parte de sus 95 diputados, a los que busca sumar los 12 del PRO que conduce Cristian Ritondo y seis radicales alineados con Pamela Verasay.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, coordinará con el bloque y con la Mesa Política, la estrategia del oficialismo. (Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino)
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, coordinará con el bloque y con la Mesa Política, la estrategia del oficialismo. (Foto: Cámara de Diputados/Gustavo Molfino)

Ese esquema reuniría 113 legisladores. A partir de allí, la Casa Rosada apunta a conseguir adhesiones entre fuerzas provinciales como Producción y Trabajo de San Juan, representantes de Neuquén y Santa Cruz y otros bloques que suelen negociar voto por voto.

El escenario permanece abierto: varios de los diputados que el Gobierno necesita para su propia convocatoria son los mismos a los que la oposición intenta convencer para sesionar seis días antes.

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La guerra entre Jaldo y Manzur divide al PJ de Tucumán: el rol de Cristina Kirchner y el poder en juego

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“Para que no sigan las especulaciones, que hoy se pelean, que mañana se juntan. Le digo a Manzur que lo espero el 9 del mayo del 2027 en las urnas. Los dos como candidatos a gobernador”. Osvaldo Jaldo, actual gobernador de Tucumán, le dedicó esas palabras a su enemigo íntimo, senador nacional y ex mandatario provincial, Juan Manzur. El mensaje fue contundente: no hay tregua ni unidad. Es uno otro.

Los dos peronistas. Ambos importantes en las últimas dos décadas de la política tucumana. Los dos integrantes de una fórmula que gobernó la provincia durante ocho años y que terminó con el reinado de José Alperovich. Algunos días atrás, cuando pronunció esas pocas oraciones, Jaldo dejó en claro que no habrá convergencia entre los dos nombres más pesados del PJ tucumano. La guerra está declarada.

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La unidad del peronismo en el sexto distrito electoral más importante del país, que concentra a cerca de un 1.300.000 electores, es una utopía. Quienes supieron formar parte de una sociedad política sólida, hoy ni siquiera se hablan. El poder cambió de mando. La estructura política, que contiene a intendentes y legisladores, responde, mayoritareamente, a Jaldo. Manzur tiene una representación más chica y trata de hacerse fuerte en la adversidad. Está al frente de una resistencia contra los libertarios, pero también contra la conducción de Jaldo, que controla la mayor parte del peronismo tucumano.

En ese contexto se inscribió la visita que la semana pasada el senador le hizo a Cristina Kirchner en San José 1111, con quien habló de la interna que atraviesa a la provincia y de su juego político de cara a las elecciones locales, fijadas para el 9 de mayo del 2027. Manzur entiende que él representa la propuesta del peronismo nacional en Tucumán. La voz que puede enarbolar el discurso más opositor a Milei. Una diferencia sustancial con Jaldo, quien se convirtió en un aliado táctico de la Casa Rosada y, desde hace tiempo, recibe cuestionamientos de los distintos sectores del PJ por prestar el voto de sus legisladores a las iniciativas libertarias.

Jaldo está lanzado a buscar su reeleción. Sería su segundo mandato como gobernador y el cuarto integrando una fórmula, ya que entre el 2015 y el 2023 compartió la dupla de gobierno con Manzur. Su intención es darle continuidad a la sociedad con Miguel Acevedo, el actual vicegobernador, y con Rosana Chahla en la intendencia de San Miguel de Tucumán. Acevedo heredó el cargo porque la corte Suprema volteó la candidatura de Manzur en la fórmula durante el 2027. Chahla estuvo mucho tiempo cerca del actual senador pero, en los giros del poder y el despoder, terminó cerrando filas con el Gobernador.

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De cara al año electoral, existe cierta incertidumbre sobre las condiciones de la candidatura de Jaldo. Según marca el artículo 90 de la Constitución tucumana, el mandatario está en condiciones de competir el año que viene y, en el caso de ganar, de completar su cuarto mandato en la cúpula del Poder Ejecutivo de la provincia. Sin embargo, hay sectores de la oposición que amenazan con trabar ese camino con un planteo a la Corte Suprema.

Hay dos posibilidades que consideran los rivales político. Una es plantear que Jaldo ocupó el rol de gobernador durante la licencia que tomó Manzur para hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete en el gobierno de Alberto Fernández, por lo que se le debería computar ese mandato como primero y el actual como segundo. En consecuencia, no podría tener un tercero.

En los últimos diez días Manzur estuvo reunido con Cristina Kirchner y Juan Manzur

La otra opción es plantear que, al buscar un cuarto mandato dentro de la fórmula ejecutiva, no se está respetando el principio de alternancia que marca la Constitución Nacional. Es un tema que tomaron como argumento en La Libertad Avanza tucumana, pero que, por el momento, no utilizarán para avanzar ante la justicia electoral.

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El artículo 90 de la Constitución provincial, en el que se respalda Jaldo, es claro y no deja lugar a segundas interpretaciones. “El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de Vicegobernador”, sostiene.

En el sector del peronismo que lidera Manzur no creen que el ex gobernador presente un recurso de amparo para frenar el camino a la reelección del actual mandatario. Sería hacer lo mismo que sufrió en carne propia tres años atrás, cuando la Corte Suprema lo invalidó para ir como vicegobernador. Hay una diferencia clave entre los dos casos. Manzur buscaba en ese momento un quinto mandato en una fórmula, luego de ser dos períodos vicegobernador de Alperovich y dos períodos gobernador, con una interrupción por licencia debido a su desembarco en la Casa Rosada. Jaldo busca su cuarto ciclo en una fórmula.

Si por alguna traba judicial Jaldo no puede competir, el tablero electoral tucumano se rompería completamente. Hay quienes piensan que la salida a esa encrucijada sería catapultar a Acevedo a la gobernación. Otros, en lo que parece ser una opción más arriesgada, creen a Jaldo capaz de impulsar a su hermana. Lo cierto es que en el oficialismo tucumano descartan cualquier inconveniente judicial que pueda entorpercer el camino hacia la reelección.

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El diputado Pablo Yedlin, muy cercano a Manzur, respondió con una foto irónica cuando Jaldo acusó al ex gobernador de mandar a

Por el momento Manzur no confirmó qué hará respecto a su futuro electoral. Algunos creen que va a competir como candidato a gobernador para quedarse con la representación de un sector del peronismo tucumano. Otros advierten que, sabiendo de antemano que es muy posible que enfrente una derrota ante Jaldo, decida correrse y construir un rol de armador nacional del peronismo, con una identidad federal bien marcada. Es decir, un eslabón entre la dirigencia nacional y los caudillos del centro y norte del país. Como espalda, tiene mandato hasta el 2029 en su banca del Senado.

En el caso de que Manzur no sea candidato, el peronismo nacional tiene dos opciones: buscar un acuerdo con Jaldo para el armado de listas nacionales – Tucumán elige diputados – o poner en cancha a un candidato propio. Ahí el nombre apuntado es el del diputado nacional Pablo Yedlin, hombre de confianza de Manzur. Su participación tendrían una proyección de posicionamiento, más que de competencia real. Pensando en una etapa de sucesión en los años siguientes.

Yedlin es un ferviente opositor de Jaldo y de Milei. En el último mes se metió dos veces para interceder a favor de Manzur frente a las críticas de Jaldo. Primero fue cuando el Gobernador dijo en una rueda de prensa que su ex compañero de fórmula mandaba “algunos caniches a ladrar”, en referencia a los dirigentes cercanos que lo cuestionaban. Yeldlin subió una foto a sus redes sociales en la que aparecía abrazando a un perro caniche. Pura ironía.

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Después salió al cruce cuando Jaldo cuestionó a Manzur por ir a visitar a Cristina Kirchner. “Viéndose en la debilidad política el senador fue en búsqueda de una pollera. Es un pollerudo”, afirmó el mandatario provincial. Yeldlin respondió otra vez en sus redes. “Siempre de este lado de la vida. Lo que atrasa es ser despectivo y machirulo, ¿huele a viejo, no?”, escribió junto a una foto suya con CFK y otras de ella con el presidente de Brasil, “Lula” Da Silva, el dirigente social Adolfo Pérez Esquivel y el ex presidente de Colombia Ernesto Samper. Todas en el departamento donde cumple condena por la causa Vialidad.

En el círculo más chico de Cristina también defendieron al ex gobernador: “Juan no es pollerudo, es un hombre de la política que va a a visitar a una compañera que está injustamente presa”. La tensión reina en el ambiente. En la cumbre peronista que tuvo lugar en el Hotel Emperador el 11 de agosto, uno de los temas que se habló fue la posibilidad de tratar de acercar a Jaldo y a su par de Catamarca, Raúl Jalil, al armado nacional del PJ. Movimientos pensados como parte de una estrategia electoral de cara al 2027. Por el momento no hay avances en ese sentido. La guerra a cielo abierto no contribuye en esa línea.

En el gobierno tucumano aseguran que para el año que viene no habrá acuerdos con el gobierno de Milei ni con Manzur. Seguros de ganar, avanza con la convicción de que van a fortalecer su poder territorial y político en la provincia. El peronismo, claro está, quedará dividido en dos.

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