POLITICA
“70% cocinado”: en busca de la reelección, el Gobierno acelera la rosca para suspender las PASO
Como si lo hubiera ayudado a olvidar las vicisitudes de la rosca política y a renovar el oxígeno en la sangre, Javier Milei encontró en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central el entusiasmo necesario para distraerse de los desafíos de su gestión. Trabajó durante meses, en ocasiones hasta altas horas de la madrugada, en los detalles técnicos que apuntan a impedir que el Tesoro pueda financiar a los gobiernos de turno. Concertó decenas de reuniones presenciales y llamados telefónicos con Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili. Y él mismo escribió el discurso que quiso pronunciar en cadena nacional, un recurso que utilizó apenas once veces desde que es presidente. “Estuvo como un nene con juguete nuevo durante todo el proceso. Tenía toda su concentración puesta ahí. Una vez fui a plantearle un asunto urgente y, antes de llegar al punto relevante, lo escuchamos media hora hablar sobre la importancia de preservar el valor de la moneda”, cuenta, risueño, uno de los funcionarios que más visita la Quinta de Olivos.
El hombre, que considera “fundamental” la iniciativa para terminar con “el péndulo monetario de las distintas administraciones”, elige atajarse solo y no esquivar la polémica que circula tras bambalinas: “¿Si modificar el BCRA es un asunto popular para la gente de a pie? Por supuesto que no, pero es necesario. Quizás en algún momento tengamos que hacer anuncios vinculados a la actividad económica o el bolsillo de la población más apretada, una cuestión que obviamente aparece entre las principales demandas sociales en cualquier sondeo serio».
Con el envío del texto al Congreso para su debate en Diputados, las pretensiones de Milei pasarán a engrosar la lista de temas pendientes de legislar: el Super RIGI, la Inocencia Fiscal II, la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el régimen de Zona Fría o el complejo paquete que se viene puliendo desde el área de Desregulación y Transformación del Estado, entre otros. Y todo eso va a ocurrir mientras La Libertad Avanza está obsesionada con un objetivo prioritario: conseguir la reelección. Y no de cualquier manera: lo quiere lograr en primera vuelta. ¿Por qué? La idea de un balotaje suena, al menos en la actualidad, como una aventura con final demasiado abierto porque depende de cómo se acomode el oscilante metro cuadrado de la economía cotidiana.
La necesidad de alcanzar el 40% de los votos con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo, o de juntar más del 45% del total, es una meta exigente. Y es ahí precisamente donde entra la otra clave del futuro inmediato: la Reforma Electoral y la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, movimiento que complicaría los armados de una oposición que sufre su fragmentación y fortalecería, siempre según la lectura oficial, las chances de éxito de los violetas.
“Están desesperados por garantizarse un triunfo el 24 de octubre y no depender de lo que pueda pasar el 21 de noviembre de 2027. Obviamente, van a hacer todo lo que tengan al alcance de la mano y nosotros ahí tenemos que aprovechar para rosquear condiciones favorables”, se sincera uno de los gobernadores que los libertarios consideran “aliado”. “Extirpar para siempre las PASO del régimen de votación argentino se le va a hacer imposible a Javier y Karina. Además, en el futuro no tener esa herramienta se nos puede volver en contra”, completa otro primer mandatario, en este caso rotulado como “dialoguista”.
Conscientes de esos reparos que se extienden, con matices, en los 24 distritos del país, la Mesa Política de la Rosada empezó a ofrecer otra solución: no borrar, como propone formalmente el proyecto presentado el 23 de abril en el palacio legislativo, sino suspender las primarias como ya sucedió en las legislativas de 2025. “Eso cambió todo y aflojó la tensión de las negociaciones -cuenta uno de los integrantes de ese órgano informal-. Con esa opción en el menú, el acuerdo está 70% cocinado”. Poco importa que tanto en 2015 como en 2023 las PASO hayan sido usadas por dos de las tres fuerzas más votadas: LLA se encamina a obtener, “idealmente en septiembre, pero seguro antes del 31 de diciembre”, una nueva pausa en ese sistema.
En Balcarce 50, para evitar ser obvios, repiten los mismos argumentos del libreto preestablecido: que pocas veces fueron realmente competitivas, que son una encuesta cara, que la ciudadanía tiene que ir a sufragar demasiadas veces y que, encima, generan volatilidad en los mercados. Además, dicen reivindicar lo que siente la mayoría de la sociedad: un estudio de Isasi/Burdman Consultores determinó que el 63% está de acuerdo con que cada partido defina libremente el método para elegir a sus candidatos.
Los garantes de que todo marche acorde al plan conforman una suerte de nuevo Triángulo de Hierro: con la supervisión ineludible de Karina Milei, el ministro coordinador Diego “El Colo” Santilli y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem son los encargados de enhebrar los acuerdos a nivel nacional. A ellos se suelen sumar el ascendente vicejefe de Gabinete Ignacio “Nacho” Devitt y el viceministro del Interior Gustavo Coria. “Esa es la verdadera mesa de decisiones. La otra sirve solo para la foto”, admiten quienes conocen el detrás de escena.
Después de demasiados meses de gestión paralizada por el escándalo alrededor de Manuel Adorni y de guerras intestinas a cielo abierto con el sector de Santiago Caputo, la orden que bajó “El Jefe” es concentrarse en que haya cuatro años más de poder para su hermano. Un apunte sobre “El Mago del Kremlin”: pese a que quienes lo cruzan seguido lo ven con menos intenciones de escalar batallas, desde sus oficinas inflan pecho al recordar que siempre sostuvieron que había que buscar acuerdos políticos, entregar todas las jurisdicciones posibles a los gobernadores más cercanos y enfocarse en ganar a nivel nacional. “¿De qué nos sirve tener gobernadores propios si no podemos reelegir?”, se preguntan sus laderos. Cuando llegan a sus oídos esos susurros, la menor de los Milei deja trascender que “no va a regalar nada” y que va a analizar la situación “provincia por provincia” antes de rubricar algún acuerdo. Y conceden, con más pragmatismo que resignación: “No vamos a poder pintar el país de violeta en 2027. Con un poco de viento a favor, quizás terminemos teniendo nuestra primera provincia pura”.
Desde ya, nada es gratis. Y menos en política. Buena parte de los mandatarios federales está en una negociación constante por recursos con la Casa Rosada y las pretensiones electorales libertarias les vienen como anillo al dedo. La lista de pedidos incluye fondos frescos, autorizaciones para la toma de créditos, acuerdos por concesiones de rutas y hasta pliegos de jueces. En paralelo aparecen los reclamos propios de cada rincón de Argentina: por ejemplo, los tres gobernadores de la Región Centro que esta semana inauguraron la sede central del bloque regional en Córdoba ponen sobre la mesa la eliminación total de las retenciones al campo, una participación activa en la mesa de decisiones de la hidrovía y una ley federal de biocombustibles. Los Milei tendrán que tomar nota, ya que lo piden verdaderos pesos pesados: los territorios que comandan Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio son considerados en su conjunto el principal bloque productivo del país, reúnen una población de 8,4 millones de habitantes, generan el 25% del PBI argentino y aglutinan el 38% de las exportaciones.
Más allá de estos ítems vinculados a lo que un cacique llama irónicamente “el vil metal”, detrás de las negociaciones se esconde un esquema cien por ciento transaccional: a cambio de los votos en el Congreso para la suspensión de las PASO, La Libertad Avanza no competiría para ganar en las contiendas locales. De esa manera, el gobernador se queda con el poder territorial y aumenta sus chances de tener mayoría en las legislaturas. Es, si nada falla, un “win-win”: el partido de Milei conseguiría a su vez el acompañamiento de ese mandatario en la disputa nacional.
Hay un factor que no pierde de vista ninguno de los actores involucrados en la rosca: muchas provincias van a desdoblar los comicios. “Se viene un verdadero Desdoblapalooza: un festival de elecciones que no van a estar atadas a la fecha de las presidenciales”, analiza un funcionario central de la gestión violeta. De hecho, el tucumano Osvaldo Jaldo ya se convirtió en el primero en fijar fecha anticipada para el 9 de mayo de 2027. Podrían seguirlo lugares como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Misiones, Salta y Jujuy. “Por todo eso, habrá un componente de confianza mutua que no podemos manejar del todo. Es que en una primera instancia se van a confeccionar las listas provinciales que van a aparecer en los cuartos oscuros; ahí los libertarios tendrán que cumplir los pactos preestablecidos, y no cagarnos. Recién más adelante hay que inscribir las boletas únicas de papel de las nacionales y nosotros tendremos que apoyar al oficialismo y devolver las gentilezas”, describe un operador del interior.
En el ida y vuelta entre la Mesa Política y los aliados hay varias jugadas posibles: desde competir juntos, sin trampas, con la intención de ganar, hasta presentar listas libertarias para dividir a propósito a la oposición o directamente no presentar listas para no robarle sufragios al gobernador amigo.
¿Y las colectoras? Efectivamente, figuran entre las opciones, por más que para el paladar mileísta sean un recurso que suene a casta y que está prohibido desde 2019 por un decreto de Mauricio Macri que en sus considerandos dejó escrita una delicia: que ese sistema de votación “genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral”. Problemas éticos para el PRO en el caso de que avance esa treta a la que LLA llama, acaso para sentirse menos culposos, simplemente “adhesiones”: la posibilidad de que la candidatura de Javier Milei sume el apoyo de la lista de legisladores de otro color político y que después las bancas se distribuyan por el sistema de reparto proporcional D’Hondt.
Una última complejidad que surge de un detalle endiablado de la Reforma Electoral: ¿cómo se resolvería el diseño de la Boleta Única si se agrega un casillero para votar lista completa? “Algún cráneo lo va a resolver”, dicen, misteriosos y sin respuesta precisa, en Casa Rosada.
En el primer piso del edificio gubernamental se abrazan a la idea de conseguir el apoyo de una docena de provincias. Según planifica el Gobierno, ya están avanzadas las gestiones con Chaco (Leandro Zdero, mandatario que va a recibir la visita de la dupla Karina/Santilli en los próximos días), Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Mendoza (Alfredo Cornejo), San Juan (Marcelo Orrego), Neuquén (Rolando Figueroa), Chubut (Ignacio Torres), San Luis (Claudio Poggi) y Jujuy (Carlos Sadir). Además, hay escenarios abiertos en las dos Buenos Aires, Santa Fe, Salta, Corrientes y Misiones.
El AMBA merece un necesario doble click. Por un lado, la cúpula libertaria manifiesta su voluntad de diálogo con la ciudad porteña, donde los primos Macri no pasan su mejor momento humano, pero están convencidos de que un acuerdo con el espacio amarillo tiene que incluir al territorio bonaerense, donde “El Colo” es número puesto. Si bien Javier Milei no habla con el presidente del PRO hace meses y meses, en ambas terminales aseguran que más pronto que tarde se retomará el diálogo “para que no vuelvan los kukas”. Dicho sea de paso: ¿será verdad que Axel Kicillof está mirando con buenos ojos, a diferencia de lo que hizo en el pasado, la posibilidad de no hacer coincidir las fechas de la elección nacional y la provincial?
El mapa que pintan con distintos colores los responsables libertarios del operativo electoral marca que no hay espacio para pactos ni tratos con Córdoba, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En este contexto, está decidido que el Presidente, por ahora, no viaje a ninguna provincia. “No sirve de nada”, opinan a su lado. Eso pese a las quejas de los gobernadores porque no solo no los recibe, sino que tampoco tiene la deferencia de saludarlos en actos como el del 9 de julio por el Día de la Independencia. La contracara es evidente: cuando lo cree necesario, el oficialismo es capaz de exagerar la importancia de una foto; le pasó a Maximiliano Pullaro durante el traspaso de la Ruta Nacional A012 a Santa Fe, evento para el cual estaba pactada una reunión con la secretaria general, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, pero para la instantánea terminaron apareciendo un total de 18 funcionarios. “Un mamarracho que dejó en evidencia que quería transmitir la idea de que había sintonía política de cara al futuro justo en un territorio en el que La Libertad Avanza puede salir tercera”.
El operativo reelección se enhebra mientras la economía real exhibe datos incómodos: la actividad volvió a dar una señal de estancamiento; el consumo masivo acumuló siete meses consecutivos en retroceso; y los ingresos, con más de diez millones de trabajadores que ganan menos de $1.500.000 mensuales, tampoco entregan alivio. El Instituto Argentina Grande calculó, además, que en los últimos doce meses desaparecieron 141.700 puestos de trabajo registrados en relación de dependencia. Desde el comienzo de la gestión libertaria, la pérdida supera los 329.000 empleos entre el sector público y el privado. El endeudamiento completa el círculo vicioso: créditos utilizados para gastos corrientes y cuotas que después se vuelven impagables; la mora con los bancos llegó en mayo al 7,6%, después de diecinueve meses consecutivos de crecimiento, y en las billeteras virtuales trepó al 29,6%. Y hay más: los jubilados no dejan de reclamar por lo que califican como haberes “miserables”; la mínima, con el bono de $70.000 incluido, quedó en $481.989,33.
A todos esos sectores en crisis probablemente les importen poco los futuros candados jurídicos del Banco Central. Tampoco que la agencia de calificación de riesgo Moody’s se sumara a Fitch y a Standard & Poor’s y le asignara al país un panorama “positivo”. Y menos que menos la visita y las postales turísticas que acumuló en estas jornadas la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
En la Argentina libertaria, la velocidad de destrucción en industria, comercio y construcción parece ir más rápido que la de creación de oportunidades en energía, minería, el campo y las finanzas. Ese desacople se viene reflejando en los estudios de opinión pública. Javier Milei conserva un piso competitivo y no aparece por ahora una figura opositora capaz de disputarle con claridad el centro del ring, pero tampoco le sobra demasiado: según un promedio de 121 encuestas ponderado por la organización no gubernamental Fundación Ciencias para Gobernar (CiGob), el 39,2% aprueba la gestión libertaria contra un 56,2% que la desaprueba. “Tras el rebote de junio, la mayoría de las encuestas marca lo mismo: la imagen del Gobierno vuelve a ceder. El corrimiento de Adorni mejoró el humor en algunos segmentos, pero el factor decisivo al evaluar la gestión fue, es y será la economía de metro cuadrado. Ahí se explican tanto las subas como las bajas”, analiza la consultora Mora Jozami.
El último trabajo de QSocial agrega una señal que inquieta particularmente en los pasillos del poder. Cuando se pregunta cómo está la situación actual del país, apenas el 16% responde “bien”, contra un 35% que la define como “regular” y un 48% que la considera “mala”. Las expectativas tampoco alcanzan para compensar ese presente: solo el 26% cree que la economía estará mejor el año próximo, frente a un 47% que espera un empeoramiento. Sin embargo, la alarma más fuerte aparece cuando los especialistas consultan cuánto tiempo más está dispuesta a esperar la población para que las políticas oficiales mejoren su situación personal. La mitad responde que ya no puede esperar más. Ese es el porcentaje que ningún acuerdo parlamentario puede dar por cocinado.
POLITICA
La ofensiva por Malvinas, la baja de la inflación y la mano dura en seguridad: las cartas de Milei para calentar la campaña
Javier Milei arrancó la semana con una reunión de gabinete. El objetivo fue claro: mantener en agenda el reclamo por Malvinas. Este lunes 14 enviará a Diputados el proyecto de defensa de la soberanía. La pregunta, ahora, es: ¿Qué es lo que realmente busca el Presidente? Anticipo la respuesta: busca que la Argentina, lobby petrolero y diplomacia mediante, pueda participar de las regalías por recursos que se extraigan de esa cuenca.
¿Puede la cuestión Malvinas cambiar la agenda social y política? Es un tema que capta al público nacionalista, parte del cual ya milita con Milei, pero también detrás de Victoria Villarruel y el kirchnerismo. Malvinas es tanto una cuestión transversal como sentimental.
Por ahora, el primer ministro Andy Burnham ayudó a sostener la confrontación: dijo que “Londres será inflexible en la defensa de la soberanía” y que respaldará la voluntad de los isleños que decidieron ser ingleses. Burnham es el líder de los parlamentarios laboristas y con esa frase respondió a una pregunta que, durante un debate legislativo, le había efectuado la líder de los conservadores, Kemi Badenoch.
La posición de Gran Bretaña y de sus líderes es internamente uniforme: a las declaraciones de los líderes laborista y conservador se sumó el jueves la de Nigel Farage, dirigente de la agrupación de derecha radical Reform UK: cruzó mensajes con el canciller israelí y dijo que la soberanía inglesa sobre las islas es innegociable. Milei, en su viaje de octubre al Reino Unido, tenía previsto reunirse con su amigo Farage, pero canceló su visita al Reino Unido.
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Todo marcha de acuerdo al plan. Aunque, en realidad, Trump no volvió a hablar sobre el tema: en las conversaciones que mantuvo con Burnham hablaron sobre el conflicto con Irán y el que mantienen Rusia y Ucrania. Inclusive, los británicos le reclaman a Israel que acepte la creación del Estado de Palestina. Pero, hasta donde se sabe, el presidente norteamericano no reprendió a los ingleses por la cuestión colonial en nuestro archipiélago.
La oposición, por su parte, cree haber encontrado una línea discursiva. En lugar de ponerse en contra del Gobierno, lo que terminaría por beneficiar a Milei y lo ayudaría a instalar el debate, el peronismo decidió redoblar la apuesta oficial: el diputado Guillermo Michel planteó que si la idea es sancionar a empresas inglesas, directamente que las excluyan de participar del régimen RIGI y que se les prohíba beneficiarse con los tratados de doble imposición. Así como también plantean aumentar el gasto militar por encima de lo que propone el Gobierno.
Por su parte, el canciller Quirno, junto con el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, continuaron toda la semana con la presentación de denuncias en Comodoro Py contra empresas que operan en la cuenca Malvinas y también contra accionistas, ejecutivos y proveedores.
El verdadero objetivo detrás de la estrategia por Malvinas
¿Cree realmente el Gobierno que podrá recuperar el control sobre las islas? Tal vez falten décadas para que la bandera argentina vuelva a flamear allí. Los objetivos son otros.
En primer lugar, encarecer al proyecto Sea Lion el costo de explotación offshore. Esa perforación está en aguas profundas, a 600 kilómetros de los puertos San Julián y Deseado. Quienes trabajen allí no podrán usar los puertos de la costa argentina. Halliburton, Baker Hughes y SLB representan el 53 por ciento de los servicios petroleros de todo el mundo y anticiparon la semana pasada que no van a prestar servicios en Malvinas. Y las empresas y proveedores que lo hagan serán denunciadas.
En segundo lugar, el verdadero objetivo: el Gobierno argentino busca abrir una negociación para que el Reino Unido coparticipe a nuestro país en ese negocio petrolero.
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Una alta fuente del Gobierno deslizó que en el equipo de Milei saben que será muy difícil sentar al Reino Unido a negociar la soberanía. Y la vía diplomática no es suficiente para forzar a Londres. Entonces, Milei, más allá del reclamo real de soberanía, está buscando una diagonal: que el universo de empresas petroleras, perjudicado por no poder trabajar a la vez en Vaca Muerta y en Sea Lion, presione a Londres para incluir a la Argentina en el negocio.
De allí en más, todo es imaginable: que YPF pueda participar en Sea Lion, se distribuyan regalías por una explotación de recursos naturales que son argentinos pero que están fuera de nuestro alcance, etcétera. Una suerte de paraguas en el debate de la soberanía, que permita discutir negocios comunes. Se busca que el lobby petrolero realice un trabajo silencioso y consiga un éxito de la mejor diplomacia.
En tercer lugar, en el proyecto el agravamiento de las sanciones también alcanzará a las empresas que se dedican a la pesca. Un sector en el que operan ilegalmente los buques chinos y es un tema que interesa a los Estados Unidos.
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Más allá de la legitimidad del reclamo argentino, nuestro país debe ser muy cuidadoso en no malinterpretar los mensajes que distintos políticos extranjeros dan sobre las islas: Trump nunca dijo expresamente que apoya el reclamo nacional y no hay nada que haga suponer que EE.UU. vaya a romper su alianza con Gran Bretaña.
Por otra parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel y el hijo de Benjamin Netanyahu se pronunciaron en favor de la soberanía argentina sobre Malvinas, pero eso no debe ser sacado de contexto porque en las últimas semanas el Reino Unido cuestionó la violencia de los colonos judíos sobre los palestinos.
El rumbo institucional de la Argentina, basado en razones legales e históricas, es serio y no debe ser confundido con interpretaciones meramente sentimentales que pueden alimentar decisiones equivocadas.
Seguridad y educación, dos temas que aprovechó el Gobierno
El Gabinete también aprovechó dos temas que le llegaron servidos en bandeja.
Una jueza bonaerense decidió suspender la aplicación de la ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad. Sebastián Pareja dijo que LLA le pedirá el juicio político, una ONG denunció penalmente a la magistrada y los fiscales bonaerenses dijeron que seguirán aplicando la norma que, además, sigue vigente en todo el resto del país. Contra el garantismo que impulsa el kirchnerismo, que deriva en impunidad, Diego Santilli aprovechó para cuestionar a Axel Kicillof.
Por otro lado, los malos resultados en las pruebas PISA en lengua, ciencias y matemáticas. La Argentina quedó ubicada en el fondo de la tabla mundial. Décadas de desmanejos con la educación, bajos salarios, las escuelas, infinitos paros docentes y permitir que los adolescentes aprueben sin muchas exigencias. Arriba, en la cima del mundo, están China, Singapur, Japón, Corea y, bastante cerca, el Reino Unido. El común denominador de los mejores: valorar la exigencia, mérito y disciplina de estudio. El Gobierno aprovechó esos resultados para culpar a los gobiernos kirchneristas. La decadencia lleva décadas.
La inflación baja, pero preocupa el nivel de actividad
En materia económica, el dato más positivo de la semana para el Gobierno fue el índice de inflación: el Indec informó que en agosto fue de 1,7 por ciento, un descenso muy importante respecto del índice de julio (2,1 por ciento). El martes había existido un anticipo: la inflación en la Ciudad fue de 1,7, mucho más baja que el 2,9 de julio.
Lo positivo: la reducción fue muy importante y responde a la caída de los precios de alimentos y transporte, la caída de precios por baja demanda y a la deflación en indumentaria.
Lo negativo: los servicios subieron 2,8 por ciento, muy por arriba del promedio general, y la Canasta Básica Total, límite de la pobreza, creció 2,6 por ciento.
Los riesgos: el menor ingreso de dólares en la segunda parte del año y la presión que pueda ejercer cualquier movimiento del dólar.
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La UIA sostiene que la reducción de la inflación no alcanza y afirma que lo importante es el nivel de actividad. Esta semana difundió su Monitor de Desempeño Industrial: el 49,7 por ciento de las empresas están afectadas por la caída de las ventas, por lo cual el 42 por ciento redujo su producción. Los motivos: caída del poder adquisitivo, la apertura de importaciones y el flagelo del contrabando. El miércoles, el Indec confirmó el derrumbe: la producción industrial bajó en julio 4,9 por ciento interanual y 5 por ciento desestacionalizado. Y la construcción no se quedó atrás: cayó 4,5 por ciento interanual y 4,6 por ciento respecto de junio.
El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la economía marcha a distintas velocidades y que hay sectores a los que les va a costar más tiempo salir adelante. Y Patricia Bullrich dijo que esa situación preocupa al Gobierno.
El otro tema económico de la semana tuvo que ver con los deudores morosos: la oposición logró instalarlo en la agenda, tenía asegurado el quórum y obligó a LLA a girar en el aire para hacer un control de daños. El proyecto no pasará por la Comisión de Presupuesto, por lo cual cualquier solución que adopte el Congreso no deberá tener costo fiscal. Martín Menem y LLA vieron el desenlace como un triunfo.
Mientras el Presidente siempre sostuvo que el debate no es real sino una fake news instalada por la oposición para desgastar a Milei, la Iglesia reitera su reclamo de mayor justicia social. No es un dato menor que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA haya publicado un informe que muestra que 30 de cada 100 familias necesitan pedir dinero a familiares, amigos o billeteras virtuales para llegar a fin de mes, mientras que entre las familias que están en situación de pobreza el problema alcanza al 44 por ciento.
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Uno de los aliados más fieles de LLA, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, buscó mostrar empatía: decidió que a los deudores morosos les reducirá Ingresos Brutos y los eximirá del Impuesto de Sellos.
En el Gobierno no todos coinciden con la dureza con la que Milei lleva adelante su plan económico.
El sector más político, la mesa política, teme el impacto que la economía pueda tener en los votantes. Milei lo ve distinto: la gente me votó para bajar la inflación y él lo está logrando.
¿Qué dicen las encuestas? Tanto las que maneja el Gobierno como la oposición coinciden en dos datos: Milei conserva una imagen positiva que está entre el 32 y 37 por ciento —según las distintas encuestadoras—; Atlas Intel acaba de relevar que el 38 por ciento aprueba la gestión del Presidente; se frenó su caída y varios estudios coinciden en mostrar que, del casi 70 por ciento restante, hay un 50 por ciento que asegura que jamás volvería atrás para votar al kirchnerismo. En otras palabras, este último sector podría decantar, a falta de opción, en favor de Milei o no iría a votar. Salvo que aparezca un outsider, que todavía no aparece claro, o un insider. Falta mucho: 12 meses hasta la fecha de las PASO, que por ahora no se definieron.
Igualmente, ese panorama es suficiente para entusiasmar al peronismo, un sector que hace unos meses consideraba que no tenía chance alguna. Ahora, sus referentes empezaron a soñar. La muestra la dio el martes: las distintas tribus del peronismo —excepto La Cámpora— se juntaron para un nuevo homenaje por la muerte de De la Sota y para tomarse una foto política. Unidad con competencia, recomendó Sergio Massa, que levanta lentamente el perfil y no descarta ni confirma que pueda ser candidato.
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Economía, Malvinas, Congreso: la realidad desinfla la apuesta libertaria a la pelea en blanco o negro
Desaceleración de precios y caída abrupta de actividades productivas. Revés legislativo después de avances con proyectos propios. Impacto del llamativo giro de Javier Milei en el tema Malvinas, acompañado por limitaciones para su uso doméstico. La realidad política y económica asoma contradictoria para los planes del oficialismo, atados sin vueltas al objetivo reeleccionista. Nada es uniforme. Y eso mismo desinfla la estrategia libertaria que busca mostrar éxito permanente y confrontación con algún enemigo. Todo, en blanco o negro.
Se trata de un ejercicio -expresión de su concepción política- extendido a cualquier área de gestión, incluso las más sensibles, como la educación. En ese terreno, tampoco es algo novedoso: al contrario, es tan repetido en el tiempo que suena ingenuo esperar políticas de Estado. Acaba de ocurrir frente a un nuevo informe sobre el deterioro en el rubro educativo, resultado que mezcla serios problemas de arrastre y agudización actual. En rigor, la reacción del oficialismo no fue sorprendente, sino amplificada por el contraste con un antecedente inmediato. En los dos casos, el trazo saliente fue la carga sobre el pasado.
Vale aclararlo: son dos relevamientos cercanos en el tiempo pero diferentes por las franjas de alumnado abarcadas, por metodología y por su alcance. Uno es nacional y otro incluye a la Argentina como parte de un trabajo internacional. Importa el reflejo oficialista. Hace un par de meses, el informe sobre las pruebas locales Aprender fue celebrado por mejoras en lengua y matemática respecto del 2023. El Gobierno lo destacó como un éxito mileista y, por supuesto, en espejo con la etapa de Alberto Fernández y CFK. Esta semana, los resultados de las pruebas PISA mostraron otra vez un grave deterioro a nivel nacional en matemática, lectura y ciencia. Y el mensaje fue responsabilizar a las gestiones anteriores.
Con el mismo simplismo de campaña permanente, y a pesar de cierto agotamiento como recurso discursivo, fue abordado el dato de la inflación de agosto. El IPC anotó un 1,7%. Fue una caída respecto de julio (2,1%) y hay que retroceder hasta junio del año pasado para encontrar un número inferior (1,6%). Otros datos expusieron el impacto de rubros como servicios y la baja en renglones como vestimenta. El IPC Núcleo se mostró más inquietante: se mantuvo en el 1,8%, es decir, igual que el mes anterior.
Por supuesto, el Gobierno celebró el dato del INDEC. Y se sucedieron elogios al ministro Luis Caputo por parte de Milei, de varios funcionarios y de algunos legisladores, además de despliegue en las redes sociales. Eso fue de la mano con el núcleo del discurso más amplio: destacar algún logro insistiendo sobre su significado para remontar la situación dejada por la experiencia peronista/kirchnerista.
Ese recurso expresa un modo básico de la confrontación libertaria. Pero ocurre que en el terreno económico los datos no dan para el relato lineal. Hay blancos, negros y grises. Con un añadido: pueden quedar expuestos con diferencia de pocos días. Antes del esperado índice de precios, la semana había arrancado con informes del INDEC realmente críticos sobre actividad económica. La producción industrial manufacturera registró en julio una baja de 5 puntos porcentuales -respecto del mes anterior y en la medición interanual- y la construcción dejó una postal parecida, en torno del 4,5%.
Frente a esos números, no parece alcanzar con el recurso narrativo según el cual la economía se mueve en diferentes velocidades. Y eso alimenta preocupación interna en el oficialismo, algunas demandas que encuentran respuesta cerrada de Olivos. Por lo pronto, en materia de datos oficiales, el calendario del INDEC incluye para las próximas semanas la difusión de otros informes habituales, desde precios mayoristas a ventas y salarios, además del Estimador Mensual de Actividad Económica. Este mes, para completar, será publicada la información sobre pobreza e indigencia en el primer semestre del año.
El Congreso tampoco aporta un panorama allanado, sin sobresaltos, para el juego del oficialismo. El revés en Diputados con dos temas sensibles -emergencia en discapacidad y morosidad- pintó para LLA un cuadro con trazos inquietantes: después de varios meses, el temario fue a contramano de su voluntad y eso consagró una movida que incluyó, naturalmente, a la oposición dura, pero también a legisladores de espacios dialoguistas, vinculados a jefes provinciales de trato habitual con el Gobierno.
El resultado fue la imposición de fechas concretas para el trámite de los dos temas en comisiones. Se verá cómo sigue. Por lo pronto, el dato significativo resultó ser un quórum sin sobresaltos a pesar de los esfuerzos violetas para evitarlo. Alcanzó para ratificar que el Congreso puede sumar señales buenas, regulares o malas para Olivos. Avances, como el tratamiento de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda entrega de Inocencia Fiscal, a la espera de sesión en el Senado. Complicaciones, como ocurre con el RIGI II y la reforma electoral. Y disgustos, como acaba de ocurrir con endeudamiento familiar y discapacidad.
No es lo único. El Congreso espera ahora el proyecto sobre Malvinas. Según la última versión difundida desde filas libertarias, sería enviado el martes. Y trascendió que, en materia de sanciones, podría ser más amplio que la actividad petrolera. Apuntaría a evitar que la oposición dura busque doblar la apuesta. En cualquier caso, el tratamiento de los proyectos difícilmente exponga posiciones divergentes sobre el reclamo de soberanía. Y ese es un punto central.
El tema de fondo -es decir, la soberanía- no ofrece espacio para la confrontación. No hay enemigo político. En todo caso, puede haber disputa y cruces sobre aspectos prácticos de los proyectos, como el Consejo de Seguridad Nacional, cuyo alcance podrá ser considerado cuando el Gobierno envíe el texto al Congreso. Más claro es que el giro presidencial por Malvinas no domina de manera excluyente el temario público y, menos, cierra la puerta a otros debates.
La búsqueda de contrapuntos en este terreno es difícil. En todo caso, es una prueba a saldar primero con la historia propia. La postal de Pablo Quirno y Carlos Presti en Ushuaia puede ser vista en ese contexto. El canciller y el ministro de Defensa viajaron para mostrar la intención de reanimar -iniciar, prácticamente- la construcción de la Base Naval Integrada. Una obra anunciada en la gestión anterior, sin avances serios en aquel momento y tampoco en lo que va del gobierno mileista.
Luis Caputo,Argentina,ministro de economía,discurso
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó este jueves el recurso de queja presentado por Cristina Kirchner contra el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa conocida como “dólar futuro”.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habilita al tribunal a rechazar un recurso extraordinario sin ingresar al fondo de la cuestión.
La decisión dejó firme el sobreseimiento que ya había sido dictado en primera instancia y confirmado por la Cámara Federal porteña y por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal. Sturzenegger, expresidente del Banco Central entre 2015 y 2018, se desempeña hoy como ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
La denuncia contra el funcionario fue impulsada en 2016 por un grupo de legisladores kirchneristas, en el mismo tramo en que el entonces juez Claudio Bonadio citó a indagatoria a la expresidenta en el expediente principal por la venta de dólares a futuro al cierre de su segundo mandato.
En esa causa, tanto la expresidenta como el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof y el extitular del BCRA, Alejandro Vanoli fueron sobreseídos. Ese sobreseimiento quedó firme en diciembre de 2024, también por aplicación del artículo 280.
La denuncia contra Sturzenegger
En la presentación contra Sturzenegger se le atribuyó el delito de defraudación a la administración pública. Según la querella, el Banco Central habría pagado los contratos a futuro con los precios resultantes de la devaluación de diciembre de 2015 y habría modificado las condiciones en que aquellos se habían celebrado, “en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares”.
La misma denuncia apuntó a Bonadio, a quien se acusó de haber favorecido esa operatoria y de haber citado a indagatoria a la expresidenta.
El juez federal Sergio Torres sobreseyó a Sturzenegger al considerar que su actuación “se vio acotada al cumplimiento de cuanto habían formalizado las autoridades que lo precedieron”, tanto en la presidencia del BCRA como en el directorio.
Para el magistrado, seguir adelante con la investigación equivalía a un control judicial sobre decisiones de política económica, “sin que se haya advertido un exceso en el ejercicio de la competencia que le es propia y que sí tornaría judiciable la cuestión”.
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Cristina Kirchner, admitida como querellante por la Cámara Federal, apeló con el argumento de que la investigación había sido insuficiente, pero la Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento en junio de 2019.
Luego, en noviembre de ese año, Casación, con votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y la disidencia de Ana María Figueroa, declaró inadmisible el recurso del abogado Carlos Beraldi. En ese escenario, solo les quedaba la opción de ir en queja ante la Corte, que ahora fue rechazada.
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