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POLITICA

La fiscalía le da impulso a una denuncia contra Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete

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El fiscal Guillermo Marijuan impulsó este miércoles una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el funcionario Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En una primera ronda de medidas, el fiscal solicitó información bancaria, impositiva y patrimonial del funcionario, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires, específicamente, datos sobre un crédito de 60 millones de pesos que Adorni tomó y habría pagado en 2025.

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Esa deuda cancelada es el eje de la denuncia que formuló ayer la diputada Marcela Pagano, a la que hoy le dio curso el fiscal.

“La investigación en autos tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito Ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023″, dice el dictamen del fiscal.

A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Marijuan le solicitó información fiscal desde 2020: padrón, perfil fiscal, declaraciones juradas, pagos, Ganancias, Bienes Personales e IVA, entre otros datos.

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Manuel AdorniENRIQUE GARCIA MEDINA

También pidió saber si Francisco Adorni registra ingresos o egresos de dinero del país y si tuvo sanciones o sumarios aduaneros. Al Banco Central le requirió información sobre cuentas, cajas de ahorro, cuentas corrientes, transferencias, depósitos y retiros en efectivo, cheques, tarjetas, plazos fijos y cajas de seguridad, entre otros productos.

A la Inspección General de Justicia (IGJ), le solicitó que informe si existen registros de Francisco Adorni como integrante de alguna sociedad y, en ese caso, que remita legajos, estatutos, actas, balances, evolución del capital y eventuales sanciones.

Durante el gobierno libertario, el hermano del Jefe de Gabinete fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, en junio de 2025, promovido al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

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En su denuncia, Pagano señala que Francisco Adorni habría tenido un incremento patrimonial no justificado desde que ingresó a la función pública nacional.

Según el escrito, en febrero de 2024 el funcionario declaró el 50% de una casa en City Bell, valuada en $38.790.000, y el 50% de una Chery Tiggo 2017, valuada en $5.000.000. También informó bienes, depósitos y dinero por $43.790.000 y ninguna deuda.

La denunciante, la diputada Marcela PaganoSantiago Oroz

En su declaración jurada anual correspondiente a 2025, el funcionario habría declarado un patrimonio neto de alrededor de $80.500.000. Ese aumento, dice Pagano en su escrito, se explicaría a partir de de dos movimientos: la incorporación del 50% de una Jeep Renegade 2020, valuada en $8.000.000, y la cancelación en doce meses de un crédito hipotecario del Banco Provincia por aproximadamente $60.000.000.

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El fiscal le pidió al Banco Provincia que envíe copias de los legajos completos de todos los productos de Francisco Adorni con el banco desde 2023 hasta la actualidad. También que, de haber registro del crédito denunciado, se envíe a la fiscalía todos los detalles del mismo: cronograma original de amortización, plazos, saldos adeudados y pagos, con sus respectivas fechas.




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POLITICA

Javier Milei y sus medidas, en vivo: movimientos en el oficialismo y reactivación de la agenda parlamentaria

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La Argentina viene de líderes disruptivos, confrontativos y, a veces, irrespetuosos. Así fueron durante sus tres mandatos presidenciales Néstor y Cristina Kirchner y así es, aun con ideas muy diferentes de aquellos dos, Javier Milei. El actual presidente no acepta la necesaria presencia de disidentes, ni siquiera de los que piensan como él en sus rasgos ideológicos, pero no coinciden con sus formas. Prefiere el grito a la conversación, y le gusta el maltrato en lugar de los buenos modales. Se dice liberal (y hasta libertario, que es la expresión última y más extremista del liberalismo), pero solo aplica esas ideas en el plano de la economía; rechaza, por el contrario, el respeto a las libertades de los otros, a la autonomía de las instituciones (como la de la prensa, por ejemplo) y al elemental principio de la división de los poderes constitucionales.

Néstor y Cristina Kirchner creían menos todavía en el valor de las instituciones; el autoritarismo fue su forma de gobernar; aspiraban a tomar el control absoluto del periodismo -crearon de hecho uno alternativo-, y sus proyecto político consistía en la perpetuación de una dinastía en el poder y en el famoso “vamos por todo”, que felizmente nunca lograron alcanzar. Persiguieron obscenamente con los servicios de inteligencia a políticos opositores, a empresarios y a periodistas. Paréntesis: el exjuez fallecido Claudio Bonadio encontró en una residencia de Cristina, cuando ya era expresidenta, carpetas cargadas con informes del espionaje sobre sus adversarios y críticos. Bonadio mandó a sorteo ese hallazgo (porque no era el motivo de su allanamiento) y resultó sorteado el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien jamás hizo ni el intento de investigar por qué una expresidenta acumulaba tanta información reservada sobre ciudadanos y dirigentes que no simpatizaban con ella. Martínez de Giorgi es el mismo juez que acaba de apartar a los querellantes de la causa $LIBRA y le quitó impulso, por lo tanto, a esa investigación sobre el poder que manda ahora. Por algo en los tribunales lo llaman a Martínez de Giorgi el “nuevo Oyarbide”.

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POLITICA

Bullrich y Villarruel buscaron bajar la tensión tras el cruce por la Ley de Tierras y organizar las próximas sesiones del Senado

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La jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron este martes una reunión privada en la Cámara Alta para reducir la tensión luego del fuerte cruce que se hizo público por la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno.

Según pudo saber TN, el encuentro se pactó en medio del receso invernal en el Congreso para acordar una suerte de tregua y ordenar las próximas sesiones que quiere impulsar el oficialismo para avanzar con sus reformas.

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El puente de diálogo, que no estuvo exento de reproches, se produjo luego de la filtración de una dura discusión privada entre ambas a la prensa. El intercambio incluía marcadas diferencias alrededor del tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y uno de sus ejes centrales: los cambios a la Ley de Tierras que habilitarían la compra de terrenos por parte de extranjeros.

En ese contexto, según pudo reconstruir este medio, Villarruel le recriminó a Bullrich haber hecho públicos sus chats de WhatsApp. “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, había cuestionado la vice en sus redes la semana pasada.

La vicepresidenta Victoria Villarruel le reprochó a Patricia Bullrich la difusión de chats privados, pero acordaron trabajar en las próximas sesiones. (Foto: Archivo/NA – Claudio Fanchi)

Por su parte, Bullrich aclaró en el encuentro que ella no filtró su conversación a la prensa, sino que lo había compartido en el grupo de senadores de La Libertad Avanza para ponerlos al tanto de cuál era la postura de la titular del Senado en caso de que tuviera que desempatar la votación.

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A su vez, para dejar atrás el episodio y comenzar a trabajar hacia delante, la exministra de Seguridad le transmitió a Villarruel cuáles son los nuevos proyectos que busca llevar el Gobierno al Senado. En ese sentido, fuentes al tanto del encuentro señalaron que la reunión buscó desescalar tensiones y evitar un conflicto abierto.

Leé también: Tras el Mundial, el Gobierno reunió a la mesa política y definió presentar la reforma del Banco Central la próxima semana

Aún así, en la Cámara Alta coinciden en que la relación entre Villarruel y Bullrich nunca será amistosa. Para validar esa premisa, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado había lanzado la semana pasada un duro mensaje dirigido a la vice: “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y no está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”.

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Patricia Bullrich, Victoria Villarruel, ley de tierras

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El Gobierno de Santa Cruz afirma que el reclamo salarial de la policía perdió adhesión, pero siguen las protestas

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El conflicto salarial de la Policía de Santa Cruz continúa pese al decreto firmado por el gobernador Claudio Vidal, que fijó un piso de $1.700.000 para los agentes ingresantes. Los efectivos mantienen el reclamo y exigen que el salario inicial alcance los $2.200.000.

En el Ejecutivo provincial sostienen que la mayor parte de los policías ya volvieron a sus tareas y que las protestas perdieron el nivel de adhesión que tuvieron durante los primeros días del reclamo. Además, consideran que las manifestaciones que aún continúan responden más a intereses políticos que al conjunto de la fuerza.

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Con el correr de los días, el conflicto comenzó a mostrar realidades diferentes según la región. En el norte de Santa Cruz, efectivos de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras levantaron las medidas de fuerza tras recibir el compromiso oficial de revisar la cuestión salarial en los próximos meses y de no sancionar a quienes participaron de las protestas.

Los policías de Santa Cruz juntan leña para su acampe de protesta. (Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz)

La situación es distinta en el sur provincial. En Río Gallegos, El Calafate y otras localidades continúan los acampes y las manifestaciones, donde los policías insisten en que el Gobierno reabra la negociación paritaria y revise la recomposición salarial.

Leé también: El Gobierno prepara un nuevo paquete de desregulación: qué leyes busca modificar y qué sectores alcanza

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En paralelo, el bloque oficialista Por Santa Cruz vinculó la posibilidad de seguir mejorando los salarios estatales con la situación financiera de la provincia. En un comunicado, los legisladores señalaron que las deudas que varios municipios mantienen con la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales reducen el margen de recursos disponible y advirtieron que regularizar esos compromisos es fundamental para garantizar la sustentabilidad de ambos organismos.

Pese a la baja en la intensidad de las protestas, el conflicto sigue sin resolverse. Los sectores que mantienen las medidas de fuerza reclaman una nueva instancia de diálogo y cuestionan que el aumento salarial haya sido definido de manera unilateral por el Ejecutivo. El Gobierno, en cambio, considera cerrada la discusión luego de ratificar la recomposición mediante el Decreto n.º 660.

“Se dio un aumento por decreto. Eso está desarmando la resistencia de la medida y las protestas. Siguen, pero de a poco se va retomando el trabajo en las comisarías. Sigue habiendo autoconvocados y medidas, pero en muchas localidades se normalizó”, indicaron fuentes provinciales a TN. “El foco de máxima tensión es Río Gallegos”, remarcaron.

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“Digamos que estamos mejor, pero falta todavía para que termine el conflicto”, enfatizó otro dirigente santacruceño. “La verdad es que la provincia sigue complicada”, afirmaron.

Santa Cruz, Policía, Gobierno

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