La jueza federal Jennifer Rochon rechazó la demanda colectiva presentada por inversores damnificados por el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA y dispuso el cierre de la causa que tramitaba ante los tribunales federales de Nueva York, según surge de la resolución de 81 carillas cuya copia obtuvo .

Rocho admitió así los pedidos de desestimación formulados por Hayden Mark Davis y los demás integrantes de Kelsier Ventures, por Benjamin “Ben” Chow y por Dynamic Labs, y rechazó además el intento de los demandantes de ampliar nuevamente su denuncia, por lo que los impulsores de la “class action” deberán evaluar ahora si recurren a la Cámara de Apelaciones.

Rochon concluyó que los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta no habían logrado demostrar sus acusaciones de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley federal RICO —utilizada contra organizaciones que desarrollan un patrón continuado de actividades ilícitas—. En particular, consideró que no habían acreditado el requisito de continuidad exigido para configurar un “patrón” de actividad ilícita bajo esa legislación.

En ese sentido, la jueza Rochon mencionó 18 veces a Javier Milei en su resolución y consignó que Hayden Davis envió mensajes a terceros afirmando que tenía “control” sobre el jefe del Estado y ofreciendo reuniones con el mandatario a cambio de dinero. También, según surge de los mensajes incorporados a la demanda colectiva, que afirmó que le enviaba dinero a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “y él firma lo que sea que yo le diga y hace lo que yo quiera”.

Rochon también consignó el papel que los propios demandantes atribuyeron a Milei en el lanzamiento del criptoactivo, el 14 de febrero de 2025, a partir de su posteo en la red social X. “En respuesta a su anuncio [por el posteo], el interés de los inversores, el volumen de operaciones y la cotización [de $LIBRA] subieron”, señaló la magistrada.

La decisión, cabe aclarar, no determina que los hechos denunciados por los inversores hayan ocurrido o no. En su resolución, Rochon sólo analizó si las acusaciones formuladas en la demanda cumplían los estándares legales necesarios para avanzar con el litigio y si el tribunal tenía jurisdicción sobre los demandados. Al resolver las mociones de los demandados, la jueza tomó como ciertos, a efectos de ese análisis, los hechos alegados en la demanda para evaluar si permitían configurar jurídicamente los reclamos invocados.

El principal argumento de Davis y Kelsier para intentar desactivar la demanda colectiva coincidió con el punto que finalmente adoptó la magistrada: los demandantes habían descripto un supuesto esquema que, según su propia presentación, se desarrolló durante un período demasiado breve para satisfacer el requisito de continuidad.

La demanda sostenía que la estructura había comenzado a operar al menos en octubre de 2024 y continuado hasta la presentación inicial del expediente, el 17 de marzo de 2025. Rochon consideró que esos aproximadamente seis meses no constituían un “período sustancial” para demostrar una continuidad cerrada de actividad delictiva.

Los demandantes habían intentado sostener, en cambio, que existía una continuidad abierta; es decir, que Davis, Chow y otros acusados habrían desarrollado un modelo repetible para lanzar distintos criptoactivos y que, de no haber sido expuestos, los supuestos fraudes habrían continuado. Pero Rochon tampoco aceptó ese argumento.

La magistrada también señaló que la denuncia no aportaba elementos suficientes para demostrar una amenaza concreta de continuidad del supuesto delito. En particular, consideró insuficientes las referencias generales a otros proyectos y a una supuesta “pipeline” de futuros lanzamientos.

En el caso de Davis y Kelsier, sin embargo, el fallo no terminó allí. Una vez descartada la demanda federal bajo RICO, Rochon analizó si los tribunales de Nueva York tenían jurisdicción personal sobre los demandados para resolver las restantes acusaciones, basadas en la legislación estadual. Concluyó que no.

Los demandantes habían argumentado que Kelsier había dirigido sus actividades hacia Nueva York y Estados Unidos mediante su asociación con Chow, el uso de redes sociales y exchanges estadounidenses, transacciones procesadas por validadores e infraestructura ubicados en Estados Unidos y materiales promocionales destinados a atraer inversores minoristas. Pero Rochon consideró que esas circunstancias no demostraban una actividad específicamente dirigida hacia Nueva York.

La jueza sostuvo que el uso de redes sociales estadounidenses, de infraestructura blockchain de alcance nacional y de exchanges o validadores distribuidos por Estados Unidos no bastaba para establecer que los demandados hubieran desarrollado actividades comerciales deliberadamente orientadas hacia Nueva York. También descartó que la promoción destinada a inversores estadounidenses, por sí sola, permitiera establecer esa jurisdicción.

La situación de Chow fue analizada de manera diferente. Rochon desestimó todas las acusaciones contra el ex CEO de Meteora porque, según concluyó, los demandantes no habían aportado hechos suficientes para establecer que hubiera actuado con intención fraudulenta.

En cuanto específicamente a $LIBRA, Rochon examinó también la respuesta de Chow al mensaje publicado por el presidente Javier Milei en X, en el que había escrito: “Lo que cambiar al mundo significa”. La jueza consideró que los demandantes no habían explicado por qué esa expresión constituía una afirmación falsa o materialmente engañosa. Tampoco encontró suficientes elementos para sostener que Chow hubiera realizado, en relación con $LIBRA, las afirmaciones engañosas que le atribuían los demandantes.

La resolución pone así fin, en primera instancia, al litigio colectivo que los inversores habían iniciado en Nueva York a partir del colapso de $LIBRA. El fallo se refiere a la suficiencia jurídica de las acusaciones y a la jurisdicción del tribunal, y no constituye una determinación judicial sobre si las maniobras denunciadas por los inversores ocurrieron efectivamente en los términos descriptos por los abogados demandantes, que ahora deben evaluar si apelan.