POLITICA
Financiamiento universitario: la Corte le dio ingreso al caso, pero no tiene fecha para resolver y la UBA reclama celeridad

La Corte Suprema le dio ingreso a la causa que promovieron 59 universidades nacionales contra el Poder Ejecutivo y quedó en condiciones de resolver si deja firme la medida cautelar dictada contra el Gobierno. Los jueces, sin embargo, no tienen aún un plazo fijado para resolver.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) les pidió este martes que se expidan “a la mayor brevedad posible” y que dejen firme la cautelar que le impone al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario.
La cautelar en cuestión fue dictada por el juez de primera instancia Martín Cormick y ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero no está vigente porque el Gobierno presentó un recurso extraordinario y la Cámara le habilitó el camino a la Corte.
Con esta instancia abierta, Cormick frenó la implementación de su medida cautelar hasta que la Corte decida.
En este momento, las tres instancias tienen decisiones por tomar. Cormick tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo del amparo; es decir, si le exige al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario (lo resuelto hasta ahora es sólo la cautelar). La Corte, en tanto, tiene a estudio el pedido del Gobierno para que la cautelar quede sin efecto, y la Cámara de Apelaciones recibió un planteo de las universidades para que revise la suspensión de la cautelar que dispuso Cormick.
El abogado constitucionalista Pablo Manili, que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dijo a que la Cámara debe restablecer la cautelar porque la ley sostiene que una sentencia de primera instancia ratificada por la Cámara debe ejecutarse, aunque la Corte tenga a estudio un recurso extraordinario.
El artículo que citan las universidades es el 258 del Código Civil y Comercial, que dice que si una sentencia de la cámara “fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema”.
“El 258 es categórico: tienen que darle luz verde al incidente de ejecución de la cautelar”, dijo Manili a . Si la Cámara actuara como espera el abogado, la cautelar entraría en vigencia de inmediato, sin esperar una definición de la Corte Suprema.
Las universidades se quejan de la estrategia del Gobierno de demorar los trámites. Cuestionan que haya recusado a todos los jueces; incluidos los tres ministros de la Corte Suprema, que deberá tratar esas recusaciones antes de decidir sobre el destino de la cautelar.
“Es la primera vez en la historia que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”, dijo Manili.
Las universidades celebran, en cambio, la celeridad con la que la Corte le dio ingreso formal al expediente, ni bien lo recibió, con una breve resolución que dice “Autos”.
El constitucionalista Gustavo Arballo explicó en X que “Autos” es la expresión recortada del clásico “Llamamiento de autos para despacho”, que significa que el tribunal recibió la causa y está a la consideración de los ministros. Arballo advierte que esta expresión de la Corte “no necesariamente es indicio de pronta resolución”.
El camino de la ley
La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado. Tras el veto presidencial, ambas cámaras la sostuvieron.
En el último día del plazo para hacerlo, en octubre pasado, el Gobierno finalmente la promulgó, pero nunca la aplicó. Al igual que sucedió con la Ley de Discapacidad, el Ejecutivo argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Fue por eso que los rectores decidieron ir a la Justicia.
El 29 de octubre de 2025, el CIN interpuso su acción de amparo contra el Estado Nacional. El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, que refieren a las actualizaciones salariales y de las becas, y el 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida.
El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.
El Gobierno presentó entonces su recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema y la Cámara se lo concedió. Por eso, Cormick frenó la implementación de la cautelar.
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“Tranquilizate, querida”: el cruce de Juliana Di Tulio y Patricia Bullrich en el Senado por la marcha del Ni Una Menos

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y la senadora Juliana Di Tulio protagonizaron este miércoles un cruce en el Senado durante una discusión vinculada a los femicidios y a la movilización realizada por el colectivo Ni Una Menos.
La polémica se desató luego de que Bullrich tomara la palabra para referirse a las estadísticas oficiales sobre violencia de género y defendiera las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Según sostuvo, “en los últimos dos años la Argentina bajó un 25% los femicidios”.
“Y esto no es una casualidad, no es porque sí, no es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas también de todas las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos el 25% de los femicidios”, afirmó.
La funcionaria reconoció que el problema persiste, aunque destacó la reducción que, según indicó, reflejan los registros oficiales. “¿Estamos contentos con este número? No, pero bajar 25% los femicidios en dos años es algo realmente importante”, señaló.
Bullrich vinculó esa disminución con una política de endurecimiento de las penas y de fortalecimiento de herramientas judiciales. “Porque el que las hace las paga. Porque nuestro feminismo no esconde a los violadores, no vota en contra de los registros de ADN de los violadores, no vota en contra del registro de ADN de los delincuentes, no libera delincuentes, les da cárcel para siempre”, sostuvo.
En la misma intervención, reivindicó iniciativas como la ley antimafia y las reformas penales impulsadas por el oficialismo. “Vota a favor de la ley antimafia, vota a favor de las asociaciones ilícitas, vota a favor de que tengan más pena los violadores”, expresó.

Bullrich también cuestionó el carácter de la movilización realizada el martes por el aniversario de Ni Una Menos. “Acá no hay un dueño, no hay dueños de esta realidad. No es la partidización que se hizo ayer en la plaza, es la verdadera política y la verdadera política se ve en las estadísticas”, afirmó.
Tras su exposición, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, le dio la palabra a la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tulio, quien comenzó cuestionando la respuesta de Bullrich a un pedido previo de minuto de silencio.
“Primero, la verdad que el jefe de interbloque nuestro pidió un minuto de silencio, no debería haber sido contestado, usted lo sabe perfectamente, el reglamento así lo indica”, planteó.
La legisladora consideró además que la intervención de la ministra tuvo un tono político inapropiado para el contexto. “Mucho menos para contestar en términos políticos y con falacias. Además, una cosa que es tan sensible para las mujeres y para la sociedad en general”, expresó.

Mientras hablaba, Di Tulio respondió a una interrupción proveniente de su banca vecina. “Dejame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilízate, querida”, lanzó.
A continuación, destacó que Bullrich hubiera utilizado el término femicidio durante su discurso. “Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, la ministra de Seguridad de este gobierno (Alejandra Monteoliva), de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios”, sostuvo.
La senadora también cuestionó la validez de los registros oficiales. “La verdad es que los subregistros que existen en este país, que lo hemos hecho durante miles de años, desdicen, por supuesto, los datos oficiales”, afirmó.
Sin embargo, aclaró que no buscaba convertir la discusión en una disputa partidaria. “Yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta”, señaló.
En ese sentido, defendió la movilización realizada por Ni Una Menos y rechazó las críticas formuladas por Bullrich. “No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza”, expresó.
Di Tulio también puso el foco en la situación que atraviesan las mujeres víctimas de violencia. “Lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan. Nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan”, afirmó.
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Caso cuadernos: Roberto Lavagna declaró que se detectaron sobreprecios del 20% en el área de Vialidad durante el kirchnerismo

El exministro de Economía Roberto Lavagna declaró hoy como testigo en el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas y advirtió que, en 2005, cuando Néstor Kirchner estaba al frente del gobierno nacional, se detectaron sobreprecios en el área de Vialidad. “Había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”, afirmó el exfuncionario durante la audiencia en los tribunales de Comodoro Py.
Lo hizo tras una pregunta del abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sobre indicios de cartelización y/o direccionamiento de la obra pública durante su gestión.
Lavagna explicó que, durante una reunión bilateral con el Banco Mundial, que había enviado fondos para el área Vialidad en 2005, el organismo internacional anticipó que iniciaría una investigación porque sospechaban sobre irregularidades en la ejecución de programas de esa área.
“Ante esta información, ni bien regresó la delegación, tratamos el tema internamente y pedí que se hiciera un informe exploratorio del área que más nos preocupaba que era Vialidad”, relató el exministro.
Según detalló, de ese primer estudio -que se realizó entre mayo y agosto de ese año- “surgió que había dudas sobre cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”. Ante estas revelaciones, el exfuncionario solicitó que se hiciera con urgencia un informe más exhaustivo -ya no de carácter exploratorio- para investigar en mayor profundidad esta situación y dio intervención a la Comisión de Defensa de la Competencia.
“Nuestra intención era no ser tomados por sorpresa por un eventual informe del Banco Mundial, ya que ellos habían manifestado que iban a empezar una investigación. Eso fue en el mes de agosto o septiembre”, explicó el exministro de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde.
El exfuncionario afirmó que los informes realizados advirtieron sobre “dos casos paradigmáticos” en los que se “probó la existencia de cartelización”. “Uno fue el de las cementeras y otro fue el gas para los hospitales”, indicó Lavagna.
Más temprano, Beraldi le había preguntado si durante su gestión al frente del Ministerio de Economía y debido a su intervención en la elaboración del presupuesto anual, en algún momento advirtió que se destinaran partidas presupuestarias a obra pública que buscasen beneficiar a algún contratista en particular. “No, claramente no”, respondió Lavagna.
En ese marco, recordó que él había hablado sobre las sospechas de que existía una cartelización en un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción en 2005 y que eso generó molestias entre algunos empresarios del rubro que estaban presentes.
“Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”, resaltó Lavagna.
Además, relató cómo se dio su salida del gobierno de Kirchner en noviembre de 2005. Su corrimiento se produjo después de que denunciara la cartelización. “No voy a decir en la renuncia, porque yo no renuncié. Puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente”, comentó.
Y agregó: “Parece una sutileza, pero en la Argentina hay demasiados abandonos de cargos y no quise estar en esa situación. Como el pedido fue del Presidente, lo dejé en claro”.
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Causa Cuadernos: Lavagna aclaró sus advertencias de una posible cartelización en la obra pública durante el gobierno de Néstor Kirchner

El exministro de Economía, Roberto Lavagna, declaró en el Tribunal Oral Federal N° 7, en la causa Cuadernos. El exfuncionario aclaró sus advertencias de una posible cartelización en la obra pública durante el gobierno de Néstor Kirchner, en un discurso en la Cámara Argentina de la Construcción, en noviembre de 2005.
Lavagna mencionó: “Dije que había algunos indicios preliminares de cartelización, de sobrecostos, y que se había tomado la decisión de involucrar a la Comisión de Defensa de la Competencia en el tema”.
El exministro de Economía dijo que sus declaraciones fueron mal recibidas por parte de los asistentes: “Algunas de las autoridades más importantes de la Cámara, cuando terminé, me dijeron: ‘Ministro, justo acá viene a decir eso’. Y mi respuesta fue: ‘Sí, justo acá tenía que hacerlo’”.
Lavagna dijo que previamente, entre abril y mayo de 2005, durante una de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), la delegación argentina volvió con una preocupación que les habían expresado autoridades del organismo internacional.
El exfuncionario dijo que el Banco Mundial, que había otorgado fondos para obras de Vialidad, había advertido que se sentía “incómodo” por la forma de ejecución de algunos programas y que había anticipado la posibilidad de iniciar una investigación.
Inicialmente debía declarar el martes pasado, pero la audiencia se postergó para hoy por falta de conexión a Internet.
Lavagna dijo inicialmente que “no tenía relación” con el entonces Ministerio de Planificación Federal, que estaba a cargo de Julio de Vido, uno de los principales acusados del proceso.
El exfuncionario dijo que intervino en la elaboración de los presupuestos nacionales de 2003, 2004, 2005 y 2006. Aclaró que estuvo en el cargo hasta noviembre de 2005. Detalló que en 2003 y 2004 la era “muy moderada” la diferencia entre los pedidos de las distintas áreas y los recursos disponibles.
Lavagna dijo que en 2005 empezó a agrandarse esa brecha, que advirtió que se “desbordó” para el Presupuesto 2006. Dijo que las discusiones presupuestarias de 2005 resultaron complejas, en un año electoral: “Los pedidos eran muy fuertes y hacían muy difícil para el Ministerio de Economía atender la totalidad de las iniciativas”.
Lavagna, que se desempeñó como ministro de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner, también había declarado en el juicio por la causa Vialidad.
En aquella oportunidad recordó su salida del ministerio y mencionó una investigación interna por presunta cartelización en la adjudicación de obras viales en distintas zonas del país, que derivó en la suspensión de alrededor de veinte proyectos dependientes del Ministerio de Planificación Federal.
Las claves de la causa Cuadernos de las Coimas, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada
En el juicio por la causa Cuadernos, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada, el dictamen de la fiscalía sostiene que al departamento de Recoleta de los Kirchner llegaban bolsos con dinero proveniente de sobornos vinculados a la obra pública y que eran recibidos por el exsecretario presidencial, Daniel Muñoz.
La expresidenta está acusada en el expediente como supuesta jefa de una asociación ilícita que, según la acusación, habría funcionado entre 2003 y 2015 dentro del Poder Ejecutivo. En el proceso también son juzgados exfuncionarios, empresarios y exchoferes vinculados a la investigación.
La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros, entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
Según la acusación “el sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios”.
Roberto Lavagna, los cuadernos de las coimas
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