POLITICA
La Justicia les prohibió salir del país a Insaurralde y Cirio, mientras allana una casa de Picirillo en Nordelta

El juez federal Luis Armella dispuso la prohibición de salida del país de Martín Insaurralde y Jésica Cirio, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, y rechazó el pedido para detener a ambos acusados.
Al mismo tiempo, el magistrado ordenó allanar una casa de Nordelta, perteneciente a Elías Picirillo, que fue pareja de Cirio, para determinar si allí fue filmado el video donde se la ve rodeada de millones de dólares en un lujoso vestidor.
Esa vivienda está alquilada a terceros, pero los efectivos que llegaron al lugar tomaron las medidas del vestidor para descartar que el video hubiera sido filmado allí. Fue el testigo Diego Suárez el que dijo que el video podría haber sido registrado en ese inmueble. No obstante, el juez Armella cree que fue grabado en la casa de Insaurralde en San Vicente.
El fiscal federal Sergio Mola había solicitado las detenciones de Insaurralde y Cirio, pero el juez Armella no accedió a disponer esa medida, que consideró “desproporcionada”, aunque sí ordenó este nuevo impedimento para viajar al exterior respecto de Cirio, Insaurralde, dos de los hijos de Insaurralde (Martín y Rodrigo), Sofía Clerici y otros dos imputados, Gastón Barrachina (sobrino de Insaurralde) y Víctor Donadío.
En un pasaje de su resolución de hoy, Armella apuntó contra el fiscal, a quien acusó de una “sobreactuación” después de la aparición de los videos, que según el magistrado, contrasta con la actitud que tenía hasta entonces el Ministerio Público.
En la decisión de hoy, Armella recordó que en la causa esperan el resultado de un peritaje contable sobre la evolución patrimonial de los imputados; dijo que ese estudio está “en pleno desarrollo”, con “un avance significativo del 91%” y que “tendría fecha de culminación aparente el 17 de julio de 2026, según lo indicara la perito oficial” que lo tiene a su cargo, María Eleonora Feser, del cuerpo de peritos de la Corte Suprema.
Armella destacó en su resolución “la esencialidad del resultado del peritaje para avanzar en la presente pesquisa”.
Esta causa, que lleva casi tres años, volvió a concentrar la atención pública hace una semana, cuando publicó videos de 2023 en los que se ve a Cirio mostrando millones de dólares ocultos bajo ropa y en valijas en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde, en un barrio privado de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Los investigadores calculan, de acuerdo con las imágenes, que podría haber unos 10 millones de dólares.
Según el fiscal Mola, tras la difusión de los videos, se había incrementado el peligro de que Insaurralde se fugara o buscara entorpecer la investigación. Con ese argumento, pidió su arresto a los fines de indagarlo. Y lo mismo solicitó respecto de Cirio.
Para el juez, pretender tomarles declaración indagatoria a Insaurralde y Cirio antes de tener el resultado del peritaje contable “resulta a las claras” una decisión “prematura en el estadio que se encuentra la investigación”.
Según el juez, el pedido del fiscal “presenta una evidente orfandad probatoria”. Y la solicitud de detención es “desproporcionada”, más aún -indicó Armella- “cuando no se ha verificado modificación en las circunstancias objetivas que exijan una decisión de ese tenor”.
Armella sostuvo que el dictamen del fiscal que pidió las indagatorias y detenciones tiene “graves defectos de fundamentación” y aseveró que “ello conlleva el riesgo de ser tachado de arbitrario, o bien, puede ser materia de futuros planteos de nulidad por parte de la defensa de los imputados, hecho que generaría un grave peligro para el avance de la investigación”.
Armella afirmó que, en el caso de Cirio -que no estuvo incluida en el pedido de indagatorias que hizo el Ministerio Público hace dos años-, la fiscalía ni siquiera identificó “un hecho concreto, o bien, una calificación legal para el delito que intenta endilgarle”.
El juez y los videos
Armella se refirió a los videos que dio a conocer el periodista Diego Cabot en . Dijo que Mola los citó como el argumento para pedir las detenciones, pero que “dicho material audiovisual se encuentra pendiente de ser peritado a través de la Datip [Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal], dependiente del propio Ministerio Público Fiscal, quien aún debe designar una fecha para su realización”.
También afirmó que “a instancias del propio Ministerio Público” se ordenó “un peritaje con el objeto de determinar, entre otras cuestiones, si el material incorporado ha sido modificado o adulterado manualmente o mediante agentes de inteligencia artificial”.
El juez relató que dispuso medidas para determinar si el vestidor del video “resulta ser el de alguno de los inmuebles pertenecientes a Martín Insaurralde o Jesica Cirio”.
En cuanto a las razones para desestimar los pedidos de detención, dijo que los acusados “se han mantenido en todo momento a disposición de la Justicia” a los efectos de esta causa y que cumplieron con “cada uno de los requerimientos efectuados”. Según Armella, Insaurralde y Cirio tuvieron una “conducta procesal colaborativa y respetuosa”.
El magistrado dijo además que ninguno de los testigos declaró haber sido intimidado, ni antes ni después de la aparición de los videos.
“Sobreactuación”
El juez se quejó en su resolución de hoy de la difusión que tuvieron algunas medidas que estaban en trámite y dijo que esa publicidad podría atentar contra el éxito de la investigación. Fue en el tramo de su sentencia en el que hizo referencia a la actitud de la fiscalía.
La fiscalía, por su parte, lleva tiempo denunciando en el expediente la “parsimonia” del juzgado.
Armella escribió: “Corresponde preservar la actividad judicial de toda influencia externa que pudiera comprometer su objetividad, evitando que las decisiones adoptadas respondan, o siquiera puedan razonablemente percibirse como orientadas a proyectar una imagen de eficiencia frente a la opinión pública, o a satisfacer expectativas de índole personal, respondiendo a otro tipo de intereses, antes que a las necesidades objetivas de la investigación y a las constancias incorporadas a la causa».
Y afirmó: “Lejos de intrometerme en la forma de trabajo que quiera llevar adelante el Ministerio Público y qué intereses lo mueven hacia ella, lo cierto es que, contrastando la labor del Sr. Fiscal Federal previo a la publicación del video y la actitud adoptada en forma posterior, debo advertir que la sobreactuación en distintas solicitudes, o bien, las exposiciones mediáticas en las cuales se mencionan cuestiones serias y delicadas para la investigación, podrían derivar en inconvenientes para la pesquisa que esta sede judicial se encuentra llevando adelante de forma seria y rigurosa”.
Armella exhortó a Mola a “ceñirse al principio de objetividad” que debe regir su actuación. Tal como informó , la tensión entre juzgado y fiscalía escala cada vez más.
Otras restricciones
El juez federal impuso otras restricciones para Insaurralde, Cirio, los dos hijos del exintendente, su sobrino, Clerici y Donadío, además de la prohibición de salida del país. En su resolución, dispuso la “obligación de no ausentarse de un radio de cincuenta (50) kilómetros del domicilio denunciado, sin autorización judicial previa”, y la “obligación de comunicar al Tribunal, con suficiente antelación, todo desplazamiento que importe una ausencia superior a veinticuatro (24) horas de dicho domicilio.
En un plazo de 24 horas, Insaurralde, Cirio y el resto de las personas alcanzadas por la decisión judicial, tendrán que “denunciar nuevamente y mantener actualizado su lugar de residencia efectiva”.
En su resolución, Armella recordó que el exjefe de Gabinete provincial, su exesposa y Clerici, tienen sus bienes inhibidos desde el 1º de diciembre de 2023. El resto de los alcanzados por la última medida de Armella están en la misma situación en cuanto a sus patrimonios, pero desde el 1º de noviembre de 2024.
Los inicios de la causa
Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que se publicó una foto, en 2023, de él navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.
Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof). Ocupó el cargo provincial hasta septiembre de 2023, cuando estalló el escándalo del “Yategate”. Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.
Hace una semana, además, la Justicia encontró cocaína y armas en el departamento de Palermo donde vive Jesica Cirio con su nueva pareja, Nicolás Trombino, según constancias judiciales a las que accedió .
Efectivos de la Gendarmería Nacional que realizaron el allanamiento hicieron un test de orientación en el lugar que dio positivo para cocaína, según datos del expediente.
Tal como informó LA NACION,Javier Fuego Simondet,Conforme a
POLITICA
El informe patrimonial sobre Adorni arrojó “sorpresas” en el rubro de las criptomonedas

El informe sobre el patrimonio de Manuel Adorni que recibió este viernes el fiscal Gerardo Pollicita confirmó el rumbo del caso por presunto enriquecimiento ilícito y afianzó las sospechas sobre los agujeros en los números del exjefe de Gabinete.
Pero también arrojó una “sorpresa”. El trabajo, elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero para las Investigaciones (DAFI), aportó nueva información sobre el exfuncionario en el rubro de las criptomonedas, un área borrosa de su patrimonio y un tema siempre sensible para el Gobierno por el impacto del caso $LIBRA.
La pista de las criptomonedas ya existía en la investigación. Fue un capítulo que se abrió cuando llegaron las primeras respuestas de los plataformas digitales revelando operaciones que no estaban todavía bajo la lupa judicial.
Se manejó siempre bajo un extremo hermetismo. Los investigadores del caso dibujaron una red que conecta cuentas que pertenecen o que entraron en contacto con las de Adorni, por las cuales se habrían movido alrededor de 100.000 dólares, según una fuente que la vio.
Pero ahora, con el nuevo informe de la DAFI, ese mapa virtual se amplió.
Por eso, cuando la actividad en Comodoro Py se reanude tras la feria de invierno, dentro de dos semanas, y el fiscal le exija a Adorni las primeras explicaciones en el terreno judicial, habrá un capítulo especial dedicado al dinero digital, sobre el cual el exfuncionario deberá rendir cuentas para evitar ser llamado a indagatoria.
El informe que llegó ayer a la fiscalía es una pieza clave en el recorrido de la causa. Es una suerte de traducción contable de todo lo que los investigadores recabaron en el expediente.
Contempla consumos, escrituras, remodelaciones, facturas, viajes, movimientos bancarios, préstamos y gastos realizados en efectivo, entre otros elementos que fueron incorporados durante los últimos meses.
La tarea de la DAFI consistió en ordenar esa información, cruzarla con los ingresos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, y establecer si la evolución de sus bienes y su nivel de gastos podían sostenerse con los ingresos acreditados.
Pollicita fue ajustando las pautas de trabajo con la DAFI y pidiendo que se incorporaran las nuevas respuestas que llegaban al expediente. Así, el informe también alcanzó la información que remitieron dos plataformas de criptomonedas, Binance y Lemon, en las cuales Adorni tenía cuentas, según reconoció el propio funcionario cuando corrigió de manera retroactiva sus declaraciones juradas en medio de la investigación que revisaba sus números.
En la entrevista con LN+ luego de haber realizado esas modificaciones, el entonces jefe de Gabinete sostuvo que el principal cambio en esos registros públicos había sido la inclusión de alrededor de “500.000 dólares”, de los cuales 200.000 se correspondían con un ahorro no declarado y 300.000, con la ganancia obtenida a partir de una apuesta temprana por Bitcoin, el activo de referencia del mercado de criptomonedas y uno de los que más se valorizó durante la última década.
El correlato de aquella explicación en la declaración jurada fue la aparición de 565.000 dólares al inicio del período 2023, consignados bajo el rótulo “venta de activos”. De la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción no surge que esos fondos se correspondan con la venta de Bitcoin.
Adorni sí especificó tres posiciones en criptoactivos al cierre de ese mismo año: una por 11.019 dólares, otra por 2605 y otra por 1069. Es decir, un total de 14.695 dólares en moneda digital que, al tipo de cambio de la AFIP utilizado en la declaración jurada -$805,45-, equivalían a $11.836.386.
La evolución
Al cierre del período 2024, el rubro de las monedas digitales desaparece por completo de la lista de bienes declarados.
En las declaraciones juradas, el punto central que explica en parte los consumos del exfuncionario son los los 565.000 dólares por “venta de activos” que incorporó en la declaración correspondiente a 2023 y le permitieron restituir, al menos en los números, el equilibrio perdido en la ecuación ingresos y egresos.
Las respectivas fotos de las declaraciones juradas correspondientes a 2024 y 2025 muestran que ese efectivo se fue reduciendo año a año. Al finalizar su primer año en la gestión pública, los 565.000 dólares se convirtieron en 513.000. Durante 2024, esa tenencia cayó hasta los 388.961 dólares.
En 2025, el monto se achicó una vez más y quedó en 209.961 dólares. Es decir que, de acuerdo a lo que reflejan sus propias declaraciones, Adorni podría haber usado 355.038 de los 565.000 dólares que había incorporado en la rectificación correspondiente a 2023.
informe sobre el patrimonio,Federico González del Solar,Manuel Adorni,Javier Milei,Conforme a
POLITICA
El hijo de Pablo Moyano viajó a la final del Mundial de fútbol

Los Moyano no podían faltar. Como en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Qatar 2022, algún referente de la familia sindical asistió a un Mundial. Para la final de ayer en Nueva Jersey, llegó especialmente Nicolás, uno de los hijos de Pablo, el número dos del Sindicato de los Camioneros.
Nicolás Pablo Moyano tiene 23 años y es jugador de fútbol del Club Atlético Camioneros, que milita en la Primera B, la tercera división de los torneos domésticos. Estuvo acompañado en Nueva York por un amigo cuyo padre también se desempeña en el club, que es propiedad del gremio. “Aguante Argentina y camioneros”, publicó Nicolás Moyano en sus redes sociales. Acompañó el mensaje con una foto en las tribunas altas del Met Life, el estadio donde el seleccionado argentino cayó 1 a 0 en la final contra España.
En Qatar, hace tres años y medio, Nicolás Moyano también asistió a la final del Mundial y vivió en primera fila la consagración argentina. Aquella vez viajó con Jerónimo Moyano, tío suyo, y con su primo Iván Tapia, hijo del Chiqui, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Chiqui Tapia se casó con Paola Moyano, una de las dos hijas mujeres de Hugo.
En 2022, Jerónimo Moyano, hijo menor de Hugo, escribió con tono desafiante: “Campeones del mundo y que la cuenten cómo quieran”. Ese fue el mensaje que escribió desde el estadio de Lusail. Sonriente, ubicado en una platea baja a metros del césped, el hijo menor del jefe camionero conservó la tradición familiar de estar en una Copa del Mundo, como lo hicieron sus medios hermanos Pablo y Facundo, en Sudáfrica y Brasil. Durante aquellas experiencias compartieron con barras de Independiente tribuna y hasta un safari turístico. También coincidieron en Brasil 2014 en un partido que la Argentina jugó contra Nigeria en Porto Alegre.
un safari turístico,Pablo Moyano,Conforme a
POLITICA
Reforma laboral: a pedido de la CGT, el Gobierno modificó por decreto una restricción que afectaba la caja sindical

Como fruto de negociaciones reservadas con la CGT, el Gobierno modificó este lunes por decreto lo establecido en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que había perjudicado el financiamiento de los sindicatos al determinar que la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo estaría constituida por el salario básico convencional, una fórmula que reducía potencialmente el volumen económico de esos montos pactados entre empresarios y dirigentes gremiales.
Ahora, el flamante decreto 612/2026, firmado por Javier Milei y los ministros Diego Santilli y Sandra Pettovello, flexibiliza parcialmente el efecto del límite del 2% a esos ítems porque aumenta la base salarial sobre la que se aplica: agrega que para el cálculo deben sumarse las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional y establece que “no integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual correspondientes a la categoría convencional del trabajador, tales como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual”.
Esa mención al salario básico como base de cálculo que figura en el decreto 407 fue en contra de lo que había sido acordado previamente entre el ala política del Gobierno y la CGT cuando se sancionó la reforma laboral, donde el artículo 133, que modificó el artículo 9 de la Ley 14.250, sólo hablaba de que las contribuciones y los aportes vía convenio colectivo “no podrán superar el 2% de las remuneraciones de los trabajadores”, sin especificar que iba a afectar al salario básico.
Luego de ese sugestivo cambio en el decreto reglamentario que sorprendió a la CGT, y que fue atribuido al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sindicalistas del sector dialoguista intensificaron sus charlas con el asesor presidencial Santiago Caputo y Martín y Eduardo “Lule” Menem para tratar de moderar ese punto mediante una resolución o dictamen administrativo de la Secretaría de Trabajo que dejara en claro que se apuntaba a las remuneraciones normales y habituales, diluyendo el concepto de salario básico convencional que afectaba la caja sindical.
Las tratativas reservadas cobraron nuevo impulso cuando Diego Santilli fue designado jefe de Gabinete: junto con los Menem, fue quien convenció a Karina Milei de dictar alguna medida, que finalmente fue un decreto, para conformar a la CGT y pacificar el frente sindical.
Diego Santilli,Federico Sturzenegger,Gerardo Martínez,política,economía,sindicalismo
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