El fiscal Diego Luciani pidió este jueves que el exministro de Planificación Federal del kirchernismo, Julio De Vido, sea condenado a cuatro años de prisión por su rol en parte de los hechos del caso conocido como Oderbrecht, en el que se revisan irregularidades en la adjudicación de las obras de ampliación de dos gasoductos, entre 2006 y 2008.

Luciani describió en su alegato, que abarcó las últimas dos audiencias del juicio, cómo se direccionó -según su criterio- un contrato que superó los 2300 millones de dólares en favor de la empresa brasileña que violó “todos los principios básicos de contratación pública”.

De Vido está actualmente detenido en el penal de Ezeiza, donde cumple una condena a cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once, la única firme de sus condenas. Antes había estado detenido en el marco de otros expedientes, como la causa por irregularidades en Río Turbio y en la compra de Gas Natural Licuado, por la que también fue condenado a 4 años. En paralelo, sigue afrontando otros procesos judiciales, entre ellos el juicio de los Cuadernos de las Coimas y el caso Skanska.

Además de De Vido, en este juicio fueron acusados por el fiscal el exsecretario de Energía Daniel Cameron; el exsubsecretario de Combustibles Cristian Folgar; el exgerente general y exvicepresidente de Cammesa, Luis Alberto Beuret, y el exsubgerente de esa compañía Julio Armando Bragulat.

Para Cameron y Folgar, el fiscal pidió penas de cuatro años y de tres años y seis meses de prisión, respectivamente. Para Beuret, solicitó tres años y medio, y para Bragulet, en cambio, pidió la absolución, por no poder asegurar que “haya conocido los alcances de la maniobra”.

Cammesa aparece en la causa como uno de los engranajes del esquema estatal que, según la fiscalía, desplazó a las transportistas y permitió direccionar la contratación de las obras hacia Odebrecht.

“Se soslayó así los más básicos principios que deben guiar a toda contratación pública: la eficiencia en la contratación para cumplir el interés público comprometido y llegar a un resultado esperado, la promoción de la concurrencia de interesados, la promoción de la sana competencia entre oferentes, la transparencia en los procedimientos, la publicidad y difusión de las actuaciones, y la igualdad de tratamientos para todos los interesados y los oferentes”, señaló el fiscal Luciani en su alegato.

La causa nació como una deriva del caso Skanksa -también en la instancia final de juicio oral- y revisa, en particular, la ampliación de los gasoductos de la Transportadora Gas del Norte (TGN) y la Trasportadora Gas del Sur (TGS).

El juicio comenzó en diciembre, está a cargo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, y comprende solo lo relativo al delito de negociaciones incompatibles. La otra parte, en donde se revisa la posible comisión de cohecho, es decir, del pago y cobro de coimas, sigue en etapa de instrucción.

Los alegatos de las defensas comenzarán en la próxima audiencia, el 12 de mayo.

La Corte Suprema de Justicia validó hoy el avance del juicio oral contra los acusados de haber integrado hace casi 20 años una supuesta red de espionaje a través de escuchas telefónicas, en una causa donde llegó a estar procesado el expresidente Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó por razones formales la presentación del expolicía Ciro James.

El acusado cuestionaba la sentencia que había dejado sin efecto su sobreseimiento. La presentación de la defensa no cumplió con pautas formales.

En tanto, en otro incidente, la Corte también desestimó las presentaciones hechas por James y por el exministro de Educación porteño Mariano Narodowski, también procesado en la causa, porque no se dirigía a una sentencia definitiva o equiparable a tal.

Allí se buscaba cuestionar la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que ordenó avanzar con el juicio oral.

El caso conocido como de “escuchas ilegales” -aunque habían sido autorizadas por jueces de Misiones- comenzó en 2009 con una llamada anónima a la casa de Sergio Burstein, representante de un sector de víctimas de la AMIA, cuando éste estaba de viaje con la entonces presidente Cristina Kirchner en Nueva York por una asamblea de Naciones Unidas.

En ese momento un desconocido le avisó a la hija de Burstein que le estaban “pinchando” el teléfono de su casa y que el responsable era el fallecido Jorge Palacios, entonces titular de la Policía Metropolitana.

A partir de ahí, por impulso del fiscal Alberto Nisman, el juez Norberto Oyarbide abrió una investigación en donde terminó procesando a Macri por “violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación en una asociación ilícita”.

Los procesamientos incluyeron también a Palacios, a Narodowski y al expolicía James (contratado como asesor en esa dependencia).

Fueron también procesados el exjuez de Misiones José Rey, su exsecretaria Mónica González y los policías Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda, porque supuestamente autorizaban esas escuchas sin fundamento legal.

En la causa fue imputado Guillermo Montenegro, exministro de Justicia y Seguridad porteño y actual intendente de General Pueyrredón, pero quedó sobreseído.

En tanto, Macri fue sobreseído cuando ya era presidente de la Nación. El resto de los involucrados fue enviado a juicio.

En 2018 la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un planteo de la defensa de Palacios y sostuvo que fue irregular el inicio de la causa y la investigación del juez Oyarbide, y dispuso la nulidad de lo actuado. La fiscalía apeló, pero la Corte Suprema declaró abstracto el recurso con el fallecimiento del exjefe policial.

En tanto, las defensas de los otros involucrados pidieron su sobreseimiento ante el Tribunal Oral Federal 5 que hizo lugar, por mayoría, a los planteos de la excepción de falta de acción en mayo del 2024. Dijo que la decisión de Casación debía extenderse al resto de los acusados.

Pero la fiscalía apeló y en junio de 2025 Casación -con otra integración y por mayoría- dejó sin efecto el sobreseimiento porque dijo no se podía extender la decisión sobre Palacios para el resto.

Eso fue lo que se apeló, pero la Corte , con la firma de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron el planteo por falta de sentencia definitiva.

De este modo, los acusados que restan procesados serán sometidos a juicio oral, si es que no prospera algún planteo de prescripción en este caso que lleva 17 años.