El Gobierno apercibió a la Superliga Profesional del Fútbol Argentino y la intimó a entregar documentación en un plazo de 10 días hábiles administrativos. La medida fue dictada por la Inspección General de Justicia el 20 de mayo, en el marco de la veeduría informativa dispuesta por el Ministerio de Justicia para revisar documentación societaria, contable y financiera vinculada al funcionamiento de la entidad.

La sanción es leve en términos jurídicos: se trata de un apercibimiento con publicación íntegra a cargo de la Superliga en un diario de mayor circulación nacional, no de una multa ni de una intervención. Sin embargo, el movimiento no es menor en términos administrativos y políticos, porque la IGJ dejó asentado que la entidad incumplió el requerimiento de los veedores y dificultó las tareas de fiscalización.

La resolución, firmada por el inspector general Alejandro Ramírez, ordena además que la Superliga permita el acceso a la documentación requerida por el veedor designado. El organismo advirtió que, si la entidad no cumple dentro del nuevo plazo, podrá avanzar con sanciones mayores. En el oficialismo leen ese punto como la base para sostener una escalada administrativa si persiste la falta de colaboración.

La decisión se da mientras el Ejecutivo mantiene en pausa nuevos pasos contra la AFA, a la espera de una definición de la Justicia civil. En Nación sostienen que la entidad que conduce Claudio Tapia presentó una apelación contra la veeduría y que el recurso fue concedido por la Cámara, por lo que prefieren aguardar ese pronunciamiento antes de avanzar con apercibimientos o medidas compulsivas.

El escenario de la Superliga es distinto. Según consta en la resolución, el veedor Diego Coste se presentó el 7 de mayo en la sede social inscripta de la entidad, ubicada en Olga Cossettini 771, piso 4, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí fue recibido por la abogada Candelaria Moirano, quien no permitió la compulsa de la documentación e información requerida.

En esa visita, Coste dejó un requerimiento formal y otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la entidad aportara la información en soporte digital o indicara la modalidad en que sería entregada. La IGJ sostuvo que, vencido ese plazo, no había constancia de contestación ni pedido de ampliación. Por eso consideró acreditado el incumplimiento del requerimiento y avanzó con el apercibimiento.

La veeduría fue dispuesta por la Resolución Ministerial 188/2026 por un plazo de 180 días hábiles. El expediente se inició para relevar documentación presentada por la Superliga ante la falta de contestación de vistas vinculadas con los balances correspondientes a los ejercicios económicos 2020 a 2024. La IGJ también busca compulsar decisiones económicas y financieras adoptadas por sus órganos sociales en relación con la AFA y verificar posibles inconsistencias entre el objeto social de la entidad y la actividad efectivamente desplegada.

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La resolución también explicita el alcance de la tarea del veedor. Entre los objetivos figuran analizar estados contables y financieros de 2017 a 2025, con apertura amplia de cuentas y partidas, identificar actos que pudieran implicar violaciones a la ley, al estatuto o a los reglamentos de la entidad, y recabar cualquier otra información necesaria para el ejercicio del control estatal. Ese punto muestra que la ofensiva no se limita al último balance, sino que apunta a reconstruir el funcionamiento económico de la Superliga en relación con el fútbol argentino.

En el Ministerio de Justicia distinguen ese expediente del frente abierto con la AFA. La conducción de Tapia viene resistiendo la veeduría y mantiene judicializada la discusión sobre las facultades de control del Gobierno nacional. La Casa Rosada busca evitar una medida que pueda ser objetada por prematura mientras la Cámara Civil no se pronuncie, pero al mismo tiempo sostiene la presión sobre el costado documental de la investigación.

La Ley 22.315 habilita a la IGJ a sancionar a asociaciones civiles, fundaciones y entidades que no provean información, entreguen datos falsos, infrinjan obligaciones legales o estatutarias, o dificulten el ejercicio de las funciones de fiscalización del organismo. El esquema sancionatorio incluye apercibimientos, publicación a cargo del infractor y multas.

Gobierno, Superliga

acusados de pagar sobornos,Hernán Cappiello,Conforme a

“Asumo por cuarta vez en esta institución después de 2012, satisfecho porque hemos hecho un trabajo enorme, y ahora vienen cambios y mucha gente nueva que es la que va a quedar en el gremio cuando termine este mandato”. De esta forma, Jorge “Loma” Avila confirmó a Infobae que a partir de 2030 no seguirá al frente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut. Y lo dijo a pocos minutos de haber asumido su cuarto mandato consecutivo como líder de uno de los principales gremios de la actividad petrolera, desde donde también llegó a la política, ya que es diputado nacional por Provincias Unidas tras su alianza con el gobernador Ignacio Torres.

Para confirmar el perfil de amplios apoyos que fue construyendo, al acto de asunción de Avila concurrieron desde el gobernador chubutense hasta el CEO de Pan American Energy Group, Marcos Bulgheroni, pasando por el cotitular de la CGT Cristian Jerónimo y dirigentes como Víctor Santa María y Emilio Monzó, entre otros.

“Los petroleros hoy tenemos un camino y un rumbo que van a continuar los cuatro años que vienen -dijo Avila en el discurso con el que asumió su nuevo mandato-. Vamos a seguir trabajando todos los días para llevar el pan a la casa, para mantener nuestra fuente de trabajo y a los trabajadores y a nuestra institución en alto”.

También habló el flamante tesorero del sindicato, Emiliano Mongilardi, quien también se desempeña como director de YPF: “Es un orgullo asumir esta responsabilidad y acompañar a Ávila en esta nueva etapa de nuestra organización. Vamos a seguir trabajando con compromiso, defendiendo las fuentes laborales y fortaleciendo a la familia petrolera”. Además, ponderó el valor de Chubut en la economía nacional, afirmando que “hace más de 100 años que generamos energía para toda la Argentina”.

Tras el acto, Avila señaló a Infobae que en los próximos cuatro años de gestión en el sindicato se propone lo siguiente: “Reorganizarnos con lo que quedó en la industria petrolera, ver si podemos encontrar el petróleo no convencional. Y la otra meta es meternos de lleno a trabajar para recuperar trabajadores para el sector minero. Son dos cosas en las que vamos a trabajar fuerte para que podamos lograr tener también contención con nuestra gente, para que no sean los trabajadores que vengan de afuera sino sean trabajadores de la propia petrolera YPF los que puedan explorar la minería”.

— ¿Cómo está viendo la economía a nivel nacional?

— Mal. Creo que el peor daño que tiene la economía lo genera (Manuel) Adorni, un hombre de adentro del propio gabinete. Esta semana (en Diputados) estuvimos dos horas discutiendo para decidir si se hacía la reunión para ver si se va o se queda, está toda la agenda dominada por eso. La verdad que no dan los números para sacarlo, pero tampoco se lo puede sostener ante algo que es muy evidente para toda la gente. No se puede explicar por qué si tenía todo limpio no muestra nada todavía.

— Como opositor, ¿ya está trabajando en algún armado político para ganar las elecciones en 2027?

— Sí, vamos a trabajar en eso. De hecho, estamos creando un partido sindical propio para poder intervenir en la política y ver para qué lado lo inclinamos cuando vengan las candidaturas de nuevos candidatos. Cuando termine este mes vamos a tener el nombre y saldremos a la calle, a los barrios y en todos los lugares que haga falta para mostrar que somos una nueva fuerza con una idea distinta a lo que piensa todo el mundo hoy de la política.

— ¿Será una opción dentro del peronismo?

— A nosotros nos expulsaron del peronismo, pero las ideas siempre las conservamos. Nosotros siempre fuimos peronistas y nunca fuimos kirchneristas, que es distinto.

— Desde su nuevo partido, ¿mantendrá su acuerdo político y electoral con el gobernador Torres?

— Por lo menos de mi parte, tengo un compromiso de tratar de cumplirlo, de mantenerlo lo máximo que se pueda. Pero vienen elecciones y pueden aparecer nuevos ganadores. Hoy, mi obligación es defender los puestos de laburo de Comodoro Rivadavia y mi obligación va a ser trabajar con aquel que apoye la minería. Necesitamos crear nuevas fuentes de laburo, necesitamos que ingrese plata a Chubut. Sin plata no se va a poder gobernar y eso también lo tenemos bien claro a la hora de apoyar o jugar.

— ¿Cómo está la actividad petrolera en particular?

— Los puestos de trabajo cayeron un montón. Nosotros perdimos cerca de 6 mil trabajadores. Eso se siente mucho en la recaudación del sindicato, pero también en la obra social y en varios sectores. Somos el único sindicato que en Comodoro Rivadavia paga el 100% de los medicamentos a sus jubilados. Entonces, la caída de los puestos de trabajo golpea fuerte a la estructura sindical. Necesitamos devolverle mano de obra a la actividad, por lo menos a esos trabajadores que perdimos. La única forma de hacerlo sería buscando nuevos recursos, nuevos minerales que nos devuelvan lo que fue el petróleo.