POLITICA
La Justicia rechazó suspender la nueva Ley de Glaciares tras una demanda de La Pampa y organizaciones ambientalistas

La Justicia federal rechazó este viernes el pedido de suspensión inmediata de la nueva Ley de Glaciares impulsado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. También acompañaban la iniciativa la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientalistas.
La resolución fue firmada por el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric, que pese a rechazar la cautelar, sí habilitó el avance de la demanda colectiva contra el Estado nacional.
Los demandantes sostuvieron que la nueva normativa “reduce el alcance de las áreas protegidas, flexibiliza el régimen de actividades prohibidas y debilita los mecanismos de control y evaluación ambiental”. Además, argumentaron que la reforma vulnera el “federalismo ambiental” previsto en la Constitución y afecta derechos vinculados al ambiente sano, el acceso al agua y la protección de las generaciones futuras.
En su presentación, pidieron como medida cautelar urgente que se suspendiera la aplicación de la ley en todo el territorio nacional hasta que hubiera una sentencia definitiva. También reclamaron que tanto el Estado nacional como las provincias se abstuvieran de habilitar actividades que pudieran afectar glaciares, ambientes periglaciares o cuencas hídricas.
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Entre los puntos cuestionados, señalaron que la nueva legislación modifica el funcionamiento del Inventario Nacional de Glaciares y otorga mayor margen de decisión a las provincias sobre qué áreas deben quedar protegidas.
Según la demanda, eso implicaría “un retroceso normativo” respecto del régimen anterior, ya que “el estándar uniforme de tutela cede ante un esquema en el cual la determinación efectiva de qué se protege y bajo qué condiciones depende, en aspectos sustanciales, de decisiones jurisdiccionales locales”.
También advirtieron sobre posibles consecuencias ambientales derivadas de actividades extractivas intensivas, como la minería, en zonas cercanas a glaciares y reservas de agua dulce.

Sin embargo, el magistrado rechazó la cautelar y consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para suspender provisoriamente una ley aprobada por el Congreso.
Baric sostuvo que los actores no demostraron “con el grado de probabilidad suficiente” la existencia de un daño concreto e inminente y remarcó que la norma fue impugnada “en abstracto”. “El pedido cautelar no resulta un medio apto para satisfacer el interés especulativo de los actores”, afirmó el juez en el fallo.
En otro tramo de la resolución, citó jurisprudencia de la Corte Suprema y recordó que “ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma”.
Además, señaló que los demandantes “no plantean ninguna actividad concreta de daño actual” ni identificaron proyectos específicos o glaciares determinados que estuvieran siendo afectados por la nueva legislación.
Para el magistrado, tampoco quedó acreditado el “peligro en la demora” ni un perjuicio irreparable que justificara suspender la aplicación de la ley antes de una sentencia de fondo.
Pese al rechazo de la cautelar, el juez declaró “formalmente procedente” el amparo ambiental colectivo y ordenó correr traslado al Estado nacional, que deberá responder en un plazo de cinco días.
La causa ya fue inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, luego de verificarse que no existían otros expedientes similares en trámite.
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El juez Ariel Lijo quedó al frente de una causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia

El juez Ariel Lijo quedará a cargo de una causa por enriquecimiento ilícito contra el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por su rol como funcionario bonaerense al frente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
El caso se originó en abril con una denuncia del empresario Guillermo Tofoni en la Justicia porteña, que se declaró incompetente y remitió el expediente a Comodoro Py. Ayer, la Cámara Federal cerró una disputa por la competencia y dejó firme la intervención del juzgado de Lijo.
Ricardo Pristupluk
La Ceamse es la empresa estatal que integran en conjunto la ciudad y la provincia de Buenos Aires y tiene a su cargo la gestión de los residuos generados en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Tapia representó a la Ciudad hasta 2024 y, desde enero del año pasado, integra el directorio en representación de la Provincia.
Ese cargo, y no la presidencia de la AFA, habilita que pueda ser investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios.
Como presidente de la AFA, Tapia enfrenta otros casos, como el que investiga la quinta de Pilar, que tramita en la Justicia de Campana, o el de presunta evasión impositiva, por el que está procesado junto al tesorero Pablo Toviggino.
Contradenuncia
Ayer, en otra resolución sobre competencia, la Cámara Federal resolvió que una denuncia que Toviggino formuló contra el expediente impositivo tramite en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti.
En la denuncia, el tesorero sostiene la existencia de un complot entre el juez que lo procesó, Diego Amarante, y las autoridades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que inició ese expediente.
Según el tesorero, habrían existido comunicaciones informales entre el juez y funcionarios de ARCA para que el organismo recaudador ampliara la denuncia inicial contra él y otros dirigentes de la AFA, con el objetivo de agravar la imputación.
La Cámara resolvió ayer que ese expediente corra de forma separada a una tercera causa, que tramita en el juzgado de María Servini, cuya denuncia inicial también tiene como hipótesis un supuesto complot del Gobierno contra la AFA.
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La intendenta de José C. Paz criticó a Kicillof por la inseguridad tras el crimen de un joven de 23 años

La intendenta interina de José C. Paz, Lorena Espina, cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof por la situación de inseguridad en el distrito y le reclamó que refuerce la presencia policial tras el asesinato de Elías Ojeda Vázquez, el joven de 23 años que recibió un disparo durante un robo cuando regresaba del gimnasio.
El municipio hizo público el reclamo a través de un comunicado firmado por Espina y por el director general de Seguridad, Miguel Narváez. “Exigimos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reforzar la seguridad en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires y en especial en nuestro distrito”, señalaron.
El planteo profundizó la tensión entre la administración bonaerense y el municipio conducido políticamente por Mario Ishii, histórico referente peronista y uno de los dirigentes territoriales con mayor peso propio en el conurbano. Espina quedó al frente de la intendencia en diciembre de 2025 y desde entonces mantiene una relación directa con su estructura política.
La crítica avanzó además sobre uno de los puntos más sensibles en la relación entre los intendentes y la administración bonaerense, la distribución de responsabilidades y recursos para combatir el delito. La comuna afirmó que cuenta con más de 250 efectivos y 70 móviles de la Patrulla Urbana Municipal, además de cámaras del Centro de Operaciones Municipal y operativos diarios junto con agentes de tránsito y policías.
Según el documento, el gobierno local también aporta combustible para los patrulleros provinciales y afronta reparaciones de esos vehículos. “La seguridad requiere de acciones inmediatas y es el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires quien debe asumir la total y completa responsabilidad, garantizando la misma para todos los vecinos y vecinas de José C. Paz”, sostuvieron Espina y Narváez.
El reclamo se produjo después del crimen de Ojeda Vázquez, que fue atacado este lunes en el cruce de Polonia y Piñero. Dos delincuentes que circulaban en moto y simulaban ser repartidores intentaron robarle el vehículo y uno de ellos le disparó por la espalda cuando trató de escapar. El joven fue trasladado al Hospital Mercante, donde murió como consecuencia de las heridas.
El peso político del reclamo de José C. Paz
La posición del municipio introduce una nueva tensión dentro del peronismo bonaerense, en momentos en que distintos intendentes buscan marcar diferencias con la gestión provincial en áreas que impactan directamente sobre sus distritos. En el caso de José C. Paz, el reclamo tiene además el respaldo político de una estructura que Ishii construyó durante décadas y que conserva autonomía dentro del espacio oficialista provincial.
Ishii mantuvo históricamente una relación oscilante con las distintas conducciones del PJ y en los últimos años protagonizó cuestionamientos a la administración bonaerense. Esa independencia territorial le permitió negociar con diferentes sectores internos sin romper formalmente con el peronismo.
El comunicado firmado por Espina evitó cualquier cuestionamiento a la actuación municipal y puso el foco en las obligaciones de la Provincia. La comuna enumeró los recursos propios destinados a prevención y asistencia a las fuerzas de seguridad y remarcó que corresponde al gobierno de Kicillof garantizar la seguridad de los habitantes del distrito.
El asesinato de Ojeda Vázquez provocó además reclamos de familiares, vecinos y repartidores de la zona, mientras la discusión por la respuesta frente a la inseguridad pasó rápidamente del plano policial al político.
Mientras continúa el cruce político por la seguridad, los dos sospechosos del asesinato de Ojeda Vázquez permanecen prófugos. Los investigadores analizan cámaras de la zona para reconstruir la fuga y establecer el recorrido de los atacantes después de llevarse la moto de la víctima.
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Diego Santilli desplazó a un hombre de Adorni del directorio de Parques Nacionales y pone la mira en dos empresas públicas

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, designó en las últimas horas a Lucas Portela, un hombre de su círculo de confianza, en el directorio de Parques Nacionales. Portela reemplazará a Pablo Ciocchini, amigo personal del exministro coordinador Manuel Adorni, quien lo designó allí durante su paso por la jefatura. El nombramiento se oficializó con su publicación en el Boletín Oficial.
Según pudo saber de distintas fuentes del Poder Ejecutivo, los cambios en las áreas que tiene bajo su órbita Santilli seguirán en las próximas semanas.
“Va a haber cambios en casi todas las áreas que tiene Diego”, adelantaron cerca del ministro coordinador. En ese sentido, detallaron que esta semana se votarán modificaciones en el directorio del Correo Argentino, en el que todavía hay tres leales a Adorni dentro de su conformación. También, aseguraron, se van a votar más cambios en el directorio de Parques Nacionales.
Las fuentes consultadas también explicaron que en los próximos días podría haber cambios en Arsat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A), que fue eje de un escándalo tras la detención de Facundo Leal, quien tenía más de US$2,4 millones y droga en sus domicilios, y podría suceder lo mismo en el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), según evaluaron fuentes del Ejecutivo nacional.
En la Casa Rosada aseguraron que es natural que Santilli coloque personas de su confianza en los cargos que están bajo su órbita.
Portela, flamante directivo de Parques Nacionales, viene de presidir la Comuna 1 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que asumió en 2019 y fue reelegido en 2023, y es un colaborador cercano a Santilli desde hace años. Ciocchini, por su parte, era amigo personal de Adorni. Se conocieron cuando ambos vivían en La Plata.
Antes de comenzar su gestión comunal, Portela integró el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, en el que trabajó “en desarrollo sostenible, conservación del espacio público, recuperación del espacio verde”, según transmitieron cerca de él.
La estructura de Parques Nacionales depende directamente de Gustavo Coria, uno de los dos vicejefes de Gabinete, en la estructura que se dio desde comienzos de julio pasado cuando Santilli llegó a la jefatura de Gabinete.
Tras su arribo a la jefatura de Gabinete, en medio de los ecos del escándalo de Adorni, Santilli introdujo los primeros cambios que buscaba en el equipo. En ese momento, adelantó que estudiaría la estructura y que iba a realizar más modificaciones.
El viernes pasado avanzó con una serie de cambios en la conducción del Correo Argentino, en donde Santilli designó a Adrián González como presidente de la compañía. González reemplazó a Camilo Baldini, quien ocupaba ese puesto desde fines de 2023.
El Correo, eje de los próximos cambios
Aún se desconoce cuáles son las medidas que piensa impulsar Santilli en el Correo Argentino, que días atrás quedó envuelto en una polémica. Fue después de que el sitio MDZ revelara que tres leales a Adorni siguen formando parte del directorio de la empresa con sueldos millonarios y nula actividad.
Se trata de Aimé “Meme” Vázquez, Federico Sicilia, quienes renunciaron junto a Adorni en la jefatura de Gabinete, e Ian Vignale.
Vignale, que formó parte del equipo de Adorni, es el único que sigue siendo funcionario en la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santilli. Vázquez y Sicilia, por su parte, dejaron sus puestos en el Ejecutivo después de que Adorni se apartara de la gestión. Pero no renunciaron a sus puestos en el directorio del Correo Argentino. En todos los casos cobran sueldos de 8 millones de pesos.
Allegados de Vignale, Sicilia y Vázquez intentaron justificar la decisión de preservar sus lugares en el Correo Argentino, pese a que Adorni se alejó de la función pública. “Mientras Ian (por Vignale) sigue siendo funcionario, Federico y Meme siguen colaborando en la gestión y llevan adelante el trabajo del Correo”, señalaron.
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