POLITICA
La Justicia rechazó suspender la nueva Ley de Glaciares tras una demanda de La Pampa y organizaciones ambientalistas
La Justicia federal rechazó este viernes el pedido de suspensión inmediata de la nueva Ley de Glaciares impulsado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto. También acompañaban la iniciativa la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientalistas.
La resolución fue firmada por el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric, que pese a rechazar la cautelar, sí habilitó el avance de la demanda colectiva contra el Estado nacional.
Los demandantes sostuvieron que la nueva normativa “reduce el alcance de las áreas protegidas, flexibiliza el régimen de actividades prohibidas y debilita los mecanismos de control y evaluación ambiental”. Además, argumentaron que la reforma vulnera el “federalismo ambiental” previsto en la Constitución y afecta derechos vinculados al ambiente sano, el acceso al agua y la protección de las generaciones futuras.
En su presentación, pidieron como medida cautelar urgente que se suspendiera la aplicación de la ley en todo el territorio nacional hasta que hubiera una sentencia definitiva. También reclamaron que tanto el Estado nacional como las provincias se abstuvieran de habilitar actividades que pudieran afectar glaciares, ambientes periglaciares o cuencas hídricas.
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Entre los puntos cuestionados, señalaron que la nueva legislación modifica el funcionamiento del Inventario Nacional de Glaciares y otorga mayor margen de decisión a las provincias sobre qué áreas deben quedar protegidas.
Según la demanda, eso implicaría “un retroceso normativo” respecto del régimen anterior, ya que “el estándar uniforme de tutela cede ante un esquema en el cual la determinación efectiva de qué se protege y bajo qué condiciones depende, en aspectos sustanciales, de decisiones jurisdiccionales locales”.
También advirtieron sobre posibles consecuencias ambientales derivadas de actividades extractivas intensivas, como la minería, en zonas cercanas a glaciares y reservas de agua dulce.
Sin embargo, el magistrado rechazó la cautelar y consideró que no estaban acreditados los requisitos necesarios para suspender provisoriamente una ley aprobada por el Congreso.
Baric sostuvo que los actores no demostraron “con el grado de probabilidad suficiente” la existencia de un daño concreto e inminente y remarcó que la norma fue impugnada “en abstracto”. “El pedido cautelar no resulta un medio apto para satisfacer el interés especulativo de los actores”, afirmó el juez en el fallo.
En otro tramo de la resolución, citó jurisprudencia de la Corte Suprema y recordó que “ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma”.
Además, señaló que los demandantes “no plantean ninguna actividad concreta de daño actual” ni identificaron proyectos específicos o glaciares determinados que estuvieran siendo afectados por la nueva legislación.
Para el magistrado, tampoco quedó acreditado el “peligro en la demora” ni un perjuicio irreparable que justificara suspender la aplicación de la ley antes de una sentencia de fondo.
Pese al rechazo de la cautelar, el juez declaró “formalmente procedente” el amparo ambiental colectivo y ordenó correr traslado al Estado nacional, que deberá responder en un plazo de cinco días.
La causa ya fue inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, luego de verificarse que no existían otros expedientes similares en trámite.
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La oposición criticó a la Corte por el fallo que dejó sin límites la venta de tierras a extranjeros y llamó a otra movilización
La decisión de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 provocó reacciones de dirigentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda. Los referentes reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 y, en varios casos, convocaron a movilizarse.
El tribunal hizo lugar al recurso extraordinario del Estado, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Corte sostuvo que la asociación no acreditó legitimación para llevar adelante la acción colectiva.
La resolución dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que imponía límites a la titularidad y tenencia de terrenos rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como “el fallo de la infamia”. “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, escribió.
Kicillof sostuvo que el Gobierno retiró su proyecto en el Senado porque no reunió los votos necesarios. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó. Además, cuestionó al presidente Javier Milei y expresó: “Argentina para los argentinos”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo en una entrevista con Infobae en Vivo que, a partir de la resolución, “Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización o la compra por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras o de Estados extranjeros”.
Según su interpretación, el DNU 70/2023 derogó por completo la Ley de Tierras y eliminó las restricciones para la compra de propiedades rurales. El constitucionalista afirmó que el fallo de la Corte “revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que declaró la inconstitucionalidad del DNU en este punto y conservaba la plena vigencia de la Ley de Tierras”.
Gil Domínguez calificó la sentencia como “dogmática” y “arbitraria”. También cuestionó que la Corte negara legitimación al CECIM de La Plata: “¿Quién más va a estar con legitimación procesal, con representación colectiva adecuada, que un centro de excombatientes de Malvinas, que tiene dentro de su objeto social la defensa de la integridad territorial?”.
Sobre la posibilidad de una nueva judicialización, señaló: “La Corte dice ‘acá no, pero en otro caso sí’. Ahora, para la Corte solamente se puede acceder a la Justicia si se titulariza un derecho individual”.
El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, afirmó que “la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles”. También sostuvo: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”.
“El Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras. Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país”, escribió Recalde, quien cerró su mensaje con una convocatoria: “Es ahora, en el Congreso y en las calles”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y señaló que “la misma ley” cuya derogación quedó vigente “quiso modificarse en el Senado y una enorme movilización popular lo impidió”.
“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros”, expresó Martínez. Luego fijó los “objetivos” de su espacio: “Pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.
La diputada Julia Strada, también de Unión por la Patria, pidió “bajar ese DNU en el Congreso” y cuestionó la decisión judicial en un mensaje que tituló: “Sobre la ley de tierras y el escándalo de los tres tipos de la Corte Suprema reviviendo un capítulo frenado del DNU 70 para vender el país”.
El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que la resolución restableció la derogación de la Ley 26.737 y afirmó que esa norma fijaba límites a la adquisición de terrenos por extranjeros.
“Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado”, planteó. También hizo “un llamamiento” a sus pares para convocar “urgente una sesión especial”.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó “anular el decreto 70/23” y afirmó que el tratamiento pendiente corresponde a la Cámara de Diputados. “Integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial”, indicó.
“Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, agregó Bregman.
La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz publicó el mensaje “Argentina: se vende” y cuestionó que “después de semanas de debate y movilizaciones, tres jueces decidan por todo un país”.
“A los legisladores nos votó el pueblo y tenemos la responsabilidad de representarlo”, sostuvo Tolosa Paz. “No podemos permitirlo. Algo de la República debe quedar en pie, a pesar de este Gobierno vendepatria”, agregó.
La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra también criticó la sentencia. “La Constitución dice que son nulos de nulidad absoluta, pero la CSJN vuelve inaplicable esa disposición y le permite a Milei gobernar por DNU”, expresó. Luego reclamó: “Que se muevan los diputados”.
A pesar de la presión y las sanciones de la Argentina, la empresa británica Rockhopper confirmó que mantiene su objetivo de extraer petróleo en las Islas Malvinas en 2028, en el balance de resultados del primer semestre que publicó la compañía.
Se trata de su proyecto Sea Lion, que la empresa confirmó que sigue vigente, para empezar a producir petróleo en el primer trimestre de 2028. La petrolera destacó que el gobierno de las Islas y Reino Unido tildaron de “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” a las medidas del Gobierno, que esta semana redobló la ofensiva por la soberanía del archipiélago.
Este mes el presidente Javier Milei intensificó la estrategia de reclamos de soberanía de las Islas. A principios de septiembre dispuso una batería de medidas, con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncia penal a petroleras, envío de una nueva ley de Soberanía al Congreso y ahora la intención de llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
Las claves de la confirmación de la petrolera Rockhopper de su plan de extraer petróleo en Malvinas en 2028, pese a las sanciones de la Argentina
Rockhopper posee el 35% de Sea Lion, mientras que la la petrolera israelí Navitas, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, tiene el 65%. Ambas compañías ya habían ratificado sus intenciones de seguir adelante con el proyecto, además de plantear que las licencias que poseen fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, habló de un “período decisivo” para la empresa, confirmó el objetivo de “lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028” en Sea Lion.
El directivo destacó la “reciente ampliación de capital, que garantiza la financiación total hasta la primera producción de petróleo, y al continuo y firme respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas”.
El Gobierno nacional formalizó la designación de las autoridades que conformarán la Unidad Ejecutora Especial Temporaria para la visita del papa León XIV.
El organismo que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tendrá a su cargo la planificación estatal vinculada con el eventual viaje del pontífice a la Argentina.
De acuerdo con lo dispuesto mediante el decreto 1127/2026, la estructura será encabezada por Mariana Vello, actual secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Su nueva función será ad honorem y no implicará que deje el puesto que desempeña actualmente.
A su vez, el organismo está conformado por otras cinco áreas operativas: coordinación ejecutiva, logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo y relaciones institucionales, y apoyo legal.
En ese sentido, la coordinación ejecutiva quedará a cargo de Macarena María Orani, abogada que se desempeña en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tendrá rango de subsecretaria y continuará con las responsabilidades que ya ejerce en esa dependencia.
El área de logística e infraestructura será conducida por Leandro Ariel Cano, quien actualmente ocupa la Subsecretaría de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.
La medida asignó a Héctor Pedro Carlos Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de seguridad y emergencias.
La coordinación de protocolo y relaciones institucionales será ejercida por Lucas Navaridas, técnico que trabaja en la Jefatura de Gabinete.
A su vez, el abogado Alejandro Patricio Amaro fue nombrado coordinador de apoyo legal de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria. Al igual que los demás integrantes del equipo, sostendrá sus funciones actuales en la Jefatura de Gabinete mientras asume la nueva tarea.
La intervención de áreas de logística, seguridad, ceremonial y asesoramiento jurídico anticipa que la organización requerirá coordinación entre distintas dependencias nacionales.
Con la publicación y la comunicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, quedaron formalizadas las autoridades de la unidad creada para centralizar la preparación estatal ante la visita de Su Santidad el Papa León XIV.
El Poder Ejecutivo consideró necesario cubrir la conducción y las áreas de coordinación para cumplir con las tareas asignadas al organismo. La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Así quedó la agenda del papa León XIV
León XIV aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay. Tras pisar suelo argentino, su primera parada será el Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín, seguida de un encuentro con Milei en la Casa Rosada y un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, a las 18:30.
El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y a las 11:30 presidirá la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), luego una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con obispos en el Arzobispado. El martes 10 volará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15. El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 14:00 partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde llegará esa misma tarde.
A través de la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que agradeció al Vaticano la decisión de incluir a la Argentina en la gira. “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”, concluye el texto con la firma de Milei.
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