POLITICA
La Libertad Avanza acelera su agenda económica en Diputados y deja para después el tratamiento de la ley de Propiedad Privada
La Libertad Avanza acelera en la Cámara de Diputados el tratamiento de dos proyectos que considera prioritarios para su agenda económica y, por el momento, deja en un segundo plano la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado.
El oficialismo buscará avanzar primero con los dictámenes de las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal y de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la intención de llevar ambas iniciativas al recinto durante la última semana de agosto.
En ese contexto, el proyecto sobre Propiedad Privada ya fue girado a Diputados, donde Martín Menem dispuso que sea tratado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente.
“Pensamos que el debate empezará esta semana, aunque no es la prioridad”, reconoció a TN un diputado del oficialismo.
Pese a que el proyecto de Propiedad Privada sancionado por el Senado el jueves dejó afuera dos de los capítulos impulsados originalmente por la Casa Rosada a través del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el oficialismo no tiene previsto insistir con esos cambios durante el debate en la Cámara de Diputados.
Se trata de las modificaciones a las leyes de Tierras Rurales, vinculadas con la venta de tierras a extranjeros, y de Manejo del Fuego. Ambos capítulos fueron retirados por la bancada oficialista del Senado, conducida por Patricia Bullrich, ante la resistencia de sectores aliados que habían anticipado su rechazo.
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Pese a las varias semanas de negociaciones impulsadas desde el Senado y la Jefatura de Gabinete, que conduce Diego Santilli, para alcanzar consensos, el proyecto terminó con 17 cambios respecto del dictamen original. En los últimos días, además, los gobernadores aliados del Gobierno mantuvieron firme su rechazo a los dos capítulos que finalmente fueron retirados.
Entre ellos se encuentran Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Rolando Figueroa, de Neuquén; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gustavo Sáenz, de Salta. Todos cuentan con referentes de peso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, un factor que terminó siendo determinante para la estrategia legislativa del oficialismo.
Frente a ese escenario, Martín Menem y la Mesa Política de la Casa Rosada resolvieron no reabrir esa discusión en Diputados y buscarán sostener la sanción aprobada por la Cámara de origen. El texto contempla modificaciones a la Ley de Expropiaciones, además de los capítulos destinados a agilizar los desalojos y actualizar el Registro de la Propiedad.
La norma que Diputados buscará sancionar
La iniciativa introduce una reforma amplia de la Ley de Expropiaciones, especialmente en lo referido a la declaración de utilidad pública. El nuevo texto mantiene esa facultad, pero dispone que deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar con precisión el objetivo perseguido y superar criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
En materia de indemnizaciones, establece que deberá considerarse el valor objetivo del bien y, cuando pueda determinarse, su valor de mercado. Además, incorpora expresamente el lucro cesante entre los conceptos a tener en cuenta.
Otro de los capítulos modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para agilizar los procesos de desalojo. Las acciones sobre inmuebles urbanos y rurales pasarán a tramitar mediante juicio sumarísimo, con plazos más breves y una mayor concentración de las distintas etapas procesales.
El proyecto también introduce cambios en la denominada Ley Pierri —por el expresidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri—, que regula la regularización dominial. Actualmente, la norma permite acceder al beneficio a quienes acrediten una posesión pública, pacífica y continua durante los tres años anteriores al 1° de enero de 2009, con causa lícita y respecto de una vivienda única y permanente.
La modificación reemplaza ese requisito temporal fijo por un plazo móvil de diez años de posesión pública, pacífica y continua previos a la presentación de la solicitud.
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Inocencia Fiscal y reforma del Banco Central
En paralelo, La Libertad Avanza buscará avanzar esta semana en Diputados con los dictámenes de los proyectos de Inocencia Fiscal y de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ambas iniciativas tuvieron su primer tratamiento en comisión la semana pasada y el oficialismo trabaja con la posibilidad de llevarlas al recinto el próximo 26 de agosto.
“Este es un gobierno que, por primera vez, viene a autorrestringirse las facultades que tiene. Lo hizo al no prorrogar los superpoderes que vencían en el 2025, delegados por la Ley Bases, y ahora con una reforma restrictiva de las facultades del Banco Central”, dijo a TN la diputada libertaria Silvana Giudici, al fundamentar la posición del Gobierno sobre la iniciativa.
Para construir la mayoría necesaria, el oficialismo confía inicialmente en el respaldo del PRO, la UCR y Fuerzas Provinciales.
“La propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central es una de las reformas estructurales que la Argentina necesita. El BCRA volverá a tener una sola misión: cuidar el valor de la moneda y recuperar su independencia. De esta forma se acabará la estafa de la emisión con autorización legal”, afirmó la presidenta de la bancada radical, Pamela Verasay.
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central establece como misión principal de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios. También impide la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.
La iniciativa además endurece las condiciones para remover al presidente y al directorio del BCRA. Se mantiene el mecanismo de designación mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado, pero para desplazar a las autoridades monetarias, el Gobierno propone exigir una mayoría de dos tercios tanto en Diputados como en la Cámara alta.
En paralelo, el oficialismo busca acelerar el proyecto de Inocencia Fiscal. Para este miércoles a las 11 fue convocado un nuevo plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con la intención de avanzar hacia la firma del dictamen.
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La iniciativa apunta a reforzar el denominado “tapón fiscal”, limitar la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores y ampliar las garantías para que ahorros no declarados ingresen al sistema financiero. En el Ejecutivo vinculan estos cambios con la estrategia de profundizar el crédito y canalizar el ahorro hacia la inversión.
La agenda parlamentaria de La Libertad Avanza es amplia y tanto Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, como Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista, buscan acelerar el tratamiento de estos proyectos antes de septiembre. El objetivo es despejar parte de la agenda antes del ingreso del Presupuesto 2027, una iniciativa que concentrará buena parte de la actividad del Congreso durante los meses siguientes.
Diputados, propiedad privada, debates
POLITICA
Elisa Carrió cuestionó a Javier Milei y analizó la interna con Patricia Bullrich: “Ella busca el poder”
Elisa Carrió volvió a marcar distancia del gobierno de Javier Milei y se refirió a las diferencias que comenzaron a hacerse visibles entre el Presidente y Patricia Bullrich. En una entrevista con Radio con Vos, la dirigente de la Coalición Cívica reconoció las cualidades personales de la actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, aunque describió su perfil político con una definición contundente: “Yo la quiero mucho, pero ella busca el poder”.
La exdiputada se expresó sobre la posibilidad de que Bullrich esté construyendo un proyecto propio y eventualmente tome distancia del oficialismo. “Ella es así y lo fue siempre”, sostuvo en diálogo con Lorena Maciel, en el programa Futuro Imperfecto. Para explicar esa característica, recordó un episodio de la etapa en que compartieron espacio político: después de una derrota electoral, Bullrich le manifestó que quería sumarse al sector de Mauricio Macri.
“Me dijo: ‘Quiero que me echen, Lilita, porque me quiero ir con Macri’”, relató Carrió. Según contó, su respuesta fue: “Bueno, querida, arreglá con Adriana. Al final se fueron los dos”.
Aunque destacó la lealtad que Bullrich tuvo con ella, la dirigente aclaró que esa valoración no significa que acompañe electoralmente al partido gobernante. “Que yo diga que Patricia es buena no quiere decir que voy a votar a La Libertad Avanza”, afirmó. Y fue tajante al referirse al jefe de Estado: “Jamás votaría a Milei”.
POLITICA
Para el mercado, el Gobierno deberá revisar su plan financiero para afrontar los pagos de deuda de 2027
En el mercado se instaló un consenso: el programa financiero que el Gobierno presentó en julio pasado para atravesar el año electoral quedó obsoleto. Los supuestos sobre cuántos dólares iba a conseguir el Tesoro y con cuántas reservas iba a arrancar 2027 no se cumplieron en su totalidad y esa certeza se convirtió en un nerviosismo que se refleja en el precio de los bonos argentinos.
El riesgo país —el indicador que mide la sobretasa que exigen los inversores para prestarle a la Argentina en lugar de a Estados Unidos— cerró el viernes en 830 puntos básicos. Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció su plan, rondaba los 400 puntos, el nivel más bajo del año. En cuatro meses se duplicó, con un pico de 939 puntos el 6 de este mes.
Hubo factores externos que empujaron, como el triunfo de Luiz Lula da Silva en Brasil y la victoria demócrata en las elecciones en Estados Unidos. Pero el ruido principal es local. “Se había planificado un programa financiero que parecía muy razonable hace tres meses”, dijo la semana pasada Fernando Sedano, de Morgan Stanley, para quien ese esquema “quedó un poco obsoleto”.
El plan suponía que el Tesoro conseguiría US$6000 millones este año con la colocación de bonos en dólares bajo ley local y otros US$5000 millones en 2027. Sin embargo, desde agosto no se coloca el AO29, el título con el que se buscaba completar esa meta, y todavía faltan unos US$800 millones para alcanzarla, según la consultora Invecq. Con el riesgo país en estos niveles, salir a buscar ese financiamiento es bastante más caro.
El otro supuesto que quedó lejos es el de la caja. El programa preveía que el Tesoro cerraría el año con US$3700 millones depositados en su cuenta del Banco Central, un colchón para empezar 2027 con más margen. Hoy esos depósitos están en US$59 millones después del último pago de intereses al FMI. Y en enero llega un vencimiento de unos US$4500 millones con los tenedores de bonos.
Las privatizaciones, otra fuente de dólares del plan, también avanzan más lento. Antes de presentar el programa, el Gobierno ya había obtenido US$707 millones con cuatro hidroeléctricas del Comahue y US$356 millones con la venta de su participación en Transener. En julio, calculaba que ingresarían US$800 millones este año y US$1500 millones en 2027. Desde entonces, la mejor oferta por AySA fue de US$340 millones, por debajo de los US$450 millones que esperaba Economía. El resto de las licitaciones, como las de AMBA I, el Belgrano Cargas y las centrales eléctricas, se atrasaron.
En el mercado nadie pone en duda el compromiso del Gobierno de pagar sus deudas. Lo que se discute es de dónde saldrán los dólares para hacerlo. Según Sedano, el país necesitará conseguir al menos US$10.000 millones durante 2027. Los funcionarios, contó el economista, le aseguraron que el programa “ya está cerrado” y que hay fuentes alternativas de financiamiento. “Si eso es así, es un problema menos”, señaló.
Consultados por , en el Ministerio de Economía no respondieron si planean presentar un nuevo programa financiero.
Vencimientos concentrados
La Argentina no tiene un problema grande de deuda. Según datos oficiales, esta representa menos del 70% del PBI. La dificultad está en el calendario. En 2027, entre el Tesoro y el Banco Central deberán pagar US$21.300 millones en moneda extranjera a privados y al FMI, y US$27.700 millones en 2028. Y el país todavía no recuperó el acceso al mercado internacional de crédito, uno de los objetivos que se había planteado el Gobierno al asumir.
Tampoco queda margen del lado del FMI. El organismo ya le prestó a la Argentina más de US$57.000 millones y el país es su principal deudor. En julio último, durante su visita, la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, dijo que no veía necesario que la Argentina pidiera financiamiento adicional. Por eso, si el Tesoro no vuelve a colocar bonos en el mercado local, la variable de ajuste serán las compras de dólares al Banco Central. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), en ese escenario deberían pasar de los US$4900 millones previstos en el programa a US$13.100 millones.
A todo eso se suma la dolarización de los ahorristas. Según cálculos del mercado, en 2027 las personas comprarían unos US$2600 millones por mes, lo que daría US$32.000 millones en el año electoral. La referencia es lo que ya ocurre sin elecciones de por medio. En agosto, las personas compraron US$2853 millones en billetes y en septiembre, US$2896 millones, según el Balance Cambiario del Banco Central. Es una demanda que compite con el Tesoro por los mismos dólares.
Para el expresidente del Banco Central Martín Redrado, lo ideal hubiera sido salir a buscar financiamiento afuera a principios de julio, cuando el riesgo país estaba en torno de los 400 puntos. “Se perdió esa oportunidad”, dijo.
Lo llamativo es que, mientras el riesgo país se duplicó, el dólar casi no se movió. El oficial minorista se mantiene en $1570 en el Banco Nación y en lo que va del año subió apenas 6,1%, frente a una inflación acumulada de 26,3%.
Desde la consultora 1816, en tanto, señalaron que no es habitual que los bonos y el dólar vayan por caminos tan distintos. Una de las explicaciones es que quienes venden bonos argentinos son, sobre todo, inversores extranjeros que operan desde Wall Street, y esos dólares no pasan por el mercado local.
La otra explicación está en el Banco Central. En lo que va del año, compró más de US$16.000 millones en el mercado de cambios para engrosar las reservas y, al mismo tiempo, mantuvo bajo control la cantidad de pesos en la calle, lo que dejó menos margen para que los ahorristas se pasaran al dólar. Pero en lo que va de noviembre el ritmo de compras se frenó.
Para Invecq, la clave de las próximas semanas será la respuesta del equipo económico. Mientras dure la incertidumbre electoral, advirtió la consultora, los inversores seguirán pidiendo un premio para prestarle a la Argentina más allá de 2027.
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POLITICA
El Gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios para continuar con el cierre de la ex obra social de las FFAA
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que afronta una grave crisis financiera en los últimos años, puso en marcha un régimen de retiro voluntario para trabajadores de planta permanente que prestan tareas en ese organismo. Es una decisión que avanza con la “motosierra” y liquidación de la estructura que desde 2013 funcionaba como obra social de los militares y de sus familiares.
La medida, que se publicó hoy en el Boletín Oficial a través de la Disposición 721/2026, ofrece a los empleados públicos una “gratificación” de hasta 30 sueldos y seis meses de cobertura médica para el grupo familiar como compensación por la desvinculación, según l edad, antigüedad y situación jubilatoria. El régimen para solicitar el retiro estará abierto por una ventana estrecha de tiempo, entre el 12 y 26 de noviembre, sin posibilidad de prórroga.
La expectativa del Gobierno es que una dotación menor de agentes sea transferida a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), el nuevo organismo que absorberá las funciones de IOSFA. El instituto emplea un personal de 2.450 personas, abarcando todo tipo de contrataciones, según los últimos datos oficiales.
El plan también apunta a desvincular a los trabajadores próximos a jubilarse y sin aportes suficientes. Para ese grupo, “ofrece una alternativa de prestación mensual equivalente al 60% de la remuneración bruta, con continuidad de aportes previsionales y de obra social, por hasta 36 meses o hasta reunir los requisitos jubilatorios”, señalaron fuentes oficiales.
La decisión se oficializó en el marco del proceso de liquidación y cierre de IOSFA, dispuesto por los DNU 88/2026 y 1286/2026 firmados por el presidente Javier Milei y el gabinete. Ambos decretos reestructuraron el área y crearon la OSFA para cubrir a ese personal, y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad para Gendarmería Nacional y Prefectura Naval (OSFFESEG).
La estructura de OSFA busca financiar apenas 8% de sus recursos en gastos administrativos y de funcionamiento, mientras que el resto de las partidas tendrían como destino la atención sanitaria y provisión de medicamentos de los 325 mil afiliados de la institución. Antes de la reestructuración, IOSFA atendía a 550.000 afiliados, que incluía a las familias de prefectos y gendarmes que quedaron bajo la órbita de OSFFESEG.
El nuevo plan de desvinculaciones involucra un régimen específico para su personal de planta permanente de la institución, por tratarse de un organismo descentralizado que no le comprende el régimen general del Estado nacional.
Como ocurrió con otros organismos, y ante el anuncio de cierre, los trabajadores de IOSFA vienen siendo empujados por el Gobierno a terminar con su vínculo laboral. Quien está a cargo de esa tarea operativa es el administrador del IOSFA en liquidación, Gonzalo Secchi.
Secchi también está al frente del saneamiento de la entidad atravesada por deudas con prestadores, reclamos por atención médica y conflictos en farmacias, hoteles y residencias bajo su administración.
Con el decreto 1286/2026, la gestión libertaria definió que el personal no sea transferido de forma automática a la OSFA. De esta forma, el retiro voluntario impulsa las desvinculaciones, ante el panorama incierto de quienes permanecerán y quienes no en la nueva prestadora de salud. Según informaron desde el organismo, las oficinas de RRHH ya está recibiendo consultas e iniciando gestiones de personas interesadas en finalizar su vínculo.
Accediendo al retiro, los empleados podrán gozar de una gratificación de pago único en una cuota si las sumas indemnizatorias no exceden los 20.000.000 pesos. Cuando superen ese importe, el IOSFA podrá dividirlas en hasta tres pagos mensuales y consecutivos de $20.000.000, con el saldo en una última liquidación.
Lo cierto es que se establece una condición dura para quienes acepten e hicieron carrera en el sector público: los agentes cuyo retiro sea aprobado no podrán volver al Estado nacional durante ocho años desde su baja. La prohibición abarca empleos, contratos, asesorías, cargos de autoridad y vínculos con organismos multilaterales de crédito.
Sin embargo, hay resistencias al plan oficial.
Ayer, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó un encuentro con más de 50 delegadas y delegados de todo el país para analizar el impacto de la disolución del IOSFA y el régimen de retiro voluntario. El sindicato informó que mantendrá el estado de alerta y movilización permanente, con un plan de lucha que continuará en las próximas semanas.
En varias provincias, donde existen farmacias, hoteles y espacios recreativos que dependen de IOSFA, la protesta sindical tuvo receptividad en concejos deliberantes y legislaturas. Se realizaron movilizaciones San Juan, Santa Fe, Tucumán, Mar del Plata y Punta Alta contra el cierre de los establecimientos, y se impulsaron proyectos de repudio y declaraciones en defensa de los puestos de trabajo.
El corazón del desguace de las plantillas está enfocado en la extensa red de farmacias, mientras que el personal que depende de los hoteles y centros recreativos regresarán bajo la órbita de las FFAA. Esas dependencias pertenecían a los cuerpos castrenses, antes de su unificación en IOSFA.
La incertidumbre laboral crecerá en la medida que se acerque el 4 de febrero de 2027, el plazo máximo previsto que definió el Gobierno para la disolución definitiva de la entidad. Desde la IOSFA aseguran que
Para contener la sangría, ATE anunció acciones gremiales para jueves y viernes en todo el país, además de nuevas jornadas de protesta en la semana del 20 de noviembre. El viernes 27 se realizará una marcha nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Es el último día hábil antes de que venzan los contratos laborales que no están alcanzados por la estabilidad del empleo público.
IOSFA,Argentina,obras sociales
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