POLITICA
La Libertad Avanza acumula proyectos en Diputados para asegurar el control de la agenda hasta el Mundial
El Gobierno envió este martes otros dos proyectos de ley a la Cámara de Diputados y el oficialismo ya acumula alrededor de una decena de iniciativas de alto perfil que difícilmente lleguen a tratarse antes de que comience el Mundial de Fútbol.
Los libertarios no muestran demasiado interés en acelerar los debates en comisión y adelantaron que sólo irán al recinto cuando tengan los votos para su aprobación. Su objetivo principal es recuperar la iniciativa política y controlar la agenda parlamentaria tras las turbulencias del caso Adorni, quien quedó a salvo de una interpelación gracias a la reticencia de los gobernadores a enfrentarse con la Casa Rosada.
Tanto oficialistas como opositores descartan que una vez que comience la competencia futbolística la atención pública abandonará la política. Por eso los libertarios apuestan a controlar los tiempos legislativos hasta ese momento con una andanada de proyectos que reúnen muy dispares niveles de consenso.
En ese marco, este martes ingresó a Diputados el denominado Súper RIGI que buscará incentivar proyectos de inversión de más de $1000 millones dedicados exclusivamente para las “industrias del futuro”, como la fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y la cadena de valor del uranio.
Además, el Poder Ejecutivo también envió una iniciativa para regular de forma integral el lobby en el ámbito del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo nacional. Tomando elementos del sistema norteamericano, el proyecto propone establecer un régimen de inscripción obligatoria, registración pública de contactos y sanciones penales para quienes influyan en decisiones del Estado sin cumplir los requisitos de transparencia previstos en la iniciativa.
Según dejaron trascender, el Super Rigi será girado a las comisiones de Presupuesto, a la de Industria y -evalúan- sumar también la comisión de Ciencia y Tecnología. Todas controladas por libertarios o aliados, como Por Santa Cruz o el PRO. En tanto, la ley de Lobby deberá pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que conducen los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Ante la consulta de Infobae, fuentes de LLA señalaron que el debate en comisión de ambas iniciativas “probablemente” comience las semana que viene pero reconocieron que no tienen como objetivo llegar al recinto en las próximas semanas. “Veremos cómo está el recinto”, señalaron.
Por otro lado, a pesar de haber obtenido previamente el dictamen, el oficialismo no incluyó en la sesión de la semana pasada el Tratado de Cooperación de Patentes, que logró avanzar en comisión luego de que se aceptara -por presión de los laboratorios- dejar “en reserva” el Capítulo II de la normativa. Según explicaron fuentes al tanto de la negociación, Argentina puso un pie en el freno a la espera de que Estados Unidos cumpliera con algunos compromisos asumidos en el marco del acuerdo comercial entre ambos países.
A su vez, desde el Poder Ejecutivo filtraron que el ministro Federico Sturzenegger enviará en el corto plazo otro paquete con desregulaciones para la venta de medicamentos, para el transporte fluvial de buques extranjeros y para el mercado inmobiliario.
Del otro lado del Palacio, en el Senado, Patricia Bullrich busca apoyos para rectificar la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, recientemente aprobadas en Diputados.
La Cámara alta tiene trabada desde hace varias semanas la reforma política debido a que los partidos aliados (PRO y la UCR) y algunas fuerzas provinciales rechazan la eliminación de las PASO y también exhiben dudas sobre los cambios en el financiamiento de los partidos políticos.
Este semana el Gobierno envió a la Cámara alta la derogación de la ley de etiquetado frontal (los hexágonos negros con información nutricional) y una nueva ley de Ludopatía, mucho más laxa respecto a las publicidades de casas de apuestas que la normativa que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024.
También esperan en el Senado una nueva tanda de pliegos judiciales elaborada por el ministro Juan Bautista Mahiques, el acuerdo con los holdouts (que tuvo que volver a comisión por un error) el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y la nueva ley de salud mental.
Hasta el momento, no se convocaron a reuniones de comisión para la semana que viene y tampoco existen fechas tentativas de sesión previstas durante la previa del Mundial.
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El Departamento de Estado de EEUU dio luz verde a una operación militar que fortalece los lazos de defensa con Buenos Aires: la posible venta de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y equipo relacionado al Gobierno argentino, por un valor estimado de 140 millones de dólares. La decisión, comunicada este jueves, se suma a una serie de adquisiciones que el país sudamericano encaró en los últimos meses en materia de defensa.
Según el comunicado oficial, el pedido incluye, además de las cuatro aeronaves, dos motores T700-GE-701D, fabricados por la rama aeroespacial de General Electric y utilizados también en helicópteros de ataque como el Apache. A esto se agrega una larga lista de equipos que Washington clasifica como “no mayores”: sistemas de referencia de rumbo y actitud, transpondedores de Identificación Amigo o Enemigo (IFF), receptores de radio y de aterrizaje visual, radios de alta y muy alta frecuencia, un sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750 y un transmisor localizador de emergencia, entre otros dispositivos.
El paquete contempla también elementos pensados para tareas de rescate y emergencia, como el sistema de extracción rápida por inserción de cuerda, equipos de polipasto y el denominado Bambi Bucket, utilizado para el combate de incendios desde el aire. Se suman, por otro lado, cascos, repuestos, herramientas de prueba, documentación técnica y programas de formación para las tripulaciones, así como servicios de apoyo logístico y técnico a cargo de personal estadounidense y de la empresa contratista.
El contrato recae en Sikorsky, subsidiaria de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut. Por el momento, el Departamento de Estado no tiene registro de ningún acuerdo de compensación asociado a la operación; ese tipo de convenios, aclaró el organismo, quedan sujetos a las negociaciones directas entre el comprador y el contratista.
El comunicado del Departamento de Estado enmarca la operación dentro de los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. La venta, señala el texto, busca “mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN”, categoría que Argentina ostenta desde hace años y que Washington describe como “una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”.
Entre los usos previstos para los nuevos helicópteros figuran la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y las tareas de asistencia humanitaria o respuesta ante desastres. El propio organismo estadounidense sostuvo que Argentina “no tendrá dificultades para absorber estos artículos y servicios en sus fuerzas armadas” y remarcó que la operación no requerirá el envío de representantes adicionales del Gobierno estadounidense ni de contratistas al país.
El texto oficial subraya, además, que la venta “no alterará el equilibrio militar básico en la región” y que no habrá impacto negativo en la preparación de defensa de Estados Unidos como consecuencia de esta transacción.
El Black Hawk acumula cerca de 50 años en operación y pasó de ser un helicóptero utilitario exclusivamente militar a una aeronave empleada también en evacuaciones médicas, respuesta ante catástrofes y transporte de autoridades. Más de treinta países lo utilizan actualmente, entre ellos Colombia y Brasil.
Argentina, hasta el momento, contaba con una sola unidad del modelo, destinada al traslado del presidente de la Nación. Los cuatro aparatos ahora habilitados por Washington están orientados, principalmente, a reemplazar a los Bell UH-1H/Huey II que integran el Comando de Aviación del Ejército, una flota con varias décadas de antigüedad.
La operación se da en medio de un proceso más amplio de renovación de equipamiento militar que impulsa la gestión de Javier Milei. En paralelo a la incorporación de los Black Hawk, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada realizaron pruebas para conectar a los aviones F-16, adquiridos a Dinamarca, con los P-3C Orion comprados a Noruega, mediante el sistema de enlace de datos Link 16, utilizado por países de la OTAN.
El Ejército, por su parte, incorporó vehículos Stryker y avanzó en la modernización de tanques TAM 2C y en la llegada de camiones Unimog U 4000, entre otros elementos presentados meses atrás por la Dirección de Arsenales. Según había anticipado el analista Andrei Serbin Pont en Infobae, se preveía la llegada de un primer lote de dos helicópteros Black Hawk antes de fin de año y otros dos durante el próximo, aunque esa información se encontraba todavía en desarrollo al momento de conocerse.
El proceso de reequipamiento no está exento de cuestionamientos internos. La diputada nacional Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa, había advertido semanas atrás sobre el deterioro salarial del personal militar, que a su juicio acumula una pérdida de 80 puntos porcentuales de poder adquisitivo desde 2023, y sobre la salida de 19.000 efectivos de las fuerzas armadas en ese mismo período.
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POLITICA
El cruce de Javier Alonso con Patricia Bullrich por la inseguridad en el conurbano: “No sea contradictoria”
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, protagonizó este jeuves un cruce con la jefa de bloque en el Senado de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, luego de que la legisladora criticara al gobernador Axel Kicilof por la inseguridad en el conurbano, y a quien el funcionario le pidió que “no sea contradictoria”.
El cruce comenzó con un posteo de Bullrich en X, en el cual compartió el testimonio de una madre que había sufrido este jueves un intento de robo en El Palomar este jueves cuando estaba por dejar a su hijo en la escuela.
“7:14 AM, dejando a su hija en la escuela y termina herido por el tiro de un delincuente. El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, expresó la senadora, en alusión a Marta Elba Pascual, quien quedó en el centro de la escena tras suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días.
El episodio ocurrió cerca de las 7.15 frente al colegio Emaus y un hombre, quien también estaba trasladando a su hija a la institución, sufrió una herida de bala.
Luego, la exministra de Seguridal le apuntó a Kicillof por considerarlo ausente ante el crecimiento del crimen en el conurbano.
“¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror? Y si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele: ‘Todos los días pasa lo mismo’, dicen. Nota tras nota, siempre el conurbano», manifestó.
Horas después, Alonso respondió el posteo y acusó a Bullrich de ser “contradictoria” en sus dichos y accionar.
“Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy (Alejandra) Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?“, afirmó el funcionario.
A su vez, instó a la senadora a dejar la “chicana”, trabajar y devolverle a los bonaerenses “los miles de millones de dólares que les quitaron”, en referencia a la deuda de $22 millones que, según denuncia Kicillof, Nación mantiene con Provincia.
“Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una provincia más segura. Mientras ustedes chicanean en redes, la droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener”, subrayó.
“¿No sería mejor que trabajaran seriamente para impedir que esa droga llegue al territorio bonaerense? Y no se pongan nerviosos. El gobernador está sólido, trabajando todos los días, recorriendo la Provincia y acompañado por el pueblo bonaerense en las urnas», indicó.
Asimismo, le apuntó al gobierno de Javier Milei por no gestionar ni invertir y se preguntó en sentido irónico si “mostrar indignación por redes” era lo único que la administración libertaría sabía hacer por los argentinos. “Trabajen con seriedad y dejen de mentirle a la gente”, cerró.
Nueva respuesta de Bullrich
Bullrich respondió pero dirigiéndose a Kicillof. “Primero, la inseguridad no existe solo en las redes sociales, como dice su ministro. No tomen de tontos a los bonaerenses. Caminen por los barrios, sin militantes, o, al menos, prendan la televisión”, reclamó.
“Segundo: la Argentina es hoy el país más seguro de la región gracias al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno nacional, muchas provincias y las Fuerzas. Pero ese resultado se logra, en buena medida, a pesar de la provincia de Buenos Aires.
Y prosiguió: “En los municipios del conurbano, el índice de homicidios duplica al del resto de la provincia y al nacional, mientras que los robos con violencia aumentaron más de 150% en el último año”.
“Escudarse en el cuento de los 135 municipios les permitió durante años profundizar sus políticas pro-delincuentes. Tercero: el esfuerzo para sacar a la Argentina de la catástrofe que dejó su Gobierno en 2023 lo estamos haciendo todos, menos su gobierno de la provincia de Buenos Aires”, acusó.
Y prosiguió: “Ustedes siguen con más de 20 ministerios, choferes, estructuras gigantes y contrataciones masivas. ¿Cuánto gastan en mantener todo eso? ¿Para qué tienen un Ministerio de la Mujer si no sirve? ¿De verdad no pueden achicarse para poner más recursos donde hacen falta: en seguridad, por ejemplo?”.
“Gobernador, esta pelea no tiene sentido porque nuestras posiciones sobre cómo combatir la inseguridad son opuestas. Para ustedes, una clara defensa a los delincuentes. Para nosotros, una sola regla: el que las hace, las paga”, concluyó Bullrich, al citar uno de los slogans de campaña de LLA.
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POLITICA
Malvinas: el Gobierno creará un Sistema de Articulación de la Política Exterior para monitorear actividades extranjeras ilegales
El Gobierno nacional anunció este jueves la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo que funcionará en el ámbito de la Cancillería y que buscará coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares.
La medida fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que enmarcó la decisión dentro de las políticas orientadas a “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.
Según el texto oficial, el nuevo sistema tendrá como objetivo “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
El comunicado precisa que la Cancillería podrá garantizar, a través de este mecanismo, que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior en materia de Malvinas.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”, y que ese trabajo conjunto permite “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.
A su vez, remarcó que la iniciativa apunta a “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”, en lo que definieron como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.
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“El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, cierra el comunicado firmado por el Presidente.
La lista de medidas que impulsó el Gobierno desde la cadena nacional de Milei sobre Malvinas
Desde el mensaje que Milei emitió junto a todo su Gabinete el jueves pasado, el Gobierno avanzó con una batería de medidas para sancionar a las empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en Malvinas y reforzar la influencia nacional sobre la región.
En ese sentido, el Gobierno reasignó $217.959 millones —unos US$142 millones— del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa destinados principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
A su vez, ordenó que los organismos del Estado que detecten incumplimientos legales informen a la Cancillería para que pueda impulsar sanciones y dispuso incorporar declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para bloquear a las empresas que operan en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.
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En paralelo, el Gobierno avanzó con una serie de denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, y otras firmas señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina, junto con otros procesos iniciados contra 60 personas jurídicas y humanas.
A esa serie de medidas se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará a Diputados en los próximos días, que además de reforzar las sanciones contra empresas que operen en las Islas sin autorización, creará un Consejo de Seguridad Nacional para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.
Gobierno, Islas Malvinas
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