La expresidenta Cristina Kirchner sufrió una demora en su intento de revertir las consecuencias de la condena en la causa Vialidad.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas finalizó sus sesiones de noviembre sin analizar el reclamo presentado por la ex mandataria, por lo que el tratamiento quedó postergado, al menos, hasta marzo de 2027.

La presentación fue realizada por sus abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes solicitaron una medida provisional para suspender los efectos de la inhabilitación perpetua que le impide competir por cargos electivos.

Citaron a indagatoria a la sindicalista que compró un departamento en el edificio de Cristina Kirchner

La defensa sostiene que la sentencia vulneró sus derechos políticos y las garantías de un juicio justo, además de cuestionar la imparcialidad de los tribunales que intervinieron.

El procedimiento ante el organismo internacional puede extenderse entre dos y tres años e incluye el traslado de la denuncia al Estado argentino para que presente sus observaciones. De todos modos, los representantes de la expresidenta consideran que las medidas cautelares solicitadas pueden resolverse en cualquier momento.

La vía internacional es la alternativa que le queda a la ex presidenta después de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Sin embargo, el comité de la ONU no tiene facultades para revocar una sentencia argentina.

Kicillof pidió que Cristina Kirchner “recupere sus derechos políticos” y ratificó a Máximo en el PJ Bonaerense

En paralelo, una delegación de dirigentes kirchneristas viajó a Washington para presentar la situación judicial de CFK ante legisladores demócratas estadounidenses.

Cabe destacar que la exmandataria también enfrenta los procesos por los casos Cuadernos y Hotesur-Los Sauces, que podrían derivar en nuevas condenas.

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Después de meses de negociaciones separadas con las diferentes partes involucradas, el Gobierno comenzó a analizar la posibilidad de convocar a una mesa multisectorial que reúna a empresarios, gremios y el Estado para discutir las próximas medidas laborales y seguir de manera conjunta la evolución del empleo en el país, como sugirió el Papa León XIV en varios de los discursos que dio en la Argentina.

La propuesta quedó en manos del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, pero todavía no tiene una definición, fecha concreta ni un formato cerrado.

En el entorno de la funcionaria consideran que se trata de una idea interesante, aunque buscan evitar que el espacio se transforme en una instancia de presión sectorial o en una plataforma para generar expectativas sobre medidas que el Poder Ejecutivo no esté dispuesto a tomar.

“Se está evaluando el tema, pero probablemente lo que se decida va a ser en virtud de que no se politice, porque el diálogo de gestión ya es permanente y cotidiano de nuestra parte”, advirtió a Infobae una de las personas que sigue de cerca las conversaciones.

El primer acercamiento se produjo durante el acto que León XIV encabezó en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde insistió con la necesidad de construir puentes entre los distintos sectores y planteó que el trabajo, la dignidad y la cooperación deben ocupar un lugar central en la vida pública.

En ese contexto, uno de los empresarios presentes se acercó a Pettovello y le planteó la posibilidad de recuperar una mesa multisectorial, similar a las que funcionaron en distintos momentos de la administración libertaria para abordar problemas puntuales o cuando el oficialismo impulsaba alguna ley.

El antecedente más cercano de una instancia así fue el Consejo de Mayo, el espacio que el Gobierno creó para traducir en proyectos de ley los compromisos que el presidente Javier Milei y los gobernadores se comprometieron a tratar en el marco del Pacto de Mayo.

Allí coincidieron representantes del Poder Ejecutivo, las provincias, ambas Cámaras del Congreso, el sector privado y los sindicatos, los cuales trabajaron en un conjunto de proyectos que luego se debatieron en el ámbito parlamentario y dejó leyes como la reforma laboral.

Poco después del acto del Papa en la UCA, el Grupo de los Seis (G6), que reúne a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), difundió un comunicado que reforzó esa propuesta.

“Nadie puede solo. Ningún sector construye por sí mismo el futuro de una nación. Empresarios, trabajadores, sindicatos, gobiernos, universidades, comunidades religiosas y organizaciones sociales tenemos intereses distintos y diferencias legítimas. Pero compartimos un destino”, señalaron las entidades.

El texto sostuvo que la Argentina necesita recuperar la confianza y la capacidad de dialogar. “Dialogar, comprendiendo que lejos de renunciar a las propias convicciones, se debe reconocer al otro y aceptar que nadie tiene todas las respuestas”, plantearon.

El G6 adelantó que, una vez concluida la visita papal, propondría una convocatoria amplia con los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil.

El objetivo, según indicaron, será acordar “unas pocas bases” que puedan mantenerse más allá de cada gobierno y que impliquen compromisos concretos de cada uno de los sectores involucrados.

“Se acaba de ir el Papa, hay que esperar un poco. Nosotros ya sacamos el comunicado, veremos qué pasa”, indicaron a este medio desde el ala empresarial, que envió el lunes pasado a una amplia comitiva al encuentro religioso en la UCA.

La Confederación General del Trabajo (CGT), en tanto, también se sumó a ese pedido de una mesa de diálogo con representantes de “la fuerza del trabajo, del capital inversor y de los diferentes estamentos del Estado”.

La conducción sindical planteó la necesidad de un “encuentro generoso, inteligente y creativo” para definir políticas estratégicas, aunque entre sus reclamos incluyó recuperar una perspectiva de desarrollo basada en la producción, el empleo registrado, el poder adquisitivo de los salarios y el fortalecimiento del entramado productivo.

No obstante, dentro de la central obrera hay diferencias sobre la conveniencia de avanzar con una instancia de diálogo, porque algunos de sus miembros consideran que “en el G6 son todos oportunistas”.

Principalmente, hay malestar por declaraciones de referentes del empresariado que cuestionaron el concepto de justicia social del que también habló el Sumo Pontífice.

“Primero que planteen cuál es la agenda que quieren tratar, porque si es solamente para bajar impuestos, entonces no estamos”, aclaró a Infobae uno de los líderes de la central obrera.

La prioridad del Ministerio de Capital Humano es que cualquier ámbito de conversación tenga una finalidad operativa y no se convierta en un espacio para cuestionar el programa económico o reclamar cambios incompatibles con la meta de equilibrio fiscal.

La eventual convocatoria también se vincula con debates que el oficialismo deberá afrontar en el Congreso, como las negociaciones por el Presupuesto 2027, la adhesión al tratado internacional de patentes, el tratamiento de los proyectos sobre inversiones y las medidas destinadas a mejorar el mercado de empleo requieren acuerdos con empresarios, sindicatos, provincias y bloques legislativos.

León XIV dejó durante su paso por la Argentina un mensaje que fue leído de distinta manera por la Casa Rosada, la oposición, los gremios y el empresariado. El Papa pidió que la economía esté al servicio de las personas, defendió la dignidad del trabajo y reclamó diálogo, instituciones sólidas y políticas que atiendan a los sectores más vulnerables.

El Gobierno consideró que esas definiciones no implicaron una crítica directa a Milei y destacó sus referencias a la propiedad privada, la iniciativa empresarial, el trabajo y la lucha contra la corrupción.

Por su parte, quedó demostrado que empresarios y sindicatos, en cambio, tomaron su llamado al encuentro como una oportunidad para reabrir un canal de conversación más amplio.

La decisión final dependerá de Capital Humano y de la evaluación que haga la Casa Rosada sobre los riesgos políticos de una convocatoria de este tipo. Por el momento, el Gobierno estudia cómo canalizar el pedido sin alterar el esquema de negociaciones bilaterales que viene llevando adelante y sin que la mesa se transforme en una discusión pública sobre el rumbo económico.

PAPA UCA

La Libertad Avanza retomará este jueves las negociaciones por el Presupuesto 2027 con los bloques aliados de la Cámara de Diputados, después de la visita del papa León XIV a la Argentina. El oficialismo convocó a una reunión a las 14 para responder a los pedidos de modificaciones presentados por el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, Argentina Federal y distintas fuerzas provinciales, cuyos votos serán necesarios para avanzar con la iniciativa.

El encuentro estará encabezado por el presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto a las diputadas Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Gisell Castelnuovo, que participan de las negociaciones para construir mayorías parlamentarias. También estará presente el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch.

La reunión se realizará en las oficinas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, aunque el titular del cuerpo estará en Corrientes junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El objetivo del oficialismo es alcanzar los acuerdos necesarios para firmar el dictamen del Presupuesto 2027 y llevarlo al recinto el 18 o el 25 de noviembre, antes del cierre del período ordinario de sesiones.

Los aliados reclaman cambios en impuestos y fondos para las provincias

Los representantes del PRO, la UCR y el MID llegarán a la reunión con una serie de pedidos que todavía no recibieron respuestas definitivas de la Casa Rosada.

Entre los principales planteos figuran la coparticipación de fondos para la Ciudad de Buenos Aires y la reducción del impuesto a los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%, una medida impulsada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El radicalismo insistirá con los recursos para obras viales y el financiamiento universitario, mientras que el MID, representado por Oscar Zago y Eduardo Falcone, buscará garantizar las partidas destinadas a las personas con discapacidad.

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