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POLITICA

La Libertad Avanza bonaerense presiona por la unicameralidad y un lugar en la Suprema Corte

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La Libertad Avanza en territorio bonaerense busca imponerse en la agenda política en vistas a la campaña electoral del año que viene. En parte de eso se habló de la reunión que la Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, mantuvo esta semana con ambos bloques legislativos de la provincia de Buenos Aires. Una directriz que este miércoles fue ratificada por el presidente del partido en PBA, el diputado nacional Sebastián Pareja. Unicameralidad, rechazo a las reelecciones indefinidas de intendentes, modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal para que el Procurador no tenga un cargo de perpetuidad, autarquía del Poder Judicial y un rol activo en la negociación de las vacantes en la Corte bonaerense entre los pasos a seguir.

Desde hace algunas semanas, La Libertad Avanza se mueve con énfasis en su idea de plantear un escenario de unicameralidad. “Eliminar el Senado”, lo resume Pareja. Este jueves, tras la reunión de bloque en Diputados, el armador libertario dijo en una ronda de prensa que “son $414 millones de pesos por día que nos cuesta mantener abierta una de las Cámaras, en este caso el Senado, que no funciona”, y aseveró: “La verdad que es mucha plata. Hay que trabajar para destinar ese dinero a otras cosas”.

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Para su cruzada por la unicameralidad en Buenos Aires, Pareja consiguió el respaldo del presidente del PRO y diputado nacional, Cristian Ritondo. En las últimas horas, ambos dirigentes acordaron impulsar el tema desde ambos espacios; en un acuerdo que -en principio- va más allá de esa agenda en particular y tiene que ver con un acuerdo electoral hacia 2027. Infobae dio cuenta de que Macri volvió a hablar con Karina Milei y habilitó una negociación entre el PRO y la Casa Rosada.

La Libertad Avanza bonaerense presiona por la unicameralidad

“Hoy diputados y senadores se eligen igual y hacen lo mismo. Doble estructura, doble gasto, cero beneficio para el vecino de la provincia. Basta de despilfarro populista. Es hora de liberar a la Provincia más importante del país y devolverle cada peso a los que la sostienen: para la seguridad, para la educación y para la salud de cada vecino”, planteó Ritondo en una foto con Pareja.

Puertas adentro, reconocen que un cambio de este tipo que incluiría el llamado a una convención reformadora que sustituya el actual sistema bicameral por uno unicameral como funciona en 15 provincias de Argentina. En el mes de marzo, el diputado libertario, Héctor Gay, había presentado un proyecto en este sentido.

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La iniciativa generó cierto desentendimiento interno, no por el proyecto en sí, sino porque era un tema de agenda estructural del espacio que iba a darle un tratamiento especial, como el que se busca activar por estas semanas. En ese momento, las miradas se posaron en el presidente del bloque, Agustín Romo, representante de las llamadas Fuerzas del Cielo, el sector de Santiago Caputo. Se le endilgó no estar sobre el funcionamiento del bloque. Como salida, se acordó un enroque: Romo dejará la presidencia del bloque para ser uno de los vicepresidentes y quien era titular de la bancada, Juanes Osaba —del sector de Pareja—, será el jefe del bloque. Según, Osaba, el intercambio se producirá en la próxima sesión de Diputados, que será el 27 de septiembre.

Sebastián Pareja en el centro de la reunión. Osaba a su derecha y Romo a la izquierda, en una muestra de homogeneidad tras las diferencias dentro del bloque

Hoy en Buenos Aires, la Cámara de Diputados cuenta con 92 representantes, mientras que el Senado cuenta con 46. El único proyecto que tiene presentado el bloque de LLA en Diputados establece que el Poder Ejecutivo convocará a elecciones de diputados convencionales en un plazo no mayor a 120 días tras la promulgación de la ley, distribuyendo los convencionales en cada sección electoral según la suma actual de diputados y senadores, con el mismo sistema electoral vigente. Al mismo tiempo, la Convención Reformadora dispondrá de un período de 120 días para sesionar y sancionar los cambios, que requerirán la aprobación por una mayoría de dos tercios del total de sus miembros. La reforma abarca artículos puntuales de la Constitución Provincial vinculados al funcionamiento del sistema parlamentario, la organización interna del poder legislativo y la representación territorial.

Días atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, se refirió al plan de los libertarios. En su habitual conferencia de prensa contestó sobre la idea de ir a un esquema unicameral: “Me parece bien que se discuta. Lo otro está a discusión y creo que el ámbito en donde se tienen que discutir esas cuestiones es en la Legislatura”.

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Hoy por hoy, sumando al PRO, los libertarios cuentan con 31 diputados y 15 senadores. En ningún escenario juntan el número para avanzar. En la Cámara baja, encontraron respuesta favorable del bloque Hechos, de los hermanos Passaglia. El diputado Manuel Passaglia salió fuerte contra el acuerdo de Ritondo y Pareja, aunque avisó que el espacio acompañaría un esquema de unicameralidad. “¿Ya que quieren ir “al hueso y con menos privilegios” no les parece oportuno también volver atrás con el arreglo a medianoche que hicieron ambos con los K para crear nuevos cargos de directores en el BAPRO y poner a sus amigos ñoquis con OSDE?“, planteó el legislador nicoleño, recordando que tienen un proyecto para retrotraer las designaciones en el directorio del Banco Provincia, que alcanzó a dirigentes del PRO cuando se discutió el Presupuesto 2026. ”Fue un acuerdo entre gallos y medianoche”, dijo Pareja y tomó distancia de ese acuerdo: “No tuvimos absolutamente nada que ver con lo del Banco Provincia nosotros”.

Justicia

Otro de los temas en los que los libertarios buscan intervenir es en la negociación político-judicial que debería darse en territorio bonaerense, puntualmente con los nombramientos en la Suprema Corte. Actualmente, el máximo tribunal de Justicia bonaerense funciona con tres de sus miembros. En el Ejecutivo admiten que es algo a discutir, pero quieren escindirlo de cualquier otra negociación a darse tanto internamente dentro del peronismo como con la oposición.

La Libertad Avanza tiene un nombre para proponer. Se trata del juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala 2 de San Martín, Sergio Pilarche. “Me parece que, históricamente, la manera y el procedimiento en los cuales se eligen los miembros de la Corte tienen que ver con las mayorías que se logran en el Senado de la provincia. Con lo cual, hoy el bloque mayoritario, después del bloque kirchnerista, es el de Libertad Avanza. Razonablemente, la respuesta es que sí”, dijo Pareja ante la consulta de si La Libertad Avanza debería tener voz y voto en la designación de cortesanos. Reveló, también, que nadie del Ejecutivo inició ningún tipo de diálogo al respecto.

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POLITICA

Autos chinos en Argentina: el caso de Noruega reaviva las alertas por espionaje y riesgos para la seguridad nacional

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El fuerte crecimiento de las importaciones de automóviles fabricados en China abrió una discusión que excede el mercado automotor argentino y alcanza de manera directa la seguridad nacional. Las advertencias internacionales sobre la posibilidad de que vehículos inteligentes equipados con cámaras, micrófonos, sensores y sistemas de geolocalización se utilicen para recopilar información sensible adquirieron una nueva dimensión después de que militares de Noruega descubrieran que automóviles chinos habían grabado imágenes de bases, movimientos de soldados y códigos de acceso a instalaciones restringidas.

El fenómeno coincidió con una expansión de las compras argentinas de vehículos procedentes del gigante asiático. Según las estadísticas oficiales del INDEC, durante enero y febrero de 2026 se importaron automóviles desde China por USD 309 millones, frente a los USD 53 millones registrados en el mismo período del año anterior. El incremento alcanzó el 480,1%, empujado por unidades con altas prestaciones y precios más bajos que los de fabricación nacional.

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La combinación entre el aumento de las importaciones y las alertas internacionales incorporó una nueva dimensión al debate sobre la presencia de tecnología china en la Argentina. Estados Unidos aprobó restricciones por razones de seguridad nacional; Polonia limitó el ingreso de vehículos fabricados en China a instalaciones militares e Israel adoptó medidas similares. Las decisiones estuvieron relacionadas con los riesgos de recopilación de información, transmisión de datos y eventuales intervenciones externas en los sistemas informáticos de los automóviles.

El caso de Noruega fue el antecedente más reciente. Durante un ejercicio militar realizado en septiembre, en las inmediaciones del aeropuerto de Oslo, efectivos de las Fuerzas Armadas utilizaron vehículos alquilados a través de Hertz para trasladarse entre sus domicilios y las instalaciones donde se desarrollaban las actividades de entrenamiento. Entre las unidades contratadas había automóviles de la marca china Deepal, equipados con cámaras y sistemas de grabación.

Los soldados descubrieron que algunos vehículos habían almacenado imágenes de sus movimientos, los recorridos realizados y los procedimientos de ingreso a instalaciones militares. Entre los registros aparecieron incluso los códigos alfanuméricos utilizados para abrir puertas y atravesar barreras de seguridad.

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Vehículos de la marca Deepal quedaron bajo sospecha en Noruega

Los vehículos bajo sospecha en Noruega

El teniente Fredrik Blanck, que participó del ejercicio, relató al diario noruego Dagens Næringsliv que el descubrimiento había provocado sorpresa entre los efectivos. Las grabaciones permitían identificar quiénes ingresaban y salían de los automóviles, qué personas eran transportadas, qué recorridos realizaban y cuánto tiempo permanecían en determinados lugares.

Las imágenes fueron eliminadas de los vehículos a los que tuvieron acceso los militares. Sin embargo, quedó abierta una cuestión central: si la información había permanecido almacenada exclusivamente en los automóviles o si también había sido transferida a servidores externos.

El episodio permitió comprobar que los vehículos habían registrado información militar sensible, aunque no se acreditó que esos datos hubieran sido transmitidos a organismos de inteligencia chinos ni que formaran parte de una operación de espionaje. Las autoridades noruegas reconocieron los riesgos asociados a la tecnología, pero evitaron establecer una prohibición general según el país de fabricación de los automóviles.

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Los vehículos habían sido contratados en el marco de un acuerdo de alquiler vigente entre junio de 2024 y mayo de 2028. La operación de Hertz en Noruega está vinculada, a través de su estructura societaria, con el conglomerado chino Zhejiang Geely Holding Group, propietario de Volvo Cars. Al menos dos automóviles utilizados durante los ejercicios pertenecían a Deepal, una marca del fabricante chino Changan.

El descubrimiento expuso una vulnerabilidad concreta: tecnologías incorporadas para asistir a los conductores, registrar maniobras o mejorar la seguridad vial también pueden almacenar información sobre instalaciones estratégicas y actividades militares.

La preocupación, sin embargo, había comenzado mucho antes.

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En enero de 2025, el Departamento de Comercio de Estados Unidos aprobó una regulación destinada a restringir la importación y comercialización de determinados automóviles conectados que incorporen software o componentes tecnológicos vinculados con empresas de China y Rusia.

La decisión respondió a una evaluación de seguridad nacional sobre los riesgos derivados del acceso extranjero a los sistemas de conectividad y conducción automatizada.

La normativa estableció que, a partir de los modelos 2027, comenzarán a aplicarse restricciones sobre determinados programas informáticos y sobre la comercialización de vehículos conectados por fabricantes alcanzados por la regulación. Las limitaciones relacionadas con componentes físicos de conectividad entrarán en vigor para los modelos 2030, con disposiciones específicas para componentes sin año modelo.

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La fundamentación oficial estadounidense identificó expresamente dos amenazas: la extracción de información sensible sobre conductores, propietarios y desplazamientos, y la posibilidad de manipular vehículos a distancia mediante accesos a sus sistemas informáticos.

La preocupación adquirió una dimensión estratégica en el contexto de la competencia tecnológica y geopolítica entre Washington y Beijing. La regulación estadounidense también contempló vehículos fabricados fuera de China que incorporen determinados componentes o programas informáticos desarrollados por empresas sujetas a la jurisdicción china.

El criterio utilizado por las autoridades estadounidenses estuvo relacionado con el origen y el control de las tecnologías, además del lugar donde se fabrican los automóviles.

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En febrero de 2026, Polonia avanzó con una decisión preventiva. El jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas, general Wiesław Kukuła, dispuso restricciones al ingreso de automóviles fabricados en China a instalaciones militares protegidas. La medida estuvo vinculada con los riesgos que representan los sensores, las cámaras y los sistemas capaces de registrar sonidos, imágenes y ubicaciones.

Las autoridades polacas también establecieron limitaciones a la conexión de teléfonos militares con los sistemas de entretenimiento y comunicación de esos vehículos. El objetivo fue reducir las posibilidades de que información relacionada con movimientos de personal, actividades militares o instalaciones estratégicas quedara expuesta a accesos externos.

Israel había adoptado medidas semejantes. Durante 2025, sus Fuerzas Armadas establecieron restricciones al ingreso de automóviles chinos a instalaciones militares y comenzaron a revisar la utilización de vehículos de ese origen asignados a oficiales.

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Las preocupaciones estuvieron relacionadas con los dispositivos de grabación, los sistemas de conectividad y la posibilidad de que información sensible sobre recorridos, conversaciones o movimientos militares pudiera quedar almacenada fuera del control de las autoridades de defensa.

La aplicación de las restricciones tuvo diferentes alcances. En agosto de 2026 todavía se utilizaban determinados vehículos chinos en dependencias militares israelíes, pese a las medidas adoptadas para reducir los riesgos de seguridad.

Chinese President Xi Jinping gives a toast at the National Day reception on the eve of the 77th founding anniversary of the People's Republic of China, at the Great Hall of the People in Beijing, China September 30, 2026. REUTERS/Florence Lo/Pool

Las importaciones desde China crecieron 480,1% durante el primer bimestre

La expansión comercial de los automóviles chinos se produjo en paralelo con una transformación del mercado argentino, impulsada por la incorporación de nuevas marcas, una mayor oferta de vehículos importados y el desarrollo de tecnologías eléctricas e híbridas.

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El Decreto 49/2025 estableció un régimen de importación con arancel extrazona del 0 % para determinadas categorías de automóviles eléctricos e híbridos, sujeto a cupos anuales de 50.000 unidades.

Para 2026, la Secretaría de Industria y Comercio asignó 50.000 vehículos correspondientes a 71 modelos de 32 marcas. Del total, 19.280 unidades fueron adjudicadas a terminales automotrices y otras 30.720 a importadores. Las solicitudes presentadas superaron las 160.000 unidades, más del triple del cupo disponible.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Ministerio de Economía, las convocatorias de 2025 y 2026 permitieron asignar conjuntamente 100.000 vehículos, de los cuales 68.792 ya habían ingresado al territorio argentino, correspondientes a 58 modelos de 29 marcas.

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La cifra incluye automóviles de distintos países y no representa exclusivamente importaciones de origen chino. Sin embargo, constituye un indicador de la velocidad con la que se incorporaron nuevos vehículos y tecnologías al mercado argentino.

Las estadísticas oficiales también reflejaron el crecimiento de las motorizaciones alternativas. Durante 2025 se patentaron 25.600 vehículos híbridos y eléctricos, frente a 13.500 durante 2024, lo que representó un incremento del 90 %.

En los primeros siete meses de 2026, los patentamientos de estas tecnologías llegaron a 48.320 unidades, con una suba interanual del 322 %. La participación de los vehículos híbridos y eléctricos en el mercado pasó del 4,4 % al 21,1 % entre los primeros siete meses de 2025 y el mismo período de 2026.

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El 72 % de las unidades patentadas durante ese último período correspondió a modelos comprendidos en el régimen especial de importación.

Las marcas chinas también incrementaron su presencia comercial. Según información de mercado difundida por Reuters, durante agosto de 2026 concentraron alrededor del 10 % de las ventas de automóviles y vehículos comerciales livianos, frente a una participación cercana al 2 % hacia fines de 2025.

Entre las compañías que ampliaron su presencia se encuentran BYD, Chery, Geely, GWM y Dongfeng, aunque los vehículos fabricados en China también pueden comercializarse bajo marcas de otros países.

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La expansión estuvo acompañada por una oferta de automóviles equipados con cámaras exteriores, sistemas de asistencia a la conducción, sensores, pantallas digitales, conectividad permanente y mecanismos de actualización de software.

Esas tecnologías forman parte del atractivo de los nuevos modelos por sus prestaciones y posibilidades de uso. Al mismo tiempo, son algunos de los dispositivos bajo análisis en las evaluaciones internacionales de seguridad.

La preocupación también apareció en la discusión pública argentina. El asesor presidencial Santiago Caputo advirtió, en una publicación en su cuenta de X, sobre los riesgos que podría representar la expansión de los automóviles inteligentes fabricados en China, tanto por su capacidad para recopilar información como por la posibilidad de que sus sistemas tecnológicos sean intervenidos desde el exterior.

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“En las pocas charlas que he dado de manera privada por razones meramente criptográficas siempre destaco el riesgo inherente que implica la invasión de autos inteligentes de origen chino en un escenario global en el que en pocas décadas estaremos frente a un conflicto global con la posibilidad de que alguien desde alguna oficina oscura del PCC decida apagar un tercio del parque automotor argentino. Ni hablar del riesgo de que el auto escuche y transmita audio, vídeo, GPS, etc. La gente que me escucha cree que estoy loco. No lo descarto”, escribió Caputo.

La advertencia expresó una posición personal del asesor presidencial y, hasta el momento, no se tradujo en decisiones del gobierno de Javier Milei ni en modificaciones de la política de importación de vehículos. Tampoco existen pruebas públicas que permitan acreditar que los automóviles chinos comercializados en la Argentina tengan riesgos vinculados a la seguridad nacional.

De todos modos, el trasfondo de estas advertencias también está relacionado con la legislación china en materia de inteligencia.

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La Ley Nacional de Inteligencia de China, aprobada en 2017, establece en su artículo 7 que las organizaciones y los ciudadanos deben apoyar, asistir y cooperar legalmente con las actividades de inteligencia del Estado, además de preservar la confidencialidad de esas tareas.

La disposición generó preocupación en distintos países respecto de las obligaciones que podrían alcanzar a empresas tecnológicas sometidas a la jurisdicción china.

La existencia de esa norma no demuestra por sí sola que los fabricantes de automóviles proporcionen información recopilada por sus vehículos a los servicios de inteligencia de Beijing. Tampoco permite establecer que todos los automóviles producidos en China tengan las mismas capacidades de transmisión de datos o que puedan ser intervenidos externamente.

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Los riesgos dependen de las características de cada vehículo, sus programas informáticos, la configuración de los sistemas de conectividad, los mecanismos de almacenamiento y las medidas de protección frente a accesos no autorizados.

En esa discusión aparece una cuestión que trasciende el origen de los fabricantes: los automóviles modernos se convirtieron en dispositivos capaces de registrar grandes cantidades de información sobre sus ocupantes, sus desplazamientos y los lugares que recorren.

La experiencia noruega mostró cómo las cámaras y sensores incorporados a vehículos de uso cotidiano podían almacenar información vinculada con actividades de defensa. Las restricciones estadounidenses, polacas e israelíes reflejaron, por su parte, las diferentes respuestas adoptadas frente a los riesgos potenciales de estas tecnologías.

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En la Argentina, la homologación de automóviles comprende requisitos técnicos y de seguridad específica para el tránsito establecidos para autorizar su comercialización y circulación. Sin embargo, la normativa pública consultada sobre el régimen especial de importaciones no permitió establecer el alcance de eventuales auditorías específicas sobre sistemas de recopilación de datos, almacenamiento externo de información y mecanismos de acceso remoto.

Tampoco surgió de esa documentación si existen protocolos particulares para el ingreso de vehículos conectados a bases militares, instalaciones de inteligencia u otros establecimientos estratégicos. La falta de información en las normas comerciales examinadas no permite concluir que tales controles sean inexistentes.

La diferencia entre autorizar la circulación de automóviles en el mercado civil y permitir su acceso a instalaciones sensibles constituye uno de los principales aspectos de la discusión internacional.

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Los antecedentes de Polonia e Israel mostraron que las restricciones pueden aplicarse a determinados establecimientos militares sin afectar necesariamente la comercialización general de los vehículos. Estados Unidos, en cambio, optó por una regulación más amplia, dirigida a limitar la incorporación de determinadas tecnologías de conectividad vinculadas con países considerados adversarios estratégicos.

La combinación entre el fuerte crecimiento de las importaciones procedentes de China y las alertas internacionales por espionaje incorporó así una nueva cuestión al debate argentino sobre comercio exterior, tecnología y seguridad nacional.

La competencia comercial, los precios y la modernización del parque automotor comenzaron a compartir espacio con interrogantes sobre el control de la información, la protección de instalaciones estratégicas y la dependencia de sistemas tecnológicos desarrollados en el exterior.

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En un escenario internacional atravesado por la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, el caso noruego volvió a mostrar que los automóviles inteligentes también pueden convertirse en una fuente de información sensible para la seguridad de los Estados.

Para la Argentina, donde el valor de las importaciones de automóviles desde China se multiplicó casi por seis durante el primer bimestre de 2026, la discusión quedó vinculada con una cuestión concreta: qué mecanismos permiten proteger la información estratégica frente a los riesgos que acompañan la incorporación de vehículos cada vez más conectados.

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POLITICA

Fuerte advertencia de Máximo Kirchner: “Si ganamos las elecciones, se auditará cada uno de los RIGI”

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El diputado nacional de Unión por la Patria y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, cuestionó el RIGI, el régimen creado para incentivar grandes inversiones, entre otros sectores, en energía y minería, al afirmar que la herramienta puede servir para atraer capitales, pero cuestionó sus beneficios fiscales y planteó que una eventual administración peronista deberá revisar las condiciones de cada iniciativa.

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POLITICA

La Justicia de San Nicolás absolvió al líder sindical de Camioneros que bloqueó una pyme en 2021

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Maximiliano Cabaleyro, en la primera audiencia del juicio por el bloqueo a Distribuidora Rey en 2021 (Foto: gentileza Diario El Norte)

El Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Nicolás absolvió este miércoles al titular del Sindicato de Camioneros local, Maximiliano Cabaleyro, de los cargos de extorsión y turbación de la posesión por los que estaba acusado por el bloqueo de la pyme Distribuidora Rey, de la ciudad bonaerense de San Pedro, en febrero de 2021.

En una audiencia virtual, el tribunal desestimó el pedido de la fiscalía de que el sindicalista sea condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliaria y tampoco se aceptó la solicitud de los abogados de la familia Rey, que plantearon que la pena de prisión se elevara a 15 años.

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