Mauricio Macri volverá a ponerse al frente de una actividad partidaria del PRO con un acto previsto para el 25 de septiembre en Jujuy, en una señal del relanzamiento territorial del espacio de cara a las elecciones del año próximo. La convocatoria, que se realizará desde las 16 en el hotel Altos de la Viña, llega mientras el partido mantiene abiertas las negociaciones con La Libertad Avanza para construir una alianza con vistas a 2027.

El expresidente encabezará el encuentro junto a referentes nacionales y provinciales del PRO y, además, tiene previsto mantener una reunión con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir. La apuesta es combinar el despliegue partidario en las provincias con las conversaciones que el macrismo sostiene con el oficialismo para explorar acuerdos electorales y consolidar una estrategia común en distintos distritos.

La jugada de Macri se da en un contexto en el que el PRO y La Libertad Avanza aceleran la construcción de un armado electoral conjunto para las elecciones de 2027. Los dirigentes de ambos espacios ponen el foco en 17 distritos donde el partido fundado por el expresidente no gobierna y comenzaron a evaluar cómo avanzar con alianzas en cada provincia.

El análisis incluye las fortalezas territoriales de cada espacio y la posibilidad de incorporar a otros actores políticos. En ese esquema aparece el radicalismo, además de distintas fuerzas provinciales, aunque la definición de los acuerdos dependerá también de las conversaciones con los gobernadores.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, rechazó este domingo que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple cambios que afecten el financiamiento y la cobertura de las prestaciones para personas con discapacidad. “No vamos a acompañar ningún recorte del presupuesto nacional que afecte estos derechos”, sostuvo el mandatario provincial en un posteo en su cuenta de X.

En su mensaje, Llaryora afirmó que las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la situación económica de las familias ni de su lugar de residencia. También solicitó a los diputados y senadores nacionales por Córdoba que rechacen una eventual reducción de recursos para el área.

El gobernador señaló que la provincia trabaja con cerca de 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red de atención. “Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, expresó, al advertir sobre las consecuencias de un retiro del Estado nacional en el financiamiento de las políticas de discapacidad.

El planteo se produjo luego de que el Gobierno nacional enviara al Congreso una iniciativa que incluía modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad y al régimen de prestaciones básicas. Tras las críticas de bloques aliados y de organizaciones del sector, fuentes oficiales anticiparon que el capítulo cuestionado será reemplazado en la discusión legislativa.

La propuesta remitida al Congreso modificaba aspectos centrales de la Ley 24.901, que regula desde 1997 el sistema de prestaciones básicas de atención integral para personas con discapacidad. Entre sus puntos principales, planteaba eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que funciona como referencia para obras sociales, empresas de medicina prepaga y prestadores.

El cambio habilitaba a que cada cobertura o jurisdicción estableciera valores diferenciados. Además, el esquema previsto reemplazaba la actualización mensual de aranceles por una revisión trimestral a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El texto también retomaba el criterio de pensión por invalidez laboral para acceder a una pensión no contributiva, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. En esa versión, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaba de ser una vía directa de acceso al beneficio y se establecía la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo.

Las negociaciones parlamentarias definirán si el Gobierno incorpora al Presupuesto 2027 un texto consensuado o si el debate sobre la emergencia en discapacidad continúa por una vía legislativa separada.

El oficialismo anunció que retirará los artículos cuestionados

La inclusión de esas reformas generó tensiones dentro del oficialismo y con los bloques dialoguistas. Representantes del Gobierno aseguraron que los artículos originales vinculados a discapacidad serán eliminados del proyecto de Presupuesto y reemplazados por un texto acordado con aliados parlamentarios.

La alternativa en negociación mantendría un nomenclador universal, con actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y permitiría compatibilizar las pensiones con el trabajo registrado. No obstante, el oficialismo buscaría elevar los requisitos para acceder a ese beneficio.

El debate ocurre mientras en la Cámara de Diputados también se discute una prórroga de la emergencia en discapacidad, cuya vigencia vence a fin de año. Las modificaciones incluidas inicialmente en el Presupuesto habían interrumpido las conversaciones que mantenían el oficialismo, la oposición y los bloques aliados sobre un proyecto alternativo.

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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tiene casi listo el envío de un nuevo paquete de veinte pliegos judiciales al Senado, entre ellos cuatro especialmente sensibles por su competencia electoral.

Según fuentes del Ministerio de Justicia, la nueva lista de nombres para ocupar cargos en los tribunales federales llegará a la Cámara Alta antes de mediados de octubre. A partir de allí, los tiempos dependerán de la propia dinámica interna del Senado, que deberá sesionar para aceptar su ingreso, luego tratarlos en la comisión de Acuerdos y finalmente aprobarlos en el recinto.

Sin embargo, el calendario apremia. Como las elecciones de 2027 se acercan, la Cámara Nacional Electoral le pidió al Gobierno agilizar el proceso para completar las vacantes en los tribunales con competencia electoral antes del año que viene. La solicitud tiene un fundamento logístico, a partir de enero la Cámara deberá organizar cómo subrogar los juzgados que sigan vacíos, por lo que busca tener el mapa resuelto de antemano.

En ese contexto, el Poder Ejecutivo todavía debe definir a cuál de los tres candidatos de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura elegirá para cada los juzgados con competencia electoral de Río Negro, Tucumán, San Juan y Corrientes.

Según pudo saber TN, la discusión por Río Negro (Viedma) sigue abierta, con una terna compuesta por Carlos Oneto, Verónica Medina y Ezequiel Andreani. Corrientes y San Juan, en cambio, ya están prácticamente resueltos: hay acuerdo para que Juan Carlos Vallejos ocupe el cargo en Corrientes, y en el Gobierno consideran muy probable que Gonzalo Gasull sea el elegido en San Juan. En Tucumán, el nombre de Oneto vuelve a aparecer junto al de Carlos Saltor y Solana Casella.

En todos los casos, se trata de lugares muy codiciados por los actores de la política, especialmente los gobernadores. Esto se debe a que los juzgados federales de primera instancia con competencia electoral no solo tramitan causas por delitos federales, sino que además son los que organizan y controlan los procesos electorales y el funcionamiento de los partidos políticos en cada distrito, desde la actualización del padrón hasta el reconocimiento de autoridades partidarias y la oficialización de listas.

Esa doble función los convierte en una pieza clave para el poder provincial, porque son tribunales que pueden incidir directamente en cómo se ordena el tablero electoral del distrito, además de los otros temas de interés bajo su jurisdicción.

En ese sentido, son habituales las conversaciones de los gobernadores y sus legisladores con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo Menem, en medio de negociaciones más amplias por leyes nacionales -como ahora puede ser el Presupuesto 2027 o la reforma política- y acuerdos electorales de cara a 2027. Otros optan por un canal más directo y se comunican con el propio ministro Mahiques, pero aún así pasan a formar parte de las negociaciones políticas que mantiene el oficialismo en el Congreso.

Con este paquete, Mahiques se acerca más a su objetivo de cubrir todas las vacantes de la Justicia federal, una de las principales misiones que le otorgó Javier Milei cuando lo designó en marzo de este año.