POLITICA
Patricia Bullrich recibe apoyo por el “renovado protagonismo”, pero sus seguidores advierten que “nadie se va” de LLA

El chat “Libertad Grupo Político PB”, que integran antiguos y actuales funcionarios nacionales, y al que se le suman dirigentes de distintos orígenes, todos leales a la jefa, no tuvo descanso durante la última semana.
“Hubo muchos pulgares levantados”, festejó uno de sus integrantes, en el final de una semana en la que Patricia Bullrich tuvo protagonismo casi excluyente, luego de su renovado desafío a las órdenes del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, a quienes desoyó con su rechazo a retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, aprobado en la sesión del jueves en el Senado.
Cerca de Bullrich, quien finalmente se abstuvo en esa votación, aseguran que la jefa del bloque de senadores libertarios no dijo lo que dijo con intenciones de abandonar el espacio libertario, ni generar una grieta interna, ni fortalecer un proyecto presidencial propio. Pero celebran que haya “defendido su caudal electoral” y que siga demostrando que “es necesaria” en un espacio en el que “si no se diferencia, deja de tener valor”, como evalúa uno de los lugartenientes de la ex ministra de Seguridad.
“Ella tiene que cuidar y fortalecer ese 25 por ciento de voto que le adjudican las encuestas. Si pasa a ser lo mismo que Milei, la van a pasar por arriba”, explica un incondicional que conversó con Bullrich en las vertiginosas jornadas que siguieron a la del lunes en las que blanqueó sus intenciones de marcar una nueva diferencia, un mes después de pedirle públicamente al jefe de gabinete Manuel Adorni que presente su declaración jurada de bienes para despejar los rumores sobre su crecimiento patrimonial.
Según distintas fuentes de su entorno, fue el domingo pasado cuando Bullrich le comentó a su mesa chica que había conversado con el Presidente y le había adelantado su postura, contraria a vetar a Michelli. “Fue una conversación seria, amable y sensata”, contó uno de los interlocutores habituales de la hoy senadora. “Milei lo tomó bien”, agrega, aunque no puede asegurar que Karina Milei lo haya digerido de la misma forma. “La llamaron, fue una foto consensuada, y nadie le recriminó nada”, afirmó otro dirigente bullrichista, con conocimiento de lo conversado entre Bullrich y la poderosa secretaria general de la Presidencia, que no suele perdonar rebeldías ni gestos de autonomía.
“Karina sabe que hoy no tiene las armas para pasarla por arriba a Patricia. Cuando pueda, tal vez lo haga”, predice otro de los alfiles de Bullrich ubicados en la gestión mileísta. El mismo recuerda que “durante meses, después del triunfo de octubre, desde la Casa Rosada la esmerilaron a Patricia. Con lo de [Manuel] Adorni pararon y la tuvieron que ir a buscar”, remarca el referente bullrichista, sin olvidar los momentos de tensión y las “operaciones” que atribuyen al entorno karinista contra la exministra de Trabajo aliancista. “Por lo menos Adorni debe estar contento, por una semana no se habló de él”, ironizó un miembro del staff karinista, que hacía esfuerzos por no criticar la autonomía de “Pato”, por orden de su jefa política.
Bullrichismo activo
Durante la semana, Bullrich tuvo contacto permanente con su mesa de decisiones diaria, en las que están el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, el diputado nacional Damián Arabia, María Onetto, la encargada de discurso Federica Suárez Santiago y el vocero Carlos Cortés, que reparte su tiempo entre Bullrich y su antigua delfín, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
A pesar de que califican la relación entre ambas de “muy buena”, en las cercanías de Bullrich afirman que Monteoliva “está ciento por ciento con Karina” y que influyó decisivamente para evitar el desembarco en el gobierno del exintendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela, miembro ocasional de la mesa chica bullrichista y referente bonaerense, al igual que el exsenador provincial Juan Pablo Allan.
“Los funcionarios de nuestro espacio tienen que llevarse bien con los Milei. Pero nadie se mueve de su lugar”, define otro bullrichista. Adjudica el portazo de Federico Angelini (del Ministerio de Seguridad Nacional al santafesino) a una “situación personal”, y desliga del espacio a Mara Pérez Reynoso, quien días atrás renunció a su cargo en el Ministerio de Salud. Además de las segundas líneas que rodean a Monteoliva −su jefe de gabinete, Fernando Kusnier, Allan y Pablo Walter en el Renar−, Bullrich tiene funcionarios de su confianza repartidos en la gestión, desde Claudio Avruj en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hasta Federico Pinedo como sherpa del G20; Emilio Perina, como director del Archivo General de la Nación, o Silvana Giudici, como secretaria parlamentaria del bloque libertario en la Cámara de Diputados, donde también tallan Laura Rodríguez Machado y Sabrina Ajmechet. “Nadie dio la orden de irnos de ningún lado”, aseguraron a dos de ellos.
En paralelo, Bullrich parece dispuesta a aprovechar su momento. “Los gobernadores, los empresarios, los senadores y la gente creen que ella es una dirigente importante y un actor relevante”, dice uno de sus leales. Sin hablar una palabra sobre sus ambiciones personales, planea continuar las recorridas que comenzaron la semana pasada en Mendoza por Neuquén, Buenos Aires y Santa Fe.
“Ella es frontal, lo hizo toda la vida, con [Fernando] De la Rúa, con [Elisa] Carrió, con [Mauricio] Macri y ahora con Milei. El que trabaja con ella lo sabe”, asegura otra espada bullrichista, que anticipa nuevos capítulos en los próximos meses. ¿El futuro? Nadie lo sabe con certeza, aunque Bullrich da muestras de no tener interés de aceptar la propuesta de los Milei y ser candidata a jefa de gobierno porteño el año que viene.
¿Será vice? Desde el sector que encabeza el asesor presidencial Santiago Caputo lo dan como una posibilidad cierta. “Tampoco le entusiasma tanto”, retrucan cerca de Bullrich, que a días de cumplir 70 años parece dispuesta a seguir marcando diferencias, mientras asegura que trabajará para la reelección del Presidente. “Esto le puede servir al Gobierno, si lo toma bien lo puede fortalecer”, reflexiona otro de los referentes llegados al oficialismo de manos de la hoy jefa de los senadores libertarios.
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El gobernador de Córdoba rechazó los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027: “No vamos a acompañar”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
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Escepticismo en las Fuerzas Armadas por el proyecto de Milei que nació por las tensiones en Malvinas

Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
Sigue muy lejos la prometida equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, el presupuesto militar decrece en términos reales y se mantiene la crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas, con una deuda de $160.000 millones. El proyecto enviado al Congreso llega, así, en “un contexto de marcado desinterés y fuerte preocupación”, dijo a un oficial en actividad.
“En algunas provincias, muchos suboficiales y oficiales subalternos están más preocupados en saber cuándo la Policía local abre la inscripción para incorporar efectivos que en otra cosa”, explicó con preocupación un militar, como reflejo del descontento por los bajos salarios.
Experiencias recientes, como la Operación Roca −el despliegue militar en la frontera norte para tareas de control, vigilancia y apoyo contra el delito complejo− y los intentos por involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico no encontraron un fuerte entusiasmo en las filas militares.
El germen del nuevo proyecto es el decreto 1112/24, dictado en la gestión ministerial de Luis Petri. Como no había fuerza política en el Congreso, se extendió por decreto la banda de actores considerados amenaza externa. “De la interpretación restrictiva que hacía el decreto 727/2006, de Nilda Garré, pasamos a una interpretación amplia: amenaza externa es todo lo que afecte la integridad territorial del país, mientras opere en el exterior”, explicó Juan Battaleme, quien acompañó a Petri como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa.
“El proyecto no otorga a las Fuerzas Armadas los medios, ni el presupuesto para defender las fronteras. Crea un aparato burocrático centralizado en la Casa Rosada, otorga atribuciones a los servicios de inteligencia y posterga indefinidamente la presencia real de la Argentina en el Atlántico Sur”, advirtió a el teniente general retirado Juan Martín Paleo, referente del Instituto de Estudios Estratégicos para la Defensa Nacional, junto al abogado Carlos Lionel Traboulsi.
Más allá de las deudas y la coyuntura presupuestaria, hay consenso entre los uniformados en que todo el encuadramiento legal vigente en materia militar fue pensado para los tiempos de la guerra fría, con conceptos como agresiones del orden externo e interno. “El nuevo escenario mundial obliga a buscar consensos y requiere un trabajo de Estado”, estimó un general del Ejército retirado, que ya inmersos en la tercera década del siglo XXI sugiere “despojarse de ataduras ideológicas”.
Desde una perspectiva profesional, algunas fuentes militares entienden que es positivo que “el Estado vuelva a discutir qué defensa necesita la Argentina” y que se procure articular capacidades que hoy aparecen muy fragmentadas.
Muchos, incluso, comparten la mirada integral del proyecto, que crea el Consejo de Seguridad Nacional con participación de las áreas de Defensa, Relaciones Exteriores, Economía e Inteligencia. Pero estiman difícil que funcione en la práctica. “Las culturas imperantes son muy fuertes y contrarias a esta sinergia que en un país serio sería norma”, precisó un oficial retirado.
Amenazas y misiones
Frente al debate parlamentario de la ley que diseña el nuevo escenario para el instrumento militar, voces castrenses advierten que “una cosa es ampliar el concepto de amenazas y otra muy distinta es ampliar las misiones de las Fuerzas Armadas”.
“Que las Fuerzas Armadas estén preparadas para operaciones no convencionales no significa que deban convertirse en una fuerza de seguridad, ni asumir indistintamente funciones que corresponden a otros instrumentos del Estado”, señala un experimentado general, ante una consulta de .
La impresión de fuentes familiarizadas con la seguridad y la defensa, según pudo evaluar , es que el proyecto del gobierno de Milei es extremadamente largo y muy amplio. “Es una ley ómnibus, porque mezcla temas que son de diferentes niveles y aspectos muy distintos”, dijo un exfuncionario experto en temas de seguridad. Advirtió que la iniciativa “amplía las misiones y funciones de las Fuerzas Armadas y “vuelve a instalar la posibilidad de que los militares desarrollen actividades de inteligencia en el marco interno”, cuando la Argentina en democracia había cancelado ese debate.
El exjefe militar Paleo añadió otro punto de controversia. “Me preocupa la falta de mención a la problemática de la milla 350”, lamentó Paleo. Explicó que el país extendió los límites exteriores de su plataforma continental hasta la milla 350, con el aval de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Pero el proyecto de Milei limita la actuación del Comando Conjunto Marítimo a la Zona Económica Exclusiva, marcada por la milla 200. “Deja en una laguna jurídica la capacidad de detener y sancionar la depredación de los recursos del lecho y subsuelo marino”, advirtió.
En términos políticos, Sabina Frederic, exministra de Seguridad y excolaboradora de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, expresó que la iniciativa “está lanzada para generar discusiones” sobre tareas, misiones y objetivos, en momentos en que las Fuerzas Armadas tienen el presupuesto más bajo de la región. Y cerró: “Con la excusa de Malvinas, el Gobierno hizo un proyecto con muchas trampas que nada tiene que ver con la causa”.
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Nuevos crujidos con Bullrich por la reforma electoral y las teorías sobre los dardos de un gobernador cercano

Los ánimos empiezan a recalentarse en el Gobierno a medida que se aproxima el debate en el recinto del Senado de la deseada reforma electoral. El proyecto, troncal para Karina Milei, que el oficialismo considera vital para su supervivencia el año que viene, sigue complicado. Y si bien en la Casa Rosada prefieren mostrarse optimistas, aparecen alarmas en la mesa política nacional y cuestionamientos de algunos jefes provinciales que enturbian los planes del oficialismo.
Las repetidas advertencias de Patricia Bullrich se sienten como dagas en el orgullo de los máximos referentes políticos del Gobierno, en especial de Karina Milei. Mientras la jefa de los senadores violetas señala, una y otra vez, desde hace semanas, que los votos no están para eliminar las PASO, en la Casa Rosada ya responden, algo cansados de la falta de fe, que el tema, directamente, no le corresponde. Al menos en lo que concierne a la búsqueda de adhesiones.
“Esto es algo mucho más importante que los otros proyectos de ley, como puede ser Inocencia Fiscal o la reforma del BCRA”, dijo un importante funcionario, que señaló que los encargados de reunir los consensos para lograrlo son, exclusivamente, “de los Menem, Santilli y la propia hermana del Presidente”. La relevancia para el Gobierno es tal que Karina Milei se involucrará cada vez más para conseguir los votos en la Cámara alta. Y eso, creen, debería ser garantía para que salga. Mientras, en el campamento de Santiago Caputo tienen menos esperanzas: creen que la estrategia menemista para sacarla, que incluye amenazas con disputarle poder local a los caciques del interior, está errada.
Puertas afuera, los libertarios se muestran optimistas, y multiplican los gestos, reuniones de por medio, a los gobernadores. De allí el anunciado rally de encuentros “con siete gobernadores en 24 horas” que difundieron ayer el equipo de la Presidencia y de Santilli. Con tal apuro que se filtró un error de agenda y se confirmo la presencia de un gobernador que, en rigor, no podía asistir en la fecha indicada. Al final, el chaqueño Leandro Zdero irá a la Casa Rosada la semana que viene, porque hoy por la tarde tenía un compromiso previo vinculado análisis de El Niño en la zona.

El escozor en la previa inmediata del debate, que anteayer arrancó en comisión en el Senado, supera las fronteras del oficialismo y llega hasta la relación con los propios jefes provinciales a los que el Gobierno quieren convencer. Ayer Gustavo Sáenz estuvo en la Casa Rosada, sentado a la mesa de Santilli junto a sus pares de Catamarca, Corrientes y Tucumán. Y por la noche, apenas unas horas después, no tuvo reparos en salir a denunciar al Gobierno por, deslizó, su deslealtad. Lo dijo en una entrevista con El Noticiero de A24, después de dejar Balcarce 50 con una serie de promesas que, deslizó, no cree que vayan a cumplirse.
En la sede del Gobierno estallaron, aunque no se sorprendieron. “Hizo lo de siempre”, dijo un importante asesor. ¿El motivo? “Subirse el precio”, agregó, sin más. Un funcionario añadió una lectura vinculada a las necesidades domésticas de Sáenz: “Lo que pasa es que no puede pintarse de violeta, sino la votan a la Orozco”, analizaron en Balcarce 50 sobre la expresa diferenciación del mandatario salteño. La referencia alude a María Emilia Orozco, principal referente libertaria en Salta, que mantiene buena relación con Las Fuerzas del Cielo de Santiago Caputo pero responde principalmente a Alfredo Olmedo y cultiva cada vez más adhesiones en el territorio.

Las alarmas se disparan a medida que se acerca la fecha del debate en el recinto, que aún no se fijó pero no pasaría de octubre. Lo que está firme es lo de comisión: la Comisión de Asuntos Constitucionales retomó el tratamiento el martes, en una reunión que terminó sin acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio, con la intención de retomar la discusión la semana próxima o la siguiente.
Todavía no hay dictamen porque los senadores aliados del PRO, la UCR y el peronismo disidente bloquearon la firma, así que el paso al recinto sigue condicionado.
En el oficialismo insisten en que todavía hay margen para destrabar la negociación, pero reconocen que el capital político puesto en juego es alto: una derrota en un proyecto que el propio Gobierno calificó como prioritario dejaría expuesta la fragilidad de los consensos que Karina Milei, los Menem y Santilli intentan sostener con los gobernadores. Además de que le dejarían la posibilidad al fragmentado peronismo de ordenar institucionalmente su interna.
“Y, los votos no están”, repitieron muy cerca de Bullrich, en referencia a lo que la senadora le transmitió a la cúpula nacional en la reunión de mesa política del lunes. La frase, mencionada dentro y fuera del oficialismo, resume el problema con el que el Gobierno se acerca al debate de la ley que más le interesa aprobar.
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