La oposición reorientará su estrategia en la Cámara de Diputados y pondrá el foco en los proyectos de discapacidad y endeudamiento familiar para la sesión convocada el próximo miércoles 21 de octubre. Después de no conseguir el quórum para debatir la nulidad del DNU 70/2023, los bloques opositores buscarán reunir mayorías para defender sus dictámenes frente a las propuestas impulsadas por La Libertad Avanza.

La sesión fallida de este jueves dejó un balance dispar para los sectores que intentaron abrir el recinto. Si bien no lograron alcanzar los 129 diputados necesarios, consiguieron reunir a 121 legisladores y sumar a representantes vinculados con gobernadores que hasta ahora se habían mantenido al margen de algunas convocatorias opositoras.

Entre ellos estuvieron sectores con terminales políticas en Salta, con Gustavo Sáenz; Catamarca, con Raúl Jalil; y Misiones, con Hugo Passalacqua.

“Que hayamos juntado 121 voluntades no es poca cosa”, destacó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. También sostuvo que esos legisladores fueron los que “decidieron no quebrarse ante las maniobras de todo tipo que hubo desde el momento en que convocamos a esta sesión”.

Discapacidad y endeudamiento, en el centro de la estrategia

Más allá de no haber podido avanzar con la derogación del decreto firmado por Javier Milei en 2023, que modificó y eliminó distintas leyes nacionales, entre ellas la Ley de Tierras Rurales, la oposición buscará priorizar los proyectos vinculados con discapacidad y endeudamiento familiar.

En materia de discapacidad, los bloques reclaman la prórroga de la Ley de Emergencia y pretenden que sus dictámenes tengan prioridad en el debate parlamentario.

“La prioridad ahora es la sesión del próximo miércoles 21 de octubre pedida por la oposición”, afirmó el diputado cordobés Juan Brügge en declaraciones a TN.

La convocatoria incluye también el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incorporó un capítulo relacionado con la Ley de Tierras Rurales. Para la oposición, esos tres asuntos constituyen los principales ejes de la próxima discusión.

El oficialismo, por su parte, busca incorporar al temario el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional en Malvinas, siempre que consiga dictamen el próximo martes.

La sesión convocada por Martín Menem

El pedido de sesión especial para el miércoles 21 lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de legisladores oficialistas. En el temario figuran dos de las tres iniciativas reclamadas por la oposición: discapacidad y endeudamiento familiar.

Ambos proyectos cuentan con dictámenes y habían sido incluidos en la agenda impulsada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y sectores de Provincias Unidas durante la sesión que no pudo abrirse este jueves.

También está incorporado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que avanzó esta semana en las comisiones con un dictamen de mayoría. El texto sumó un capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales con el acompañamiento del PRO, la Unión Cívica Radical y el diputado santafesino José Núñez, de Provincias Unidas.

El radical Diógenes González anunció la incorporación de un cuarto capítulo, integrado por dos artículos: el 38, que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, y el 39, que restablece la Ley de Tierras Rurales. Según explicó, la propuesta fue elaborada por el interbloque Fuerza del Cambio, integrado por la UCR, el PRO y el MID.

La autocrítica de Pichetto tras la sesión fallida

La falta de quórum también abrió una discusión interna sobre la estrategia parlamentaria de la oposición. Durante las expresiones en minoría del miércoles, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto planteó la necesidad de revisar los cálculos antes de convocar a una sesión.

“La oposición va a tener que analizar más detenidamente las matemáticas. No hay que colocarse en situación de perder”, advirtió.

Sin embargo, Pichetto también justificó la convocatoria al señalar que existía “un planteo de reclamo muy fuerte” de la sociedad.

Su intervención dejó expuesta la tensión entre la necesidad de sostener los reclamos opositores y la conveniencia de evitar una nueva convocatoria sin los votos necesarios para abrir el recinto.

Para la sesión de la semana próxima, la oposición espera volver a reunir a los diputados de Unión por la Patria, los cuatro representantes del Frente de Izquierda y los tres legisladores de Elijo Catamarca, espacio que conduce Sebastián Nóblega.

También buscará sumar a los representantes salteños vinculados con Sáenz y a los cuatro diputados misioneros de Argentina Federal: Oscar Herrera Ahuad, Alberto Arrúa, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik.

La estrategia incluye además a buena parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica de Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, Encuentro Federal de Pichetto y Nicolás Massot, Primero San Luis, con Jorge Fernández y Ernesto Pipi Alí, y los monobloques de Marcela Pagano, de Coherencia, y Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba.

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Con esa base, los bloques intentarán reunir los votos para defender sus dictámenes frente a los textos de mayoría firmados en los plenarios de comisiones por La Libertad Avanza.

A diferencia de lo ocurrido este jueves, la oposición no tendrá que construir el quórum inicial, ya que la convocatoria fue solicitada por el oficialismo. Su objetivo será concentrarse en las mayorías necesarias para imponer sus posiciones durante el tratamiento de los proyectos.

El papel de los gobernadores

Las definiciones de los mandatarios provinciales volverán a ser determinantes. Los diputados que responden a los gobernadores podrían acompañar las propuestas opositoras en los temas incluidos en la convocatoria o alinearse nuevamente con la estrategia de la Casa Rosada.

Esas decisiones se conocerán sobre el cierre de la convocatoria y serán claves para establecer si la oposición consigue transformar las adhesiones reunidas en la sesión fallida en una mayoría parlamentaria efectiva.

El próximo miércoles, la discusión estará centrada en discapacidad, endeudamiento familiar y propiedad privada, en una jornada que también podría incorporar el debate sobre la soberanía argentina en Malvinas si el oficialismo consigue avanzar con el dictamen correspondiente.

Diputados, Oposición, La Libertad Avanza

Durante la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, el Gobierno repudió los disturbios registrados entre manifestantes y efectivos.

Frente a los enfrentamientos, la ministra Alejandra Monteoliva afirmó: “Los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos”.

La funcionaria advirtió que no permitirán agresiones contra los agentes ni destrozos en la vía pública durante la protesta. En esa línea, Monteoliva remarcó: “El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia”.

Los enfrentamientos comenzaron pasadas las tres de la tarde cuando un grupo rompió baldosas para arrojar proyectiles. Ante la escalada de violencia, los efectivos emplearon gases lacrimógenos y el camión hidrante para dispersar.

Por su parte, los asistentes denunciaron el accionar de los efectivos de seguridad durante la movilización estudiantil. En diálogo con la prensa, un alumno de la Universidad Nacional de La Plata criticó: “la policía empezó a reprimir”.

El operativo oficial desplegó a varias fuerzas para contener a las agrupaciones gremiales y organizaciones sociales concentradas. En las inmediaciones, los manifestantes intentaron neutralizar los gases para responder al despliegue dispuesto por el Ministerio de Seguridad.

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