El Salón de las Provincias del Senado de la Nación reunió a senadores y diputados del peronismo que, en el primer aniversario del fallo que derivó en la detención de Cristina Fernández de Kirchner volvieron a pedir por su libertad.

El espacio elegido congregó a buena parte de los miembros del bloque justicialista del Senado y a sus pares de Unión por la Patria de Diputados y fueron los presidentes de ambos bloques los que tomaron la palabra y anunciaron que presentarán una nota frente a la Corte Suprema en donde expresarán “profundo rechazo, preocupación y repudio frente a los integrantes del poder judicial partícipes de una situación que es incompatible con los principios más fundamentales del sistema democrático”.

“No hay plena democracia con jueces parciales, cuando se impide a la ciudadanía elegir, cuando no se permite participar a una dirigente. Ni los genocidas ni los narcos tienen las medidas de detención que le aplican a Cristina y entendemos que esto es un disciplinamiento político de parte de los jueces”, señaló Germán Martínez, presidente del bloque de UP y quien podría ser el encargado de llevar personalmente el documento de los legisladores al Máximo Tribunal.

Luego tomó la palabra el senador José Mayans, quien hizo referencia a que “ayer -9 de junio- fue el Día de la Resistencia peronista y la compañera Cristina inauguró hace un año el encuentro señalando que nuestra misión era continuar la lucha. Ahí ratificó la decisión de ser candidata a diputada provincial para luchar contra el gobierno cipayo y antipatria de Milei. Se postuló el 5 de julio, lo ratificó el 9 y rápidamente la Corte sacó el fallo por el temor que le tienen”.

Luego de hacer referencia al intento de magnicidio que sufrió la ex Vicepresidenta, el formoseño explicó las condiciones en las que está detenida comparándola con las especificaciones de las detenciones domiciliarias de narcotraficantes y genocidas. “Solo el 1,76% de los presos tiene restricciones de visitas”.

Acto seguido, dijo que la discusión también tiene que ver con la pena. “Le dieron 6 años de prisión pero la inhabilitaron de por vida. Hay una desproporcionalidad con la inhabilitación de por vida ¿tanto miedo le tienen?”.

“Nos están sacando la patria, por eso estamos acá, a un año de la aberración que tiene detenida a Cristina Kirchner”, agregó.

Mayans apuntó contra Javier Milei por su frase en un reportaje de “ser el presidente que se animó a meter presa a Cristina”, y también contra Mauricio Macri, quien, cuando desde el mundo libertario dijeron que su candidatura le hace el juego al kirchnerismo respondió que había que “preguntarle a Cristina si favorecimos mucho al kirchnerismo”.

Luego de hacer referencia a las noticias en las que se señalaba que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su esposa y otros funcionarios por acogerse a los beneficios de la ley de inocencia fiscal, el diputado Carlos Castagneto -ex titular de ARCA– explicó que esto no extinguía la causa penal por enriquecimiento ilícito. Fue una novedad de la jornada que los legisladores del peronismo utilizaron para contrastar y volver a insistir en el manejo político de la detención de CFK.

La interna peronista

La detención de CFK y una posible forma de obtener su libertad divide las aguas en el peronismo. Aunque entre los legisladores presentes había representantes de varias de las corrientes que confluyen en el peronismo -y estaba ausente Máximo Kirchner– hubo una pregunta en la que todos se miraron que fue si Axel Kicillof se debería reunir con la ex mandataria presa.

Este punto divide las aguas ya que hay sectores que entienden que hay que “correr” a la ex presidenta de los discursos de campaña, ganarle a Milei y, en todo caso, definir la forma en la que se va a solucionar su detención y proscripción y otros que entienden que no se puede ir a una elección con candidatos proscriptos.

“Lo que nos diferencia es ese punto”, explicó la diputada nacional y una de las figuras de La Cámpora, Paula Penacca. “El eje central es que cualquiera del peronismo que quiera volver a gobernar tiene que entender que no hay chance de generar mejor vida para la gente si hay líderes proscriptos y si alguien puede ir preso por las decisiones que tome que busquen mejorar la vida de la sociedad”.

El próximo 20 de junio La Cámpora organiza un banderazo en Parque Lezama en apoyo a la ex presidenta. En ese encuentro es probable que haya una bandera del Movimiento Derecho al Futuro. “Está bien que haya una bandera del sector de Axel, pero el debate no es si hay una bandera o no, es si el peronismo puede ir a una elección con sus referentes proscriptos”, agregó.

Cristina Kirchner,Casa Rosada,Argentina,política,Buenos Aires,balcón,intendente,proyección

El pedido de los intendentes bonaerenses para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires avance con la creación de policías municipales encontró su primera reticencia dentro del peronismo y repercutió en la Legislatura bonaerense, donde se discutirá la ley. El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado provincial, Sergio Berni, avisó que impulsará su propio proyecto de reforma policial y desconfía de la idea que vienen traccionando los jefes comunales, sobre todo del peronismo. Así, el tema empieza a ingresar a un laberinto, antes de ver la luz.

Para Berni, el tema tiene que ver con los tiempos electorales. Se emparenta, de hecho, a lo que sucedió en 2014 cuando el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, creó por decreto la Policía Local, antes de ingresar con énfasis en el campaña electoral hacia la elección del 2015. Esa fuerza de seguridad quedó absorbida luego por la estructura de la policía bonaerense. “Parece que responde más a una cuestión electoral que a un abordaje del tema. ¿Hace falta más policía o hace falta profesionalizar la bonaerense?”, suele repetir el ex ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Hoy está distanciado con el gobernador y mantiene un frente abierto en el Senado, desde la conducción del bloque peronista, con la vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta, Verónica Magario.

En la apertura de sesiones, Kicillof había anunciado que enviaría un proyecto de ley para el personal policial. El mismo, había dicho el mandatario, “actualiza la normativa y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del Siglo XXI”; además, también informó que buscará modificar la Ley de Seguridad Pública. En ese punto, Berni tiene un proyecto similar. Ya lo presentó cuando asumió como senador, pero el texto perdió estado parlamentario. Entre las distintas modificaciones que propone, se prohíbe que los policías retirados estén al frente de las secretarías de seguridad en los distritos. La idea es mirada con recelo por distintos intendentes que tienen en su gabinete a ex efectivos. “Los intendentes quieren el control del territorio”, opina Berni al respecto, y no pasa por una cuestión de mayor presencia policial. Lo ejemplifica con la cantidad de efectivos en promedio de la Policía de la Ciudad y de la Bonaerense y el número de delitos entre una administración y la otra. Cree, también, que los intendentes rechazarán esa cláusula.

Desde hace más de un mes que el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, viene reuniéndose con intendentes tanto del peronismo como de la UCR o del PRO para debatir detalles del proyecto que el Ejecutivo presentará ante la Legislatura. Ese movimiento aún no se ejecutó.

“Queremos una Policía Municipal con unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, plena autonomía funcional y facultades disciplinarias propias. Además, planteamos que los oficiales municipales tengan verdadero estatuto policial, incluyendo la facultad de portar armas de fuego”, decía el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, del PRO aunque cercano a la senadora nacional y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Pero los intendentes que orbitan cerca de Kicillof también presionan para darle un marco normativo a las fuerza de seguridad local. Lo planteó el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, luego de reunirse con Alonso. “Tenemos que ver un marco normativo superior que es la ley provincial, que ordene a todos, otorgue facultades, que otorgue financiamiento, que mejore los presupuestos y que esa garantía sea política de Estado”, aseguró Sujarchuk.

Además de ser el presidente del bloque peronista en el Senado, Berni quedó al frente de la comisión de Seguridad. Recientemente conformada la comisión, el exministro usará ese ámbito para marcar sus diferencias con la vicegobernadora y titular de la Cámara alta. Lo explicitó cuando se conformó la comisión de Seguridad, semanas atrás. “En virtud de que la cámara hace casi 6 meses que no funciona, y que es una falta de respeto hacia los bonaerenses, por todas estas falencias y nulidades, vamos a hacer la formalidad de crear una comisión de seguridad”, planteó en la primera reunión de comisión. Las diferencias son políticas y se enmarcan en la discusión interna y macro que atraviesa el peronismo.

En el recorrido legislativo, en algún momento, el proyecto que eleve el Ejecutivo sobre policías locales debería pasar por la comisión de Seguridad que comanda Berni, que tiene once integrantes. De ese total, Fuerza Patria tiene seis integrantes, aunque están repartidos sectorialmente. Por el cristinismo, además de Berni, se anota Sabrina Bastida. Los intendentes cuentan con la figura de Adrián Santarelli; mientras que el Frente Renovador -que está a favor de las policias comunales- cuenta con la presencia de Marcos Pisano y Malena Galmarini.

Intendentes,Buenos Aires,Javier Alonso,Policía Municipal,Escobar,seguridad,reunión,gestión,política,Argentina

En la Justicia hay dudas de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pueda justificar su patrimonio, en la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita.

La estrategia del funcionario fue presentar una declaración jurada realizada por contadores, con supervisión de su abogado, documento que la Justicia dejó trascender que le resulta insuficiente, que se trata de “un dibujo”.

El funcionario deberá probar con documentación sus declaraciones, en las que dijo que parte de su patrimonio proviene de ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas junto a su esposa.

La situación del funcionario es muy complicada, porque tendrá que justificar su patrimonio, como el origen de los US$200.000 que dijo que invirtió en criptomonedas junto a su pareja, por el que ganaron, según su versión, US$300.000 entre 2014 y 2018. El funcionario también reconoció que se trataba de ahorros “de toda la vida, en negro”. Entre las justificaciones deberá presentar las claves de acceso a las cripto, y demostrar si eran de él.

El fiscal trabaja en una medida clave para avanzar con a invstigación: el requerimiento de justificación de bienes de Adorni, una instancia previa a un eventual llamado a indagatoria, que solo se concretará en el caso de que el jefe de Gabinete no pueda probar su crecimiento patrimonial.

Leé también: La declaración jurada de Adorni profundiza las dudas y complica la estrategia política de Milei

La redacción de este escrito, que está casi listo, avanzado, tiene más de 150 páginas. Previo a la concreción de este procedimiento se deben analizar las declaraciones juradas del funcionario, que incluyen rectificativas de presentaciones anteriores. Sumado a la declaración de carácter reservado, donde deben figurar, por ejemplo, todos los detalles para acceder a las cripto en cuestión. Declaración que todavía el funcionario no presentó.

La semana pasada, Pollicita dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, como anticipó TN, con el pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que informe si el funcionario y su esposa presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025. En caso afirmativo, requirió que sean remitidas de manera urgente a la fiscalía, además de las declaraciones presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El fiscal solicitó además que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público correspondientes a esos ejercicios sean incorporadas al análisis patrimonial que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Manuel Adorni