POLITICA
La oposición busca abrir el debate en Diputados por el endeudamiento de las familias y ya hay 35 proyectos
La oposición en la Cámara de Diputados busca abrir el debate sobre el endeudamiento de las familias con bancos, entidades de crédito y Fintech, ante el crecimiento de la morosidad y la cantidad de personas que recurren al financiamiento para llegar a fin de mes. Ya hay 35 proyectos presentados en la Cámara baja y otras iniciativas en el Senado, mientras distintos sectores reclaman que el Estado intervenga para regular la situación.
“Tras la sesión del 26 de agosto avanzaremos con el debate para que llegue al recinto”, le adelantó a TN el socialista Esteban Paulón, quien este viernes reunió a legisladores nacionales, provinciales e invitados para dar el puntapié inicial a la discusión.
El planteo de la oposición choca con la postura expresada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien considera que se trata de “un tema entre privados”. Los legisladores que impulsan las iniciativas sostienen que la dimensión alcanzada por el endeudamiento requiere una respuesta del Estado.
La propuesta de Unión por la Patria
La diputada de Unión por la Patria (UxP) Raquel Kelly Olmos presentó el proyecto Régimen integral y desendeudamiento de las familias argentinas, que busca proteger los intereses económicos de las familias en el acceso y utilización del crédito, garantizar condiciones de financiación razonables, equitativas y transparentes y prevenir el sobreendeudamiento.
La iniciativa también propone mecanismos para facilitar la normalización de las obligaciones financieras y resguardar los derechos de consumidores y usuarios.
“El Estado tiene que regular la situación para que la relación entre privados contribuya a la inclusión financiera y a una relación armónica, como lo hace en muchos otros aspectos. No tiene que dejar que los privados lo resuelvan solos, ya que pueden terminar destruyendo no solo sus vidas sino, el marco social. La dimensión que tomó este problema obliga a una intervención clara de regulación”, señaló Kelly Olmos a TN.
El proyecto fue firmado además por los peronistas Victoria Tolosa Paz, Jorge Araujo Hernández, Germán Martínez, Nicolás Trotta y Agustín Rossi, entre otros.
La propuesta declara la emergencia por sobreendeudamiento de las personas físicas con entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, con Proveedores de Servicios de Pago (PSP), Proveedores no Financieros de Crédito (PNFC) y Proveedores de Servicios de Crédito entre Particulares a través de Plataformas (PSCPP).
La emergencia regirá hasta que la ratio de irregularidad del crédito de la cartera de las personas humanas publicada por el BCRA sea menor o igual a 3% en el promedio de los últimos seis meses.
Los datos de Santa Fe: más financiamiento y mayor morosidad
Durante el debate en Diputados también participó Gisele Mahmud, legisladora santafesina del Partido Socialista, quien contó que su bancada presentó en la provincia un proyecto para crear un servicio extrajudicial de saneamiento de deudas y un Código de Protección de Consumidores y Usuarios.
Mahmud mostró datos oficiales de Defensa del Consumidor de Santa Fe y señaló que el 62,7% de las personas adultas tiene al menos un financiamiento activo. El 42,9% tiene deudas vinculadas a tarjetas de crédito y el 38,2% tiene préstamos personales.
Los créditos hipotecarios representan apenas el 0,4% del financiamiento en la provincia, mientras que 4 de cada 10 santafesinos recurren al endeudamiento para llegar a fin de mes.
La morosidad de la cartera de consumo pasó del 2,5% al 11,5% en los últimos 15 meses. En los proveedores no financieros de crédito, como Fintech, billeteras, tarjetas de supermercados, cooperativas y mutuales, la mora alcanza al 32,2%.
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Entre enero y julio de este año, Defensa del Consumidor recibió 7465 denuncias, de las cuales casi 2000 corresponden al sistema financiero.
La legisladora Mahmud señaló que desde su espacio apoyan “la posibilidad que se regule en el Congreso de la Nación algunos de los aspectos principales vinculados a esta problemática y como también lo hacemos en nuestra provincia”.
La CGT cuestionó el endeudamiento de los trabajadores
Desde la CGT, Carla Gaudensi, secretaria de género de la central obrera, también participó del debate en la Cámara baja y puso el foco en el uso del crédito para afrontar gastos cotidianos.
“Endeudarse para comer, para pagar el alquiler, para pagar las expensas, para pagar los medicamentos, para viajar al trabajo, con el banco, con las billeteras virtuales. Endeudarse no es un problema individual, es un problema de nuestra clase trabajadora. Pero no es un problema que cayó del cielo: lo generó este gobierno que debutó con una devaluación brutal que pegó de lleno en nuestros salarios y jubilaciones”, dijo.
Los proyectos que buscan debatirse en el Congreso
Los distintos sectores de la oposición, tanto los más cercanos como los más alejados del oficialismo, presentaron proyectos para buscar una solución al endeudamiento de las familias. En Diputados ya hay 35 iniciativas y también existen propuestas en el Senado.
Incluso los aliados de La Libertad Avanza, como el PRO, la UCR y otras fuerzas provinciales, le pidieron al Gobierno nacional que tome alguna medida frente al problema.
La radical crítica María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, sostuvo que se trata de un fenómeno que genera “una gran sensibilidad social” y que debe preocupar al Congreso y generar una respuesta estatal.
La diputada del radicalismo jujeño también advirtió sobre las nuevas formas de endeudamiento a través de plataformas virtuales y Fintech, que consideró que no están claramente reguladas. Además, mencionó a los “prestamistas informales en los barrios que hasta desarrollan un sistema de extorción”.
Con los proyectos ya presentados, el próximo paso que busca dar la oposición es pedir al oficialismo que habilite las comisiones correspondientes para discutir y consensuar las distintas iniciativas y avanzar hacia el recinto.
deudas, familias, Congreso, Esteban Paulón
POLITICA
Elecciones 2027: por qué Milei domina la conversación del peronismo en redes y condiciona su agenda
El peronismo mira a 2027 con el anhelo de recuperar la Casa Rosada, aunque corre el riesgo de confundir la intensidad de sus discusiones internas con el lugar que ocupa en la conversación pública. Mientras gobernadores y dirigentes ensayan posicionamientos, las redes muestran un espacio con pocas figuras de peso, una reputación deteriorada y dificultades para construir una agenda propia.
Según el análisis de Monitor Digital, Cristina Kirchner concentra 7,5% de la conversación sobre los principales dirigentes políticos del país, seguida por Axel Kicillof, con 5,1%, y Sergio Massa, con 4,3%. Entre los tres reúnen 16,9% del diálogo político digital. Los demás nombres analizados permanecen por debajo del 1% individual.
La expresidenta conserva el primer lugar dentro del peronismo pese al arresto domiciliario y a su impedimento para competir electoralmente. Ninguna figura consigue desplazarla con claridad del centro simbólico del espacio. Pero esa centralidad también encuentra un condicionamiento externo: Javier Milei aparece entre los términos principales de las conversaciones sobre Cristina, Kicillof y Massa.
El Presidente organiza buena parte del debate sobre quienes aspiran a sucederlo.
Cristina conserva el centro; Kicillof acorta la distancia
La evolución de las menciones permite distinguir tres recorridos. Cristina Kirchner pasó de 4,7% en 2023 a 8% en 2024 y 8,8% en 2025, para retroceder al 7,5% actual. Su protagonismo se consolidó durante los últimos años, aunque la medición más reciente muestra una pérdida de impulso.
Kicillof exhibe la trayectoria más consistente: pasó de 1,3% en 2023 a 2,1% en 2024, 3,7% en 2025 y 5,1% en 2026. Es el único de los tres que crece en cada medición interanual. El gobernador bonaerense todavía sigue detrás de Cristina, pero la distancia se achicó y su participación prácticamente se cuadruplicó desde 2023.
Massa muestra otro derrotero. Durante la carrera presidencial de agosto de 2023 alcanzaba 13,4% de la conversación. Su participación tocó 1,8% en 2025 y recuperó terreno hasta 4,3% en agosto de 2026.
El exministro vuelve a ganar visibilidad, aunque permanece lejos de aquella centralidad electoral. Su regreso todavía está en veremos.
Un segundo pelotón sin fuerza suficiente
Detrás del trío principal, Juan Grabois y Ricardo Quintela reúnen 0,9% cada uno. Guillermo Moreno registra 0,5%; Martín Llaryora y Jorge Capitanich, 0,4%; Gerardo Zamora, 0,3%, y Dante Gebel, 0,2%.
Los números describen un segundo pelotón que todavía no amenaza a las figuras más instaladas. La discusión partidaria puede poblarse de aspirantes, pero su traducción digital resulta mucho más limitada: después de Cristina, Kicillof y Massa, la conversación pierde intensidad rápidamente.
El peronismo dispone de nombres para discutir candidaturas. La atención pública se reparte entre muchos menos.
Milei se mete en todas las conversaciones
Las palabras asociadas a los principales dirigentes muestran hasta qué punto el oficialismo condiciona el debate opositor.
En la conversación sobre Kicillof, Milei comparte protagonismo con Provincia, Gobierno y Buenos Aires. En Cristina, el Presidente y el Gobierno conviven con referencias a la justicia, los jueces y San José 1111. En Massa, Milei aparece como término dominante, acompañado por peronismo, Gobierno, Kicillof, Cristina e inflación.
Estos cruces sugieren que una parte sustancial de la visibilidad peronista se construye en relación con el Presidente. Incluso cuando la conversación lleva el nombre de un opositor, Milei ocupa un lugar central.
La distribución temática refuerza esa lectura. Política concentra 33,2% de las menciones y Gestión, 22%. Juntas reúnen 55,2% del total. Después aparecen Economía, con 8,8%; Justicia, con 7,7%; Agenda Social, con 6,5%, y Corrupción, con 6,2%.
La competencia partidaria, las administraciones y los conflictos institucionales dominan el intercambio. La discusión parece más concentrada en quién controla el poder que en el proyecto de quien pretende ejercerlo.
PJ
POLITICA
El juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo por Hotesur y Los Sauces comenzará antes de fin de año
El juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por la causa Hotesur y Los Sauces en la que ambos están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita comenzará antes de fin de año, anticiparon a fuentes judiciales.
El Tribunal Oral Federal 5, presidido por el juez José Michilini, analiza anunciar en los próximos días la fecha de comienzo de las audiencias, que ya anticipan que arrancarán antes de las vacaciones de verano.
Los magistrados Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni -subrogante en el tribunal- comenzaron a preparar el juicio oral, que enfrentarán 17 imputados.
El siguiente paso es esperar las listas de las defensas y la fiscalía con sus propuestas de reducción de la cantidad de testigos. Había más de 300, pero se acordó que se reducirían en un 30 o 40 por ciento.
Una vez que se presente el listado definitivo de testigos, con las propuestas de los acusadores y los defensores, se darán por incluidas las declaraciones que prestaron esos mismos testigos en la primera etapa de la instrucción, sin necesidad de que vuelvan a comparecer en el juicio.
Con este procedimiento definido y la entrega final del peritaje contable sobre los fondos transferidos desde las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez a las empresas de la familia Kirchner, se estará en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio oral.
El delito precedente del lavado de dinero en el caso de Lázaro Báez sería los actos de corrupción comprobados en la causa Vialidad, mientras que, respecto de López, los beneficios impositivos que recibió para su petrolera Oil Combustibles, causa por la que finalmente fue absuelto y en la que solo fue condenado Ricardo Echegaray.
Un tema espinoso que queda por definir es la integración del tribunal oral que realizará el juicio. Michilini y Palliotti son jueces titulares y no se discute que serán de la partida. En cambio, Machado Pelloni es suplente desde febrero de este año.
Si las audiencias comienzan antes de que finalice la subrogancia de Machado Pelloni, este juez se quedará todo el juicio en el tribunal. Lo mismo sucedería si se pone fecha al juicio y Machado Pelloni permanece en el cargo, interpretan algunos magistrados.
El concurso para designar al juez titular ya está avanzado y el Consejo de la Magistratura envió al Poder Ejecutivo una terna de nombres para cubrir el cargo. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aún no envió ese nombre al Senado para pedir el acuerdo.
En tanto, existe un debate en Comodoro Py acerca de qué pasaría cuando el Gobierno finalmente designe y el Senado confirme a un titular para esa vocalía.
La duda sería si ese nuevo magistrado podría “correr” a Machado Pelloni y sumarse al tribunal que lleva adelante el juicio a Cristina Kirchner. O, por el contrario, si corresponde que el mismo tribunal que empezó el debate oral debe terminarlo, lo que impediría el reemplazo una vez arrancado el juicio.
Hay consenso mayoritario en que el nuevo titular no podría juzgar a Cristina Kirchner porque el tribunal ya quedó conformado con el subrogante, aunque el asunto será motivo de debate e impugnaciones por parte de los abogados defensores.
La acusación del fiscal
Otro tema espinoso es la acusación fiscal. En esta causa Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, según el auto de elevación a juicio.
La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba las empresas de los Kirchner.
Pero Cristina Kirchner fue absuelta por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, donde fue condenada por fraude a seis años de prisión, que está cumpliendo detenida en su domicilio.
Por eso el abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, pidió cambiar los términos de la acusación hace una semana.
Beraldi, como otros colega en Tribunales, entienden que “debería readecuarse la plataforma fáctica de la acusación”, ya que si ya fue absuelta por este delito en el caso Vialidad y ese fallo quedó firme con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no podría volver a ser juzgada por el mismo delito.
La fiscalía en principio no comparte la idea de que haya que readecuar nada, revelaron fuentes judiciales a . Al menos en el comienzo del proceso; luego se vería con el avance del caso y a la hora de pronunciar el alegato final.
No está en la voluntad de la acusación forzar una figura penal para sumar más pena, cuando la figura agravada del lavado presupone cierta organización y el delito tiene una pena máxima importante.
En una audiencia de organización del futuro juicio oral realizada el 4 de septiembre pasado los jueces Michilini, Machado Pelloni y Palliotti resolvieron que las audiencias se desarrollarán de manera presencial en los tribunales federales de Comodoro Py, tres veces por semana.
Estas causas investigan un supuesto lavado de dinero proveniente de contratos con el Estado a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.
“No va a haber virtualidad”, repitió en distintos tramos de la audiencia el presidente del Tribunal, José Michilini.
El juez transmitió que en las audiencias probatorias en las que declaren testigos, los imputados podrán estar representados por sus defensas, pero en aquellas otras en las que se requiera la participación de los acusados, como en las indagatorias, todos deberán, sin excepción, estar presentes en la Sala AMIA de Comodoro Py.
Así, la expresidenta deberá acudir a los tribunales cuando le toque ser indagada, como lo hizo en el juicio por los cuadernos de las coimas, que se está desarrollando.
El TOF 5 fue enfático respecto de que el principio general que regirá el juicio será la presencialidad. Incluso anticipó que, si alguna de las audiencias previstas no pudiera concretarse durante la semana por cuestiones de agenda, podría realizarse durante el fin de semana.
El tribunal dejó abierto un margen para la virtualidad para aquellos imputados que no residan en la capital y quieran poder seguir las audiencias en las que su presencia no sea un requisito. Se evaluará caso por caso.
No hubo alusiones explícitas a si el juicio será transmitido por YouTube, como sucede con otros procesos, como el de los cuadernos. El juez afirmó que no hay dudas respecto a la publicidad del juicio, pero no se asomó a esta cuestión.
El fiscal Diego Velasco insiste con su pedido para que se fije fecha de inicio.
Todas las partes acordaron que se lea una versión reducida del requerimiento de elevación al comienzo, para que el proceso gane agilidad.
El abogado Beraldi pidió la exclusión de unos 30 testigos propuestos por la Oficina Anticorrupción, dado que este organismo no es parte del expediente.
En cambio, de la audiencia también formaron parte los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa.
Una parte de la acusación busca probar que el dinero recibido por el empresario Lázaro Báez a través de contratos irregulares de obra pública en la provincia de Santa Cruz fue redirigido al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de uno de sus hoteles.
Por eso, los casos Vialidad y Hotesur-Los Sauces comparten un trasfondo común. La primera parte de esa hipótesis fue juzgada en la causa Vialidad, donde se acreditaron numerosas irregularidades en la adjudicación y la ejecución de esos contratos. La segunda es la que se juzgará en este proceso, junto con otras maniobras similares.
Historia del caso
El caso Hotesur-Los Sauces fue elevado a juicio oral hace cinco años. El Tribunal Oral Federal 5, con otra integración y los votos de Adrián Grunberg y Daniel Obligado, sobreseyó a todos los acusados, incluidos Cristina y Máximo Kirchner, sin juzgarlos.
Pero esa sentencia fue revertida por la Sala I de la Cámara de Casación (con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone), que excluyó del caso a la hija de la expresidenta, Florencia Kirchner.
La Corte Suprema rechazó todos los recursos de las defensas y pidió hace dos años celeridad en la realización del juicio aún sin fecha.
Entre los acusados también se encuentran Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de Mercado y directivo de la compañía.
También Báez, dueño de Austral Construcciones, Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.
El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre S.A.; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.
Hotesur y Los Sauces,redirigido al patrimonio de la familia,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Corrupción en la Argentina,Conforme a
El Gobierno de Javier Milei busca reactivar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto estratégico para la presencia argentina en el Atlántico Sur y la logística hacia la Antártida que permanece paralizado después de haber comenzado durante la gestión de Alberto Fernández.
La obra volverá a tomar impulso a partir de 2027, en medio de la nueva ofensiva diplomática de la Casa Rosada por la soberanía de las Islas Malvinas. El Ejecutivo ya reasignó $217.954 millones para el Ministerio de Defensa a través del DNU 867/2026 y anunció que buscará incorporar nuevos recursos en el Presupuesto 2027.
El proyecto original comenzó en marzo de 2022 y alcanzó un 9,13% de avance físico antes de quedar prácticamente detenido. Entre las obras ejecutadas hasta ahora figuran trabajos de movimiento de suelo, galpones modulares y una platea de hormigón armado.
Una obra pensada para el Atlántico Sur y la Antártida
La ubicación de la futura base es uno de sus principales atributos estratégicos. El predio está situado en la zona oriental de la bahía de Ushuaia, sobre el canal Beagle y cerca del aeropuerto internacional.
Milei viajará a Nueva York en plena ofensiva por Malvinas: encabezará un foro sobre libertad económica
La idea es concentrar en un mismo complejo capacidades navales, logísticas y de apoyo a las campañas antárticas. La documentación oficial contempla instalaciones para el comando naval, servicios marítimos, depósitos, talleres, viviendas y un área específica para la logística hacia el continente blanco.
El proyecto también prevé la posibilidad de brindar servicios logísticos a embarcaciones extranjeras que operen hacia o desde la Antártida. Desde el Gobierno remarcan, sin embargo, que la infraestructura será 100% argentina y que no existe un acuerdo para construir una base conjunta con Estados Unidos.
El muelle será la obra central
Uno de los componentes más importantes será el muelle, que en el proyecto actual contempla una extensión total de 585 metros.
La primera etapa apunta a construir aproximadamente 240 metros y permitiría mejorar la capacidad de amarre y operación de las unidades navales que actualmente utilizan instalaciones auxiliares.
El desarrollo continuará posteriormente hasta completar el muelle y sumar los sectores destinados a la logística antártica.
Entre las instalaciones previstas aparecen galpones de carga, depósitos, cámaras frigoríficas, talleres, espacios para combustible y áreas destinadas al movimiento de equipos.
La base también contará con infraestructura para servicios marítimos y con las redes necesarias de agua, electricidad, gas, cloacas y comunicaciones.
Seis obras para reactivar el proyecto
La planificación contempla seis grandes frentes de trabajo:
Construcción del muelle.
Obradores e instalaciones de apoyo para ejecutar trabajos durante el invierno fueguino.
Edificio de servicios marítimos.
Urbanización y redes de servicios básicos.
Edificios destinados a la logística antártica.
Relocalización de la actual Base Naval Ushuaia, junto con nuevas viviendas para el personal.
La primera etapa estará concentrada en el muelle, los servicios marítimos, la urbanización y la logística antártica. Posteriormente se avanzará con los edificios de comando y las viviendas. La documentación oficial establece que el proyecto está organizado en tres grandes etapas.
Cuánto dinero puso el Gobierno
El primer refuerzo presupuestario significativo llegó después del anuncio de Milei sobre la reactivación de la obra.
El DNU 867/2026 reasignó $217.954 millones para distintas áreas del Ministerio de Defensa. El monto incluye recursos destinados a adelantos a proveedores y contratistas y no puede interpretarse automáticamente como dinero exclusivo para la Base Naval Integrada.
Dentro de esa reasignación existe una partida identificada de aproximadamente $114.733 millones vinculada a adelantos a proveedores y contratistas de largo plazo, aunque el decreto no permite atribuir todo ese monto exclusivamente a la base.
El Gobierno, además, prevé incorporar más de $300.000 millones para el proyecto dentro del Presupuesto 2027, aunque esa partida deberá ser discutida y aprobada por el Congreso.
Por eso, el monto actualmente reasignado no representa necesariamente el costo total de la obra.
Malvinas: Javier Milei prepara nuevas sanciones y busca que la oposición acompañe en el Congreso
Una obra que empezó en 2022 y quedó frenada
La Base Naval Integrada no nació durante la gestión de Milei. El proyecto comenzó formalmente en marzo de 2022, cuando el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó el inicio de los trabajos. El objetivo declarado era fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.
Durante 2022 y 2023 se realizaron tareas preparatorias, movimiento de suelos y la construcción de estructuras destinadas a funcionar como obradores. También se ejecutó parte de las fundaciones y una platea de hormigón armado.
Sin embargo, el proyecto avanzó hasta alcanzar apenas un 9,13% de ejecución física y quedó prácticamente detenido durante los años siguientes.
Ahora, la administración de Milei busca retomar los trabajos y convertir la obra en uno de los proyectos estratégicos de Defensa para los próximos años.
La competencia con Punta Arenas
La apuesta también tiene una dimensión económica y logística.
Actualmente, Punta Arenas, en Chile, concentra buena parte de los servicios destinados a las embarcaciones y expediciones que se dirigen hacia la Antártida.
El Gobierno argentino busca que Ushuaia pueda recuperar protagonismo como puerta de entrada al continente blanco. Su ubicación geográfica representa una ventaja, ya que permite acceder rápidamente desde el canal Beagle hacia aguas abiertas y desde allí continuar hacia el sur.
La nueva infraestructura permitiría que buques científicos, militares y comerciales puedan utilizar servicios logísticos argentinos antes de continuar sus operaciones antárticas.
Malvinas, Atlántico Sur y proyección antártica
La reactivación de la base ocurre además en un momento de creciente tensión diplomática por las Islas Malvinas.
El Gobierno de Milei anunció nuevas sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el archipiélago y busca reforzar el reclamo argentino por la soberanía.
En ese escenario, la Base Naval Integrada es presentada por la Casa Rosada como parte de una estrategia más amplia para aumentar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la Antártida.
El ministro de Defensa, Carlos Presti, aseguró que la obra se financiará con recursos argentinos y negó que exista participación extranjera en su construcción.
La intención oficial es que la infraestructura permita mejorar las capacidades de la Armada, reforzar el monitoreo de la zona económica exclusiva y ampliar la capacidad logística argentina hacia la Antártida.
La entrada Base Naval de Ushuaia: cuánto invertirá Milei y qué obras comenzarán en 2027 se publicó primero en Nexofin.
Base Naval Integrada,Javier Milei,Malvinas,Ushuaia
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