POLITICA
La oposición pone a Milei frente al espejo y la heladera le gana al celular
El Gobierno no explica sus prioridades: por qué hay plata para algunas cosas y no para otras. Anuncia baja de retenciones al campo y prepara quita de subsidios al gas. Pero tampoco empatiza con aquellos a los que les pide paciencia, un esfuerzo más para “hacer a Argentina grande nuevamente”. Los datos hablan: sube el nivel de endeudamiento, baja el dinero disponible de las familias y cae el número de empleadores y de trabajadores formales. Pero no todo es el bolsillo. O sí. En pocos días se conocerán los datos del índice de suicidios en Argentina y mostrarán un aumento para 2025 de más del 21% respecto del año anterior.
Ayer, el ministro de Economía, Luis Caputo, posteó en X: “En marzo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 3,5% mensual en la serie desestacionalizada y de 5,5% en la comparación con igual mes de 2025”. No es falta de entusiasmo, pero para no caer en “la inseguridad es una sensación” de Aníbal Fernández, hay que interpretar los datos en contexto.
Patricio Larroulet, de la consultora Alquimia, advierte que los sectores que empujan la estadística son los que conocemos: minería, agro y pesca; mientras que los rubros construcción, industria y comercio están comparados contra uno de los peores momentos del 2025 (crisis cambiaría que derivó en un nuevo programa del FMI). No obstante, en un intento de optimismo, desliza: “Ojalá esto sea un momento de boom, pero la verdad que cuesta pensarlo. Los datos de alta frecuencia que hay de abril, vuelven a mostrar señales de estancamiento en indicadores como despachos de cemento, faena de vacas, molienda de soja y salario real. ¿Implica esto que el plan Milei es un fracaso? No, pero lejos estamos de ver una economía que trae bienestar a todos”.
El martes, durante su presentación en Valo, el Presidente insistió en que no cambiará el rumbo, que la inflación seguirá bajando y que su Gobierno pasó “de la política social que le regalaba el pescado a la gente a enseñarle a pescar”. Antes, había defendido al diputado Manuel Quintar de quienes lo criticaron por presumir de su flamante Tesla, un auto que en Argentina no se consigue por menos de 250 mil dólares. A los dos días apareció en un stream para decir que la batalla a cielo abierto que lideraban su “hermano” Santiago Caputo y Martin Menem en una red social, era una trampa “prefabricada”.
Lo que se advirtió esta semana es que la palabra del Presidente ya no clausura ninguna discusión. Ni siquiera las propias. Sin embargo, esas diferencias no son las que amenazan la popularidad del proyecto libertario. Son cotillón. El problema real está en el bolsillo, el empleo y la paciencia. El peronismo, principal espacio opositor, hace silencio y se ilusiona en que con eso alcance.
“En el Gobierno se pelean entre ellos porque el peronismo se corrió y dejó a Milei frente al espejo”, graficó un dirigente del peronismo bonaerense, para quien la interna que enfrenta su propio espacio no es, en esta instancia, necesariamente dañina. “Si el peronismo hoy estuviera unido y ordenado, Milei se estaría peleando con nosotros. Es lo que más le sirve y lo que intenta todo el tiempo”. Es eso, o admitir que los sectores que resisten la candidatura a Presidente del gobernador Axel Kicillof aún no tienen candidato.
Es cierto que aún es pronto y que muchos que en 2022 se sentían presidentes no llegaron ni a ser candidatos. Pero también es real que Kicillof tiene la voluntad de competir y que en su entorno muchos creen que “para no ser Alberto Fernández”, no puede aceptar los condicionamientos de Cristina Kirchner, sino ganarle una interna a su candidato. A esa tesis le falta una pata: Sergio Massa. Esta semana, su esposa Malena Galmarini y su suegro, Pato Galmarini, repitieron en el stream “Padre boludo, hijo boludo” que en 2027, para ellos, el candidato es Massa.
También hay otras aventuras en el universo peronista. Los diputados Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto vienen conversando con intendentes bonaerenses para testear cómo impacta el nombre de Jorge Brito, dueño del banco Macro, entre otras cosas. El domingo estuvieron con Leonardo Boto, de Luján, y el lunes con Jorge Ferraresi, de Avellaneda. Del primero se llevaron la idea de que el peronismo “tiene que dejar de pelearse con las multinacionales”; del segundo que “hoy Cristina es guiada por Máximo”. Cuesta creer.
Demasiados peronismos, poca conducción, buena oportunidad; podría pensar Brito, hijo del empresario Jorge Brito, fallecido en 2020 y de excelente relación con Massa. El banquero no dice que no, tampoco que sí. Deja hacer y espera no tanto el final del Mundial, como las elecciones de noviembre en Estados Unidos para tomar una decisión.
Por ahora, la única certeza es que Kicillof está lanzado y hace equilibrio para que el ajuste del gobierno nacional no se le convierta en bumerang. En los últimos días, un grupo de intendentes transmitió su preocupación por los recortes en la provisión de medicamentos y el aumento del precio de la nafta que los obliga a reducir las rondas de los patrulleros. Los jefes comunales saben que hay cosas que no pueden faltar: comida, remedios y seguridad.
La situación de Kicillof no es fácil. La provincia que gobierna es la más populosa y a la que más le impacta la política industrial de Milei. El miércoles su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, terminó haciendo de escudo para evitar un enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes convocados en San Martín para reclamar por el cierre de la PYME número 25 mil en PBA.
Por eso, algunos en el PJ insisten en no anticiparse y esperar. “El peronismo tiene que aprovechar el mundial para sentarse a discutir en una mesa cinco conceptos, valores que den cuenta de que piensa el peronismo hacia delante y que estén en línea con el clima de época”, arriesga un dirigente con vasta experiencia.
Coincide, en parte, con el análisis de un ex intendente reconvertido en asesor de posibles inversores extranjeros: “En 2027 gana la elección el que sepa cómo convertir los dólares de Vaca Muerta en desarrollo y comunicárselo a la gente. La elección se ordena por dos cosas: 1. La oferta. 2. El tema. En 2025 el tema fueron los discapacitados en septiembre y la economía en octubre. La oferta hace que yo elija entre el mejor o el menos malo”.
La heladera le ganó al celular
Pero ya se dijo acá muchas veces: hablar hoy de candidaturas es un disparate. En muchos sectores del peronismo imaginan a un Milei competitivo en 2027 y no descartan que pudiera aplicar un cambio de dirección, de furioso pragmatismo, para conseguirlo. Pero también anotan que hay un nuevo clima de época. O como dijera un dirigente que integra la mesa política del Gobierno: “La gente hizo un click”.
Los climas de época cambian y cambian rápido. Esa foto con la Ferrari roja que popularizó a Carlos Menem en Pinamar el verano de 1995 y fue parte del cotillón para su reelección, fue la misma foto que dos años después, en las legislativas de 1997, le permitió a la Alianza construir su discurso de campaña y ganar.
Por eso, cuando algunos se preguntan: ¿Qué le pasó a Milei? ¿En que se convirtió el Gobierno? ¿Por qué tantos “tiros en el pie”? Vale advertir que en esa pregunta lo que está mal es el sujeto: no es Milei, es la sociedad. Milei es el mismo, lo que cambió es el humor social. Lo que antes causaba sorpresa, seducción y hasta admiración; hoy genera rechazo. Como sintetizó un político de raza: “La heladera le ganó al celular”.
En este contexto, no deja de sorprender la audacia del Gobierno. Unos días después que el ministro de Economía, Luis Caputo, avisara que “seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, la Cámara de Diputados le daba media sanción a un proyecto del Ejecutivo para modificar el régimen de “zonas frías” –ampliado en 2021 por impulso de Máximo Kirchner– y reducir el subsidio en la tarifa de gas a más de 1.6 millones de argentinos. La misma semana que el Presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmara que no habrá salvavidas del Estado para los morosos.
Si bien es cierto que el dato de inflación de abril trajo alivio al equipo económico, saben que para llenar la heladera no alcanza con que los productos no aumenten de precio, sino que se necesita plata para poder comprarlos. Por eso, en el último tiempo empezó a escucharse, cada vez más, el concepto de dinero disponible: eso que le queda a las familias después de pagar los gastos fijos como alquiler, transporte, servicios. Y ese dinero disponible es cada vez menos.
En su último informe, la consultora Equilibra de Martin Rapetti señala que en marzo “el ingreso disponible cayó 0,4% mensual y un 1,9% interanual, quedando 12% abajo del nivel promedio previo a la transición de gobierno (enero-septiembre 2023)”. Allí, explican que si bien la inflación bajó un 0,8% respecto de marzo (pasó de 3,4% a 2,6%), los gastos fijos crecieron un 4,1%. ¿Qué quiere decir? Qué aunque los precios se mantengan, la gente tendrá menos plata disponible para comprarlos.
El ahogo financiero se advierte, también, en los niveles de morosidad que registraron en marzo su nivel más alto desde 2004, llegando al 11,5%. La explicación oficial a esa dificultad que encuentran familias y empresas, cada cual en su escala, para honrar sus deudas, se basó en una mala decisión. Para el ministro de Economía, Luis Caputo, muchos argentinos en un error de cálculos se “sobreendeudaron” creyendo que la inflación licuar las cuotas y para el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, los bancos y billeteras otorgaron créditos “a ciegas, sin saber a quién se le estaba prestando”.
Sin ir más lejos, el propio Banco Nación registró un fuerte aumento en el nivel de mora y amplió en marzo una suerte de “moratoria”, abierta en febrero, para ayudar a sus clientes morosos a saldar deudas. En abril, el banco contabilizó más de 170 mil cuentas de tarjeta de crédito con mora, más del doble de lo registrado en febrero. A esos clientes se les ofreció un plan de pago en cuotas con un plazo máximo de 5 años y una tasa de interés fija anual de 27% para los casos menos graves y un plan de hasta 8 años para aquellos con una mora superior a 90 días.
Un dato: el 30% de los clientes que no pudieron afrontar sus deudas, dejaron de recibir, casi al mismo tiempo, los aportes patronales; es decir, se quedaron sin trabajo. Fin.
Javier Milei,Argentina,Presidente,Casa Rosada,despacho,política,preocupación,acuarela,reflejo,Buenos Aires
El Gobierno incorporó un nuevo funcionario a la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional, que ocupará un lugar clave en la lucha contra la criminalidad en todo el país.
Mediante el decreto 1044/2026, se oficializó el nombramiento del abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal, dentro de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.
Anteriormente, el cargo era ocupado por Marcelo Carlos Romero, quien fue designado en 2025 en el cargo. Mientras tanto, Argibay Molina se desempeñó como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y ocupó luego de manera transitoria la conducción de la dirección de Investigación Criminal.
En su nuevo rol, el funcionario deberá hacerse cargo de varios proyectos que impulsó el Ministerio de Seguridad, como el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial.
Este organismo funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.
Para tal fin, el consejo cuenta con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.
La recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.
El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.
No obstante, los integrantes buscan optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.
Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.
Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.
Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.
En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.
Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.
POLITICA
Revelaciones de una auditoría en la UOM: el gremio pagó $2400 millones a una microempresa de 5 empleados
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contrató a la empresa USEM para administrar cuentas y ejecutar pagos apenas 82 días después de la creación de la firma, una microempresa de 5 empleados que percibió $2.466.334.995 en honorarios durante 31 meses. Así lo revela una auditoría preliminar encargada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y cuyo contenido sobre el convenio firmado durante la gestión de Abel Furlán en el gremio fue trasladado al fuero penal.
Es que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, lleva delante la causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos provenientes de los aportes de afiliados de la UOM. Allí están involucrados Furlán y María Soledad Calle, la militante kirchnerista que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner y que fue, en forma simultánea, empleada de la UOM y una de las dueñas de la empresa USEM.
La auditoría, realizada por BDO Argentina y encargada por la intervención judicial del sindicato, identificó conflictos de intereses, debilidades en los controles internos y una estructura contractual que habría dejado a la UOM y a su obra social en una posición de desventaja.
Uno de sus principales capítulos, que figura en el primer informe de gestión de Biglieri, es el referido al polémico acuerdo firmado con USEM el 27 de febrero de 2023, con una vigencia de 10 años, y que entregó a la empresa vinculada con La Cámpora funciones sobre cuentas, obligaciones y desembolsos de la UOM y de la obra social, e incluso preveía que la firma podía rescindir unilateralmente el contrato con un preaviso de 30 días, mientras que el sindicato metalúrgico no contaba con una facultad equivalente, excepto ante concurso o quiebra del proveedor.
La consultora BDO emitió el 28 de agosto de 2026 un informe de investigación especial de carácter preliminar, que, se aclara, no constituye una auditoría integral ni determina responsabilidades civiles, penales, administrativas o laborales, pero relevó contratos, movimientos financieros, rendiciones, comunicaciones y antecedentes de las personas involucradas.
En el informe figura que USEM S.A. fue constituida el 7 de diciembre de 2022 por Adalberto Raúl Braconi, presidente de la sociedad, y María Soledad Calle, directora suplente. Cada uno suscribió el 50% del capital social, sin cambios posteriores identificados.
La compañía no registraba actividad comercial relevante fuera de los contratos con la UOM y su obra social, asegura el informe, y aun así se le asignaron tareas como analizar, auditar y validar obligaciones de pago, administrar cuentas, efectuar desembolsos, rendir cuentas y destinar personal con exclusividad.
La revisión halló que la intervención concreta de USEM habría sido principalmente operativa: recibía instrucciones previamente autorizadas, precargaba archivos, gestionaba pagos bancarios y remitía comprobantes. No se encontró prueba suficiente de que hubiera realizado las funciones de análisis, auditoría y validación previstas en el contrato.
La auditoría realizada sobre el contrato con USEM también advirtió inconsistencias sobre la dotación comprometida. Braconi habría mantenido en períodos coincidentes una relación laboral con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, mientras que 7 integrantes de áreas vinculadas a la operatoria de pagos dijeron no conocer ni haber trabajado con Rodrigo Braconi, identificado por USEM como responsable de pagos extraordinarios desde comienzos de 2026.
El principal conflicto de intereses documentado en la auditoría involucra a Calle, empleada de la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, al mismo tiempo, dueña del 50% de USEM. La contratación efectuada por el gremio no contó, según el relevamiento, con una compulsa competitiva de empresas, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes, declaración de conflicto de intereses ni mecanismos suficientes de independencia entre las partes.
La remuneración de USEM, de acuerdo con el informe, equivalía al 0,50% de los fondos ingresados a los fideicomisos, sin una relación establecida con la cantidad de operaciones, la complejidad de las tareas, el personal involucrado ni resultados verificables. El mecanismo permitía que el cobro creciera junto con la recaudación de la UOM y de la obra social, aunque la prestación no aumentara en la misma proporción.
Las cotizaciones de mercado consultadas por los responsables de la auditoría llegaban hasta $40 millones mensuales para una estructura comparable. El costo de un proveedor idóneo, aseguran, podría haber representado el 50% o menos de lo abonado a USEM.
Los balances de la empresa mostraron márgenes de rentabilidad antes de impuestos de entre 52% y 63%, dividendos en efectivo por unos $223,48 millones a valores de diciembre de 2025 y la compra de un inmueble por aproximadamente $150 millones. La documentación de esa adquisición no fue entregada a la intervención.
El análisis también estimó un impacto potencial de $901.501.216 para la UOM y de $ 2.011.316.033 para la obra social por el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, entre enero de 2024 y mayo de 2026. La cifra deberá validarse desde el punto de vista fiscal y operativo, pero el informe considera que la carga podría haberse evitado sin la estructura de USEM.
En el informe figura, además, que los estados contables al 31 de diciembre de 2025 registraron saldos a favor de Ingresos Brutos por $196.927.433,36 cuya composición, origen, recuperabilidad y titularidad económica no pudieron establecerse. También se detectó un monto aproximado de $389 millones expuesto simultáneamente como activo y pasivo por créditos vinculados al impuesto bancario de terceros.
Parte de esos fondos, señala la auditoría, habría sido utilizada para cancelar obligaciones propias de USEM en el impuesto a las ganancias y luego devuelta. Una rendición de mayo de 2026 identificó un reintegro cercano a $34 millones, una operatoria que el personal administrativo y contable de la UOM dijo desconocer.
Las rendiciones y registraciones revisadas mostraron deficiencias en las autorizaciones previas, los comprobantes de respaldo, la identificación de beneficiarios y la separación de funciones entre quienes preparaban, aprobaban y ejecutaban los pagos.
La auditoría realizada por BDO detectó asientos manuales por pagos a proveedores sin documentación suficiente por unos $149.003.348 en la UOM y $40.041.398 en la obra social. También identificó transferencias a cuentas de personal de USEM por $3.760.919 para gastos operativos y peajes sin comprobantes o solicitudes institucionales que las justificaran.
Entre las operaciones bajo revisión figuran pagos por $98 millones registrados en mayo de 2026 con el concepto “Aires del Sur”. El dinero fue distribuido mediante múltiples transferencias de $1 millón a distintas cuentas, sin respaldo que permitiera determinar el objeto de los desembolsos, las autorizaciones otorgadas o los beneficiarios finales.
La revisión encontró, además, que una misma persona de USEM preparaba y autorizaba transacciones bancarias. Esa concentración de tareas, junto con conceptos genéricos en las rendiciones y reposiciones de caja chica sin criterios uniformes, impidió reconstruir una trazabilidad transparente de los fondos.
La intervención judicial suspendió preventivamente la operatoria de USEM y recuperó la administración directa de los fondos. En la próxima etapa, como explica en el informe de gestión de Biglieri, deberá preservar pruebas, reconstruir circuitos de autorización, conciliar fondos y rendiciones, validar el tratamiento tributario y requerir explicaciones a los involucrados antes de evaluar la resolución de los contratos, el recupero de sumas y eventuales acciones administrativas, civiles o penales.
Contraofensiva de Furlán
Hace 24 horas, como anticipó Infobae, el abogado de Furlán, Alejandro Rúa, reclamó al juzgado de Ercolini el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.
El escrito sostiene que la intervención de Biglieri no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas, según se afirma, desmienten todas las sospechas.
La defensa de Furlán señaló que la contratación de USEM respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de la empresa 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.
El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.
Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto.
Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para el gremio metalúrgico: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.
La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.
Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente consideró como “matices de opinión” las internas en el Ejecutivo
Dos diputadas radicales denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.
En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.
Leé la nota completa acá
Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.
Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.
Leé la nota completa acá
La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.
Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.
Leé la nota completa acá
El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.
La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.
Leé la nota completa acá
Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
Leé la nota completa acá
Los últimos cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados abrieron un frente colateral: un nuevo desmarque de Patricia Bullrich. Por lo menos, el tercero de peso desde que asumió como jefa del bloque de LLA en el Senado. Pero ¿qué hay detrás de sus movimientos? ¿Una estrategia con miras a 2027, genuino desgaste parlamentario o un intento de marcarle la cancha a Javier Milei y, de paso, hacer valer su poder de fuego frente a Karina? “Ella juega su juego”, repiten los suyos.
“Todos los peros tienen un porqué”, refuerza la propia Bullrich en el posteo que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente—, un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. Toda una declaración de guerra que la Casa Rosada intentó moderar.
Leé la nota completa acá
El presidente Javier Milei definió este domingo como “matices de opinión” a las diferencias dentro del Gobierno, en medio de la creciente tensión entre Patricia Bullrich y los hermanos Milei. Lo hizo al responder a una publicación en X que planteaba que el oficialismo debía resolver sus internas para que la gente se sintiera segura de votarlo.
“Ayudaría mucho si esas MIERDAS HUMANAS MAL CAGADAS que se hacen llamar periodistas (95%) no mintieran tanto ni llamen internas a matices de opinión… pero eso les reduce el tamaño del sobre…”, escribió el mandatario.
Designaron a un nuevo funcionario en un área clave para la seguridad nacional
Reformas en Cuba: régimen admite que no sabe si van a funcionar los cambios económicos
Revelaciones de una auditoría en la UOM: el gremio pagó $2400 millones a una microempresa de 5 empleados
Lowrdez y Lissa de Bandana apuntaron contra Emilia Mernes: “No quiso cantar ‘Maldita noche’ con nosotras”
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente consideró como “matices de opinión” las internas en el Ejecutivo
Córdoba: murió un bebé de siete meses conectado a un respirador e investigan si incidieron los cortes de luz
La Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Los Sauces y Hotesur
"Atendiendo a los kukas mentirosos": el presidente Javier Milei opinó sobre las reservas en el oro del Banco Central
Tras los cruces por Discapacidad, Javier Milei y Patricia Bullrich se reencuentran en la reunión de Gabinete para delinear la agenda legislativa
Provocativo gesto de Patricia Bullrich: publicó un video con una canción de Lali Espósito tras sus críticas al interior del Gobierno
POLITICA3 días agoLa Justicia confirmó las fechas de los juicios contra Cristina y Máximo Kirchner por las causas Los Sauces y Hotesur
- ECONOMIA3 días ago
"Atendiendo a los kukas mentirosos": el presidente Javier Milei opinó sobre las reservas en el oro del Banco Central
- POLITICA2 días ago
Tras los cruces por Discapacidad, Javier Milei y Patricia Bullrich se reencuentran en la reunión de Gabinete para delinear la agenda legislativa
