POLITICA
La oposición rechazó el DNU migratorio de Milei y buscará frenarlo en el Congreso y la Justicia

La oposición rechazó el DNU 681/2026 firmado por el presidente Javier Milei y adelantó que impulsará acciones tanto en el Congreso como en la Justicia para intentar que sea declarado inconstitucional.
El cuestionamiento apunta a las modificaciones introducidas en la Ley de Migraciones, que incorporan nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que inciten al odio o a la violencia contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad, así como de quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.
Desde distintos bloques opositores, que sostienen que el decreto vulnera garantías constitucionales, cuestionan tanto su contenido como la decisión del Gobierno de avanzar por la vía del DNU. Además, anticiparon que buscarán su derogación en el Congreso mientras preparan presentaciones judiciales para frenar su aplicación.
Para el diputado socialista por Santa Fe, Esteban Paulón, la medida es “inconstitucional” y carece de efectos prácticos. El legislador advirtió que la norma pretende establecer sanciones administrativas sin el debido proceso ni la intervención del Poder Judicial, por lo que confirmó a TN que impulsarán su derogación y acudirán a la Justicia.
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“Es un decreto que solo declama una intención con fines políticos, sin aplicabilidad real en nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó Paulón.
El diputado también vinculó la decisión del Gobierno con el contexto político generado tras la polémica por las restricciones al uso de símbolos vinculados con las Islas Malvinas durante el Mundial. Según sostuvo, el oficialismo intenta recuperar respaldo apelando a un discurso nacionalista.
“Hay una sobreactuación de nacionalismo orientada a encubrir los errores políticos cometidos durante el certamen deportivo y a capitalizar el fervor patriótico de la sociedad. Intentan camuflar con este decreto la falta de postura en el partido contra Inglaterra, pretendiendo tapar con demagogia lo que no supieron defender en su momento”, señaló.
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Las críticas también llegaron desde Unión por la Patria. La diputada Florencia Carignano, exdirectora nacional de Migraciones, sostuvo que existe una contradicción entre el contenido del decreto y el discurso del oficialismo.
“Lo irónico del DNU que acaba de sacar este Gobierno es que sea justo un Gobierno que hace de los mensajes del odio una política de Estado. Si todos los países hiciesen esto, Javier Milei no podría entrar en varios. Se me ocurren por lo menos ocho: Brasil, Chile, México, el Vaticano, España, Colombia, China y Venezuela”, afirmó.
Mientras que el diputado Jorge Taiana le dijo a TN: “El decreto publicado por el Gobierno nacional confirma el carácter racista, xenófobo y discriminatorio de las políticas de Milei y su gabinete”.
“Desde el Congreso vamos a hacer todo lo necesario para frenar este decreto y evitar este nuevo retroceso en materia de derechos”, agregó.
El recorrido parlamentario del DNU
De acuerdo con la Ley 26.122, el jefe de Gabinete debe remitir el DNU a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso dentro de los diez días hábiles posteriores a su firma para que emita dictamen.
La comisión, integrada por 16 legisladores —ocho diputados y ocho senadores—, aguarda el envío por parte del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El cuerpo es presidido por la senadora libertaria María Belén Monte de Oca.
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Una vez emitidos los dictámenes, el decreto deberá ser tratado en ambas cámaras. Para que un DNU pierda vigencia es necesario que tanto la Cámara de Diputados como el Senado lo rechacen formalmente. Si solo una de las cámaras lo rechaza o aprueba, el decreto continúa vigente.
Ese fue el caso del DNU 70/2023, el primer decreto de necesidad y urgencia dictado por Milei, que introdujo una amplia desregulación y derogó distintas normas. Aunque fue rechazado por el Senado, nunca fue tratado por la Cámara de Diputados, por lo que continúa en plena vigencia.
Críticas por los cambios a la Ley de Tierras

Durante el debate sobre el DNU también surgieron cuestionamientos vinculados con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que actualmente analiza el Senado y que incluye modificaciones a la Ley de Tierras.
El diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre la defensa de la soberanía y la iniciativa que impulsa el Gobierno.
“Se hacen los patriotas por DNU por una polémica de redes, mientras preparan la mayor entrega de nuestras tierras para la votación del 6 de agosto. Los símbolos nacionales se respetan, pero la soberanía territorial de la Argentina no se remata”, afirmó.
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En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aclaró que el debate no pasa por impedir inversiones, sino por preservar recursos estratégicos.
“No se trata de impedir inversiones ni la compra y venta de tierras. Se trata de preservar nuestros acuíferos y reservas de agua dulce, proteger el desarrollo nuclear y científico-tecnológico, resguardar las zonas de frontera y garantizar que estos recursos estratégicos no queden a merced de futuros condicionamientos o discrecionalidad”, sostuvo.
Las modificaciones propuestas también fueron cuestionadas por Unión por la Patria tras una reunión encabezada por el diputado Germán Martínez y el senador Marcelo Lewandowski.
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Martínez afirmó que la iniciativa “está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino” y convocó a “aprovechar al máximo este tiempo para la acción militante” con el objetivo de frenar el avance del proyecto.
Por su parte, Lewandowski calificó la propuesta como “un estatuto tecno-legal del coloniaje” y advirtió sobre sus posibles consecuencias.
“La ley de tierras no es solamente una cuestión de soberanía limítrofe, es también la tierra de nuestra pampa húmeda. Imagínense cuando vengan con el dinero a comprar de a 500 o de 800 hectáreas: van a quedar grandes pooles de siembra, grandes corporaciones que van a determinar cómo vamos a sembrar en nuestra pampa”, concluyó.
Migraciones, DNU, Extranjeros, inmigrantes en la Argentina, Diputados
POLITICA
Beligoy invirtió US$261.000 en una desarrolladora inmobiliaria bajo investigación y enfrenta dudas por el origen del dinero

Federico Beligoy tiene un problema con la plata en La Plata. El secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) y director Nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) perdió más de un US$250.000 en un emprendimiento inmobiliario que quedó trunco y cuya desarrolladora está bajo investigación judicial por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita. Pero su problema es todavía mayor. ¿Por qué? Porque la fortuna que perdió está en negro. ¿Conclusión? Beligoy no aparece entre quienes se presentaron en los tribunales para reclamar el dinero comprometido, según reconstruyó sobre la base de documentos judiciales y fuentes al tanto de lo ocurrido durante los últimos meses.
La trama, que abre preguntas sobre el origen de esos fondos y su correspondencia con los ingresos que Beligoy declaró ante el fisco, comenzó a gestarse el 3 de mayo de 2024. Ese viernes, Beligoy desembolsó US$139.745 para comprar el departamento “B” del sexto piso, más una cochera, en el edificio que la inmobiliaria Abes construía, al costo, en la calle 59 número 784, entre 10 y 11, de La Plata. Ese mismo día aportó otros US$121.745 por el departamento “B” del quinto piso del mismo edificio, dentro del llamado “Fideicomiso Lucero”. Total: 261.490 dólares.
Las operaciones quedaron documentadas en dos “compromisos de aporte de fiduciante clase C para la incorporación al fideicomiso al costo Abes Lucero con renta garantizada”. Todo fue sonrisas y promesas entre Beligoy y los desarrolladores, que aceptaron hacer una excepción. ¿Cuál? A diferencia de todos los demás contratos, en los que firmaron subalternos de Abes, el contrato suscripto con el dirigente arbitral lo firmó uno de los socios y apoderados de la inmobiliaria, Diego Lacki. De hecho, fue el único contrato que recuperaron los investigadores durante los allanamientos en el que aparece su firma, según surge de las probanzas judiciales. ¿Por qué? “Porque así lo pidió Beligoy para no ser visto por nadie”, explicó Lacki al ser indagado en tribunales, según recordó una fuente que escuchó su declaración.
Los pagos de Beligoy por más de un cuarto de millón de dólares constan en un registro contable interno elaborado por los contadores de la desarrolladora, según reconstruyó . Identificaron en un cuadro a los inversores, las unidades inmobiliarias que les correspondían y los montos que aportaron. Ese registro permitió a los investigadores reconstruir quiénes habían colocado dinero en los distintos emprendimientos de Abes y constituye una evidencia independiente de la existencia de las operaciones atribuidas a Beligoy.
De clase media trabajadora, Beligoy vivió durante años en Santos Lugares, en una vivienda modesta, de una planta, a la sumó luego un primer piso. Pero durante los últimos años, a medida que fortaleció sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el exárbitro internacional evidenció un incremento patrimonial importante, al igual que su entorno familiar, según reconstruyó durante los últimos meses .
Beligoy no respondió los mensajes que le envió para consultarlo sobre las inversiones, el origen de los fondos, la modalidad de pago, las razones por las que no reclamó judicialmente y si procuró recuperarlos por otra vía.
Mundillo de la pelota
Aquel viernes de mayo de 2024, mientras Beligoy y Lacki firmaban los contratos fiduciarios, un escándalo concentraba la atención de la prensa. Había salido a la luz que la entonces directora general de Aduanas designada por el presidente Javier Milei había tomado una deuda por US$250.000 con una empresa denunciada por contrabando. Tres semanas después, la funcionaria renunció.
En La Plata, la desarrolladora Abes también cayó, pero recién a principios de 2026, envuelta en un escándalo que sacudió a la capital bonaerense. Se abrió una investigación por los presuntos delitos de estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita que tramita en la Unidad Fiscal N° 3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, que dispuso múltiples medidas de prueba, requirió allanamientos y secuestró documentación de la inmobiliaria.
Con el paso de los días, quedó claro que la operatoria de “Abes Desarrolladora de Negocios SRL”, tal su nombre formal, dejó entre 150 y 160 inversores damnificados. Entre ellos, el exfutbolista y director técnico Pedro Troglio y otros futbolistas locales, con pérdidas de varios millones de dólares por las obras paralizadas y los incumplimientos contractuales.
Ahora, la investigación comprende al menos cinco fideicomisos: Abes Thymos, Abes Dezzeo, Abes Vita, Abes Lucero y Abes Alquimia. Los investigadores procuran determinar qué ocurrió con los fondos aportados por los inversores y si parte de ese dinero terminó destinado a gastos operativos de la desarrolladora, obligaciones de otros emprendimientos o sociedades vinculadas. También se investigan movimientos contables y asignaciones de unidades funcionales que podrían haber servido para compensar deudas.
La empresa, según constataron los investigadores, ofrecía oportunidades desde el pozo a inversores como Beligoy y Troglio, con la promesa de entregarles departamentos terminados en plazos cortos y con rentas mensuales actualizables hasta la culminación de las obras.
“Eran cláusulas atractivas para cualquier inversor y que nos servían y mucho para solventar gastos en Argentina”, expuso Troglio en su denuncia, acompañado por su abogado, Miguel Molina, quienes expusieron en los tribunales que, con el paso del tiempo, las promesas mutaron en obras sin avances o abandonadas.
“Nos hablaban de problemas gremiales, conflictos con los proveedores e inspecciones”, detallaron Troglio y Molina en su presentación judicial. “Nunca rindieron cuentas del destino de los fondos ni tampoco un listado de los demás inversores”. Entre ellos, ahora sale a la luz, también estaba Beligoy, quien comprometió US$261.490 en dos departamentos del emprendimiento.
La situación de Beligoy adquiere una dimensión adicional por los cargos que ocupa en el fútbol argentino. No sólo es el secretario general de uno de los gremios que representan a los árbitros: también es el director Nacional de Arbitraje de la AFA, una estructura desde la que ejerce responsabilidades sobre quienes, al mismo tiempo, representa sindicalmente.
Como máximo referente arbitral del país, Beligoy afronta cuestionamientos desde hace años. El presidente de Banfield, Matías Mariotto, fue el primero que cargó contra él. Luego, el presidente de Lanús, Nicolás Russo, sostuvo que su ciclo estaba “cumplido”. Lo siguió Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia de Mendoza, que lo trató de “bandido”, en tanto que el expresidente de River Plate, Jorge Brito (h) reclamó su salida. “Es parte central del problema”, sostuvo. “Si a la AFA y a Tapia les importa armar un fútbol transparente, creo que lo primero que deberían hacer es cambiar a este tipo, quien reconoce y dice que la única forma que está dispuesto a manejar a los árbitros es a dedo”.
Ahora, a esos cuestionamientos se suma una incógnita patrimonial: cómo financió Beligoy dos inversiones inmobiliarias por más de un cuarto de millón de dólares, cuál es el origen de ese dinero y por qué, a diferencia de otros damnificados, no acudió a los tribunales, al menos hasta ahora, para reclamarlo.
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Con la colaboración de Ignacio Grimaldi y Ricardo Brom.
Hugo Alconada Mon,Nicolás Pizzi,Federico Beligoy,AFA,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca los votos del PRO y la UCR para conseguir la media sanción de la reforma electoral en el Senado

Bajo la premisa de contar con los apoyos necesarios, en Casa Rosada reactivaron el proyecto de reforma electoral en el Senado con el objetivo de conseguir la media sanción en dos semanas. Sin embargo, dos bloques aliados clave como el PRO y la UCR advierten que todavía no acompañan la iniciativa y el Gobierno sigue a la caza de los votos.
Como establece el artículo 77 de la Constitución, el Gobierno necesita una mayoría absoluta de 37 senadores para avanzar con una reforma al régimen electoral. La Libertad Avanza cuenta con 21 y la pecera donde debe pescar los restantes se compone en buena medida por los diez que tiene la Unión Cívica Radical y los tres del PRO. La lista se completaría con los votos de legisladores que responden a bloques provinciales, que en Balcarce 50 sostienen que ya están a bordo.
Sin embargo, el problema persiste entre sus principales socios. “El diálogo está abierto y se seguirá debatiendo, pero aún no hay definiciones”, afirmaron a TN cerca de la conducción del bloque radical, una respuesta que se repite entre las filas amarillas. En el bloque oficialista en el Senado insistieron con que las negociaciones dependen exclusivamente de la Casa Rosada y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
En ese contexto, con el objetivo de sellar los acuerdos de una vez, el Gobierno volverá a reunir la próxima semana -con fecha todavía a definir- a la mesa que reúne a Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, en representación del PRO, con Diego Santilli; Martín Menem y Eduardo Menem por La Libertad Avanza.
“El Gobierno estaría evaluando qué modificaciones hacer para que salga”, sostienen en el bloque amarillo, donde inicialmente pujaban junto al radicalismo por alguna opción que contemplara no eliminar las primarias, sino reemplazarlas por algún mecanismo optativo (una PAS). Esa vía no convence a la Casa Rosada, cuyo objetivo central es deshacerse de las elecciones de agosto para darle tiempo a la recuperación económica, postergar la incertidumbre electoral y privarle al Partido Justicialista la posibilidad de agruparse bajo una interna.
“No iría lo de la PAS, pero se destrabarían todos los otros puntos de conflicto”, pronosticaron cerca de la bancada del PRO, mientras que una fuente ligada al expresidente Mauricio Macri pidió “esperar a la reunión” para conocer cualquier definición. En el oficialismo, en cambio, se mostraron optimistas: “Creemos que están los votos, pero la coordinación es difícil”.
Las negociaciones paralelas con los gobernadores radicales
Decididos a avanzar, la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el fueguino Agustín Coto convocó a una reunión para este próximo martes con el objetivo de dictaminar el proyecto. El objetivo es llevarlo al recinto siete días después. “Creo que en las próximas dos semanas, si Dios quiere, tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”, dijo el jueves el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
En la bancada que conduce Patricia Bullrich señalan que puede que Santilli haya conseguido las firmas para lograr un dictamen, pero advierten que “de ahí al recinto hay un largo trecho”. Para llegar hasta ahí, el jefe de Gabinete necesita también el apoyo de la bancada radical, una negociación que lleva directamente con los cinco gobernadores del espacio: Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco).

“Están en plena negociación”, reconocieron desde una de las provincias involucradas, donde los factores decisivos siguen siendo los acuerdos electorales. Los gobernadores le demandan a la Casa Rosada que respeten sus territorios y su representación en el Congreso a la hora de planificar la contienda electoral del próximo año. Se trata de una discusión que genera fricciones internas en el seno de la mesa política, entre quienes promueven cerrar las alianzas lo antes posible para asegurar la certidumbre política (Patricia Bullrich, Luis Caputo, Santiago Caputo) y quienes no quieren apurar los acuerdos si eso implica descartar el armado partidario y la posibilidad de competir en las provincias (Martín Menem y Eduardo Menem).
Según aseguraron desde el bloque oficialista en el Senado, los gobernadores radicales volvieron a plantear la posibilidad de incluir en el proyecto la posibilidad de listas colectoras: una herramienta para que los mandatarios sin candidato provincial se enganchen a la boleta de Javier Milei, pero con sus propios candidatos para las categorías legislativas.
POLITICA
El Gobierno ordenó el regreso a la Argentina del embajador en Emiratos Árabes Unidos

Este viernes a la madrugada, el Gobierno nacional dispuso el traslado del embajador Jorge Agustín Molina Arambarri desde la Embajada argentina en Emiratos Árabes Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión quedó plasmada en el Boletín Oficial a través de la publicación del Decreto N° 1357/2026.
“Trasládase desde la Embajada de la República ante los Emiratos Árabes Unidos al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto al señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Jorge Agustín Molina Arambarri”, informaron.
De este modo, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno determinaron que el funcionario deberá estar en el país para el próximo 8 de diciembre. Asimismo, remarcaron que el cambio responde a “razones de servicio”.
Según el documento, Molina Arambarri se desempeñaba como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Argentina ante Emiratos Árabes Unidos desde julio de 2019. Su nombramiento había quedado oficializado por medio del Decreto N° 503/2019.
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Por otro lado, las autoridades no precisaron cuáles serán sus nuevas funciones dentro del ministerio ni quién lo reemplazará en la misión ante el país árabe.
La vacante se abre mientras crece la agenda económica con Emiratos Árabes Unidos
El regreso de Molina Arambarri se produce en un período de mayor actividad bilateral entre la Argentina y Emiratos Árabes Unidos. Recientemente, ambos gobiernos iniciaron negociaciones para avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica Integral, conocido como CEPA por sus siglas en inglés, con el objetivo de ampliar el comercio, promover inversiones y generar un marco de cooperación económica.
Las conversaciones tuvieron un paso formal en septiembre, durante una reunión en Nueva York entre Quirno y el ministro de Comercio Exterior emiratí, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, en el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí se expresó la intención de profundizar los vínculos comerciales y se anunció el inicio de las tratativas para ese entendimiento.
El acuerdo en discusión abarca sectores que el Gobierno argentino considera prioritarios para la llegada de capitales externos. Entre ellos figuran la minería, los minerales estratégicos, la energía, la agroindustria, la infraestructura, el turismo, la industria aeroespacial y la inteligencia artificial.

De acuerdo con datos oficiales de Emiratos Árabes Unidos, el comercio no petrolero entre los dos países alcanzó USD 767,5 millones en 2025, un incremento interanual del 42,6% en comparación con el año anterior.
De hecho, la salida del embajador argentino ocurrió pocas semanas después de que la nueva representante de Emiratos Árabes Unidos en Buenos Aires, Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Alulama, presentara sus cartas credenciales ante el canciller argentino.
Alulama asumió su misión diplomática en octubre, en reemplazo de Saeed Abdulla Al Qemzi, quien concluyó su gestión en mayo después de cinco años en el cargo. Antes de llegar a la Argentina, la embajadora se desempeñó en misiones de su país en Montenegro, Brasil y Alemania, además de haber trabajado en el sector financiero.
Durante el encuentro con la nueva representante, la Cancillería argentina planteó la necesidad de profundizar la agenda bilateral a partir de las conversaciones por el acuerdo comercial. La llegada de Alulama coincidió así con una etapa de contactos políticos y económicos entre ambos gobiernos.

El vínculo entre los países ya cuenta con un Tratado Bilateral de Inversiones y un convenio para evitar la doble imposición tributaria. Según el balance difundido por el embajador saliente, durante su mandato se firmaron 36 acuerdos bilaterales en materias como comercio, energía, cultura y educación.
Uno de los principales proyectos vinculados con la relación económica bilateral es la asociación entre YPF y XRG, una filial del grupo Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), para el desarrollo de Argentina LNG.
La iniciativa también contempla la participación de la compañía italiana Eni y prevé inversiones totales cercanas a USD 51.000 millones. El plan apunta a producir gas natural licuado a partir de los recursos de Vaca Muerta y exportarlo desde dos unidades flotantes de licuefacción ubicadas frente a la costa de Río Negro.
La capacidad inicial prevista es de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado. Las primeras exportaciones del proyecto están proyectadas para 2030 o 2031, según la información difundida sobre la iniciativa.
discurso,evento,Jorge Agustín Molina Arambarri
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