POLITICA
La oposición rechazó el DNU migratorio de Milei y buscará frenarlo en el Congreso y la Justicia
La oposición rechazó el DNU 681/2026 firmado por el presidente Javier Milei y adelantó que impulsará acciones tanto en el Congreso como en la Justicia para intentar que sea declarado inconstitucional.
El cuestionamiento apunta a las modificaciones introducidas en la Ley de Migraciones, que incorporan nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que inciten al odio o a la violencia contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad, así como de quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.
Desde distintos bloques opositores, que sostienen que el decreto vulnera garantías constitucionales, cuestionan tanto su contenido como la decisión del Gobierno de avanzar por la vía del DNU. Además, anticiparon que buscarán su derogación en el Congreso mientras preparan presentaciones judiciales para frenar su aplicación.
Para el diputado socialista por Santa Fe, Esteban Paulón, la medida es “inconstitucional” y carece de efectos prácticos. El legislador advirtió que la norma pretende establecer sanciones administrativas sin el debido proceso ni la intervención del Poder Judicial, por lo que confirmó a TN que impulsarán su derogación y acudirán a la Justicia.
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“Es un decreto que solo declama una intención con fines políticos, sin aplicabilidad real en nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó Paulón.
El diputado también vinculó la decisión del Gobierno con el contexto político generado tras la polémica por las restricciones al uso de símbolos vinculados con las Islas Malvinas durante el Mundial. Según sostuvo, el oficialismo intenta recuperar respaldo apelando a un discurso nacionalista.
“Hay una sobreactuación de nacionalismo orientada a encubrir los errores políticos cometidos durante el certamen deportivo y a capitalizar el fervor patriótico de la sociedad. Intentan camuflar con este decreto la falta de postura en el partido contra Inglaterra, pretendiendo tapar con demagogia lo que no supieron defender en su momento”, señaló.
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Las críticas también llegaron desde Unión por la Patria. La diputada Florencia Carignano, exdirectora nacional de Migraciones, sostuvo que existe una contradicción entre el contenido del decreto y el discurso del oficialismo.
“Lo irónico del DNU que acaba de sacar este Gobierno es que sea justo un Gobierno que hace de los mensajes del odio una política de Estado. Si todos los países hiciesen esto, Javier Milei no podría entrar en varios. Se me ocurren por lo menos ocho: Brasil, Chile, México, el Vaticano, España, Colombia, China y Venezuela”, afirmó.
Mientras que el diputado Jorge Taiana le dijo a TN: “El decreto publicado por el Gobierno nacional confirma el carácter racista, xenófobo y discriminatorio de las políticas de Milei y su gabinete”.
“Desde el Congreso vamos a hacer todo lo necesario para frenar este decreto y evitar este nuevo retroceso en materia de derechos”, agregó.
El recorrido parlamentario del DNU
De acuerdo con la Ley 26.122, el jefe de Gabinete debe remitir el DNU a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso dentro de los diez días hábiles posteriores a su firma para que emita dictamen.
La comisión, integrada por 16 legisladores —ocho diputados y ocho senadores—, aguarda el envío por parte del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El cuerpo es presidido por la senadora libertaria María Belén Monte de Oca.
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Una vez emitidos los dictámenes, el decreto deberá ser tratado en ambas cámaras. Para que un DNU pierda vigencia es necesario que tanto la Cámara de Diputados como el Senado lo rechacen formalmente. Si solo una de las cámaras lo rechaza o aprueba, el decreto continúa vigente.
Ese fue el caso del DNU 70/2023, el primer decreto de necesidad y urgencia dictado por Milei, que introdujo una amplia desregulación y derogó distintas normas. Aunque fue rechazado por el Senado, nunca fue tratado por la Cámara de Diputados, por lo que continúa en plena vigencia.
Críticas por los cambios a la Ley de Tierras
Durante el debate sobre el DNU también surgieron cuestionamientos vinculados con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que actualmente analiza el Senado y que incluye modificaciones a la Ley de Tierras.
El diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre la defensa de la soberanía y la iniciativa que impulsa el Gobierno.
“Se hacen los patriotas por DNU por una polémica de redes, mientras preparan la mayor entrega de nuestras tierras para la votación del 6 de agosto. Los símbolos nacionales se respetan, pero la soberanía territorial de la Argentina no se remata”, afirmó.
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En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aclaró que el debate no pasa por impedir inversiones, sino por preservar recursos estratégicos.
“No se trata de impedir inversiones ni la compra y venta de tierras. Se trata de preservar nuestros acuíferos y reservas de agua dulce, proteger el desarrollo nuclear y científico-tecnológico, resguardar las zonas de frontera y garantizar que estos recursos estratégicos no queden a merced de futuros condicionamientos o discrecionalidad”, sostuvo.
Las modificaciones propuestas también fueron cuestionadas por Unión por la Patria tras una reunión encabezada por el diputado Germán Martínez y el senador Marcelo Lewandowski.
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Martínez afirmó que la iniciativa “está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino” y convocó a “aprovechar al máximo este tiempo para la acción militante” con el objetivo de frenar el avance del proyecto.
Por su parte, Lewandowski calificó la propuesta como “un estatuto tecno-legal del coloniaje” y advirtió sobre sus posibles consecuencias.
“La ley de tierras no es solamente una cuestión de soberanía limítrofe, es también la tierra de nuestra pampa húmeda. Imagínense cuando vengan con el dinero a comprar de a 500 o de 800 hectáreas: van a quedar grandes pooles de siembra, grandes corporaciones que van a determinar cómo vamos a sembrar en nuestra pampa”, concluyó.
Migraciones, DNU, Extranjeros, inmigrantes en la Argentina, Diputados
El diputado nacional Lisandro Almirón cuestionó los fuertes cruces que se produjeron durante una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados y consideró que Juan Grabois aprovechó el episodio para reforzar su perfil opositor al Gobierno. “Logra instalarse como un antagónico de La Libertad Avanza”, sostuvo en Infobae al Regreso.
La reunión había sido convocada por las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación Penal y Defensa para abordar distintas iniciativas vinculadas con la soberanía nacional. Sin embargo, el encuentro quedó atravesado por una serie de discusiones y agravios que terminaron desplazando el tratamiento de los proyectos previstos.
“Primero creo que esto no nos hace bien en ningún tipo de discusión y menos una discusión de este tipo parlamentaria”, planteó Almirón. Según relató, el episodio se produjo hacia el final del encuentro, luego de que se resolviera levantar la reunión, y derivó en un intercambio verbal que involucró a distintos legisladores y dirigentes.
Para el diputado correntino, la tensión terminó opacando una jornada que debía estar centrada en cuestiones institucionales y de defensa. “Nos terminamos perdiendo la oportunidad de debatir cosas importantes como es este proyecto de soberanía nacional”, señaló.
Almirón también expresó su solidaridad con quienes fueron objeto de agravios durante la reunión y consideró que ese tipo de situaciones no contribuyen al funcionamiento parlamentario. En su análisis, el conflicto excedió la discusión puntual y terminó adquiriendo una dimensión política.
En particular, interpretó que Grabois consiguió convertir el episodio en una instancia de exposición pública. “Él sabe lo costoso que es tener una repercusión en todos los medios simultáneamente. Lo consiguió”, afirmó.
El legislador vinculó esa estrategia con las aspiraciones políticas del dirigente social. “Tiene aspiraciones y lo demuestra permanentemente”, sostuvo, aunque aclaró que serán los ciudadanos quienes evalúen ese posicionamiento.
La defensa del cambio en la Ley de Tierras
Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la Ley de Tierras y el futuro de los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 y eliminó las restricciones que esa normativa establecía para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Almirón defendió la decisión del Gobierno y planteó que el debate debe contemplar las particularidades de las provincias fronterizas. “Me toca vivir en una de las provincias que linda con tres países”, explicó al referirse a Corrientes.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el régimen anterior podía condicionar inversiones y proyectos de infraestructura. “Para nosotros la Ley de Tierras es significativamente importante por el desarrollo de los puertos, por la capacidad operativa que puede tener una inversión”, afirmó.
El diputado cuestionó además el alcance de las restricciones que establecía la legislación anterior. “Hay una ley que no solamente limita, sino también de alguna manera restringe”, sostuvo, al defender un esquema que, según su postura, otorgue mayores posibilidades de inversión y desarrollo.
Consultado sobre la estrategia que podría adoptar el oficialismo frente a los bloques que buscan revertir los cambios del DNU, Almirón puso el foco en el proceso legislativo y en la necesidad de construir acuerdos.
“Estamos sujetos en el tratamiento de la ley en cuatro estadios y te diría hasta el cinco”, explicó. En ese recorrido incluyó el debate en las comisiones, el tratamiento en el recinto, la revisión del Senado y las facultades posteriores del Poder Ejecutivo.
En ese punto, destacó la importancia de la negociación parlamentaria y aseguró que el oficialismo mantiene conversaciones con distintos sectores. “Permanente”, respondió al ser consultado sobre el diálogo político dentro del Congreso.
También marcó diferencias con la posibilidad de esperar una definición de la Corte Suprema antes de avanzar con determinadas iniciativas. “Yo no lo veo de la misma manera. Podría compartirla, ella tiene por ahí más información, pero veo primero que yo soy abogado, creo en la división de poderes”, explicó.
Según Almirón, los tiempos judiciales no necesariamente deben coincidir con los del Poder Legislativo y el Ejecutivo. “Los tiempos de la Corte no son los tiempos de la política, ni del Congreso, ninguna de las cámaras y mucho menos de los tiempos políticos del Ejecutivo”, afirmó.
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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sumó a tres camaristas federales a la comitiva oficial con la que el presidente Javier Milei llegó a París para la realización de la Argentina Week, una serie de conferencias y charlas para promover inversiones extranjeras en el país.
Uno de los invitados es el camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Sergio Fernández, que además es vicepresidente del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El viaje ocurre mientras las causas penales contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la AFA, respectivamente, pasan de un tribunal a otro sin quedar en manos de un juez definitivo.
Otro camarista que acompaña la comitiva oficial es Eduardo Farah, de la Cámara Federal, que revisa las causas de corrupción de Comodoro Py. También integra la comitiva oficial Richar Fernando Gallego, de la Cámara Federal de General Roca y el magistrado con autoridad competente en los conflictos legales que pueden haber en Vaca Muerta.
Mahiques integra la delegación oficial con Karina Milei, Federico Sturzenegger, Mario Lugones y el canciller Pablo Quirno, en un evento organizado por la embajada en Francia.
El programa incluye la reunión reservada con Emmanuel Macron en el Elíseo y la entrega del Premio del Foro Económico de París a Milei.
Fernández y Farah están unidos por la misma persona. Sergio Fernández es hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación y durante años uno de los principales operadores judiciales cercanos al peronismo en los tribunales. Farah es además amigo de la infancia de Javier Fernández.
Sergio Fernández tiene peso en el fuero contencioso y comparte el tribunal de la AFA. Otros jueces renunciaron a ser integrantes de ese tribunal, pues probablemente tuvieran que intervenir en casos que involucren a la organización.
Pero Sergio Fernández no renunció a ese lugar. El camarista, que es una especie de líder entre sus colegas del fuero, comparte el Tribunal de Disciplina con el escribano Fernando Mitjans, y su hijo Manuel es vicepresidente del Tribunal de Ética de la entidad.
En ese mismo Tribunal de Disciplina figuró Esteban Mahiques, funcionario de la cancillería, hijo del camarista de Casación Carlos Mahiques y hermano del ministro. informó que el camarista Carlos Mahiques festejó su cumpleaños en la quinta de Pilar que la Justicia atribuye al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, pero el juez lo niega.
Las causas de la AFA llevaron a varios jueces a dejar sus cargos en los tribunales de la entidad, como Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.
Fernández, en cambio, se quedó. Ese tribunal deportivo fue el que sancionó a Estudiantes y a Juan Sebastián Verón por no hacer el pasillo a Rosario Central con motivo del campeonato logrado.
Farah es un veterano integrante de la Cámara Federal. Tras dejar ese tribunal por una sentencia que generó controversia durante el macrismo, regresó en 2021 por un decreto de Alberto Fernández.
Farah había dejado la Cámara Federal durante el macrismo por el fallo que liberó al empresario Cristóbal López. Desde allí mantiene un perfil bajo y mira cada caso con cautela. Hoy ocupa la vicepresidencia de la Cámara Federal, donde llegó el recién designado camarista Pablo Yadarola, amigo del ministro Mahiques, y renovó su acuerdo el camarista Pablo Bertuzzi.
Richar Fernando Gallego fue designado en la Cámara Federal de General en 2012. Antes estuvo 20 años en la justicia rionegrina. La Cámara de Roca es la que revisa las decisiones de los juzgados de General Roca, Viedma, Bariloche, Neuquén y Zapala.
Con el nuevo sistema acusatorio, Gallego y el juez Mariano Lozano pasaron a ser los jueces de revisión del distrito. Intervino en el pasado en la causa que condenó a penas de prisión efectiva a los prefectos del grupo Albatros que mataron al militante Rafael Nahuel. Fue apartado luego por la Cámara Federal de Casación de ese caso.
Intervino además rechazando la apelación del Estado contra la entrega de 180 hectáreas del Ejército a una comunidad mapuche en Bariloche.
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POLITICA
Cruces, insultos y un final abrupto: la trastienda del plenario en Diputados sobre la Ley de Defensa de la Soberanía
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados inició el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, en un clima de tensión y fuertes cruces entre legisladores. El debate estuvo atravesado además por el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Tierras.
El diputado Carlos Zapata logró encauzar la discusión durante las primeras horas, luego de las exposiciones de legisladores de distintas bancadas, entre ellos Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
La tensión aumentó después de un fuerte cruce entre Juan Grabois y los oficialistas Jairo Guzmán y Gerardo Huesen, quienes se insultaron cara a cara. Zapata advirtió entonces que levantaría la sesión si continuaban los agravios e incluso le pidió a Germán Martínez: “Germán, controlá a los tuyos”.
Luego llegó la segunda tanda de exposiciones y fue el turno del tucumano Federico Pelli, de La Libertad Avanza. El diputado, exintegrante de las Fuerzas Armadas, cuestionó a las administraciones del Ministerio de Defensa durante el kirchnerismo. Frente a él se encontraban los exfuncionarios Jorge Taiana y Agustín Rossi.
El intercambio entre Pelli y Rossi también generó tensión y Zapata volvió a intervenir para intentar calmar los ánimos.
El momento que precipitó el final de la reunión llegó cuando tomó la palabra Grabois. El dirigente del Frente Patria Grande cuestionó al oficialismo y, tras una interrupción de Juliana Santillán, le dijo “cállate tontita”.
Poco después, Grabois le gritó “facho de mierda” a Zapata, quien había ordenado cortar su micrófono. En ese momento, el presidente del plenario dio por terminada la reunión.
Mientras se retiraban los legisladores, se escuchó a Grabois decir: “No te vayas Doctor Chapatín, que ahora viene una presidenta en serio”, en referencia a la diputada Agustina Propato, quien intentó asumir la conducción del plenario. Para entonces, los micrófonos del salón se habían apagado y la mayoría de los diputados se había retirado.
El puntano Carlos Almena (LLA) fue uno de los que permaneció en el lugar para responderle a Grabois.
Más tarde, el dirigente opositor publicó en sus redes sociales: “Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”.
Cómo continuará el debate
La Libertad Avanza definirá la continuidad del plenario para la próxima semana. La intención es realizar nuevas reuniones el martes y miércoles y mantener abierto el tratamiento de la iniciativa, que podría llegar al recinto el próximo 21 de octubre.
“Vamos a seguir tratando este tema que tenemos que priorizar todos los argentinos. Sin politizarlo, Malvinas nos tiene que unir en la defensa de su soberanía”, le dijo a TN Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
El inicio del plenario
El debate fue organizado por las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, conducidas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.
El jefe de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, fue el encargado de abrir la discusión. “Venimos en un contexto de muchísima preocupación por el escandaloso fallo de la Corte Suprema de quitarle legitimidad al CECIM La Plata”, señaló.
Antes del plenario, el bloque opositor se había reunido con representantes del CECIM La Plata en sus oficinas. Allí, según explicó Martínez, se comprometió a pedir junto con otras fuerzas una sesión especial para intentar derogar el DNU 70/2023.
Por parte del oficialismo fueron convocados funcionarios del Gobierno nacional: Paula Tadei, de la Secretaría de Legal y Técnica, y Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía. Desde UxP reclamaron además la presencia de los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Relaciones Exteriores y Defensa, respectivamente.
Los cuestionamientos de la oposición
Durante el tratamiento, la diputada Agustina Propato (UxP) cuestionó distintos aspectos de la iniciativa. Señaló que el proyecto aumenta las multas para las empresas petroleras que exploten en la cuenca Malvinas, pero que al mismo tiempo incorpora un capítulo de regularización con quita de multas, sanciones administrativas y sanciones penales.
“Dan una vuelta con el pago insignificante para una petrolera y vienen a explotar en la Argentina continental. Esto es lo contrario a lo que anunció por cadena nacional”, afirmó Propato.
La diputada también cuestionó el alcance de la iniciativa sobre otras normas y advirtió sobre sus efectos en materia de libertad de expresión.
“Es una ley ómnibus que modifica la Ley de Defensa, la Ley de Seguridad Interior, varios artículos del Código Penal, trae un aspecto muy preocupante para la libertad de prensa en la República Argentina que es lo que llama en este texto “campañas de desinformación masivas”, y por tal motivo hemos recibido desde ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, una preocupación en relación a la modificación del artículo 225 del Código Penal, que pueden significar un atraso realmente inconcebible para la República Argentina en materia de libertad de expresión y de democracia”, sostuvo.
Qué propone el proyecto
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca endurecer el régimen vigente frente a actividades vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El proyecto ratifica que esos territorios integran el territorio nacional y establece como objetivo permanente la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina.
La propuesta se estructura sobre tres ejes: sancionar la explotación ilegítima de recursos, generar incentivos para que esas actividades cesen y ampliar las herramientas del Estado ante amenazas externas.
Entre los principales cambios figura la derogación de la Ley 26.659 y su reemplazo por un régimen sancionatorio más amplio, que alcanza no solo a los hidrocarburos sino también a otros recursos naturales renovables y no renovables.
La iniciativa contempla penas de prisión, multas calculadas en barriles de petróleo e inhabilitaciones para distintas conductas vinculadas con la explotación de esos recursos sin autorización argentina.
También establece consecuencias económicas para las personas y empresas sancionadas. Entre otras medidas, podrían quedar impedidas de desarrollar determinadas actividades en la Argentina, contratar con el Estado o acceder a beneficios fiscales y previsionales.
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