La Fuerza Aérea Argentina intensifica la custodia del espacio aéreo frente al crecimiento del tráfico ilícito. El responsable máximo de la fuerza, brigadier general Gustavo Valverde, explicó en Infobae en Vivo los mecanismos que utiliza el Estado para interceptar aeronaves no autorizadas, la tecnología disponible y la llegada de los aviones F-16 como parte de un plan de modernización.

“La Fuerza Aérea Argentina no se dedica a pelear contra el narcotráfico. La tarea es la defensa del espacio aéreo integrado, cuidar nuestros cielos y actuar ante cualquier aeronave que ingresa sin cumplir las normas establecidas”, introdujo Valverde en el inicio de la entrevista.

Al describir el proceso de control, el brigadier general precisó que “cualquier aeronave que ingresa al espacio argentino y no cumple con las normas establecidas es intervenida por el Comando Conjunto del Espacial para interceptar la aeronave, identificarla y obligarla a aterrizar o salir del país”.

La coordinación con el Ministerio de Seguridad resulta clave: la Fuerza Aérea actúa mientras el avión está en el aire, y una vez en tierra, la intervención pasa a las fuerzas policiales.

Control aéreo y procedimientos ante vuelos irregulares

El Comando Conjunto del Espacial, dependiente del Estado Mayor Conjunto, concentra casi todos los recursos y el personal de la Fuerza Aérea Argentina. El brigadier general Valverde explicó que la institución dispone de sensores y radares desplegados principalmente en el norte del país, además de sistemas de armas preparados para operar desde diversas posiciones.

No todos los vuelos interceptados resultan ilícitos. Según Valverde, “muchas veces se interceptan aeronaves que son fumigadores o que presentaron su plan de vuelo tarde”. El control en tiempo real y la investigación de inteligencia permiten distinguir los casos y actuar con precisión.

Infraestructura de radarización y despliegue operativo

La infraestructura de radarización nacional se apoya en dos sistemas complementarios. Los radares secundarios, destinados a vuelos comerciales, cubren todo el país. Los radares primarios, de uso militar, se concentran en el norte y el sur, según explicó Valverde.

“Con esos radares tenemos cubierto todo el norte en una primera y segunda línea y, sobre todo, el sur del país. El plan de Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) está en marcha, ya finalizó la primera etapa y ahora avanzamos con la segunda, principalmente en la provincia de Buenos Aires y la costa hacia el sur”.

El funcionamiento de los radares depende de ciclos de mantenimiento. “Si un radar no está operativo, es porque está en el ciclo de mantenimiento preventivo para que siga su vida útil”, señaló Valverde. Existen ciclos de 24 a 48 horas y otros que pueden extenderse hasta un mes, según la intervención requerida.

Ante la posibilidad de que un radar quede fuera de servicio, la Fuerza Aérea dispone de una estructura escalonada. Valverde detalló: “La disposición de los radares está pensada para que, si uno no funciona, otro cubra esa zona. Además, desplegamos radares móviles para reforzar sectores vulnerables y evitar que bandas criminales aprovechen cualquier ventana”.

Incorporación de F-16 y formación de pilotos

Desde diciembre del año pasado, la Fuerza Aérea Argentina incorporó los primeros seis aviones F-16. Está previsto que otras seis aeronaves lleguen en septiembre.

“El F-16 permite operar y es muy útil para interceptar aeronaves ilícitas, tanto de baja como de alta performance”, indicó Valverde. El sistema llegó con presupuesto asignado, y el Ministerio de Defensa garantiza el flujo de recursos para su sostenimiento.

La formación de pilotos para operar el F-16 requiere una preparación rigurosa. Los aspirantes deben acumular años de experiencia, superar pruebas físicas exigentes y dominar los sistemas a bordo.

Valverde explicó: “Para volar el F-16 hay que soportar nueve veces el propio peso. Existen pruebas como la cámara centrífuga que solo pueden realizarse en Estados Unidos, Bélgica o Países Bajos. Si el piloto no la supera, no puede volar el F-16”.

El proceso completo de formación, desde el ingreso a la Escuela de Aviación Militar hasta la operación del F-16, puede llevar alrededor de ocho años. Además, la instrucción involucra prácticas en Argentina y en el exterior, con pilotos actualmente entrenándose en Río Cuarto y en Estados Unidos.

El brigadier general destacó que los integrantes de la Fuerza Aérea “están por lo que sienten que a través de la institución se le puede brindar al país”, y al mismo tiempo abogó por que la retribución de los oficiales sea acorde a la tarea y la responsabilidad que tienen. “El trabajo que hacemos es defender nuestro cielo, lo que se traduce en seguridad para el ciudadano argentino”, subrayó Valverde.

Plan de despliegue y cooperación interinstitucional

La Fuerza Aérea Argentina mantiene una coordinación constante con el Ministerio de Seguridad. Cuando un avión sospechoso aterriza, la responsabilidad pasa a las fuerzas policiales, que ejecutan las detenciones y el decomiso de cargamentos.

“Trabajamos permanentemente coordinados. Cuando la aeronave aterriza, el Ministerio de Seguridad interviene en tierra”, sostuvo Valverde.

Además, la Fuerza Aérea utiliza información de inteligencia para detectar pistas clandestinas y anticipar rutas empleadas por vuelos irregulares. El despliegue de radares móviles y la colaboración con otras fuerzas permiten reforzar la vigilancia en corredores críticos del país.

La Fuerza Aérea, bajo la conducción del brigadier general Gustavo Valverde, continúa adaptando sus recursos y protocolos para responder a los desafíos que presenta el control del cielo nacional.

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La oposición rechazó el DNU 681/2026 firmado por el presidente Javier Milei y adelantó que impulsará acciones tanto en el Congreso como en la Justicia para intentar que sea declarado inconstitucional.

El cuestionamiento apunta a las modificaciones introducidas en la Ley de Migraciones, que incorporan nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que inciten al odio o a la violencia contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad, así como de quienes participen en actos de ultraje a los símbolos patrios.

Desde distintos bloques opositores, que sostienen que el decreto vulnera garantías constitucionales, cuestionan tanto su contenido como la decisión del Gobierno de avanzar por la vía del DNU. Además, anticiparon que buscarán su derogación en el Congreso mientras preparan presentaciones judiciales para frenar su aplicación.

Para el diputado socialista por Santa Fe, Esteban Paulón, la medida es “inconstitucional” y carece de efectos prácticos. El legislador advirtió que la norma pretende establecer sanciones administrativas sin el debido proceso ni la intervención del Poder Judicial, por lo que confirmó a TN que impulsarán su derogación y acudirán a la Justicia.

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“Es un decreto que solo declama una intención con fines políticos, sin aplicabilidad real en nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó Paulón.

El diputado también vinculó la decisión del Gobierno con el contexto político generado tras la polémica por las restricciones al uso de símbolos vinculados con las Islas Malvinas durante el Mundial. Según sostuvo, el oficialismo intenta recuperar respaldo apelando a un discurso nacionalista.

“Hay una sobreactuación de nacionalismo orientada a encubrir los errores políticos cometidos durante el certamen deportivo y a capitalizar el fervor patriótico de la sociedad. Intentan camuflar con este decreto la falta de postura en el partido contra Inglaterra, pretendiendo tapar con demagogia lo que no supieron defender en su momento”, señaló.

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Las críticas también llegaron desde Unión por la Patria. La diputada Florencia Carignano, exdirectora nacional de Migraciones, sostuvo que existe una contradicción entre el contenido del decreto y el discurso del oficialismo.

“Lo irónico del DNU que acaba de sacar este Gobierno es que sea justo un Gobierno que hace de los mensajes del odio una política de Estado. Si todos los países hiciesen esto, Javier Milei no podría entrar en varios. Se me ocurren por lo menos ocho: Brasil, Chile, México, el Vaticano, España, Colombia, China y Venezuela”, afirmó.

Mientras que el diputado Jorge Taiana le dijo a TN: “El decreto publicado por el Gobierno nacional confirma el carácter racista, xenófobo y discriminatorio de las políticas de Milei y su gabinete”.

“Desde el Congreso vamos a hacer todo lo necesario para frenar este decreto y evitar este nuevo retroceso en materia de derechos”, agregó.

El recorrido parlamentario del DNU

De acuerdo con la Ley 26.122, el jefe de Gabinete debe remitir el DNU a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso dentro de los diez días hábiles posteriores a su firma para que emita dictamen.

La comisión, integrada por 16 legisladores —ocho diputados y ocho senadores—, aguarda el envío por parte del jefe de Gabinete, Diego Santilli. El cuerpo es presidido por la senadora libertaria María Belén Monte de Oca.

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Una vez emitidos los dictámenes, el decreto deberá ser tratado en ambas cámaras. Para que un DNU pierda vigencia es necesario que tanto la Cámara de Diputados como el Senado lo rechacen formalmente. Si solo una de las cámaras lo rechaza o aprueba, el decreto continúa vigente.

Ese fue el caso del DNU 70/2023, el primer decreto de necesidad y urgencia dictado por Milei, que introdujo una amplia desregulación y derogó distintas normas. Aunque fue rechazado por el Senado, nunca fue tratado por la Cámara de Diputados, por lo que continúa en plena vigencia.

Críticas por los cambios a la Ley de Tierras

Durante el debate sobre el DNU también surgieron cuestionamientos vinculados con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que actualmente analiza el Senado y que incluye modificaciones a la Ley de Tierras.

El diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, sostuvo que existe una contradicción entre el discurso oficial sobre la defensa de la soberanía y la iniciativa que impulsa el Gobierno.

“Se hacen los patriotas por DNU por una polémica de redes, mientras preparan la mayor entrega de nuestras tierras para la votación del 6 de agosto. Los símbolos nacionales se respetan, pero la soberanía territorial de la Argentina no se remata”, afirmó.

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En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro aclaró que el debate no pasa por impedir inversiones, sino por preservar recursos estratégicos.

“No se trata de impedir inversiones ni la compra y venta de tierras. Se trata de preservar nuestros acuíferos y reservas de agua dulce, proteger el desarrollo nuclear y científico-tecnológico, resguardar las zonas de frontera y garantizar que estos recursos estratégicos no queden a merced de futuros condicionamientos o discrecionalidad”, sostuvo.

Las modificaciones propuestas también fueron cuestionadas por Unión por la Patria tras una reunión encabezada por el diputado Germán Martínez y el senador Marcelo Lewandowski.

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Martínez afirmó que la iniciativa “está diseñada para facilitar la concentración y la extranjerización de vastas extensiones de tierras ubicadas en zonas estratégicas del territorio argentino” y convocó a “aprovechar al máximo este tiempo para la acción militante” con el objetivo de frenar el avance del proyecto.

Por su parte, Lewandowski calificó la propuesta como “un estatuto tecno-legal del coloniaje” y advirtió sobre sus posibles consecuencias.

“La ley de tierras no es solamente una cuestión de soberanía limítrofe, es también la tierra de nuestra pampa húmeda. Imagínense cuando vengan con el dinero a comprar de a 500 o de 800 hectáreas: van a quedar grandes pooles de siembra, grandes corporaciones que van a determinar cómo vamos a sembrar en nuestra pampa”, concluyó.

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