POLITICA
Los gremios más combativos calcularon cuánto debería ser el salario mínimo: supera los $3,1 millones Copiar título

Según un índice elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que reúne a las organizaciones gremiales más combativas de las tres centrales obreras, el salario mínimo debería alcanzar los $3.178.287 mensuales para cubrir las necesidades establecidas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo La cifra representa más de ocho veces el salario mínimo vigente.
El relevamiento toma como referencia los gastos necesarios para cubrir las nueve necesidades contempladas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo, entre ellas alimentación, vivienda, salud, educación, transporte y esparcimiento.
La presentación del índice de octubre se realizó en la sede de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), con la participación de dirigentes de sindicatos industriales, estatales, docentes y del transporte, que cuestionaron la política salarial del gobierno de Javier Milei y denunciaron una pérdida sostenida del poder adquisitivo.
El secretario general de APLA, Pablo Biró, sostuvo que el índice busca exponer la situación de los trabajadores frente al ajuste económico. “Dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación”, cuestionó.
Cuánto debería destinarse a alimentación, vivienda y otros gastos
La estimación del FreSU establece que una familia necesita $677.755 para alimentación adecuada y otros $640.994 para acceder a una vivienda digna. A esos gastos se suman $389.223 para salud, $278.679 para educación y cultura y $147.695 para vestimenta.
El cálculo también contempla $685.329 para transporte, esparcimiento y vacaciones, mientras que asigna $349.612 a previsión social. Los sindicatos sostienen que esos componentes permiten establecer un salario mínimo acorde con las necesidades de una familia trabajadora.
El secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora (Ftciodyara), Daniel Yofra, explicó que la metodología recupera y actualiza un estudio que realizaba el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para determinar el salario necesario para garantizar una vida digna.
Según el dirigente, “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU”, sino que responde a los criterios establecidos por la Constitución Nacional y la legislación laboral.
El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que desde la llegada de Milei al Gobierno los trabajadores privados acumularon una pérdida promedio de $3.192.523, mientras que entre los estatales alcanzó los $16.594.583, según sus estimaciones.
El FreSU está integrado por organizaciones como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, los gremios aceiteros, docentes, aeronáuticos, marítimos, molineros, papeleros y viales.
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POLITICA
Javier Milei, ante empresarios: “La única forma de crecer es ahorrar”

El presidente, Javier Milei, brindó un discurso por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) que se desarrolló en el Hotel Alvear y sostuvo que “el futuro del país está en las manos de los empresarios, porque son los creadores de riqueza”.
“Además de eso, quieren devaluar”, expresó en alusión a algunos economistas y opositores. “Si seguimos pensando que el crecimiento se genera incentivando el consumo es lo que pasó en los 12 años previos a que nosotros llegáramos, que no se crecía”, advirtió.
“La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar, pero insisten con incentivar el consumo”, cuestionó.
En otro pasaje de su alocución, el primer mandatario se refirió a la cuestión impositiva. “Al derecho de propiedad lo defendemos bajando impuestos. Nosotros bajamos casi cuatro puntos del PBI en reducción de impuestos: eso no lo hizo jamás nadie”, subrayó Milei.
Al momento de referirse al rol de los empresarios, Milei señaló que “no van a crecer si no hay espíritu empresarial”. En palabras del Presidente, “es clave tener tipos que son emprendedores y se la juegan. Que ven cómo le arreglan los problemas a la humanidad”.
A partir de esa última idea, Milei reveló una anécdota que protagonizó junto al dueño de X, el empresario estadounidense Elon Musk. “En la primera reunión que tuve con Musk, él me dijo ‘yo me levanto pensando qué puedo hacer para ayudar a la gente’”, revivió el mandatario, y remató: “Si queremos ser grandes nuevamente, los invito a ser grandes benefactores sociales porque eso genera prosperidad”.
Según Milei, desde su asunción “le devolvimos a los argentinos más de US$25.000 millones. La motosierra es para eso: para devolverle el dinero a sus generadores, que son los contribuyentes. Se terminó la mentira del Estado en la Argentina”.
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POLITICA
El vicepresidente de EE.UU. canceló su viaje a la Argentina, pero el Gobierno relativizó la decisión y ratificó su alianza con Trump

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, no viajará a la Argentina para reunirse con Javier Milei, según confirmaron a TN fuentes al tanto de la planificación de la visita. Sin embargo, en Casa Rosada relativizaron el impacto de la decisión y ratificaron el buen vínculo con Washington.
La visita, prevista inicialmente para la segunda mitad de noviembre tras el viaje apostólico del papa León XIV, formaba parte de una gira latinoamericana con escalas en Colombia y Chile que quedó en suspenso luego de la derrota electoral del Partido Republicano en las elecciones de medio término en Estados Unidos del 3 de noviembre.
La decisión representa un contratiempo para la gestión de Javier Milei, que esperaba recibir a uno de los principales funcionarios de la administración de Donald Trump, aunque en Balcarce 50 ratificaron una vez más que el vínculo estratégico con Washington no está en discusión y que pasa por otros canales más allá del vicepresidente.
“Si no viene a Latinoamericana, no viene a Latinoamérica”, desestimaron en Casa Rosada, donde afirmaron que el Gobierno tiene una mayor cercanía con otras figuras del ecosistema republicano como el secretario de Estado, Marco Rubio, o con el propio Donald Trump. “Con JD Vance no teníamos una relación puntual”, agregaron.
Aun así, en Balcarce 50 señalaron que no hubo una comunicación formal por la suspensión, misma línea que fue replicada por la Cancillería. Ante las consultas, en el Palacio San Martín señalaron que cualquier confirmación debía buscarse directamente en Washington o entre los colaboradores de Vance, pese a que a fines de octubre la visita del vicepresidente norteamericano había sido uno de los temas de discusión entre Pablo Quirno y el vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, durante su estadía en el país.
La suspensión, que ya había comenzado a rumorearse la semana pasada, se conoció después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. El resultado modificó el escenario político interno de Trump y abrió interrogantes sobre las prioridades de su administración para la segunda mitad del mandato.
El desplazamiento de Vance en la política exterior tras su crítica a la guerra con Irán
La reorganización de la agenda del vicepresidente también quedó expuesta en los últimos días por las diferencias con Trump en torno a la guerra de Medio Oriente. El jueves pasado, el presidente estadounidense le pidió públicamente a Vance que dejara de concentrarse en las negociaciones con Teherán y dedicara toda su atención a investigar supuestos casos de corrupción y criminalidad en ciudades y estados gobernados por demócratas.
“No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días ya pasaron”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. En el mismo mensaje, sostuvo que Estados Unidos tiene bajo control los activos económicos del régimen iraní y el estrecho de Ormuz. Vance había encabezado en abril las conversaciones con representantes iraníes en Islamabad, Pakistán, junto con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, los contactos no habían conseguido alcanzar un acuerdo duradero.

Además, la decisión de Trump de redirigir las tareas del vicepresidente se produjo después de que trascendieran nuevos contactos para reactivar las negociaciones con Teherán y en medio de las diferencias públicas entre ambos por el impacto político y económico de la guerra sobre el resultado electoral. El episodio volvió a poner de manifiesto las tensiones dentro de la administración estadounidense y las prioridades domésticas que enfrenta la Casa Blanca.
Milei busca blindar la relación con Estados Unidos
Pese al revés electoral de Trump y a la cancelación de la visita de Vance, el Gobierno argentino busca sostener el alineamiento con Estados Unidos y avanzar con los compromisos bilaterales que ambas administraciones pusieron en marcha durante los últimos meses.
La señal más reciente llegó del embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, quien aseguró que el escenario bilateral no había cambiado en lo absoluto a pesar del nuevo escenario legislativo en Washington. “Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, sostuvo.
El diplomático definió el vínculo como una alianza “firme, estratégica y de largo plazo” y aseguró que, bajo el liderazgo de Trump y Milei, ambos países están construyendo una relación basada en la libertad, la confianza y las oportunidades económicas. “Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones”, agregó Lamelas, que mencionó como prioridades el crecimiento de las inversiones, el comercio, el empleo y la seguridad.
En la Casa Rosada buscan que esa definición se traduzca en compromisos concretos y que la relación bilateral no dependa exclusivamente del vínculo personal entre los dos presidentes. La estrategia oficial apunta a consolidar una agenda económica y de infraestructura que permita sostener la cooperación entre ambos países más allá de los cambios políticos en Washington.

Uno de los principales instrumentos es el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), firmado el 5 de febrero de 2026. El 14 de octubre, Quirno y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, firmaron un protocolo adicional que permitirá remitir el entendimiento al Congreso argentino para su aprobación. Se trata de una iniciativa compleja que todavía no logró abrirse paso entre la agenda legislativa del Gobierno, que debe analizar si lo incluye en el eventual llamado a sesiones extraordinarias.
Lo que sí podría avanzar esta semana es el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que fue tratado por primera vez en 1998 y que regresará a la Cámara alta con modificaciones luego de su paso en agosto por la Cámara de Diputados. Se trata de un reclamo histórico de las empresas norteamericanas y fue uno de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino con el de los Estados Unidos dentro del acuerdo comercial.
POLITICA
La campaña cívica para reclamar cambios en los concursos judiciales llegó al Senado

La campaña nacional bajo el lema “Por una justicia independiente”, orientada a exigir mayor transparencia, predictibilidad e igualdad en los procesos de concursos para el Poder Judicial, llegó este lunes al Senado, por medio de una carta enviada a la estratégica comisión de Acuerdos, encargada de debatir los pliegos de jueces que envía el Poder Ejecutivo.
Las entidades que forman parte de la campaña invocaron su derecho constitucional a “peticionar a las autoridades” para reclamar a los senadores que “al momento de firmar los dictámenes correspondientes a la designación de jueces federales o nacionales”, se “considere y pondere la circunstancia del orden de mérito del candidato antes y después de la entrevista personal que realiza el Consejo de la Magistratura de la Nación”.
La misiva se inscribe en la acción de una coalición transversal conformada por entidades civiles, colegios de abogados, cámaras empresarias y referentes del ámbito jurídico, que promueven reformas inmediatas en el sistema de evaluación conducido por el Consejo de la Magistratura de la Nación, con el propósito de garantizar un procedimiento basado en el mérito objetivo.
El eje central de la demanda consiste en requerir al Consejo de la Magistratura la modificación del reglamento de selección para acotar la injerencia de las evaluaciones discrecionales. Específicamente, las organizaciones firmantes solicitan “limitar a un tope de 20 puntos la incidencia de la entrevista en el resultado, en línea con lo propuesto por la Corte Suprema de la Nación”. Según advierte el documento presentado, achicar al máximo el margen de decisión discrecional constituye “el primer paso para garantizar la independencia judicial”, condición que definen como base institucional e insumo clave para promover la inversión, el crecimiento y el empleo.
“La ciudadanía ha percibido que el orden de mérito surgido de los concursos objetivos que realiza el Consejo, muchas veces es alterado después de las entrevistas de forma absoluta, debido a la discrecionalidad del procedimiento. Ello ha merecido una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que propone limitar al 20% del puntaje total la valoración de la entrevista personal, para no desplazar el mérito de los concursos efectuados. En el mismo sentido se han expedido en una declaración conjunta algunas de las más prestigiosas entidades de la sociedad civil y del ejercicio del derecho. Le adjuntamos ambos documentos”, indicaron los firmantes en la carta dirigida al senador Maximiliano Abad, integrante de la comisión de Acuerdos.
Un proyecto en el sentido de limitar el peso de las entrevistas personales en el puntaje del concurso había sido presentado por dos jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, en marzo pasado. Pero hasta ahora sigue trabado dentro del Consejo de la Magistratura. La discrecionalidad en la evaluación de las entrevistas personales ha permitido que candidatos con baja calificación en los exámenes escritos y en los antecedentes terminen en posiciones expectantes para ser incluidos en las ternas de las que después salen los aspirantes propuestos por el Poder Ejecutivo.
La campaña, visibilizada mediante la consigna #MasMeritoMasJusticia, es impulsada a través de una petición pública en la plataforma Change.org. Pone de relieve el diagnóstico crítico sobre el funcionamiento actual de las evaluaciones. En un comunicado, los impulsores señalan que, si bien la Constitución exige idoneidad, independencia y eficacia en la designación de los jueces, hoy “se usan criterios distintos para decidir quién llega a la entrevista personal, la cual termina siendo definida por criterios discrecionales y el mérito del concurso queda sin efecto”.
En ese sentido, remarcan la obligación legal del órgano evaluador de respetar estrictamente el orden de mérito surgido de los exámenes y antecedentes académicos de los aspirantes.
La presentación cuenta con el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y el ámbito judicial como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Red de Acción Política (RAP), el Club Político Argentino, Poder Ciudadano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Asimismo, se sumaron entidades del sector privado, entre las que se destacan el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham). Entre los juristas y constitucionalistas adherentes figuran Roberto Gargarella, Daniel Sabsay, María Angélica Gelli, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández.
También se sumaron a la iniciativa personalidades públicas y dirigentes políticos, como Rogelio Frigerio, Esteban Bullrich, Hernán Lacunza, Ernesto Sanz, Ramón Lanús, Luciano Laspina, Juan Manuel López, Nicolás Massot, Gabriela Michetti, Liliana Negre de Alonso, Graciela Ocaña, Adrián Perez, Omar Perotti, Federico Pinedo, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, María Eugenia Talerico, Martín Yeza, Soledad Acuña, Oscar Aguad, Eduardo Amadeo, Marcela Campagnoli, Susana Decibe, Facundo del Gaiso, Rodrigo de Loredo, Mónica Fein y Emmanuel Ferrario.
“Por las razones expuestas y porque consideramos que los habitantes tienen derecho a una justicia imparcial e idónea, que se ajuste a los parámetros del mérito objetivo que propicia la Constitución Nacional, es que le solicitamos que, en el ejercicio de su representación popular, provincial y nacional, revise detalladamente y contemple la posibilidad de no conceder acuerdo a candidatos cuyo mérito se haya alterado de manera sustantiva en relación al orden inicial de los concursos”, indicaron los firmantes.
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