La primera semana de agosto termina como arrancó: con alta intensidad política. Se sucedieron hechos variados, desde la escalada presidencial contra Lula da Silva -y el consiguiente deterioro de las relaciones con Brasil- hasta la confirmación del viaje del papa León XIV a la Argentina. También, un paro nacional de docentes y una suba de los índices de pobreza. En esa sucesión vertiginosa, sobresalieron dos daños autogenerados por el oficialismo: el desgaste sufrido para aprobar en el Senado lo que quedó del proyecto sobre propiedad privada y el inédito conflicto que paralizó los puertos de todo el país durante cuatro días. Fue, otra vez, una mezcla de mala praxis y cerrazón ideológica. Puro microclima del poder.

La racha de costos que se provoca a sí mismo el oficialismo registra también las internas, densas. Algunas son renovadas aunque por ahora contendidas, entre los bandos de Karina Milei y Santiago Caputo. Y añaden, según el tema, tensiones con Patricia Bullrich y últimamente, malestar con Federico Sturzenegger. El punto máximo lo escribe la relación sin retorno con Victoria Villarruel, cuya renuncia fue reclamada por Diego Santilli y Pablo Quirno. Con todo, los dos renglones señalados en primer lugar son los de mayor impacto. Tanto, que desde el oficialismo ya se dejan trascender correcciones para la tarea legislativa de LLA, junto a la reducción de lo que había sido anunciado como una ola de proyectos “reformistas”.

El recorte significativo del texto original de inviolabilidad de la propiedad privada, obra de Sturzenegger con amplio aval del Presidente, no fue un hecho de un par de días, un espasmo. En rigor, comenzó a poco de que el proyecto ingresara al Senado y reprodujo, entre aliados, socios y dialoguistas recelos repetidos, y desatendidos, por la amplitud de la iniciativa. Es cierto que el caso Adorni perjudicó el intento inicial de hacer rodar el tema, pero lo ocurrido esta semana indica un problema más profundo.

El oficialismo, como suele ocurrir en estos casos, hizo circular explicaciones referidas sólo a elementos externos. Ninguna incluyó algo parecido a un cuestionamiento sobre su papel y, en todo caso, se trató de facturas domésticas. Patricia Bullrich dijo que el larguísimo caso de Manuel Adorni -que este mes sumaría novedades en la Justicia- impidió avanzar con el proyecto. Y conjeturó que habría sido votado entonces sin rechazos como los que fueron agudizándose en las últimas semanas.

En la misma línea, fue alimentada la idea según la cual el efecto Mundial también complicó los planes del Gobierno. En otras palabras, se aventuró que el clima social -especialmente, a partir del partido con Inglaterra y la bandera por Malvinas- giró fuertemente y profundizó el rechazo al capítulo que buscaba modificar la ley de tierras. Eso -es decir, la afirmación del concepto de “extranjerización”– fue considerado elemento central del cálculo político de senadores dialoguistas. Los “tibios” en versión de Joaquín Benegas Lynch, que agravó el enojo ya extendido en espacios de buen trato con LLA.

La cronología indica que el problema con este proyecto había comenzado mucho antes. En mayo, fue dado de baja el artículo que buscaba eliminar de hecho el Registro Nacional de Barrios Populares. Fue el primer síntoma de los problemas que podría enfrenar el oficialismo con un texto que modificaba varias leyes sensibles. Entre el martes y el miércoles último, el oficialismo negoció finalmente excluir el capítulo sobre la ley de tierras. Y el jueves bien entrada la noche, ya en el recinto, cayó el tramo que pretendía cambiar la ley sobre manejo del fuego.

La aprobación de lo que quedó del proyecto -básicamente, aceleración de desalojos y cambios sobre expropiaciones de bienes por parte del Estado- dejó sabor de derrota en el Gobierno. Para entonces, el oficialismo había registrado rechazos –señales de diferenciación, al menos– de parte de la UCR y de gobernadores de buen diálogo con los operadores de la Casa Rosada (Tucumán, Catamarca, Salta, Misiones, Corrientes, Chubut, Neuquén), además de malestar en una franja del PRO.

Hubo, sin dudas, un fracaso en el terreno comunicacional, especialmente sobre la venta de tierras a personas y empresas extranjeras. También podría anotarse una ironía sobre el debut del giro “nacionalista” en el discurso libertario. Parte del mismo intento de recuperar iniciativa, arrancó con problemas la idea de poner en marcha el Congreso con iniciativas propias. En Diputados, comenzó a caminar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con puntos a negociar, y la segunda entrega de Inocencia Fiscal, que genera de entrada un choque con la oposición por la situación de funcionarios que puedan adherir a este régimen. Algo así como una estribación de la serie de Adorni.

Pero más de fondo, asoman al menos dos problemas de arrastre. Uno es de “mala praxis” en continuado: la intención de impulsar “grandes reformas” entendidas como proyectos que afectan muchas otras leyes. Ocurrió en su momento con la Ley Bases, podada en sucesivas negociaciones para lograr su aprobación. Y en los últimos días, con la iniciativa sobre propiedad privada. El oficialismo busca adhesiones -la contracara son los tratos con jefes provinciales-, en lugar de plantear debate sobre proyectos individuales para cada reforma a leyes de peso. Es algo que le han señalado algunos legisladores dialoguistas.

El otro tema es la cerrazón ideológica o, si se prefiere, la visión de poder. Existe, en el fondo, un estrato de origen más que presidencialista, que supone que el Ejecutivo nacional está por encima de los otros poderes. Y que el resultado de una elección debe ser interpretado sólo como alineamiento acrítico con el ganador. En algunos casos de manera expresa, el disgusto con el Congreso -cuando fracasa un proyecto o es podado para su aprobación- va acompañada por la idea de forzar las cosas por decreto.

No siempre funciona, porque, como suele decirse, juegan también otros actores. La demostración más cercana fue expuesta por el conflicto con los prácticos, que paralizó la actividad portuaria en todo el país y terminó por donde debería haber empezado: el armado de mesa de negociación. Y para avanzar, dejó sin efecto el decreto. Tampoco en este caso resultó posible una discusión de fondo, sin dudas necesaria.

Fue una experiencia costosa, en todo sentido, al igual que el capítulo del Senado. Se verá cómo impacta semejante sucesión de hechos en Olivos, necesitado de acuerdos para coronar los proyectos considerados prioritarios para su plan releccionista. Y también, aunque suene contradictorio, atado a la idea de fabricar o sostener un “enemigo” como forma de construcción política en blanco y negro.

El Gobierno pone en pausa el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en Inocencia Fiscal para una sesión que ya proyecta realizar el 26 de agosto. En la Casa Rosada quieren evitar que las distintas iniciativas se mezclen en una misma negociación y compliquen la aprobación de los proyectos que Javier Milei considera centrales.

“No es la idea acelerar Propiedad Privada ahora”, expresan en Nación. La posición oficial es dejar transcurrir el impacto político de la discusión en el Senado y concentrar durante las próximas semanas los contactos con los bloques dialoguistas en los dos proyectos económicos.

El criterio responde directamente a una prioridad presidencial. “Ahora hay que sacar lo que más le importa al Presidente”, agregan fuentes del Ejecutivo. Milei ubicó la modificación del Banco Central en el centro de la segunda etapa de su programa y la presentó por cadena nacional como una de las principales reformas institucionales de su gestión.

La mesa política terminará de definir la estrategia en su próxima reunión. Allí se resolverá el temario definitivo del 26 de agosto, el ritmo de las reuniones de comisión y el momento en el que el oficialismo volverá a activar Propiedad Privada en la Cámara baja.

La decisión se tomó después de una negociación especialmente conflictiva en el Senado. El proyecto de Propiedad Privada atravesó cuatro postergaciones, múltiples modificaciones y llegó a acumular 17 versiones antes de obtener la media sanción. Finalmente, fue aprobado por 37 votos contra 33, luego de que el oficialismo retirara los capítulos sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego.

Ese recorrido encendió alarmas dentro de Balcarce 50 en tres planos: la discusión pública, la negociación con los gobernadores y la coordinación interna. En distintos despachos reconocen que el Gobierno perdió el control de la conversación sobre la venta de tierras a extranjeros y que el rechazo terminó alcanzando a actores que inicialmente no formaban parte de la oposición política tradicional.

El frente legislativo también dejó señales de preocupación. Varios gobernadores que habitualmente negocian con el oficialismo hicieron retirar el respaldo de sus senadores al capítulo de tierras y las resistencias provinciales volvieron a aparecer horas después con Manejo del Fuego. La Casa Rosada quiere evitar que esa dinámica se replique sobre el Banco Central, donde necesita conservar una mayoría amplia de aliados.

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El episodio expuso además las diferencias entre las áreas que redactan las reformas y quienes después deben conseguir los votos. Durante la negociación se produjeron cruces entre Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich por las concesiones a los bloques dialoguistas, junto con pases de factura internos por el manejo de los gobernadores y el cálculo de las mayorías.

A pesar de esas dificultades, el Gobierno logró conservar una parte importante de Propiedad Privada. La media sanción incluye modificaciones al régimen de expropiaciones, procedimientos más rápidos de desalojo, cambios en la regularización dominial y la digitalización de los Registros de la Propiedad Inmueble. Ahora debe ser tratada por Diputados para convertirse en ley.

La decisión de postergar su tratamiento no implica entonces archivar el proyecto, sino sacarlo de la negociación inmediata. En Nación sostienen que todavía no está definido cuándo volverá a aparecer en el temario y remarcan que la prioridad será no acumular discusiones políticamente sensibles en una misma sesión.

El principal objetivo para el 26 de agosto es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El texto restablece como misión principal de la entidad preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento al Estado nacional, las provincias y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

La iniciativa también endurece las condiciones para remover al presidente y al directorio del BCRA. El mecanismo de nombramiento mediante propuesta del Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado se mantiene, pero para desplazar a las autoridades monetarias el Gobierno plantea exigir una mayoría de dos tercios tanto en Diputados como en la Cámara alta.

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El proyecto restringe además la transferencia de utilidades originadas en resultados por tenencia, establece una reserva técnica no distribuible para determinados activos y limita el giro de resultados de la cartera del Banco Central al Tesoro a la cancelación de deuda. El paquete incorpora también la eliminación de las Letras Intransferibles, otro de los puntos que Milei destacó al presentar la reforma.

Inocencia Fiscal completa la agenda que el oficialismo quiere concentrar en Diputados. La Casa Rosada busca reforzar el denominado “tapón fiscal”, limitar la posibilidad de que ARCA revise períodos anteriores y ampliar las garantías para que ahorros no declarados ingresen al sistema financiero. En el Ejecutivo vinculan esa iniciativa con la estrategia de profundizar el crédito y canalizar el ahorro hacia inversiones.

La hoja de ruta quedará sujeta al cierre de los votos y a la decisión final de la mesa política. La premisa que domina ahora en la Casa Rosada es reducir la cantidad de frentes abiertos y ordenar las reformas según las prioridades de Milei: primero el Banco Central e Inocencia Fiscal; Propiedad Privada quedará para una etapa posterior, una vez que el oficialismo considere superado el desgaste que dejó su tratamiento en el Senado.

Gobierno, propiedad privada, Banco Central

La Libertad Avanza comenzó a poner el foco en las elecciones presidenciales de 2027 después de una semana marcada por dificultades en el Congreso, cruces internos y negociaciones que no terminaron como esperaba el oficialismo. En ese escenario, la reelección de Javier Milei aparece como el principal objetivo político del Gobierno.

“La prioridad es que el Presidente reelija”, aseguró un funcionario del oficialismo, en una definición que refleja el rumbo que comenzó a tomar la estrategia libertaria de cara al próximo ciclo electoral.

El Gobierno todavía espera definiciones sobre el calendario electoral, pero ya analiza cómo competir en cada provincia y qué tipo de acuerdos deberá establecer con los gobernadores aliados. La intención es que los libertarios puedan presentar candidatos propios en los distritos gobernados por el peronismo, mientras negocia listas conjuntas o esquemas de competencia con mandatarios provinciales cercanos.

La estrategia para las elecciones de 2027

En el oficialismo consideran que la estrategia electoral deberá definirse provincia por provincia. La relación con los gobernadores será uno de los principales puntos de negociación durante los próximos meses.

Milei confirmó que tiene compañero de fórmula para presentarse a su reelección

La fragmentación del peronismo también forma parte de los cálculos de la Casa Rosada. En el Gobierno observan con atención la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof y consideran que una oposición dividida puede favorecer las chances electorales de Milei.

En ese escenario, algunos dirigentes libertarios creen que Kicillof podría terminar siendo el principal candidato opositor. La lectura que hacen en el oficialismo es que una competencia entre Milei y el gobernador bonaerense permitiría polarizar la elección alrededor de dos modelos políticos claramente enfrentados.

La discusión por las PASO

Otro de los puntos que preocupa al oficialismo es el futuro de las PASO.

En La Libertad Avanza mantienen como objetivo eliminar o suspender las primarias, aunque reconocen que actualmente no parece sencillo conseguir los votos necesarios para avanzar con esa modificación.

La preocupación del Gobierno pasa por la posibilidad de que las PASO funcionen como una herramienta para que los distintos sectores de la oposición puedan ordenar sus candidaturas y llegar a las elecciones generales con un candidato competitivo.

Por eso, la reforma electoral aparece como una de las discusiones centrales de los próximos meses y podría tener un impacto directo sobre la estrategia de reelección de Milei.

Buenos Aires, uno de los principales desafíos

La provincia de Buenos Aires será otro de los grandes objetivos del oficialismo. En la Casa Rosada analizan la posibilidad de competir con Diego Santilli y confían en que una eventual división del peronismo podría mejorar sus posibilidades.

El escenario bonaerense estará condicionado por la interna entre Kicillof y el kirchnerismo. En el Gobierno consideran que una oposición dividida podría abrir una oportunidad para La Libertad Avanza.

Además de Buenos Aires, en el oficialismo observan con expectativa los escenarios de Mendoza, Salta y Tierra del Fuego, donde creen que existen posibilidades de consolidar el crecimiento libertario.

Javier Milei llegó a Colombia, se reunió con Abelardo de la Espriella y busca fortalecer su alianza regional

Los problemas que encendieron las alarmas

La definición de la estrategia electoral llega después de una serie de dificultades para el Gobierno en el Congreso.

Uno de los últimos episodios fue el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que sufrió varias modificaciones y terminó llegando al Senado con una versión mucho más reducida que la propuesta originalmente por el Ejecutivo.

El proyecto había incorporado inicialmente distintos capítulos vinculados con la propiedad privada, la Ley de Tierras y el manejo del fuego, pero la falta de respaldo obligó al oficialismo a modificar sucesivamente el texto.

Dentro de La Libertad Avanza reconocieron, en diálogo con Infobae, que hubo errores políticos y de comunicación durante el proceso. La demora en conseguir acuerdos y las dificultades para ordenar la discusión generaron malestar en sectores del oficialismo.

Aun así, cerca del Gobierno buscan relativizar el impacto de los últimos tropiezos y sostienen que el Ejecutivo consiguió aprobar otras iniciativas importantes desde el comienzo de la gestión.

Milei busca fortalecer su liderazgo regional

Mientras el oficialismo intenta ordenar la estrategia interna, Milei profundizó durante las últimas semanas su agenda internacional.

El Presidente participó de distintas actividades en la región y mantuvo encuentros con mandatarios y dirigentes de derecha, con el objetivo de reforzar su liderazgo regional.

Después de asistir a la asunción de Keiko Fujimori en Perú, Milei viajó a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa y posteriormente estuvo en Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella.

El Gobierno también trabaja en la posibilidad de organizar una cumbre de mandatarios y dirigentes de derecha en Buenos Aires antes de fin de año.

La estrategia internacional funciona así como uno de los ejes sobre los que Milei busca sostener su protagonismo mientras la Casa Rosada comienza a ordenar el tablero político de cara a 2027.

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