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La policía inmigratoria de Trump detuvo a un futbolista argentino que juega en una liga de Estados Unidos

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El ICE, la policía inmigratoria del gobierno de Donald Trump, detuvo el jueves último a Matías Pourrain (34), un futbolista argentino que juega en una liga de Estados Unidos.

“Fue detenido por ICE en el Aeropuerto de Fort Lauderdale cuando se disponía a abordar un vuelo doméstico hacia Los Ángeles. Matías no estaba intentando ingresar ni salir de Estados Unidos. Simplemente estaba viajando de una ciudad estadounidense a otra”, expresó la familia del futbolista en un comunicado.

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Y aseguró que Pourrain “ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa”.

“Tiene un caso de asilo pendiente desde hace años, permiso de trabajo vigente, Florida ID y no posee antecedentes criminales”, detallaron los allegados a Pourraín.

La familia asegura que el futbolista tiene permiso legal para estar en el país y lanzó un pedido de ayuda por medios y redes sociales para que se difunda el caso.

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Los jueces y fiscales de Comodoro Py esperan la cuarta postergación del sistema acusatorio

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El arribo del sistema acusatorio a Comodoro Py está previsto para el 15 de febrero, con el regreso de la actividad tras la feria judicial de enero, pero nadie en los tribunales de Retiro cree que eso pueda ocurrir y se aguarda −algunos lo dan casi como un hecho− el anuncio de una nueva postergación. De concretarse, sería la cuarta desde que el Gobierno

El esquema −que ya fue puesto en marcha en muchos distritos− reconfigura la dinámica judicial y redistribuye funciones: empodera a los fiscales, que pasan a dirigir las investigaciones penales, y relega a los jueces de primera instancia a un rol de garantes del proceso.

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La implementación comenzó en 2019, en Salta y Jujuy, y desde entonces se extendió gradualmente a buena parte del país. Pero en Comodoro Py, donde tramitan las principales causas de corrupción y algunas de las investigaciones más complejas del país, la reforma encuentra su mayor desafío.

La Cámara que preside Mariano Llorens reunió a los jueces esta semana y el acusatorio estuvo en el temarioGentile

Camaristas, jueces y secretarios mueven la cabeza de un lado al otro ante la consulta sobre las chances de que se cumpla con lo que indica el calendario. El escepticismo alcanza también a los fiscales, los nuevos protagonistas del sistema, sobre quienes recaerá el peso de las investigaciones.

“Si arranca es enteramente una decisión política, las condiciones no están dadas”, señala una voz importante del fuero. Algunos funcionarios, de hecho, ya organizaron sus vacaciones de verano bajo la presunción de que habrá una nueva postergación.

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La primera fue anunciada en agosto de 2025 por el entonces ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “por única vez y con carácter excepcional e improrrogable”. A esa le siguió una nueva reprogramación, en noviembre, y una más, en abril de este año, ya con Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia.

Las razones

Detrás de las sucesivas prórrogas estuvieron los reparos de los fiscales de todas las instancias, que reclamaban mayores recursos y personal.

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Algunas demandas fueron atendidas. En octubre de este año, por caso, Mahiques entregó al procurador general interino, Eduardo Casal, un edificio en el predio de la ex-ESMA que estará destinado al funcionamiento de dependencias del Ministerio Público Fiscal. El ministro aprovechó la entrega para marcarle públicamente a Casal que debía acelerar los concursos para las fiscalías vacantes en Comodoro Py, que son cuatro. “Si no hay fiscales, no va a ser exitoso”, señaló.

El ministro de Justicia, Juan Bautista MahiquesRicardo Pristupluk

Otros reclamos del Ministerio Público, como la transferencia de personal, siguen pendientes. En Comodoro Py hay juzgados con más de 50 empleados y fiscalías con poco más de 10. “Piden gente y tienen razón”, reconoce un camarista, que identifica en ese punto uno de los principales escollos para la implementación del sistema.

El código fue aprobado en 2014 por iniciativa del gobierno de Cristina Kirchner y reformado cuatro años después, durante la gestión de Mauricio Macri. Entre otras cuestiones, establece audiencias orales para trámites procesales que ahora son escritos, lo que agiliza mucho el trámite de las causas.

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Con el impulso del exministro Cúneo Libarona, la implementación se reactivó tras cinco años de parálisis y alcanzó a ocho distritos nuevos. Con Mahiques, se sumaron Posadas y La Plata, y se alcanzaron los 11 distritos en los que actualmente está vigente.

La reforma, en líneas generales, recoge un fuerte apoyo en el universo judicial. Es el modelo hacia el que avanzó la región en las últimas décadas, subrayan fuentes judiciales, y en Comodoro Py no se escuchan voces que se opongan abiertamente al cambio.

Sin embargo, las dudas respecto de su implementación en Comodoro Py no provienen solo de los fiscales. A mediados de octubre también alzaron su voz los jueces de los tribunales orales con una carta enviada a la Cámara Federal de Casación Penal, en la que reconocieron la “necesidad de modernizar nuestro sistema procesal”, pero también expresaron su temor a que, con la puesta en marcha del acusatorio, se les asignen tareas nuevas a sus funciones.

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“La viabilidad de la reforma requiere que los jueces de juicio dispongan del tiempo y de los medios necesarios para cumplir su función. Sobre agendas ya comprometidas, la asignación adicional de tareas de otra índole, afectaría la disponibilidad necesaria para sostener esos debates, dictar las correspondientes sentencias y atender los futuros juicios”, dice el escrito.

Señalan, también, que, por la complejidad de las causas de corrupción y criminalidad organizada que tramitan en el fuero, las experiencias de implementación del sistema en otras jurisdicciones no pueden trasladarse mecánicamente a los tribunales de Retiro.



Federico González del Solar,Justicia Federal,Conforme a

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El debut de Santilli en el Senado: más de 1.200 preguntas y el orden como eje de su informe de gestión

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Por primera vez desde su asunción, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, prepara el informe de gestión que brindará este miércoles a las 15 ante la Cámara de Senadores del Congreso. El ministro coordinador deberá hacer frente a las más de 1.200 preguntas que recibió de los distintos bloques y apostará a defender la gestión de Gobierno en contraste con “lo heredado”. Será la primera vez que un funcionario de la actual administración visite la Cámara Alta desde la presentación de Guillermo Francos.

Santilli coordina los preparativos junto a los vicejefes del Interior, Gustavo Coria, y de Gabinete, Ignacio Devitt, quienes lo escoltarán durante la rendición de cuentas que establece la Constitución Nacional. El artículo 101 dispone que el jefe de Gabinete debe presentarse una vez por mes ante cada cámara del Congreso para brindar detalles sobre la marcha del Gobierno. Sin embargo, esa obligación permaneció incumplida durante toda la gestión del exdiputado del PRO, quien hasta ahora no había concurrido a ninguna de las dos cámaras.

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“Va a ser un discurso inicial muy centrado en la defensa de la gestión y la herencia recibida”, anticiparon desde el equipo encargado de recopilar las preguntas. Según supo este medio, la Jefatura de Gabinete contabilizó 1.287 preguntas de los senadores, tras la unificación del primer número, que ubicaron en 1.659.

En el desagregado, desde la coordinación de ministerios detectaron que el grueso de las consultas de los legisladores se concentra en materia económica, que reúne el 46% del total. En segundo lugar aparece el Ministerio de Capital Humano, que comanda Sandra Pettovello, con el 18%, y en tercer lugar, se ubica la cartera de Salud, que representa el 11,5%.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo

Por su parte, Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior concentran el 7,6% de las preguntas. El porcentaje restante se distribuye entre otras áreas de la administración libertaria, como Seguridad, el Banco Central, Justicia, Defensa, Relaciones Exteriores y Culto, Presidencia y Transformación del Estado y Desregulación.

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“La idea es que Diego (Santilli) haga un repaso ministerio por ministerio. Que además haga una defensa de lo que se hizo en estos tres años en función de lo que se recibió. Va a estar centrado en el orden como paraguas de todo”, anticipó a Infobae un estrecho colaborador de Santilli, que además vaticina una extensa sesión en la Cámara.

Se trata de la primera exposición parlamentaria que deberá afrontar el funcionario desde que asumió, el 30 de junio de este año, tras la abrupta salida de Manuel Adorni, quien renunció en medio de la polémica desatada por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La decisión de presentarse se produjo a partir del pedido del bloque justicialista, que conduce el senador José Mayans, cuyos integrantes habían formalizado un proyecto de resolución para convocar a Santilli ante la Cámara Alta, luego de la prolongada ausencia en el recinto.

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Diego Santilli junto a los gobernadores que asistieron al Argentina Week

Un día después de la exposición, el Senado retomará la actividad para debatir la reforma electoral, uno de los proyectos clave del Poder Ejecutivo y en cuya negociación el ministro coordinador tendrá un papel central.

Desde que pasó de la cartera de Interior a la Jefatura de Gabinete, Santilli logró ganarse la confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hasta convertirse en uno de sus colaboradores más estrechos. Actualmente, está al frente de las conversaciones con los gobernadores aliados, tanto para avanzar en la agenda legislativa como para comenzar a delinear el escenario de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

A diferencia de lo que ocurrió durante el último informe de gestión, que brindó Adorni a finales de abril, en medio de los cuestionamientos de la oposición por su situación judicial, no está previsto que el presidente Javier Milei asista al recinto. Tampoco lo hará el resto del Gabinete. En aquel entonces, la decisión de escoltar al funcionario se tomó como una señal de respaldo del oficialismo.

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Lázaro Báez seguía controlando desde la cárcel sus casas en Pinamar

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EL CALAFATE.− “Pinamar: lo controlamos nosotros”, se alcanza a leer en una de las anotaciones manuscritas de Lázaro Báez que fueron encontradas en su celda del penal de Ezeiza durante los allanamientos del martes 10 de noviembre.

La anotación forma parte de las pruebas, junto a las escuchas telefónicas y documentos incautados a su pareja, Claudia Insaurralde, que derivaron en una nueva imputación contra el empresario kirchnerista: liderar una organización dedicada al lavado de activos que él dirigiría desde la cárcel.

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Hace varias semanas que en la ciudad balnearia ya había alertas en el sector inmobiliario ante inminentes operaciones millonarias sobre las viviendas ubicadas en uno de los sectores mejor cotizados de la ciudad y sobre las cuales se sospechaba que eran ilegales.

Ni la prisión impidió que Báez, quien se encuentra cumpliendo una condena unificada de 15 años por otros delitos, siguiera teniendo control sobre su múltiple y variopinto emporio disperso por todo el país.

Según la hipótesis fiscal, lo investigan como cabecilla de una organización que administraba, explotaba y ponía en circulación activos sustraídos a la ejecución de las condenas que pesan sobre él.

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Lázaro Baez, al ingresar al Juzgado Federal de Río GallegosHORACIO CÓRDOBA

Para hacerlo, utilizaba como nexo operativo a un hombre imputado en una organización dedicada al tráfico de estupefacientes. Las escuchas sobre Cristian Ibáñez, investigado por narcotráfico, condujeron a los funcionarios de la Unidad Fiscal Río Gallegos a Báez. A Ibáñez, alias “Budín”, Báez le daba órdenes sobre los campos, alquileres, formas de pago y cobranzas.

Junto a los documentos que hoy son analizados en la causa judicial, las referencias a Pinamar se repiten en por lo menos dos anotaciones que llama la atención a los investigados: “Casas de Pinamar”: Austral Atlántica SA.

Báez posee cinco propiedades en una de las zonas más cotizadas del balneario, valuadas en US$1.500.000, que fueron noticia cuando, en 2018, el propio empresario denunció desde la cárcel que tres de esas viviendas habían sido usurpadas.

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En tanto que, “Austral Atlántica” SA es una de las sociedades satélites de Báez creada en 2007 con el objeto principal de realizar servicios inmobiliarios por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados.

De acuerdo a la anotación manuscrita secuestrada por la justicia, a la que pudo acceder , debajo de “Casas de Pinamar” hay una suerte de ayuda memoria: “Conseguir los libros de la sociedad. Clave fiscal. Deuda estado”, afirma y detalla “Troya: gas $15.000 – luz $3.300. Mando $30.000”. En otra anotación se agrega la consiga: “Helades: gas $ 4.200 y luz $7.200”. Al lado de cada anotación manuscrita, Báez detallaba que enviaba dinero: “Mando $30.000 – $26.500”.

Sobre la calle Troya al 700 se encuentra un chalet de ladrillos a la vista. Es una de las viviendas que estuvo usurpada. En la calle Helades al 900 está otra de las propiedades. El quinteto se completa con tres casas en Libertador al 4100, Goleta Hércules y Poseidón al 400. Todas en Pinamar.

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Uno de los chalets en Pinamar de BáezGoogle Maps

Los gastos de luz, de gas y las transferencias para atender los gastos de Pinamar dan detalles que reafirman que, aún tras las rejas, Báez controlaba sus propiedades al mínimo detalle.

En las anotaciones mostraba urgencia por conseguir información de Austral Atlántica SA, la empresa por cuyo directorio pasaron el histórico contador de Austral Construcciones, Fernando Butti, y también el presidente de la constructora, Julio Mendoza, domiciliada en Pasaje Carabelas 241 de Capital Federal, donde se encuentran asentadas la mayoría de sociedades de Baez.

Según registros oficiales consultados por , en 2024 en el nuevo directorio de la empresa se designó a Lorena Verónica Castro y Mirta Alicia Gamarra como presidente y directora suplente, según el acta de la asamblea ordinaria del 16/10/24.

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A marzo de este año, según registros oficiales consultados por , la sociedad contaba con una deuda de más de $800.000 con la Agencia de Recaudación de la provincias de Buenos Aires (ARBA) y de casi $2 millones en impuestos inmobiliarios.

A la par que la red dirigida por Báez intentaba poner en circulación activos sustraídos a la ejecución, los investigadores detectaron cómo las maniobras apuntaban a una suerte de circuito paralelo de finanzas sobre propiedades que están bajo inhibición judicial.

Días previos a que las maniobras quedaran expuestas por las escuchas judiciales, fuentes del sector inmobiliario de Pinamar ya habían detectado movimientos sobre las cinco propiedades de Báez. Incluso hay quienes señalan que Insaurralde −la pareja de Báez ahora detenida en Buenos Aires− estaba al frente de las mismas.

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Las mismas fuentes aseguraron que las cinco propiedades eran ofrecidas y exhibidas a posibles clientes en conjunto por valores que oscilaban entre los US$500.000 y US$700.000, un precio que representa la mitad de lo que las viviendas fueron tasadas en su momento.



Mariela Arias,Lázaro Báez,Casos de corrupción,Conforme a

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