POLITICA
Congreso: La Libertad Avanza busca una nueva estrategia para acercar posiciones con gobernadores y aliados
La Libertad Avanza mantiene el acompañamiento del PRO y de buena parte de la UCR, pero enfrenta nuevos desafíos en los acuerdos con senadores aliados pertenecientes a fuerzas provinciales.
En el oficialismo reconocen que no alcanza solamente con los diálogos de la Casa Rosada con los mandatarios locales y preparan una nueva estrategia parlamentaria para recomponer vínculos.
Las diferencias del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con la senadora Patricia Bullrich por el contenido del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada durante varias semanas, luego las posiciones de los gobernadores y finalmente la decisión de retirar dos capítulos del proyecto ante la previsión de una avalancha de votos en contra, expusieron el escenario actual del partido violeta en el Congreso.
La cercanía del próximo año electoral y las primeras discusiones por el proyecto de ley de Presupuesto 2027 impulsarán nuevos encuentros del jefe de Gabinete con los jefes territoriales provinciales.
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A la estrategia del Ejecutivo se sumarán desde el Congreso Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes ya analizan los próximos pasos parlamentarios tras la última sesión.
Críticas libertarias a los aliados
Durante la madrugada del viernes, el oficialismo terminó de confirmar que sus aliados acompañan las iniciativas libertarias, aunque no lo hacen a libro cerrado y también expresan sus diferencias cuando consideran que sus intereses están en juego.
Un episodio que expuso esa tensión ocurrió al inicio de la sesión, cuando el senador libertario Joaquín Benegas Lynch planteó una cuestión de privilegio contra la senadora del PJ Juliana Di Tullio, pero terminó cuestionando a sectores aliados que suelen colaborar con La Libertad Avanza para alcanzar mayorías.
“La ignorancia de los tibios del medio nos lleva a no votar el capítulo tres (los cambios a la ley de Tierras rurales), que es para los argentinos”, lanzó Benegas Lynch.
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La frase generó una reacción del senador José María Carambia, del bloque Moveré Santa Cruz, quien reclamó una disculpa pública. “La falta de respeto para con los partidos provinciales, como nos tituló por estar en contra de una ley que entendemos que va en contra de la soberanía nacional, como ‘tibios e ignorantes del medio’, me gustaría que estuviera ahora ahí, que pida disculpas públicamente. Me parece que es el deber del senador hacerlo”, sostuvo.
Carambia y Natalia Gadano son dos de los senadores que habitualmente ingresan al recinto y colaboran con el quórum necesario para que La Libertad Avanza pueda iniciar los debates.
La relación con los gobernadores, una clave para el oficialismo
Uno de los puntos centrales de la tarea política del jefe de Gabinete, Diego Santilli, es la relación con los gobernadores. Era una función que ya desarrollaba cuando ocupaba solamente el cargo de ministro del Interior y que profundizó tras asumir nuevas responsabilidades.
Sin embargo, durante la última sesión varios mandatarios provinciales marcaron diferencias con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y enviaron a sus senadores a votar en contra de algunos artículos.
Un caso representativo fue Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo, uno de los dirigentes peronistas más cercanos al presidente Javier Milei, había adelantado a comienzos de la semana el rechazo de las senadoras Sandra Mendoza, de Convicción Federal, y Beatriz Ávila, de Independencia.
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“Mi responsabilidad como Senadora es representar a Tucumán y evaluar cada proyecto pensando en las consecuencias que puede tener para nuestra Provincia. Por eso decidí no acompañar esta iniciativa”, explicó Ávila.
Una situación similar ocurrió en Neuquén, donde el gobernador Rolando Figueroa no solo impulsó una contrapropuesta a través de un proyecto enviado a la Legislatura provincial, sino que también acompañó el rechazo de su senadora Julieta Corroza, integrante del espacio Neuquinidad.
Convicción Federal y el peso de los gobernadores del norte
El bloque Convicción Federal, presidido por la jujeña Carolina Moisés e integrado también por el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza, tiene vínculos políticos con tres gobernadores aliados: Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

Durante el debate en el recinto, Moisés aseguró que había conversado sobre el proyecto con Sáenz y que la decisión era no acompañarlo. “El corte lo dieron los gobernadores del norte. Jaldo, Jalil y Sáenz dijeron que no iba a pasar y, junto a Rolo Figueroa de Neuquén, fueron los que terminaron de impedir este capítulo”, afirmó.
Por su parte, Andrada, alineado con Jalil, cuestionó duramente al ministro Sturzenegger, a quien Milei suele mencionar como “el Coloso”. La salteña Flavia Royón también expresó una postura contraria al proyecto.
Otro rechazo llegó desde Córdoba, donde la senadora Alejandra Vigo, cercana al gobernador Martín Llaryora, cuestionó la iniciativa. “Es una ley absolutamente falta de federalismo e innecesaria, porque la inviolabilidad ya está expresada en la Constitución”, argumentó.
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El respaldo del PRO y la UCR
El radicalismo, pese a sus diferencias internas, acompañó en general la propuesta una vez que los dos capítulos más cuestionados quedaron fuera del proyecto. Los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama —uno de los legisladores que intentó votar de manera remota y no pudo— habían anticipado su rechazo a esos artículos.
Abad fue quien planteó esa postura en el recinto, en línea además con la posición orgánica del partido.
En los días previos hubo una campaña impulsada desde el Comité Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, encabezados por Leonel Chiarella y Hernán Rossi, respectivamente, junto con la Juventud Radical, Franja Morada y la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) de Luis Cerini.
“Es un logro de la sociedad que salió a manifestarse para defender la soberanía y cuidar nuestros recursos naturales”, dijo Chiarella, al agradecer a los senadores radicales que anticiparon su voto en contra.
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Rossi, por su parte, consideró que “proteger los activos territoriales es una práctica habitual en las naciones que buscan preservar su soberanía productiva”.
También hubo senadores radicales, dentro del espacio conducido por Eduardo Vischi, que se alinearon desde el primer momento con sus gobernadores, como los representantes de Mendoza y Corrientes, y acompañaron las gestiones del Poder Ejecutivo y de Bullrich.
En el PRO, conducido por Martín Goerling Lara, el bloque mantuvo una postura más ordenada y los planteos se canalizaron a través de Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado. De todos modos, la senadora chubutense Andrea Cristina debió consultar en reiteradas oportunidades a su gobernador Ignacio Torres.
En Misiones, pese a las diferencias políticas locales entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira, ambos senadores votaron a favor. Sin embargo, el senador Carlos Arce rechazó los cambios vinculados a la Ley de Tierras.
Los próximos pasos del oficialismo
A pesar del exabrupto de Benegas Lynch contra sus socios parlamentarios y de los reclamos que surgieron desde los bloques provinciales, Bullrich mantiene ordenado su bloque. Los 21 senadores libertarios acompañan las posiciones que plantea la Casa Rosada.
Pero la necesidad de construir mayorías con sectores alejados del kirchnerismo obliga al oficialismo a negociar durante el desarrollo de los debates y definir, en muchas ocasiones, el resultado de las votaciones mientras los proyectos todavía están en discusión.
“Los gobernadores ya están jugando fuerte”, aseguran desde sectores libertarios. La mirada del oficialismo está puesta no solo en el próximo escenario electoral, sino también en la discusión del Presupuesto 2027, cuyo proyecto ingresará en septiembre a la Cámara de Diputados.
Ese será uno de los temas que formarán parte de la próxima reunión de la Mesa Política en Casa Rosada, encabezada por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Senado, Patricia Bullrich, La Libertad Avanza, Gobernadores, Diputados
POLITICA
La Corte revocó un fallo de la Cámara Laboral que, por su cuenta, había multiplicado una indemnización
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la justicia laboral que había multiplicado la indemnización que debía pagar una ART a un empleado por un accidente, a pesar de que el propio trabajado no lo había reclamado.
Así lo resolvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes entendieron que la Cámara del Trabajo había colocado a la única apelante en una peor situación que en la primera instancia.
La Corte Suprema entendió que la Cámara del Trabajo había violado el límite de su competencia.
El caso se inició por la demanda de un trabajador contra una ART.
El técnico electricista, Sergio Pagani, trabajaba en el traslado de materiales de carga y cobraba unos 10.000 pesos por mes.
En agosto de 2017 se encontraba realizando la instalación de un circuito de cámaras en una concesionaria de autos cuando cayó de una escalera y se golpeó una rodilla contra el piso.
Siguió con su tarea, pero como el dolor seguía, fue días después a una guardia y le diagnosticaron rotura de meniscos.
En 2019, el Servicio de Homologación de la Comisión Médica Nº 10 de la Ciudad de Buenos Aires determinó que el hombre presentaba una “incapacidad laboral permanente parcial definitiva” del 5% como consecuencia del siniestro.
Pagani cuestionó judicialmente esa evaluación y afirmó que la conclusión de la Comisión Médica era errónea dado que, según manifestó, sufría mayores secuelas incapacitantes, tanto físicas como psíquicas.
En primera instancia, el juez le dio la razón, reconoció al trabajador un 16% de incapacidad y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar un resarcimiento de 240.585 pesos más los intereses de acuerdo con actas de la justicia laboral.
La ART apeló diciendo que el monto indemnizatorio se calculó apartándose de lo dispuesto en la ley, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Trabajo desestimó el reclamo de la aseguradora.
“Contrariamente a lo sostenido por la accionada entiendo que la condena recaída en autos no solo resulta insuficiente, sino que incluso violenta normas del más claro orden público”, argumentó la Cámara y agregó que advertía “con asombro” que con intereses el monto total ascendía a “994.405,27 pesos”.
Entendió que era poca plata. “Dicho importe no representa siquiera el 60% de lo que hoy sería el tope mínimo para el grado de minoración que presenta el demandante”, señaló la Cámara Laboral.
Afirmó que “nunca podría perforarse por debajo el piso mínimo establecido por el régimen tarifario especial”.
Como consecuencia, la Cámara aumentó la indemnización a 1.619.177,84 pesos más intereses, desde 2022.
La ART apeló.
La aseguradora argumentó que la sentencia era arbitraria porque, aun cuando la actora no lo hubiera solicitado y no hubiera apelado el pronunciamiento de primera instancia, se decidió aplicar el tope establecido por la resolución 51/2022 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y eso violentaba “el principio de congruencia que, en resguardo del derecho de defensa, debe regir el proceso”.
La Corte Suprema hizo lugar al reclamo de la ART al entender que se incurrió en una “reformatio in peius”, que es la regla que prohíbe al juez de segunda instancia empeorar la pena o el fallo inicial si quien apela es solo el condenado.
“Tal como surge de la reseña, la alzada ha colocado a la única apelante en una peor situación que la resultante del pronunciamiento de primera instancia, violando el límite de su competencia, circunscripto a las cuestiones controvertidas”, dijo la Corte Suprema. Y estimó que “corresponde, por consiguiente, en tanto no constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias derivadas de la causa, descalificar la sentencia apelada”.
Así el máximo tribunal revocó el fallo apelado y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Pablo Moyano se refirió al episodio de su hermano Facundo con Candela Arizaga: “Hace rato que no hablo”
“Con Facu hace rato que no hablo”. Así respondió Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, cuando la prensa le preguntó por su hermano Facundo en medio de la movilización a Plaza de Mayo por San Cayetano, luego del episodio que involucró al ex diputado y a su novia, Candela Arizaga.
El dirigente de Camioneros intentó apartarse del tema y llevar la conversación hacia la marcha: “Estamos defendiendo la tierra, los puestos de trabajo, que lo defina la Justicia; yo no tengo nada que ver”.
El episodio sumó otra definición cuando le consultaron si había hablado con su hermano. Allí, Pablo Moyano apeló a una salida irónica. “Encima el pibe mío se llama Facundo Moyano. Yo hablo todos los días con Facundo Moyano, mi hijo. Con Facu hace rato que no hablo”, dijo.
Al ser consultado acerca de cómo estaba su papá por lo sucedido con Facundo, el dirigente dijo: “Hugo está muy preocupado por lo que pasa en el país”.
Las frases quedaron en el centro de la escena porque marcaron una toma de distancia en plena repercusión del caso y confirma la mala relación entre los dos hermanos. El episodio por el que fue consultado involucró a Candela Arizaga, quien hace dos días corrió semidesnuda y alterada por calles del barrio porteño de Belgrano, en un hecho que volvió a poner el nombre de Facundo Moyano, líder del Sindicato de Peajes, bajo atención mediática.
Dos días después del incidente, Candela Arizaga se presentó en la fiscalía para declarar. A la salida, desligó a Facundo Moyano de las acusaciones de violencia de género que circularon en un primer momento.
“Tuve un brote psicótico” y “lo voy a trabajar de acá en adelante para estar bien”, afirmó Arizaga ante la prensa, luego de haber permanecido bajo observación médica.
De esa manera, la influencer dio una versión que buscó aclarar lo ocurrido tras las primeras informaciones sobre el caso. La declaración judicial se produjo dos días después del polémico episodio en el barrio de Belgrano.
Durante su paso por la marcha de San Cayetano hacia la Plaza de Mayo, Pablo Moyano evitó respaldar en público a su hermano y tampoco avanzó sobre detalles de la situación. Su respuesta apuntó a desmarcarse del tema y a dejar la resolución en manos de la Justicia.
La situación volvió a instalar a Facundo Moyano en la agenda pública por un hecho de su vida privada luego de sus romances con figuras de la farándula.
Una de los motivos que distanciaron a Pablo y Facundo Moyano fue la política. El ex diputado nacional del Frente de Todos renunció a su banca por diferencias con La Cámpora y en el gobierno anterior mantuvo una postura crítica tanto de Alberto Fernández como de Cristina Kirchner, mientras que Pablo tuvo gestos de apoyo al kirchnerismo, fotos con Máximo Kirchner y críticas hacia Alberto Fernández, aliado político de Hugo Moyano.
Todo empeoró, hasta el punto de que dejaron de hablarse, a partir del 22 de noviembre de 2022, cuando Facundo Moyano criticó a Pablo en una entrevista con Infobae: “Con la historia de lucha que tienen Hugo (Moyano) y Camioneros, es una lástima que vaya atrás de las ambiciones políticas y electorales de La Cámpora y que los quieran utilizar como fuerza de choque”.
Lo dijo el líder del Sindicato de Peajes pocas horas antes de que su hermano Pablo concurrió al acto de Cristina Kirchner en el Estadio Unico de La Plata, en otro de sus fuertes gestos de adhesión al kirchnerismo que no comparten su padre ni Facundo Moyano.
Ahora, ante el episodio en el que se vio involucrado su hermano Facundo, la posición pública de Pablo Moyano quedó resumida en dos definiciones. Una, de carácter institucional: “que lo defina la Justicia”. La otra, de carácter personal: “Con Facu hace rato que no hablo”.
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Caso Fentanilo. Las dos exfuncionarias de Salud acusadas fueron liberadas bajo cauciones de $75 millones
La exjefa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), Nélida Agustina Bisio, y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), Gabriela Mantecón Fumadó, quienes habían quedado detenidas el martes pasado, fueron liberadas hoy por el juez federal Ernesto Kreplak.
Las excarcelaciones de las dos exfuncionarias, acusadas de haber sido parte de una maniobra de contaminación de fentanilo que provocó al menos 90 muertes, fueron ordenadas bajo una “caución real” de $75 millones; en lugar de depositar el dinero, cada una puso como garantía un inmueble. Mantecón Fumadó hipotecó una casa propia en Santa Clara y Bisio, un inmueble a nombre de su hijo, informaron fuentes oficiales a . Ambas debieron entregar sus pasaportes al juzgado y tienen prohibido salir del país.
Las dos mujeres fueron detenidas el martes pasado a pedido de la fiscal federal Laura Roteta, quien había solicitado que se las arrestara para garantizar sus indagatorias, que se realizaron anteayer. Están acusadas del delito previsto en el artículo 201 bis del Código Penal, que reprime con una pena de entre 10 y 25 años de cárcel a quien hubiera envenenado o falsificado sustancias medicinales con resultado de muerte.
En su dictamen, Roteta y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), argumentaron que daban por probado que “las funcionarias conocían el escenario de riesgo elevado generado por las condiciones en las que ambos laboratorios fabricaron el medicamento y que se podían provocar muertes y lesiones”. Se referían a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Este último elaboró las ampollas de fentanilo para su comercialización desde el primero. Ambos son propiedad de Ariel García Furfaro, también detenido.
Mantecón Fumadó trabajó durante 20 años en el Iname antes de dirigirlo. Ese instituto de la Anmat tiene responsabilidad directa en el control y la fiscalización de los laboratorios que operan en el país, los productos que se comercializan y su registro. Inicialmente, había sido asesora jurídica de las sucesivas direcciones del instituto. En mayo del año pasado, a los pocos días de que la Anmat judicializara la investigación por el uso de fentanilo contaminado de HLB Pharma, la entonces funcionaria dijo que este laboratorio tenía “un historial de desprolijidades registrales y de documentación de productos, por lo que ya existía un seguimiento cercano”.
En su declaración de esta semana, dijo, al igual que en una declaración anterior, que sus superiores conocían lo que estaba sucediendo y las decisiones que se tomaban en la Anmat. Mencionó no solo a Bisio, sino también a Mario Lugones, actual ministro de Salud.
Noticia en desarrollo
a entonces funcionaria dijo,Fentanilo Mortal,Conforme a
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