POLITICA
La reconstrucción del PJ: “Tenemos que volver a reestablecer la espiritualidad”, planteó Esteban “Gringo” Castro

Esteban “Gringo” Castro, exsecretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), afirmó hoy que el desafío del peronismo es profundizar los acuerdos básicos para un nuevo proyecto político, en medio de una crisis social y diferencias internas sobre el rumbo del movimiento. “Lo que hay que tratar de profundizar son los puntos en común que tengamos para el proyecto que venga”, planteó.
Para Castro, el peronismo atraviesa una etapa en la que las diferencias de enfoque y liderazgo dificultan la construcción de una propuesta. “Son las distintas formas que no podemos sintetizar”, explicó en diálogo con el equipo de Infobae a las Nueve, programa periodístico de Infobae, conformado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, al analizar la falta de acuerdos entre los principales sectores del movimiento.
En este sentido, señaló que esas diferencias se reflejan en la imposibilidad de definir una estrategia y una síntesis política, tanto durante el gobierno de Alberto Fernández como ante el avance del ajuste económico actual.
“No dimos la pelea que teníamos que dar. Yo era secretario general, así que asumo toda la responsabilidad”, afirmó, en una autocrítica sobre la reacción y movilización de las organizaciones sociales frente a la pérdida de derechos laborales y el deterioro de las condiciones de vida. Así, el dirifente social manifestó que la construcción del peronismo debe orientarse a la integración de todos los trabajadores y trabajadoras, rechazando la idea de una economía popular separada o residual.
“Al peronismo le interesa la integración de todos los trabajadores”, subrayó. Explicó que la economía popular, concepto que definió como la economía de subsistencia creada por quienes quedaron fuera del empleo formal, debe ser vista como una etapa hacia el pleno empleo y no como un sistema.
El dirigente sostuvo que la falta de acuerdos dentro del peronismo debilita la confianza social y fragmenta la representación política. “El problema es que para romperte en la vida material primero te tienen que romper en la vida espiritual”, indicó. Propuso reconstruir una espiritualidad y una base de valores compartidos como condición para superar las divisiones internas y restablecer la confianza del electorado. “Tenemos que volver a restablecer la espiritualidad común”, enfatizó.
Entre las propuestas para un futuro plan de gobierno, Castro impulsó la creación de una Secretaría de Economía Popular dentro de un ministerio de Trabajo y Desarrollo Económico. Sostuvo que esta iniciativa buscaría fortalecer la producción de microempresas y cooperativas —con financiamiento y prioridad en programas nacionales de vivienda—, facilitando la integración laboral y evitando el asistencialismo. “Hay que hacer todo en el marco del crédito más que de la asistencia directa”, señaló.
Al analizar la experiencia bajo el macrismo (2015-2019), Castro recordó que “hubo un acuerdo contra Macri”, mientras que en los últimos años esa capacidad de síntesis se perdió. Explicó que, ante la falta de unidad, el peronismo no logró una respuesta colectiva frente al avance del ajuste ni pudo sostener su capacidad de movilización. Atribuyó esa fragmentación a diferencias metodológicas y de visión entre las distintas corrientes internas y a una incapacidad para construir consensos frente a los desafíos económicos y sociales.
Sobre el presente y el futuro del peronismo, Castro mencionó a Axel Kicillof, Miguel ángel Pichetto y otros nombres como eventuales candidatos, aunque advirtió que el objetivo está en encontrar acuerdos y puntos de coincidencia para articular un proyecto.
La entrevista en Infobae a las Nueve abordó también la dificultad para sostener políticas de inclusión y la autocrítica como parte del proceso de reconstrucción política. Castro defendió el rol de los movimientos sociales en la negociación y en la movilización, aunque asumió que la fragmentación interna debilitó esa capacidad y dejó expuesta la falta de una estrategia.
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Piden detener e indagar a Tapia y a Toviggino por presunto lavado de dinero

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un expediente por presunto lavado de dinero que se inició en la provincia en diciembre pasado, informaron fuentes vinculadas al caso.
El fiscal que pidió estas detenciones, Pedro Simón, solicitó además las indagatorias de más de dos docenas de personas del entorno de ambos dirigentes del fútbol, entre quienes figuran los dueños formales de la fastuosa quinta de Pilar que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, la jubilada Ana Conte.
Como parte de la investigación, también fue alcanzada TourProdEnter, la empresa contratada por la AFA para que recaude su dinero en el exterior, que de acuerdo a la investigación de desvío al menos US$42 millones a cuatro sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados, ni registra actividad comercial.
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Un fiscal de Santiago del Estero pidió la detención de Chiqui Tapia y de Toviggino en una causa por presunta corrupción en la AFA

Un verdadero terremoto sacudió este viernes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, le pidió al juez de turno la detención e indagatoria del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, junto a todo el entorno familiar y empresario de este último, por los delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
La solicitud incluyó también allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, abarcando decenas de empresas, inmuebles y autos. El expediente, que inicialmente quedó en manos del juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, pasó al juez de turno de Tucumán por las vacaciones del primero, según confirmaron fuentes oficiales.
Para el fiscal, Tapia y Toviggino integran “una organización criminal nacional e internacional con muchos recursos económicos que podrían obstaculizar la causa o salir del país”, según informó Clarín.
El fiscal fundamentó su solicitud en informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Inspección General de Justicia y registros de Migraciones, que muestran un patrón de adquisiciones y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.
La investigación apunta a una red de sociedades y empresas vinculadas a Toviggino –oriundo de Santiago del Estero– y a sus allegados. Entre los bienes bajo la lupa se encuentran estancias, casas, lotes, vehículos, participaciones societarias e inversiones financieras como plazos fijos, acciones y operaciones con dólar MEP.
Se sospecha que estos activos fueron comprados con dinero transferido desde la AFA a través de maniobras de blanqueo.
Entre los imputados, además de Tapia y Toviggino, aparecen Orlando Martín López, Mauro Javier Paz, Rosalía Argañaraz, Alejandro Sebastián Taborda Magallanes, Darío Fabián Toviggino, María Julia del Castillo Orellana y Manuel Hernán Del Castillo Orellana.
también Julia Argentina Orellana, Máximo Agustín Toviggino, María Valentina Toviggino, Rosa Elizabeth Cianferoni y Olga Beatriz Delgado.
Entre las sociedades mencionadas en el dictamen fiscal aparece Real Central SRL, atribuida a Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro, y dueña de una mansión en Pilar valuada en 17 millones de dólares. También las empresas Malte, DCT, Bori, HT, SOMA y Norte Argentino.
El fiscal mencionó también a TourProdEnter, del empresario Javier Faroni, por facturaciones a firmas vinculadas al tesorero de la AFA. Estas mismas empresas ya son objeto de análisis en otra causa que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
Leé también: Causa por la presunta evasión de $19.000 millones: pidieron agravar las acusaciones contra Tapia y Toviggino
En Santiago del Estero, la investigación se centró en los bienes radicados en la provincia y en las presuntas transferencias de fondos administrados por Tapia como presidente de la AFA hacia empresas controladas o vinculadas a Toviggino.
Esta genera un nuevo conflicto de competencia entre los tribunales federales de Santiago del Estero, Zárate-Campana y la Ciudad de Buenos Aires, que deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal.
AFA, Chiqui Tapia
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A pesar de un pedido de diputados y senadores peronistas, la Justicia rechazó beneficiar a De Vido con prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Julio De Vido, pero pidió al Servicio Penitenciario Federal que mantenga y asegure los controles médicos necesarios para la atención integral de su salud en el penal de Ezeiza, donde el exministro kirchnerista cumple su condena por la tragedia de Once.
El rechazo fue acompañado por extensos informes médicos sobre la salud de De Vido y los argumentos de la fiscalía, que también se oponían a beneficiarlo con el arresto domiciliario.
En esencia, el juez de ejecución Ricardo Basílico consideró que los problemas de salud de Julio De Vido pueden ser tratados en el penal.
De todas formas, Basílico ordenó garantizar el control clínico y cardiológico permanente del exministro de Planificación, la realización de análisis de laboratorio y estudios complementarios, así como las consultas de especialidades que indiquen los médicos tratantes.
Frente al argumento de la edad, el juez también puntualizó que en el Servicio Penitenciario hay actualmente unos 144 reclusos mayores de 70 años y subrayó que la edad “por sí sola” no es un motivo suficiente para otorgar en forma automática el beneficio.
La defensa de Julio De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi, acompañó su pedido con una carta firmada por senadores y diputados peronistas, quienes expresaron su “profunda preocupación por la salud” de De Vido y las “tortuosas condiciones de detención que viene sufriendo”.
“De Vido tiene 76 años, es diabético, insulino dependiente y tiene lesiones coronarias severas, por lo que su delicada salud se ve agravada por las condiciones de detención en una Unidad Penitenciaria”, agregaron las cartas, que firman entre otros, los diputados Luana Volnovich, Jorge Taiana, Máximo Kirchner, Miguel Angel Pichetto, y los senadores Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti.
Desde diciembre pasado, el exministro y exdiputado del kirchnerismo cumple su pena de cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once en la cárcel.
De Vido, de 75 años, está preso en la colonia penal 19 de Ezeiza, junto a la cárcel de máxima seguridad.
El juez dijo que si bien tiene más de 70 años, edad a la que puede pedir el arresto domiciliario, ese beneficio no es automático.
“El solo cumplimiento de la edad cronológica prevista en la norma por parte de Julio Miguel De Vido no resulta, por sí mismo ni de manera automática, suficiente para habilitar la concesión” del arresto domiciliario, dijo el juez.
De Vido, que estaba en su chacra de Zárate, ubicada dentro del country Puerto Panal, fue preso luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena por la tragedia de Once.
Fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua por ser hallado culpable como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta de fondos públicos.
En este causa se consideró probado que De Vido, como ministro de Planificación, conocía y toleró el uso indebido de fondos públicos por parte de la concesionaria TBA, lo que perjudicó al Estado.
La empresa era la concesionaria del tren que descarriló al ingresar en la estación Once el miércoles 22 de febrero de 2012, causando la muerte de 52 personas.
El juez Basilico consideró que “el derecho a la salud del condenado se encuentra adecuadamente garantizado” porque tiene “asistencia médica en el ámbito penitenciario, sin que se haya demostrado que la privación de la libertad conlleve un menoscabo ilegítimo o desproporcionado de su integridad física”.
El magistrado destacó la cantidad de causas que tiene De Vido, entre ellas el juicio por los Cuadernos de las Coimas. “No encuentro justificación alguna que permita otorgar la prisión domiciliaria aquí solicitada”, dijo el juez.
Y mencionó que, ante “la contundencia de los informes periciales producidos”, no se advertía “situación alguna de razón humanitaria que justifique que el causante cumpla la detención producto de la sentencia condenatoria firme en la modalidad domiciliaria”.
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