La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión especial en la Cámara de Diputados con el objetivo de derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, el megadecreto que Javier Milei firmó al inicio de su gestión y que desreguló amplios sectores de la economía. El Senado ya lo había rechazado en marzo de 2024, lo que significa que un voto negativo en la Cámara baja representaría su derogación definitiva. Si eso ocurre, una serie de regulaciones que hoy están derogadas volverían a tener fuerza de ley.

El fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del decreto —el que había eliminado los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros— fue el detonante de la convocatoria opositora. La resolución judicial tomó por sorpresa incluso al Gobierno y reavivó el debate sobre la validez de todo el texto del megadecreto, compuesto por 366 artículos.

En agosto de este año, el Senado le dio media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada con 37 votos a favor y 33 en contra, luego de que el oficialismo retirara el capítulo vinculado a la venta de tierras rurales y también las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego.

La Ley de Alquileres

Una de las consecuencias más directas para los hogares sería la reinstauración de la Ley de Alquileres. El DNU 70 la derogó al inicio de la gestión de Milei, desregulando los contratos de locación y liberando las condiciones de actualización. Si el decreto cae, la normativa anterior retornaría automáticamente, con sus plazos mínimos de tres años y sus mecanismos de ajuste semestral por el índice Casa Propia.

Medicina prepaga

El megadecreto también eliminó los controles sobre los precios de las empresas de medicina prepaga, que hasta entonces debían solicitar autorización estatal para aumentar sus cuotas. La caída del DNU implicaría retornar a ese esquema de intervención, con el Estado como árbitro de los incrementos del sector.

Privatizaciones

El DNU 70/23 ordenó la transformación de todas las empresas y sociedades con participación estatal en sociedades anónimas “para su posterior privatización”, según explicó el propio Milei al anunciar las medidas. Si el decreto cae, ese proceso quedaría sin efecto y volverían a regir las figuras jurídicas previas: Empresas del Estado, Sociedades del Estado y Sociedades de Economía Mixta. También se revertiría la supresión de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).

El megadecreto, además, incluyó disposiciones que autorizaban la cesión del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, total o parcialmente, a sus trabajadores en el marco del Programa de Propiedad Participada. Si el decreto es derogado, esa habilitación legal desaparecería, lo que complicaría cualquier proceso de privatización o traspaso que el Gobierno impulse por esa vía.

Abastecimiento y Góndolas

Dos herramientas de intervención en el mercado que el Gobierno de Milei eliminó por considerarlas incompatibles con su modelo desregulatorio quedarían reinstauradas. La Ley de Abastecimiento habilitaba al Estado a regular precios, márgenes de ganancia y condiciones de comercialización ante situaciones de desabastecimiento o especulación. La Ley de Góndolas, por su parte, obligaba a los supermercados a reservar espacios en las estanterías para productos de pequeñas y medianas empresas y a exhibir precios de manera transparente.

Servicios de internet satelital

El DNU 70 desreguló los servicios de internet satelital, lo que permitió la expansión de operadores como Starlink en el mercado argentino. Un rechazo en Diputados pondría en un limbo jurídico ese marco, con potencial impacto sobre las condiciones de operación de esas empresas.

Ley de Compre Nacional

Otra norma que recuperaría vigencia es la Ley de Compre Nacional, que establece preferencias para los bienes y servicios de origen argentino en las licitaciones y contrataciones del sector público. El DNU la había derogado como parte de la apertura al comercio exterior.

La política de cielos abiertos

La liberalización del transporte aéreo, conocida como política de cielos abiertos, fue otro de los capítulos del DNU 70. Su derogación podría revertir las condiciones bajo las que operan actualmente las aerolíneas en el mercado doméstico e internacional, aunque su impacto concreto dependería de la interpretación jurídica y de eventuales medidas cautelares.

Comercio exterior

En materia de comercio exterior, el megadecreto eliminó el registro obligatorio que debían cumplir quienes quisieran exportar o importar, y le quitó al Poder Ejecutivo la facultad de imponer restricciones a las exportaciones e importaciones por motivos económicos. La derogación del DNU devolvería esas atribuciones al Estado

El Instituto Nacional de la Yerba Mate

El DNU 70/2023 disolvió el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que regula el mercado yerbatero y que tiene especial peso político en la provincia de Misiones. Su restitución generaría presiones desde esa región, cuyos legisladores ya manifestaron incentivos para votar a favor de la derogación del decreto.

El Gobierno descarta que la oposición logre el quórum necesario para sesionar —129 diputados— y trabaja en alternativas para neutralizar la arremetida. Una de las opciones que circula en el oficialismo es incorporar un nuevo capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros en la Ley de Soberanía Nacional, proyecto que comenzó a debatirse en comisión esta semana.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó a Francia junto al presidente Milei para reunirse con los gobernadores aliados y acelerar acuerdos electorales que consoliden los votos necesarios para frenar la sesión.

En paralelo al debate por el DNU, el oficialismo regresa de París con optimismo en otro frente. Tras reunirse con 13 gobernadores en el marco de la Argentina Week, en La Libertad Avanza aseguran que tienen los votos para eliminar las PASO. La clave, según el propio entorno de Karina Milei, fue la promesa de no presentar candidatos libertarios en los distritos provinciales a cambio de apoyo a la reforma política.

En medio de la Argentina Week que encabeza en París, Javier Milei se reunió este miércoles por la tarde con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. La bilateral abordó temas de interés común como el escenario geopolítico, el impacto de la inteligencia artificial y el desarrollo de las inversiones galas en el país.

Alrededor de las 18.30 (hora local), el mandatario llegó a la sede del Gobierno francés acompañado por su hermana, Karina Milei, donde ambos fueron recibidos personalmente por Macron y la primera dama, Brigitte Claude-Macron. De fondo, los uniformados de la Guardia Republicana los recibieron con sables en mano y un coro de trompetas.

Según pudo saber TN de fuentes de la delegación, la bilateral entre ambos jefes de Estado consistió en dos partes. La primera fue un encuentro a puertas cerradas entre los hermanos Milei, Macron y su esposa. Allí los cuatro conversaron brevemente sobre la situación geopolítica global y el fenómeno de la inteligencia artificial.

Sobre ese punto, Milei es un firme defensor de la desregulación y el aliento a ese desarrollo tecnológico como un gran potenciador económico, tal como expresó en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada y luego ratificó esta mañana en su exposición en la Argentina Week. “Somos conscientes de que estamos en el umbral de la tecnología más revolucionaria que haya conocido el humano hasta ahora. La inteligencia artificial va a cambiar el paradigma de lo conocido y quien sea veloz para posicionarse como líder de esta industria puede adelantarse varios escalones en la carrera”, remarcó el mandatario, y agregó: “Nos puede permitir una aceleración del crecimiento que va a derivar en gran prosperidad”.

A su vez, la bilateral también abordó el desarrollo del foro argentino para atraer capitales que continúa en París hasta el viernes, con especial atención en las inversiones de origen francés que se llevan adelante en la Argentina.

Entre ellas destacó la cartera de proyectos que presentó horas atrás la compañía energética TotalEnergies, por montos totales cercanos a los US$10 mil millones para ampliar su producción de gas y petróleo en el país. Durante su exposición, el presidente y CEO de la firma francesa, Patrick Pouyanné, vinculó esos planes con las reformas impulsadas por la gestión de Milei y alentó a sus pares a invertir en la Argentina.

Luego, en una segunda etapa, los mandatarios pasaron a un salón mayor donde los esperaba un público de alrededor de un centenar de dirigentes y empresarios argentinos y franceses, entre ellos los 13 gobernadores que viajaron a París, los miembros del Gabinete que integraron la comitiva presidencial y representantes del sector privado como Martín Migoya (Globant), José Luis Manzano, Francisco De Narvaez, Manuel Antelo, Horacio Marín (YPF), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Marcos Bulgheroni (PAE), entre otros.

Allí, tanto Milei como Macron realizaron un discurso cada uno y se abrieron a preguntas del auditorio. En ese sentido, el argentino recibió consultas de empresarios sobre cómo se sostiene el superávit fiscal y cómo realizó el ajuste del gasto de las cuentas públicas en su gestión.

“Por primera vez en Argentina se hizo un programa de estabilización y no se violó los derechos de propiedad, y eso ha constituido un punto de partida que hace que sin lugar a dudas este programa económico sea el más exitoso de la historia argentina”, había dicho Milei durante su discurso en la Argentina Week, donde destacó “el ajuste de 15 puntos del PBI en tan solo 6 meses de gestión”. “Sostenían que mi propuesta de hacerlo en un año era una locura, que era literalmente imposible, pero como decía Picasso: para lo posible están los demás, a mí denme lo imposible que lo voy a hacer posible y lo hicimos en tan solo un mes”, remarcó entonces.

Se trata de una discusión especialmente actual para Francia, que esta semana fue escenario de una movilización de alrededor de 200 mil manifestantes en reclamo por mejoras salariales para los empleados públicos, mientras la administración de Macron propone un plan para congelar los sueldos de los funcionarios y aplicar un plan de ahorro de 54.000 millones de euros en los próximos presupuestos.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, defendió el lenguaje claro como una condición para que las personas puedan comprender las decisiones del Estado y ejercer sus derechos. Fue en el marco de la inauguración de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se desarrolla este jueves 1 y viernes 2 de octubre en La Plata. Un evento del que también participaron el vicepresidente, Daniel Fernando Soria; la ministra Hilda Kogan; y el director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.El encuentro fue organizado por la Real Academia Española (RAE) y la Suprema Corte bonaerense, con la Academia Argentina de Letras como institución académica anfitriona. La agenda incluye debates sobre la comunicación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la inteligencia artificial y el acceso de la ciudadanía a las normas y decisiones públicas.

En ese marco, Torres definió el lenguaje claro como una herramienta para los tres poderes del Estado. Planteó que las normas, resoluciones y sentencias deben poder ser comprendidas por las personas a las que están dirigidas.

“La persona tiene el derecho, y nosotros como sistema judicial la obligación, de que esa sentencia sea comprendida sin intermediarios y que la persona sepa exactamente lo que está resolviendo y por qué lo está resolviendo”, afirmó el titular del máximo tribunal de Justicia bonaerense en diálogo con Infobae.

El magistrado también sostuvo que la publicación formal de una norma no garantiza que sea accesible. Una ley puede estar disponible para su consulta, pero resultar difícil de entender para quienes deben utilizarla. “Publicar una ley no equivale necesariamente a hacerla accesible”, planteó Torres en la apertura del encuentro. Desde su perspectiva, comprender una norma permite aplicarla, reclamar ante una autoridad o impugnar una decisión. Ese derecho a comprender también funciona como un límite frente al poder estatal. Si una persona no puede interpretar el contenido de una ley, una sentencia o una resolución administrativa, su acceso formal a la información no alcanza para ejercer sus derechos.

El director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Santiago Muñoz Machado, coincidió con ese planteo. En una reciente entrevista con Infobae, sostuvo que el lenguaje claro es una condición para la participación ciudadana y la defensa de las libertades. Muñoz Machado afirmó que la exigencia de claridad no alcanza únicamente a los organismos públicos. También incluyó a empresas de sectores que prestan servicios esenciales o tienen una incidencia directa sobre la vida cotidiana, como bancos, aseguradoras y compañías eléctricas.

Torres explicó a este medio que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires convirtió el lenguaje claro en una política institucional en agosto de 2019 y que desde entonces, el tema forma parte de los ejes de trabajo del Poder Judicial bonaerense.

El objetivo es que los operadores se expresen con claridad en documentos escritos y en intervenciones orales. Aclaró que el lenguaje claro no supone abandonar la precisión técnica. “Simplificar una frase no debe alterar el contenido jurídico de una decisión ni eliminar los elementos necesarios para interpretarla”, consideró.

Las mesas de la III Convención abordarán la claridad en la Justicia, la administración pública y la comunicación electoral. También analizarán el vocabulario legislativo, la legislación ambiental y distintas experiencias parlamentarias. El programa incluye además debates sobre instrucciones para jurados populares, el alcance de la tutela judicial, la oralidad, la escucha, los entornos digitales, la comunicación multiplataforma y las respuestas institucionales ante situaciones de crisis.

En diálogo con este medio, Torres recordó que la provincia de Buenos Aires cuenta con la ley 15.184, que estableció la obligatoriedad del uso del lenguaje claro en las resoluciones del Poder Ejecutivo y en las leyes del Poder Legislativo. La norma extiende la discusión más allá del sistema judicial. “La claridad se vincula así con la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad institucional”, señaló Torres al referirse a la relación entre el lenguaje y el funcionamiento de los poderes públicos. El magistrado planteó que una comunicación debe responder preguntas concretas: qué se decidió, por qué se tomó esa decisión, qué debe hacer la persona destinataria y qué recursos tiene disponibles.

“No se trata solamente de producir mensajes más sencillos, sino de preguntarnos quién necesita esa información, para qué la necesita y en qué condiciones debe poder utilizarla”, afirmó Torres. El juez propuso que las instituciones revisen sus comunicaciones con tres objetivos: comprobar si la persona puede encontrar la información, verificar si entiende qué se espera de ella y determinar si cuenta con elementos para actuar. La claridad, según el planteo del titular de la Suprema Corte, no consiste únicamente en reemplazar palabras complejas. También exige analizar la situación concreta de quien recibe una resolución y las consecuencias que puede tener para su vida.

Por su parte, el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, advirtió durante la inauguración que los lenguajes especializados pueden convertirse en una barrera para quienes no tienen formación en una determinada materia. Oteriño describió esa dificultad como “un muro infranqueable” para quienes reciben una instrucción que no pueden interpretar. También pidió que la tecnología conserve una función de apoyo y no reemplace la reflexión humana. “Que su aporte sea una ayuda para pensar y no una delegación cognitiva”, expresó el presidente de la Academia Argentina de Letras al referirse al uso de la inteligencia artificial.

Respecto al uso de la IA, Torres sostuvo que la inteligencia artificial debe ser considerada una herramienta. A su entender, la discusión no consiste en determinar si esa tecnología debe existir, sino en definir cómo se la va a utilizar dentro de las instituciones.

El magistrado también planteó que las herramientas de inteligencia artificial deben recibir instrucciones específicas para trabajar con ese criterio. El debate incluye el uso de inteligencia artificial para facilitar el acceso a la legislación y para adaptar documentos jurídicos a distintos destinatarios.

Muñoz Machado consideró que la inteligencia artificial puede mejorar el uso de la lengua, aunque advirtió sobre los riesgos de una regulación insuficiente. El director de la RAE señaló que la falta de reglas puede favorecer la aparición de “dialectos digitales” alejados de las normas lingüísticas compartidas. También sostuvo que las autoridades públicas deberán atender los desafíos que surjan de la expansión de estas herramientas. Torres insistió en que la transformación digital no reemplaza la necesidad de explicar las decisiones judiciales y administrativas. “La claridad no puede reducirse a una operación sobre las palabras”, afirmó. “También exige reconocer a la persona que está del otro lado”, agregó.

La III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible concluirá este viernes 2 de octubre con dos sesiones plenarias, las conclusiones de Santiago Muñoz Machado y un acto de clausura con autoridades de las instituciones organizadoras. El encuentro reúne a más de 275 disertantes y cerca de 1.200 inscriptos en modalidades presencial y virtual. La agenda se extiende entre el jueves 1° y el viernes 2 de octubre, con actividades en cinco sedes y paneles sobre lenguaje claro y accesible en ámbitos judiciales, institucionales y públicos.

En la apertura también participaron Autoridades judiciales y legislativas, representantes de colegios profesionales, universidades, la Asociación Judicial Bonaerense y delegaciones de instituciones iberoamericanas, junto con el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde; el intendente de La Plata, Julio Alak; el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; y el fiscal de Estado, Hernán Gómez.