POLITICA
El director de PAMI negó que la obra social atraviese una crisis y garantizó: «La provisión de medicamentos no tendrá ningún problema»
El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, rechazó este miércoles que la obra social atraviese una crisis y aseguró que ya se pagaron los vencimientos adeudados a prestadores. Sin embargo, el sistema sigue bajo presión por el reclamo de los médicos de cabecera, que llevan adelante un paro tras una medida que impactó en sus ingresos.
“No creo que tengamos un momento de crisis en PAMI. Llevo 20 años en la institución y ha habido situaciones mucho más difíciles que la que podemos tener ahora”, afirmó el funcionario en diálogo con TN, en medio de cuestionamientos por demoras en pagos y cambios en el esquema de financiamiento.
“Quiero llevar tranquilidad a nuestros afiliados, la provisión de medicamentos no va a tener ningún problema y la deuda con farmacias de medicamentos está al día”, insistió.
La declaración se produjo luego de que cámaras prestadoras reclamaran una deuda, que comenzó a regularizarse esta semana con un giro de $150 mil millones del Ministerio de Economía. Desde el Gobierno aseguran que la situación se normalizará en el corto plazo, aunque persisten las tensiones con parte del sistema de atención.
En ese sentido, en el Ministerio de Salud aseguraron a TN que los primeros impactos comenzaron a verse este miércoles y que la decisión de la cartera es regularizar la situación en el corto plazo para garantizar previsibilidad en el sistema. “Lo que queda por ordenar es, en su gran mayoría, deuda corriente de pocas semanas, propia del funcionamiento habitual”, aseguraron.
El desafío fiscal de PAMI y la dependencia del Tesoro
PAMI es la obra social más grande del país y se financia con los haberes jubilatorios y de pensionados. Sin embargo, dado su tamaño de aproximadamente 5.300.000 afiliados, históricamente dependió de la asistencia del Tesoro de la Nación, pero eso comenzó a verse interrumpido a finales del año pasado.
En un contexto de recaudación a la baja, el Ministerio de Economía empezó a restringir algunas transferencias para mantener el superávit fiscal.
En números, de acuerdo a un informe publicado la semana pasada por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los gastos para prestaciones de la obra social estatal cayeron un 41,3% en términos reales durante el primer trimestre del año respecto al mismo período en 2025.
“Históricamente el PAMI recibía emisión fresca para cubrir su gasto. Esta gestión tiene instrucción del Presidente de no emitir para financiar gasto corriente. El Tesoro nos pasa fondos solo cuando nosotros lo necesitamos”, explicaron a este medio fuentes de Salud. Esto último ocurrió en febrero y este lunes, luego de una reunión de los ministros Luis Caputo y Mario Lugones donde se abordó el estado del instituto y la proyección de pagos.
El reclamo de los médicos
En paralelo a la situación financiera del organismo, la obra social se encuentra desde el lunes atravesada por un paro de 72 horas de los médicos en rechazo a una medida que modificó el esquema de ingresos de la entidad.
Los cambios, oficializados en la resolución 1107/2026, simplificaron el sistema vigente con un aumento de la cápita de $940 a $2100, pero también eliminaron los pagos adicionales por las consultas realizadas.
El pago por cápita establece una cantidad fija de dinero que la obra social paga mensualmente a un prestador médico (hospital, clínica, doctor) por cada afiliado asignado, independientemente de si esa persona utiliza los servicios médicos o no. Al eliminar el pago adicional por consulta, la medida redujo a más de la mitad los ingresos para quienes atendían muchos pacientes.
En el Gobierno aseguraron que el paro —que finaliza este miércoles— “tuvo acatamiento prácticamente nulo” y que la unificación del sistema bajo una sola cápita ha sido un reclamo histórico del sector para simplificar la operatoria. “Fue un paro de tinte político o mediático, no ocurrió”, dijo Leguizamo.
Fuentes ligadas a la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia) cuestionaron los dichos del funcionario.
“No es así. El médico está igual en su consultorio porque las urgencias las tiene que atender. No podemos hacer una movilización masiva como hacen otros trabajadores, tenemos una vocación de servicio muy grande. Que diga eso siendo médico da mucha bronca”, manifestó a TN Fernanda Scoccia, médica odontóloga y secretaria de género del gremio.
De acuerdo a Scoccia, PAMI nunca dejó de pagar a los médicos de cabecera, pero en el caso de especialistas como los odontólogos vieron retrasado 25 días el pago de febrero y aún no cobraron marzo, además de un pago faltante de prótesis adeudado desde diciembre.
En entrevista con TN, Leguizamo reconoció este retraso, pero lo atribuyó a un cambio en la modalidad de atención.
PAMI, Esteban Leguizamo, Medicos
POLITICA
Propiedad privada: dudas y avales en el Senado a la ley libertaria en una nueva ronda de exposiciones
Con un ramillete de dudas y algunos guiños desde lo constitucional y administrativo, el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado consumó esta tarde la segunda ronda de expositores para la ley libertaria que busca blindar el derecho a la propiedad privada, defendida la semana pasada en la Cámara alta por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La iniciativa en cuestión modifica normas sobre expropiaciones, barrios populares, tierras rurales y el criticado régimen de manejo del fuego sancionado durante la administración kirchnerista de Alberto Fernández. Otro punto importante y temido desde una parte de la oposición apunta a los juicios sumarísimos para desalojos.
Entre los primeros lotes de disertantes apareció el exdiputado cristinista Santiago Igon, que hizo un ping pong con los senadores peronistas para fustigar el texto en debate hasta que la filo radical Edith Terenzi (Chubut) le recordó, delante de todo el plenario, que fue un vacunado vip en los inicios de la era Covid. Un verdadero papelón.
Al lado de Igon estuvo Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras del CONICET. Tras una consulta sobre la extranjerización, señaló: “Son 13 millones de hectáreas. Es el equivalente a la provincia de Santa Fe y se va acelerar”. Por las dudas, aclaró que los datos son oficiales del Gobierno y están a la vista de cualquier ciudadano.
Más curiosa fue la mención a “paraísos fiscales” que suman más volumen en la Argentina que “en su lugar de origen”, como “Luxemburgo o Andorra”. No olvidó poner la lupa en las fronteras y mencionó focos de “contrabando, tráfico de cosas ilegales, trata de personas” y “narcotráfico”, lo cual lleva a una situación “grave en términos de defensa y geopolítica”.
Después fue el turno de los abogados Daniel Sabsay -constitucionalista- y Mariano Marcucci -derecho administrativo-, quienes dejaron de lado la cuestión política -que sí fueron a impregnar otros invitados- y mostraron, de manera concisa, el “semáforo” del articulado, según su capítulo.
El primero agradeció, pese a no compartir muchas visiones de Sturzenegger, el llamado a exponer que le realizó la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Este gesto, que debería ser menor y habitual, no se veía hacía tiempo en el Senado.
Tras ello, se refirió a “orientar una reducción de las restricciones regulatorias y la agilización procedimientos”, aunque direccionó la mira hacia la “protección del medio ambiente, la urbanización de barrios populares y una mirada poco contemplativa del problema habitacional, en el actual contexto económico”. Y añadió: “Se habla de villa miseria. Pensé que estaba superado ese término. Da un tono de qué es lo que se persigue”.
Por su parte, Marcucci manifestó que se “avanza sobre el control judicial de las facultades del Estado”, con la posibilidad de “producir prueba”, junto a la favorecer la “garantía de los particulares”. Retomó Sabsay para resaltar que no encontraba “mayores inconvenientes” sobre tierras rurales, “pero hay que ver cómo se va a reglamentar, ya que es como un marco muy general”; y para mostrarse “muy de acuerdo en desalojos” de “falsos mapuches” que se hicieron de tierras “de manera tan violenta, donde se han producido muertes”, aunque remarcó la necesidad de “evitar afectaciones en el debido proceso y la defensa en juicio, que son aspectos primordiales”.
“Se debería acompañar una política de vivienda con una ley complementaria”, puntualizó el constitucionalista. Y concluyó con “dos áreas críticas” en la iniciativa en cuanto al registro socio urbano y la “protección ambiental” en la ley de manejo de fuego “que debería ser revisada”.
Las reflexiones de Sabsay llevaron a las senadoras cristinistas Juliana di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, experimentadas y veloces a la hora de interpretar su discurso, a preguntarle si estar “en contra” de varios capítulos del proyecto implicaba no modificar nada sobre la ley de fuego y registro socio urbano. En el sentido contrario fue Bullrich. El abogado zigzagueó con cintura a ambos bandos. Algunas palabras quedaron fuera del registro de los micrófonos.
Un momento con mayor tensión fue el de la ministra de Ambiente de Axel Kicillof, la camporista Daniel Vilar. “La ley de manejo del fuego no prohíbe producir ni vender ni arrendar territorios, sino que intenta desincentivar la quema y el incendio para luego hacer el cambio de uso de suelo”. “Con ella libre -en referencia a la hoy condenada Cristina Kirchner-, se defendería esto”, cerró.
Bullrich no se la dejó pasar. “La señora llegó hasta la Corte Suprema de justicia y no respetan eso. Ningún derecho va a ser respetado porque no respetan el primer derecho básico, que es la aceptación del máximo tribunal de nuestro país”, sostuvo. Se sumó la titular de Legislación General y pastora evangélica libertaria, Nadia Márquez.
A esta altura, la neuquina pareció tomar las riendas del plenario, ante un Agustín Coto -también oficialista y presidente de Asuntos Constitucionales, cabecera del debate- que miraba el celular o hacia otros lados del salón Azul y evitaba cruzarse con la oposición K. El fueguino se ofuscó con su compañera y le espetó: “Dejame terminar de hablar. Si no, es imposible”.
Después de oír duros relatos sobre los recientes incendios en el sur del país y el sablazo de fondos desde la Casa Rosada, el jefe de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi, contó: “En los incendios en mi provincia -Corrientes, habían sacado el manejo de plan de fuego del Ministerio de Seguridad -post macrismo- y se lo dieron a -el exministro de Ambiente del Frente de Todos, Juan- Cabandié. No aparecían insumos, había un fondo fiduciario y no aparecieron nunca. Recién lo hicieron en marzo, después de tres meses. Ni siquiera cuidaron el parque nacional en Corrientes“.
“Hoy, que tanto se critica a este gobierno, que no es mi gobierno, se lo critica muchas veces por errores que han cometido ustedes”, sentenció. Sí pidió prestar atención sobre el Renabap -barrios populares-, ya que nadie sabe de dónde saldrán los recursos si se traspasaran -con el proyecto- las decisiones a provincias y municipios. En esa línea, expresó: “Sobre un buen proyecto se hacen cosas malas. Después, se vota a una persona que viene a romper todo”.
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POLITICA
Senado: polémica entre libertarios y kirchneristas por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada
Un plenario de dos comisiones en el Senado se convirtió en escenario de un nuevo round del duelo ideológico entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo, que esta tarde volvieron a chocar y a ubicarse en las antípodas en torno al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que impulsa el gobierno de Javier Milei,
El momento de mayor tensión se produjo cuando promediaba la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, cuando la ministra de Medio Ambiente de la provincia de Buenos Aires y militante de La Cámpora, Daniela Vilar, concluyó su exposición relacionando los cambios propuestos por el oficialismo con la prisión que cumple Cristina Kirchner por delitos de corrupción.
“Esto lo pidió Estados Unidos, está escrito a la medida del FMI, a la medida del acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Están entregando la soberanía, se están llevando puestas leyes que impulsó Cristina Kirchner; entonces se entiende porque es necesario perseguir a determinados líderes, porque con ella libre se defendería el territorio y el patrimonio de nuestro país”, afirmó la funcionaria de Axel Kicillof.
El oficialismo no se quedó callado. “La expresidenta no está presa por lo que piensa, está presa por corrupta”, le enrostró, sin alzar la voz, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Nadia Márquez (LLA-Neuquén).
Antes, la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), había mostrado su molestia con la situación. “Una cosa es que vengan funcionarios a hablar de una ley y otra cosa es que vengan a hacer un panfleto político”, se quejó la exministra de Seguridad.
“La señora que usted defendió (por Cristina Kirchner) llegó hasta la Corte Suprema de Justicia (con su apelación); se entiende que no respeten ningún derecho cuando tampoco aceptan la decisión del máximo tribunal del país”, agregó Bullrich, quien reivindicó la defensa del proyecto del Gobierno porque busca que “el Estado no sea el enemigo de la gente, el que le roba su propiedad, sino su aliado que le permite desarrollarse”.
El proyecto en debate habilita el juicio sumarísimo para los desalojos, tanto que se trate de una intrusión u ocupación o por falta de pago del alquiler; establece nuevos requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado y levanta las restricciones a la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.
También modifica la ley de manejo del fuego para eliminar los límites para aplicar a otros fines, como la agricultura, a terrenos boscosos afectados por incendios intencionales y ordena una fuerte descentralización en provincias y municipios del programa nacional de regularización dominial de villas y barrios de emergencia.
Hasta ese momento, el plenario de comisiones se había desarrollado con total tranquilidad y en la monotonía de los discursos contrarios al Gobierno nacional de los invitados, en su mayoría propuestos por el kirchnerismo, todos contrarios a la ley.
Uno de los pocos que se salió del libreto fue el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, quien defendió algunos aspectos de la iniciativa, pero también criticó otros a pesar de que su nombre había sido propuesto por el oficialismo.
En ese sentido, Sabsay consideró la propiedad privada como “un elemento importante del estado de Derecho”, pero aseguró que no existen “derechos absolutos” y advirtió sobre la necesidad de prestar atención a la reglamentación de la letra de la ley, que estará a cargo del Poder Ejecutivo.
Además, planteó sus “fuertes dudas en cuanto a la protección del medio ambiente”, al tiempo que consideró que tiene “una mirada poco contemplativa en cuanto al aspecto habitacional en el actual contexto económico”, en referencia a los cambios en el programa de regularización dominial de barrios populares.
En ese sentido, Sabsay se manifestó “muy de acuerdo” con fortalecer derechos en materia de desalojos en situaciones aberrantes como las ocupaciones “de aquellos falsos mapuches”, pero remarcó que “los plazos y garantías deben ser monitoreadas en la reglamentación para que no se afecte el debido proceso y la defensa en juicio”.
Tras esta jornada, se espera que el debate continúe la semana próxima. La idea en el oficialismo es apurar el dictamen, pero dependerá que se pueda acordar con la oposición dialoguista un texto que consiga mayoría para su aprobación en el recinto del Senado.
Gustavo Ybarra,Conforme a
En las últimas horas, el debate por el futuro de las elecciones primarias sumó un nuevo capítulo en el interior del país. En Chaco, el gobernador Leandro Zdero avanzó con una iniciativa para suspender las PASO en los comicios provinciales del próximo año.
El proyecto fue presentado en la Legislatura por el interbloque oficialista Chaco Puede, que responde al mandatario radical. El principal argumento es económico: aseguran que evitar la instancia previa permitiría ahorrar alrededor de $3000 millones.
En el oficialismo también plantearon que la eliminación de las PASO simplificaría el calendario electoral y evitaría que los ciudadanos deban votar más de una vez en el año. Además, cuestionaron el rol de las primarias como herramienta política: consideran que muchas veces funcionan como una “gran encuesta financiada por el Estado” y que terminan condicionando la elección general.
La iniciativa fue impulsada por un grupo de diputados provinciales alineados con Zdero, entre ellos Iván Gyoker, Maida With, Jorge Gómez, Carlos Salom, Susana Maggio y Samuel Vargas. Se trata de un guiño al presidente Javier Milei, que también está a favor de la eliminación de las primarias.
Leé también: La Coalición Cívica busca modificar las PASO en la provincia de Buenos Aires para que ya no sean obligatorias
En efecto, el oficialismo evalúa avanzar en el Congreso con un proyecto para eliminar las PASO a nivel nacional, reducir el financiamiento estatal de los partidos políticos y endurecer los requisitos para su reconocimiento.
En la Legislatura de Chaco, el escenario es de paridad: oficialismo y oposición cuentan con 16 bancas cada uno, lo que anticipa una discusión ajustada. El proyecto todavía debe tomar estado parlamentario y podría ser tratado en la sesión prevista para fines de abril.
Desde la oposición cuestionaron con dureza la iniciativa. Sectores del peronismo sostienen que la eliminación de las primarias responde a una conveniencia política del oficialismo y advierten que las PASO permiten ordenar la competencia interna y ampliar la participación.
El PJ ve en las primarias una oportunidad clave para posicionar candidatos de cara a 2027, luego de la derrota electoral de 2023, cuando el entonces gobernador Jorge Capitanich perdió el poder tras 16 años frente a Zdero.
La alternativa presentada en la provincia de Buenos Aires
Días atrás se presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para modificar las PASO. El objetivo principal es que dejen de ser obligatorias y pasen a ser optativas.
Se trata de un proyecto del diputado provincial de la Coalición Cívica Andrés De Leo que propone un cambio de fondo: mantener el sistema, pero eliminar la obligatoriedad del voto. En los fundamentos, se aclara que la iniciativa “no implica la supresión del sistema de elecciones primarias, sino su adecuación a criterios de razonabilidad, eficiencia institucional y respeto por la autonomía de la voluntad del electorado”.
En ese sentido, sostiene que las primarias “constituyen, en esencia, un mecanismo de selección interna de candidaturas dentro de los partidos políticos” y que, en muchos casos, obligar a toda la ciudadanía a participar carece de sentido. Según remarca De Leo, “imponer al conjunto de la ciudadanía la obligación de participar en un proceso que, en muchos casos, no presenta competencia interna real”.
Chaco
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